Se restarán 12 millones de pesos de inversión en seguridad Después de una reunión donde abundaron las explicaciones y excusas, Antonio Parado Languardia, coordinador regional del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Zona Noroeste, le dijo al alcalde de Rosarito, Javier Robles Aguirre, que no había mucho que analizar, o separaba de la Dirección de Seguridad Pública a Francisco Castro Trenti o no recibirá los 6 millones de pesos que restan del Subsidio para la seguridad en los Municipios (SUBSEMUN). Eso sucedió en el mes de julio de 2013. El plazo para que Robles tome una decisión es de 10 días a partir de que recibe la notificación por escrito. Acorde a la versión de quienes administran SUBSEMUN esto sucedió el 3 de agosto de 2013, por lo tanto, si Castro no se marcha, esta semana los rosaritenses perderán el dinero. Pero según el personal del ayuntamiento de Rosarito, los papeles del gobierno federal llegaron entre el 7 y 8 de agosto, así que el alcalde Robles todavía tiene tiempo para pensarlo. El 17 de julio de 2013, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad tomó la determinación que remitió a manera de observación al gobierno del quinto municipio bajacaliforniano: “…resolvió iniciar el procedimiento de terminación del Convenio por incumplimiento de obligaciones previstas en las reglas SUBSEMUN…” y refiere tres causales, dos relacionadas con los exámenes reprobados del licenciado Castro. 1.-No presentó constancia del centro de Evaluación y Control de Confianza en la que se señale que el Director de Seguridad Pública se encuentra evaluado y aprobado… 2.-No acreditó con la documentación presentada que “debido al cambio del alto mando” en fecha posterior al otorgamiento de la primera ministración (depositada el 3 de mayo de 2013) éste se encuentra evaluado en fecha anterior al 28 de junio de 2013. La redacción del texto anterior indica, que para recibir la primera ministración que fue de 4 millones de pesos, el ayuntamiento de Rosarito se había comprometido o había informado de un “cambio de mando” después del 3 de mayo de 2013. Del escrito también se advierte que el supuesto mando substituto, sería una persona que hubiera sido evaluada antes del 28 de junio. Pero nada de eso sucedió. Evidentemente, tampoco pudieron presentar la constancia de aprobación de Francisco Castro porque es público que desde agosto de 2012, el alcalde sabe que los reprobó, hay documentación en la que se acredita que recibió la notificación aunque públicamente, Robles Aguirre aseguró que fue informado hasta octubre de 2013. Ahora a punto de perder los 6 millones de pesos, Robles Aguirre continúa empecinado en poner su fidelidad por la familia Castro Trenti, por encima de su deber con los rosaritenses, entrevistado el 15 de agosto de 2013 por ZETA desestimó el tema. “Las observaciones llegan de manera directa a Seguridad Pública como a Oficialía Mayor y lo que me comenta oficial mayor es que todas las observaciones están solventadas, entonces no hay riesgo de perder ningún recurso como se decía”, aseguró Robles Aguirre. —Está el tema del director de seguridad pública, ¿te volvieron a decir y te dieron un ultimátum? “Todo está solventado, todo…de verdad”. — ¿Ustedes habían dicho que habría una remoción antes de la primera ministración? “Dijimos de ser necesario, de ser necesario se pretendía remover, pero en este caso todo está solventado, no hay nada”. — ¿Entonces el director de seguridad pública permanece? “Tiene que permanecer”. — ¿Permanece Francisco Castro? “El director tiene que permanecer”. El mismo día 15, aunque fechado el 9 de agosto, el Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito publicó en la prensa local un desplegado dirigido a los tres niveles de gobierno. Para referir la poca efectividad de las fuerzas policiacas incluida la encabezada por Castro Trenti, empezaron por recordar el incremento de la incidencia delictiva en el primer semestre de 2013 comparado con 2012: robo a casa habitación 18 por ciento; robo a comercio 51 por ciento; secuestros 100 por ciento y homicidios 18 por ciento. Reclamaron también el “relajamiento en la actuación de la policía municipal”, a quienes señalaron como extorsionadores de turistas y residentes. Le recuerdan a Tito Robles que desde el año pasado se había comprometido a cumplir con los controles de confianza (de Francisco Castro) y que el dinero de SUBSEMUN no se puede poner en riesgo, “ya es tiempo que lo solucione como debe ser”. En cuanto a la tercera observación, tiene que ver con la nómina donde se acredita que está siguiendo un programa de homologación salarial. En este punto cabe agregar que en los documentos oficiales del SUBSEMUN, el ayuntamiento rosaritense se comprometió a aportar 1 millón de pesos para liquidaciones. Este gasto se contempla por primera vez en el fondo federal, es un dinero que negociaron los alcaldes para poder hacer efectivos los resultados de los exámenes de control y confianza, el compromiso fue que este dinero se usaría para poder despedir y liquidar a los policías que no los aprobaran. Sin embargo la realidad es otra, porque según las declaraciones hechas a la prensa a finales de julio de 2013, por el director de policía Francisco Castro, debido a la “poca confiabilidad de las pruebas” la Comisión de Honor y Justicia del V Ayuntamiento decidió no correr a los uniformados que reprueben los exámenes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Así que no están aplicando ese millón de pesos al que están obligados por un compromiso que firmaron. Los 6 millones en riesgo Como el alcalde de Rosarito se niega a cumplir con la totalidad de los requisitos que se piden a todos los beneficiarios la cancelación del convenio y la pérdida de los 6 millones de pesos restantes si no despiden al licenciado Castro Trenti es real. Ya recibieron 4 millones de pesos en la primera ministración, el fondo total de SUBSEMUN 2013 para Rosarito es de 10 millones de pesos que aporta el gobierno federal, más 2.5 millones de pesos (el equivalente al 25 por ciento de lo entregado por la federación) que debe aportar al ayuntamiento, dinero que debe usarse en el Programa de Reestructuración y Homologación Salarial de los policías. Si Rosarito pierde los 6 millones de la federación, se reducirá en un 60 por ciento, conforme al programa de inversión presentado por el municipio, los recursos que este año se destinarían para: compra de patrullas, adquisición de uniformes, exámenes de control y confianza, programas de capacitación, las computadoras y el software para su integración a la Red Nacional de Telecomunicaciones, el equipo especializado para integrarse al Sistema Nacional de Información Tecate: Suspensión provisional El ayuntamiento de Tecate también tiene asignado 10 millones de pesos del fondo SUBSEMUN y el gobierno municipal debe aportar 2.5 millones de pesos al Programa de Reestructuración y Homologación Salarial de la corporación policiaca, y las observaciones más graves están relacionadas con este programa. Según el Secretariado Nacional, los tecatenses no han presentado el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial y tampoco entregaron “para dictamen y autorización el Proyecto de Reestructuración y Homologación Salarial de los elementos de la corporación policial o su actualización”, por tanto no se está ejecutando como es debido. El problema es más amplio, porque ambos requisitos debían haberse cubierto desde el último año del anterior ayuntamiento encabezado Donaldo Peñalosa. Conforme al programa de trabajo entre 2009 y 2010 el ayuntamiento de Tecate debió usar dinero del fondo SUBSEMUN (el dinero que le correspondía aportar al municipio) para crear los escalafones con la idea de que no haya policías que ganen 6 mil pesos y establecer el servicio policial de carrera. Con un simulador propuesto por la federación los ayuntamientos debían dividir la tropa y establecer cuatro categorías: policía raso, policía 3. Policía 2 y policías 1, después los mandos medios hasta llegar a comisario. La diferencia entre rango y rango debía ser una aumento de 20 por ciento al salario. Pero en algunos municipios les aprobaron porcentajes menores de aumento por falta de recursos. De acuerdo al planteamiento oficial, a partir de 2011, al alcalde Javier Urbalejo le correspondía pagar del presupuesto normal esos aumentos porque el tema de la homologación salarial ya no debía ser parte de SUBSEMUN. Pero han tenido problemas. Javier Urbalejo Cinco, alcalde de Tecate, conversó con ZETA el jueves 15 de agosto de 2013 y aseguró que las observaciones del gobierno federal están solventadas al 100 por ciento, y justo ese día el Oficial Mayor del ayuntamiento había salido a la ciudad de México a presentar la documentación personalmente. “Yo estaré en la ciudad de México la próxima semana y acudiré si queda algún pendiente”. —Pero conforme al programa el anterior ayuntamiento debió dejarle hecha la pirámide salarial que aún no presentan. “Fíjate que no sucedió así, hubo falta de documentación, ya ves que cambiaron incluso los nombres de los puestos, se dieron algunas situaciones que de hecho ese tema lo estarán viendo el día de hoy en la ciudad de México personal de Oficialía Mayor para destrabar ese asunto y poderles pagar a los compañeros en su homologación de salarios”. — ¿Los policías de Tecate tienen suspendido el pago de algunas catorcenas? “Sí, precisamente porque no se ha llegado a un acuerdo en el término de cómo se les pagará, quiénes son los que tiene que subir de salario, quiénes quedan iguales, etcétera”. —Pero el acuerdo era que en este trienio el aumento de los policías ya debía estarse pagando como parte del presupuesto municipal normal. “Yo fui el alcalde que pedí que la parte de la coparticipación del gobierno municipal de SUBSEMUN se fuera directamente al salario de los policías municipales. Y no podemos erogarlo si no estamos documentados y autorizado por el gobierno federal. Pero el año pasado se pagó, y el antepasado, si no pagamos nuestra coparticipación no nos hubieran dado el SUBSEMUN 2012, ni 2013”. Ricardo Sánchez Delgado, Oficial Mayor de Tecate, entrevistado por teléfono el 14 de agosto, un día antes de su salida a México aseguró que el municipio no era el responsable de hacer la homologación salarial de los policías. “Ese trabajo lo hace el secretariado, lo único que nos pide es que llevemos dos nóminas y ellos lo hacen, nosotros las vamos a llevar. El recurso es parte de nuestra coparticipación es la parte que se les entrega a los policías van a ser 1 millón 900 este año. — ¿Entonces ese 1 millón 900 mil pesos ya se está aplicando? “No, porque no se ha llevado al secretariado las nóminas, precisamente completar la documentación es lo que nos hacía falta”. — ¿Qué pasa con la instrucción de que los pagos de la homologación salarial ya debía estar incluido en el presupuesto normal? “No, porque entonces van a querer que ese sueldo sea considerado en el pago de prestaciones y de dónde sacamos ese recurso, no hay”. — ¿Y respecto a la observación de que no han comprometido siquiera el 30 por ciento del recurso del SUBSEMUN? “¿Entonces con qué compré los pick ups? Además ellos me decían que lo que envié de infraestructura no había llegado, pero al final son detallitos que estaremos solventando personalmente”. El gobierno federal también observó al ayuntamiento por no haber enviado las pruebas de que su director de policía, licenciado Juan Bartolomé Lam Canto había aprobado los exámenes de confianza, pero es cuestión de papelería porque este mando si tiene la documentación que lo acredita como confiable. Para este ayuntamiento también peligra la inversión en obra, uniformes, equipo táctico, programas y sistema de comunicación y de la Red Nacional de Información. Los otros municipios Mexicali, Ensenada y Tijuana también fueron observados, pero a la fecha de la presente publicación ya había solventado sus fallas consideradas mínimas y administrativas. A Tijuana le pidieron que enviara la nómina certificada que reflejara la aplicación de la reestructuración y homologación salarial. La observación se hizo en julio y se subsanó a los dos días porque había personal del ayuntamiento de Tijuana en la ciudad de México cuando la federación emitió el documento. En 2013 SUBSEMUN entregó a Tijuana 95 millones de pesos; 30 millones en el mes de mayo y depositó en agosto los 57 millones restantes. El total será invertido de la siguiente manera: 19 millones de pesos para programa de Prevención Social; 59 millones de pesos para compra de uniformes, patrullas, armas, cursos de capacitación y cuotas que pagan para los exámenes de confianza. De la parte que le corresponde al municipio están dedicando poco más de 16 millones al programa de mejora salir y 7.5 millones para indemnizar a los policías que no aprueben los exámenes de confianza. Mexicali también ya solventó, la federación informó verbalmente que está conforme, pero aún no deposita los fondos. A los cachanillas les requirieron los expedientes técnicos de algunas acciones en tema de infraestructura y la nómina certificada que reflejara la reestructuración. La capital del estado también recibió 95 millones de SUBSEMUN y lo aplicará de la siguiente manera: 19 millones a programa de prevención social; 600 mil pesos para control y confianza; 33.3 millones de pesos para cursos y evaluaciones de técnicas sociales, conducción de vehículos, derechos humanos, justicia penal y otros impartidos por la Secretaría de la Defensa Nacional: y 21 millones de pesos más para compra de patrullas y motocicletas y equipo; además invertirán 41 millones en equipo para la Red nacional de Telecomunicaciones. De la aportación municipal, ellos asignaron 12.6 millones para mejora de condiciones laborales, 1 millones para reestructuración salarial A Ensenada solo le pidieron la nómina certificada conforme al simulador piramidal, solventaron pero debieron apersonarse en la ciudad de México con la documentación para convencer a los funcionarios federales de que están cumpliendo. Este ayuntamiento recibió 30.2 millones de pesos en mayo y le quedan pendientes 45.3 millones para un total de 75.6 millones de pesos SUBSEMUN. Este gobierno tiene asignado 15.1 millones de pesos para programas de prevención social; 10.4 millones pata invertir en equipo de la Red Nacional de Telecomunicaciones; 1.3 millones en equipo para el sistema Nacional de Información; 3.5 millones en equipo para atender las llamadas de emergencia; 44. 5 millones para uniformes, equipo táctico anti motín o, pick ups y motocicletas; y 8.7 millones para un equipo de vídeo vigilancia especializado, entre los gastos más destacados. Lo exámenes no aprobados de Castro En 2012, al ser notificado que no era confiable conforme a los resultados de los exámenes del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) de Baja California, Francisco Castro Trenti promovió un amparo ante un Juzgado de Distrito en Tijuana, el 29 de octubre de 2012 le negaron la suspensión provisional, entrevistado por la prensa en julio de 2013 aseguró que el tema de su examen seguía en revisión Constitucional. Y aseguró que lo habían reprobado por el tema de una casa que compró y vendió hace 20 años y olvidó incluirla en su declaración. Pero oficialmente ésa no fue la causa. La no aprobación se dio por un acumulado de varios aspectos negativos, como el hecho de que su expediente tiene 10 averiguaciones previas en su contra por fraude (personas que pensaron que abandonó sus defensas, fueron retiradas después de acuerdos), además los resultados de las pruebas de polígrafo, psicológica, patrimonial y de entorno social. La evaluación la realizó el C3 del Baja California y la misma se confirmó por la instancia federal. Sin embargo el alcalde de Rosarito Javier Robles y jefe de Castro insiste ante los funcionarios federales, en que los resultados fueron manipulados. Desahogarán testimonial a cargo de Pedro Ignacio Zazueta “El Pit” Renuncia abogado de Sillas Luego de que un Juez de Distrito de Jalisco dictó nuevamente auto de formal prisión al narcotraficante Juan Francisco Sillas Rocha “El Ruedas” por delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, los abogados que lo patrocinaban a él y sus coacusados, renunciaron a la defensa. Ante el Juzgado Octavo de Distrito en Tijuana, se presentaron las renuncias del litigante Eleazar Bernal Beltrán, defensor de Sillas, y Jesús Manuel Castro Saucedo como intercesor de los sicarios Christian Ezequiel Sotelo Rodríguez y Alejandro Sotelo Pineda. Mediante escrito presentado ante la autoridad judicial, el procesado, Juan Francisco Sillas Rocha, designó como nuevo defensor particular al licenciado Jesús Alan Coronado Guareño. Con excepción de Bernal Beltrán, el resto de los abogados de “El Ruedas” no fueron revocados en sus nombramientos, y se tiene como representante común a José Antonio de León Martínez. Ninguno de los procesados interpuso el recurso de apelación en contra del auto de formal prisión dictado en el plazo constitucional de fecha 18 de julio de 2013. En lo que respecta al desahogo de prueba testimonial a cargo de Rubén Ríos Estrada y/o Pedro Ignacio Zazueta y/o Ignacio Lorenzo Zazueta, con nombre clave “Angélica”, que se desahogaría el 8 de agosto de 2013 en la Ciudad de México, como parte del expediente de Sillas Rocha, no pudo llevarse a cabo, debido a que no se tiene conocimiento del Juzgado de Distrito en turno en materia penal que auxiliaría en la diligencia en el Distrito Federal. Por ahora se desconoce el paradero de Zazueta “El Pit”, y cuál es su situación jurídica, pero la citación hace suponer que está localizable para las autoridades judiciales y para la defensa de Sillas Rocha. La fecha para el desahogo de la testimonial será reprogramada cuando se tenga la certidumbre del tribunal auxiliar. Actualmente “El Ruedas” se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 “Occidente”, ubicado en Puente Grande, Jalisco, mientras sus co-procesados, Alejandro Sotelo Pineda y Christian Ezequiel Sotelo Rodríguez, están recluidos en el CEFERESO Número 11 “CPS Hermosillo” en Sonora, donde vía exhorto, se les notificarán estos acuerdos. Ocho mantas contra la PEP Ubicadas en concurridas vialidades de Tijuana, ocho mantas redactadas por el mismo autor anónimo, aparecieron la mañana del 15 de agosto de 2013, con leyendas similares que solicitaban al gobernador del Estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, su intervención para evitar los abusos y violaciones de derechos cometidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva. Quien escribió, firmó como “Los Ciudadanos”, y asegura tener miedo a las represalias de la corporación. Las mantas fueron colocadas en los siguientes puentes: Independencia Poniente, Independencia Vía Oriente, Pueblo Amigo, Buena Vista, Ermita, “5 y 10”, Cuesta Blanca y Centro de Gobierno.
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