Los seguros de Sandra Ávila

Sospechan en México de transacciones con recursos de procedencia ilícita Bastó un año para que los Estados Unidos de América “regresaran” a Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico” a México. Más tiempo se había tardado el proceso de extradición internacional. Finalmente y deportada, se le recapturó al pisar suelo nacional para que se le procese por lavado de dinero en un Juzgado de Distrito de Jalisco. La expectativa generada durante tres semanas sobre su llegada a México, terminó el martes 20 de agosto de 2013. Mientras los reporteros anunciaban su detención y posible traslado al reclusorio femenil de Puente Grande en Guadalajara, la mujer arribaba al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 4, en El Rincón, Nayarit, como ZETA lo anticipó. Días previos a su arribo, la defensa de la bajacaliforniana promovió diversos amparos, uno contra traslado a cualquier penal federal, otro contra una posible aprehensión o recaptura, y un último, más específico, para que no fuese enviada al reclusorio de Nayarit, donde finalmente fue confinada, provocando de inmediato una queja por la supuesta violación a una suspensión provisional que se le había concedido en un Juzgado del Distrito Federal. El acto está consumado y “La Reina del Pacífico” ya mora de nuevo en las cercanías de Tepic, donde estuvo hasta antes del 9 de agosto de 2012, cuando fue entregada al gobierno norteamericano. La “nueva” acusación Sandra estaba consciente que al obtener su libertad en los Estados Unidos, no quedaría libre al llegar a su país. Conocía de la existencia de una orden de aprehensión librada en su contra en el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Guadalajara. Tan conocía del caso que su hijo, José Luis Fuentes Ávila, luchó jurídicamente durante dos años para al final vencer la acusación formulada en su contra por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). El mandamiento judicial para detener a madre e hijo fue dictado el 15 de febrero de 2011 en la causa penal 46/2011. Ávila Beltrán es acusada de probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis que señala “… al que por sí, deposite recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen y propiedad de esos recursos”. Los primeros señalamientos del caso los realizó la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones, de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Pusieron en conocimiento de la Procuraduría General de la República los movimientos financieros de Sandra por fuertes sumas de dinero en moneda nacional y dólares americanos, en la contratación de seguros de vida y operaciones bancarias. Así se conoció de los seguros adquiridos a su nombre, en los que señaló como beneficiario único a su hijo, quien fue secuestrado siendo adolescente. Sumas aseguradas de 50 mil, 100 mil y hasta un millón de dólares, pusieron sobre aviso a las autoridades hacendarias y, obvio, los pagos realizados en la contratación, cambio o rehabilitación de pólizas por más de 200 mil dólares, fueron como comprar dulces. Se detectaron cuentas bancarias de inversión y cuentas de cheques a nombre de Sandra en las instituciones Banorte, Santander Mexicano, BBV Bancomer y HSBC. Una y hasta dos cuentas por banco. Los depósitos y retiros son por millones de pesos entre los años 1999 y 2007, fecha en que fue detenida junto a su pareja sentimental, Juan Diego Espinosa Ramírez “El Tigre”, narcotraficante colombiano que sigue preso en Estados Unidos. El hijo de “La Reina” A pesar de su re-encarcelamiento en tierras mexicanas, la mujer de familia sinaloense, se encuentra más tranquila al saber que su vástago, José Luis, ya se encuentra fuera de la acusación. El 17 de junio de 2013, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de Jalisco, le concedió el amparo 799/2013 en contra de la orden de aprehensión. El muchacho, nacido el 31 de diciembre de 1986, ya había ganado otro juicio de amparo unos meses atrás, pero nuevamente se ordenó su captura, pues se dejó actuar al juez responsable en plenitud de su jurisdicción. El último fallo es definitivo, y se ordena al juzgador de origen dictar una nueva resolución, “en la que considere que no está acreditado el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y menos, la probable responsabilidad del indiciado en su comisión”. Fuentes Ávila tenía depósitos bancarios en su cuenta de HSBC por 3 millones 871 mil405 pesos y tres centavos. Los retiros ascienden a 3 millones 688 mil 935 pesos con 41 centavos, todo esto durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 2010.  El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el indiciado “no se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, asimismo, no ha presentado declaraciones de impuestos federales”. Sin embargo, durante el procedimiento de amparo, los defensores de José Luis probaron que éste realizó la compraventa de una casa habitación en la ciudad de Tijuana el 15 de octubre de 2005. Se trata de una residencia con una extensión superficial de 446.10 metros cuadrados. El precio de la operación fue de 3.5 millones de pesos, la formalización del contrato privado traslativo de domicilio se hizo en escritura pública pasada ante la fe del Notario Público Número 7 de esta ciudad. El comprador de la finca, cuyo nombre y domicilio del inmueble vendido no fueron revelados, pagó su compromiso entre octubre de 2005 y el día último de 2007. El juez de amparo cotejó las fechas de los depósitos de las parcialidades, estimando que éstas coinciden con las fechas y cantidades de dinero que sustentaron la acusación del Ministerio Público de la Federación. En cuanto a las millonarias pólizas de seguros de vida, en los cuales Fuentes Ávila es beneficiario, el juez de garantías estimó que la contratación de seguros por parte de Sandra Ávila Beltrán a favor de su hijo “no implican ni revelan operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de este último, ya que el hecho de que aparezca como beneficiario no le es imputable, puesto que cualquier persona puede contratar un seguro a favor de otra, sin necesidad de tener la aceptación del beneficiario”. Malos recuerdos de Tepic El berrinche de “La Reina del Pacífico” debió ser mayúsculo. Había encargado a sus abogados que todo estuviera bien a su arribo a México. No quería regresar al CEFERESO Número 4 del Rincón, y para ello se promovió un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, donde se consiguió una limitada suspensión provisional del acto reclamado. Apenas unas horas después de que Sandra Ávila ingresó al penal femenil federal, su representante legal, Jorge Alfonso Espino Santillán, presentó una queja dentro del juicio de amparo para que sea un Tribunal Colegiado en Materia Penal capitalino el que resuelva sobre la protección que, se supone, la indiciada buscó para evitar el traslado a la prisión donde hoy se encuentra. Y es que a la reclusa no le había ido nada bien en su anterior aventura en la penitenciaría nayarita. En marzo de 2012 promovió un amparo ante un Juez de Distrito de Tepic, quejándose de la negativa de las autoridades penitenciarias “al suministro de alimentos y a proporcionarle a la quejosa medicamentos suficientes y adecuados para cubrir sus necesidades de salud”. También denunció que se le negaba la correspondencia nacional e internacional que le llegaba al penal. Cuando personal judicial realizó una inspección a la celda de la interna y se le entrevistó, “La Reina del Pacífico” aseguró que esta situación le había generado “diversos padecimientos, como dolor de cabeza, dolor de ojos, mareos, dolor de huesos y escalofríos”. Los directivos del penal negaron el acto reclamado y la reclusa no pudo comprobar lo contrario, lo que provocó el sobreseimiento del juicio de garantías. Seguimiento puntual En la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, Sandra tuvo una mejor estancia hasta antes de su traslado a Tepic. Incluso trascendió aquella autorización de funcionarias del penal para que se le inyectara Botox, lo que se convirtió en un escándalo administrativo y mediático. Pero no todo fue “miel sobre hojuelas”, pues también se inconformó en varias ocasiones. La mujer interpuso amparos en contra de un posible traslado, y en uno de los juicios pidió que cesara el acoso institucional en su contra, ya que, a su decir, se cancelaba la autorización de su visita y le impedían el acceso a sus abogados que venían desde Miami para asesorarla en el procedimiento de extradición que en ese entonces pretendía la Unión Americana. En uno de los escritos, Ávila reclamó “los actos intimidatorios de que soy objeto, violando mis derechos humanos, mandándome custodias y personal de vigilancia que me siguen a cualquier lado del centro penitenciario donde me encuentro interna, realizándome de forma arbitraria cateos a la celda donde me encuentro interna y revisiones en mi persona, y a las internas que me auxilian en las clases ocupacionales que imparto (…)”. En otra ocasión, Sandra Ávila Beltrán denunció la violación de sus garantías constitucionales por parte de directivos y extraños visitantes. Su demanda versó sobre “el ilegal video filmado a la suscrita quejosa, sin mi consentimiento, por elementos que se presentaron ante mí como agentes de la DEA, quienes portaban una cámara de video, adentro del área de locutorios del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, sin mandato judicial, e insistiendo y tratando de persuadir a la quejosa para obtener fotografías de mi rostro, pretendiendo además, grabar mi voz”. Las autoridades penitenciarias negaron el hecho, pero el director general de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la Cancillería Mexicana confirmó su certeza, pues el 19 de agosto de 2010 habían acordado el desahogo de una diligencia solicitada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, consistente en obtener muestras de voz de la inculpada “siempre y cuando otorgare su consentimiento para ello”. Fue el día 26 cuando se presentaron al penal de Santa Martha con anuencia de los directivos. “La Reina del Pacífico” se negó rotundamente a colaborar, pero aun así, la grabaron en video.  El Juez de Amparo que conoció del reclamo, formulado semanas después de ocurrido por la interna, no era violatorio de garantías, y así, ese juicio también fue sobreseído. Rauda justicia americana La reclusión de la bajacaliforniana en los Estados Unidos fue fugaz. No cumplió ni un año. Pasó por centros de detención de Florida, Luisiana y Texas. De los dos cargos formulados en su contra ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, solo se acreditó uno: el de asociación delictiva para poseer, con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína. Sandra Ávila fue condenada a 70 meses de prisión el 25 de julio próximo pasado. Se le contó el tiempo que estuvo presa en México y los meses de estancia en cárceles estadounidenses, dándose  por compurgada la pena impuesta. Los poco más de once meses en la prisión extranjera parecieron años en la figura de la considerada atractiva mujer, pues a su arribo a suelo mexicano, se le apreció un poco más repuesta en su físico y con el cabello canoso, contrario a los cuidados que la prisionera acostumbraba a tener para sí en los centros penitenciarios del Distrito Federal y Nayarit. La asociación delictiva que acreditaron los estadounidenses fue por la participación de Ávila Beltrán en la organización de su pareja sentimental Diego Espinosa “El Tigre”, junto a Juan Carlos López Correa, Mauricio Espinosa y otros traficantes de cocaína colombiana que era llevada al país del Norte. Por lo menos desde enero de 1999 y hasta el mes de marzo de 2004, existió evidencia de la relación criminal. Actualmente sigue su curso un amparo promovido por la defensa de Sandra para que le sean devueltos “sin dilación” sus bienes muebles e inmuebles asegurados desde 2001 en los estados de Jalisco y Sonora, así como las cuentas bancarias congeladas tras su detención en 2007. La captura del “X20” y el fin de Los Zetas Con la captura del líder del Cártel del Golfo, Mario Armando Ramírez Treviño “El X20” o “El Pelón”, autoridades mexicanas avanzan en su afán por desmantelar a Los Zetas, ya que es contra esta organización criminal donde los resultados contra la delincuencia organizada son más eficaces al gobierno mexicano. AL “X20” se le detuvo el fin de semana en Reynosa, Tamaulipas, en un espectacular operativo con diez helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional, y un amplio número de elementos del Ejército y la Secretaría de Marina, tanto por aire, como por tierra. Tal despliegue llevó a Ramírez Treviño a no oponer resistencia, por lo que en su aprehensión, no se efectuó ni un solo disparo. Junto con él fueron detenidos Pedro Cruz Barrios y Gerardo López Ruiz, ex policías municipales de Reynosa, a quienes se ubicó como sus escoltas. También fueron aseguradas tres armas largas de uso exclusivo del Ejército, nueve teléfonos celulares, 38 mil dólares, 25 mil pesos y 11 centenarios.  A la par que se detenía al “X20”, se efectuaron otros operativos encaminados a contrarrestar posibles reacciones de la delincuencia organizada en Reynosa y Matamoros. Luego de su captura, ocurrida a las 10:00 am del sábado 17 de agosto, los detenidos y objetos asegurados quedaron a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. Ramírez permaneció ahí hasta ayer jueves 22 de agosto, luego de que se ejercitar acción penal en su contra por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, delitos contra la salud y violación a la Ley de Armas de Fuego, por lo que fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, en dos camionetas blindadas. El “X20” o “El Pelón” lideraba el Cártel del Golfo luego de la captura de Eduardo Costilla “El Coss”, en septiembre de 2012, por lo que fue catalogado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como igual, o incluso más peligroso que el “Z40”, por lo que ofrecía 5 millones de dólares por su captura. La PGR, por su parte, ofrecía 30 millones de pesos. Mario Armando Ramírez colaboró con Jaime González Durán “El Hummer”, uno de los fundadores de Los Zetas. También se le implica como responsable de los ataques recientemente cometidos en contra de corporaciones policiacas de Tamaulipas, y de varios secuestros registrados en Veracruz. El vocero de Seguridad del Gobierno Federal, Eduardo Sánchez Hernández, explicó que fue posible ubicar al líder del Cártel del Golfo por la información proporcionada por 24 integrantes de esa célula delictiva, capturados el 12 de agosto de 2013. A estas aprehensiones se suma la ejecutada en diciembre de 2012, en la que se detuvo a Francisco Dair Montalvo Recio “El Rocky”, presunto contador de Los Zetas en Nuevo Laredo, quien proporcionó información que llevó a la captura de Miguel Ángel Treviño Morales “Z40” a mediados de julio de este año; evento que mantuvo en alerta a ocho estados. A finales del mismo mes, capturaron a diez presuntos integrantes de Los Zetas en Coahuila.