En la anterior Legislatura había 13 consultores, ahora son 27 La Paz, Baja California Sur. Por su perfil académico o profesional, los asesores de los diputados locales tienen un estatus muy superior al resto de los trabajadores, e incluso están por encima de los integrantes de la XIII Legislatura de Baja California Sur. Incluso, tienen facultades para resolver asuntos desde la comodidad de su hogar o por la vía telefónica, no están obligados a cumplir un horario fijo, o a presentarse en el Recinto Legislativo. De hecho, no son públicamente conocidos. Los asesores ganan en promedio -según la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso- entre 25 mil y 37 mil pesos mensuales, posición que la mayoría ocupa al haber sido contratados como pago, prebenda o compromiso de grupos. De acuerdo a datos recabados por ZETA, tradicionalmente en el Congreso de Estado habían laborado 13 asesores hasta 2011, lo que representaba una erogación de 415 mil pesos mensuales y 4 millones 980 pesos por año, distribuidos de la siguiente manera: – Siete asesores jurídicos. – Seis asesores parlamentarios. Sin embargo, con la nueva Legislatura -de 2011 a la fecha- fueron contratados 14 asesores generales más, que ahora representan un gasto de 25 mil pesos mensuales cada uno; 350 mil pesos por todos al mes, y 4 millones 200 mil pesos por año. En suma, el número de asesores de una Legislatura a otra creció al 100 por ciento, y por ende, se duplicó el gasto. Actualmente el Congreso del Estado paga 9 millones 120 pesos tan solo en sueldos de asesores. Dicho de otra manera, los 27 asesores en su conjunto cuestan por día 24 mil 986 pesos con 30 centavos en pago de salarios. La rentabilidad Por la falta de la Ley Orgánica del Congreso local y la consolidación del Instituto de Estudios Legislativo, algunos de los asesores -según datos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información- están distribuidos inequitativamente entre las 20 comisiones legislativas. Por ejemplo, la Comisión del Agua, encabezada por el diputado priista Ramón Alvarado Higuera, tiene asignados a tres asesores de nombre Sofía Sui Qui García, Luis Sández Aguilar y Francisco Lucero Salvatierra, quienes -al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones- solo tuvieron conocimiento de seis asuntos, cuatro de éstos fueron dictaminados, y dos quedaron pendientes. En contraparte, la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, cuya presidenta es la diputada panista Jisela Páez Martínez, tiene asignado solo a un asesor de nombre Carlos Enrique Soto León, quien revisó 55 asuntos, de los cuales 38 fueron dictaminados, 15 están pendientes, uno fue declarado improcedente y otro más fue prorrogado. En el análisis de resultados, el asesor Soto tuvo diez veces más trabajo en comparación con Sui Qui, Sández y Lucero en su conjunto. 9 2 0 1 12 Atención a Grupos Vulnerables y con Discapacidad 1 5 0 0 6 Comunicaciones y Transportes 1 7 0 0 8 Ciencia y Tecnología 0 0 1 0 1 Asuntos de la Salud, Familia y Asistencia Pública 12 5 0 0 17 Asuntos del Agua 4 2 0 0 6 Asuntos del Deporte 3 2 0 0 5 Derechos Humanos y Asuntos Indígenas 1 2 0 0 3 Asuntos Ecología 2 3 0 0 5 Asuntos Enlace Legislativo 1 0 0 0 1 Asuntos de Equidad y Género 2 1 0 0 3 Asuntos de Junta de Gobierno y Coordinación Política 0 1 0 0 1 Asuntos Puntos Constitucionales y de Justicia 38 15 1 1 55 Asuntos Seguridad Pública 4 2 0 0 6 Asuntos Vigilancia del Órgano de Fiscalización 9 7 0 0 16 Comisiones Unidas 31 24 1 0 56 Fuente: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso de BCS
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