Durante la tormenta no fue activado el Consejo de Protección Civil Loreto, Baja California Sur. El 24 de agosto de 2013, el destino turístico sufrió el desastre natural más devastador del que tengan memoria los pobladores de este municipio de 10 mil 823 habitantes. En tan solo dos horas, la tormenta tropical “Ivo” arrasó con casas, vehículos y muebles de los habitantes de la colonia Zaragoza, enclavada en una zona considerada de alto riego, al margen del arroyo conocido como San Telmo. Solo en esa colonia los datos preliminares dados a conocer por el propio alcalde de Loreto, Jorge Alberto Avilés Pérez, dan cuenta de daños en 330 viviendas, nueve de las cuales quedaron completamente destruidas, 12 vehículos desaparecidos y más de mil 800 personas en desgracia. “Ivo” azotó con todo su poder cuando, después de llover durante diez horas seguidas, principalmente en la zona serrana y tras juntarse diferentes corrientes de agua, provenientes de diferentes puntos, se formó una sola que pasó sobre el arroyo arriba mencionado. Durante el día, el cauce del riachuelo estaba vacío, pero por la tarde, el torrente de agua impidió el paso de vehículos; por la noche, la corriente de agua se salió del lecho pluvial y empezó a inundar casas, hasta arrancar algunas con todo y cimientos. Afortunadamente, observando el arroyo crecido, los habitantes prefirieron no dormir esa noche, ya que estaban conscientes de que vivían “en un punto vulnerable”, como relató la señora Apolonia Fuerte Quintana. Según el ama de casa, la experiencia del 16 de octubre de 2012 -cuando por primera vez el arroyo se desbordó y dañó 34 viviendas-, luego del paso del Huracán “Paul”, era el antecedente más reciente de lo que podría sobrevenir esa noche. Así, los pobladores actuaron por sentido común. La negligencia Pese a ya haber padecido el desastre ocurrido casi un año atrás con “Paul”, los gobiernos estatal y municipal de Marcos Covarrubias Villaseñor y de Jorge Alberto Avilés Pérez, no hicieron nada para disminuir el riesgo de la tormenta. Los gobernantes prácticamente subestimaron la fuerza de “Ivo”, ni siquiera convocaron a reunión a los miembros del Consejo de Protección Civil Estatal y Municipal, a fin de analizar la trayectoria del fenómeno natural, comparar información de situaciones que se fueran conociendo al momento y en tiempo real, y reaccionar adecuada y oportunamente en caso de algún peligro potencial. Tan es así que, según la señora Apolonia Fuerte Quintana y otros damnificados, nunca fueron alertados de lo que estaba ocurriendo con la tormenta. “Hasta estábamos en la calle, observando atónitos cómo el arroyo se llevaba nuestro patrimonio, y no podíamos hacer absolutamente nada para rescatarlo”, lamentó la ciudadana. Durante un recorrido efectuado por ZETA, Fuerte recordó que la noche de la tormenta, ella y su esposo lograron rescatar con vida a su hija, nieta y consuegra, cuando la corriente de agua “ya las llevaba consigo” en medio de troncos, piedras, láminas, maderas y postes. Una vez que rescataron a sus familiares, fueron llevados a la casa de su hijo, y cuando regresaron a tratar de rescatar pertenencias, “el agua ya estaba hasta el techo” y “todos nuestros muebles estaban flotando y caminando rumbo al mar”; por lo que ya no pudieron hacer nada. “Lo único con lo que nos quedamos, fue la ropa que traíamos puesta”, dijo. El propio director de Protección Civil del Gobierno de Baja California Sur, Carlos Enrique Rincón, admitió que dejaron sola a la población, justificando que “no hubo convocatoria a reunión del Consejo del Sistema Estatal de Protección Civil, porque nos agarró desprevenidos y no pensamos que era tanta agua la que estaba cayendo en la Sierra La Giganta, ya que en Loreto, reportaron que estaba lloviendo poco”. De acuerdo al funcionario, a pesar de que no hubo protocolo oficial -tal y como lo establece la Ley Estatal de Protección Civil-, “pudimos avisarle a la gente ya entrada la noche, y se pudieron evacuar las familias. La prueba está en que no hubo víctimas que lamentar”. Rincón rechazó que “hayan minimizado o subestimado” a la tormenta “Ivo”, porque “estamos en temporada de huracanes y tenemos que dar importancia a cada uno de los fenómenos que se están presentando”. Sin embargo, pobladores como Aracely Robles Osuna y Juan Manuel Amador, refirieron que “nunca fueron advertidos hasta que ya estábamos en la calle, cuando las autoridades estatales y municipales, nos convidaron a irnos a un albergue, donde estuvimos 70 personas esperando a que amaneciera para ver cómo habían quedado nuestras casas”. — Pero, ¿eso fue antes o después de la tragedia?, preguntó ZETA. “Fue después de que ya había pasado todo, cuando ya nadie pudo regresar a sus casas porque el arroyo se había desbordado y el agua estaba corriendo muy fuerte. Nosotros no sabemos por qué no actuaron rápido si tuvieron cuatro días para poder preparar todo e invitarnos a ocupar albergues, como siempre lo habían hecho, con tiempo, y donde nosotros sacamos nuestras cosas y documentación importante y la llevamos a un lugar seguro. “Yo supe de la tormenta a través de la televisión, cuando se dijo que andaba una depresión tropical, y fue justamente cuatro días antes de que pasara esto. Anteriormente hasta pasaba un vehículo perifoneando e invitándonos a desalojar las viviendas. Hoy, no pasó nada de eso, y júrelo que si nos hubiéramos dormido, no sé donde estaríamos ahorita en este momento”. La ausencia del Consejo de Protección Civil generó caos y desorden, permitiendo que no se tomaran medidas preventivas, por lo que decenas de automovilistas circulaban libremente y sin ningún impedimento por la carretera federal, en el tramo de Loreto a Ciudad Insurgentes, a pesar de la fuerte lluvia y de haber 21 cortes por la crecida de arroyos durante el paso de la tormenta tropical. La Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Loreto, reportó más de 50 vehículos varados en carretera, incluidos camiones de carga y de pasajeros, y cuatro accidentes automovilísticos en la zona del desastre a causa de la lluvia, uno de los cuales dejó saldo de cuatro lesionados y ocho personas a punto de ahogarse. Según el parte de tránsito, la escasa visibilidad fue la principal causa de que el chofer de una camioneta color dorada tipo van, cayera a un arroyo conocido como “El Tular”, que se localiza en el Kilómetro 111, porque no pudo advertir a tiempo que el puente por el que pensaba pasar, había cedido a la presión de la corriente del agua y estaba destruido. La unidad automotriz era tripulada por ocho médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes al pasar por el citado punto y sin darse cuenta, cayeron al arroyo y fueron arrastrados varios metros por la corriente de agua, hasta que lograron salir de la zona de peligro y solicitar auxilio. Al cierre de edición, dos de los médicos permanecían hospitalizados. Luego de conocerse los hechos, y ya en la zona del desastre, el primero en salir a justificarse fue el secretario general de Gobierno, Armando Martínez Vega: “Fue una situación inédita, porque se tenían contemplada una precipitación de 50 milímetros en promedio, pero un desprendimiento de nubes ocasionó una lluvia de 186 milímetros durante casi dos horas, lo que a su vez, causó la venida en masa de agua que terminó por desbordar el arroyo y dañar un sinnúmero de casas y vehículos”. Las obras de protección Después del paso del huracán “Paúl”, en octubre del 2012, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor solicitó formalmente la construcción de un paquete de obras hidráulicas de protección, donde está incluida la del arroyo San Telmo, y que serviría para canalizar las fuertes corrientes de agua provenientes de la sierra que desembocan en el mar. Durante una reunión con el entonces director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), José Luis Luege Tamargo, entregó una lista donde se estimaba una inversión de 306 millones de pesos, cifra que provendría del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Sin embargo, después de dos meses, terminó el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa e inició el de Enrique Peña Nieto, y todo quedó entrampado hasta el punto del olvido. Según datos recabados por ZETA, las obras hidráulicas de protección y los llamados “canales pluviales” estaban contemplados en arroyos de los cinco municipios de Baja California Sur. Son los siguientes: – Los Cajones, localizados en el cruce de las colonias Infovanit e Insurgentes III, en Comondú. – El Saltito, Salto Seco y El Zacatal, en Los Cabos. – El Piojito, El Cajoncito y El Calandrio, en La Paz. – San Telmo, en Loreto. – El Río, en Mulegé. Sin embargo, el Gobierno Federal escatimó recursos y prolongó la ejecución de obras hasta nuevo aviso. Al igual el gobernador de Baja California Sur, se desentendió y prefirió destinar recursos a la pavimentación de calles de concreto, y esperar a que se resolviera la licitación de obras hidráulicas. Hoy por hoy, tras el golpe de “Ivo”, el gobernador Covarrubias rescató la petición y solicitó la agilización en la obra del canal de protección del arroyo San Telmo, además de reconocer que “la obra hidráulica pudo haber evitado el daño patrimonial de todas las familias damnificadas”. Durante un recorrido realizado por la zona de desastre, el mandatario anticipó que solicitaría la declaratoria de emergencia -concedida al cierre de esta edición-, a la vez de exponer el asunto al director de CONAGUA, David Korenfeld Federman, quien el 9 de agosto visitó la entidad, previo al impacto de la tormenta. En el evento de “Firma de Convenios Gubernamentales”, el funcionario federal anunció que a finales de 2013 habrían invertido 2 mil 200 millones en la construcción de obras hidráulicas, donde por supuesto, no destacan los recursos de las obras de protección en los arroyos de Baja California Sur. Las prioridades eran la construcción de una planta desalinizadora, una nueva planta de tratamientos de aguas residuales y la segunda fase del acueducto de El Carrizal a La Paz. De los “canales pluviales”, no dijo nada. Los daños Según el balance de daños preliminares, en base a información proporcionada por los tres niveles de gobierno, el saldo del impacto de “Ivo” es el siguiente: 
– Una persona muerta tras haber sido arrastrada por el arroyo conocido como Santo Domingo, en el municipio de Comondú. Según el parte de la Policía Ministerial del Estado, la víctima, de 17 años de edad, pretendía cruzar el cauce pluvial cuando la creciente corría. Iba en compañía de otras dos personas, las cuales fueron arrastradas por el agua, pero lograron llegar a tierra. Sin embargo, el joven José Miguel, de ocupación estudiante, no pudo. El cuerpo fue encontrado el domingo 25 de agosto en el fondo de una poza, en el lecho del arroyo. – Un puente destruido y 21 puntos carreteros federales fracturados por el paso de arroyos en el tramo de Loreto a Ciudad Insurgentes. – 430 viviendas con daños parciales, nueve con daños totales, en las colonias Zaragoza, Palmeira y Obrera, en Loreto. – 2 transformadores dañados y 50 postes derribados de energía eléctrica en Loreto. – Ruptura del acueducto de San Juan Londó a Loreto, y daños severos en la red de agua y de drenaje. – Ruptura de dos peines en el muelle de Cabo San Lucas. – El hundimiento de un barco que recientemente se había reflotado en Cabo San Lucas. El miércoles 28 de agosto, el director general para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, José María Tapia Franco, arribó a Baja California Sur para encabezar la instalación del Consejo de Evaluación de Daños en Palacio de Gobierno. Acompañado por el gobernador Marcos Covarrubias, el funcionario recibió la petición de declarar oficialmente a Loreto como zona de desastre, después de que físicamente puedan palparse la devastación de la tormenta, además de determinar el cálculo económico de los daños. Al cierre de edición, una nueva tormenta tropical acechaba a Baja California Sur. Se trata de “Juliette”, cuya amenaza permitió que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Loreto, convocaran a la primera reunión del Consejo de Protección Civil para analizar la trayectoria, así como las medidas a tomar. (Alejandro Acuña).
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