En algún lugar de la Ciudad de México, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, leerá un mensaje de resultados de sus primeros nueve meses de administración, luego de entregar al Congreso de la Unión su Primer Informe de Gobierno, como está consignado en la Constitución. El hermetismo presidencial sobre el lugar sede de la lectura del mensaje, denota cómo la violentada gobernabilidad arrincona al mando máximo del país, obligándolo a resguardarse junto a sus escoltas y funcionarios tras cientos de soldados para ejercer sus derechos humanos y constitucionales. Por lo menos el Presidente tiene a las fuerzas armadas para que le garanticen el ejercicio de su trabajo -a pesar de la presencia de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o policías comunitarias en unas zonas y narcotraficantes y demás criminales en otras-, mientras los niños están sin clases, los ciudadanos honestos, desplazados de sus comunidades; y el resto de los mexicanos, afectados por la desaparición del Estado de Derecho, pues ellos no tienen quien proteja sus garantías. Además de profesionales y empresarios, quienes durante dos semanas han expuesto que el licenciado Peña Nieto tiene poco positivo que informar, algo deben saber los legisladores cuando a cinco días de la presentación oficial, el coordinador de los senadores del tricolor advierte a los mexicanos que el Partido Revolucionario Institucional “está preparado y listo para defender los avances del actual gobierno”. Pero incluso los mexicanos que viven de opinar y se esfuerzan en promocionar el progreso del gobierno peñista, han tenido problemas al intentar posicionar una postura positiva. Se han limitado a los siguientes logros: 1. Reforma de Telecomunicaciones. Se publicó el 11 de junio, pero el objetivo de lograr mejores precios y productos, sigue lejano. 2. Reforma Educativa. En agosto se aprobaron los reglamentos, sin embargo, la calidad educativa sigue en mera teoría, a falta de práctica y leyes secundarias 3. Presentación, apenas presentación de Reforma Energética. El ex Presidente Felipe Calderón también la presentó, pero perredistas y priistas no la dejaron pasar. 4. Las capturas de los siguientes líderes de cárteles de narcotráfico: Miguel Ángel Treviño Morales, de Los Zetas; Mario Armando Ramírez Treviño, del Cártel del Golfo”; Gregorio Abeja Linares, de Los Caballeros Templarios; y Melvin Gutiérrez Quiroz, del CAF, quien podría restarse, debido a la posibilidad que existe, de que sea liberado. Aunado a ello, el Pacto por México y la mejora en la percepción ciudadana en materia de inseguridad ha dividido opiniones. Están los peñistas, que exponen estos dos temas como factores plausibles. Sin embargo, resulta difícil, e incluso irresponsable, dejarse llevar sin deplorar el funcionamiento de un Pacto convertido en un cuarto poder integrado por un grupo de políticos, que sin haber sido votados por el pueblo, pretenden usurpar la función de los legisladores electos. Todavía más indignante sería caer en el espejismo de la falsa seguridad creada por una política de comunicación opaca y restrictiva, basada en el control económico de los medios de comunicación, ocultamiento de información con pretexto de evitar la apología del delito, y la promoción de estadísticas imprecisas y maquilladas. Nada tienen que ver los 7 mil 128 homicidios relacionados con crimen organizado reconocidos por la Secretaría de Gobernación, con los 13 mil 775 muertos contabilizados por los gobiernos estatales, organizaciones civiles y periodistas de investigación, como los documentados en la última edición de ZETA. El Gobierno de la República ignora el derecho de la ciudadanía a acceder a datos reales que le permitan evaluar el desempeño de sus autoridades. Además, pretende obligar a los gobernados a creer sin pruebas que han detenido a 62 de los 122 criminales más buscados, aunque los ciudadanos apenas y han podido conocer de cuatro detenciones importantes, que contrastan con tres liberaciones de resonancia internacional: la de Florence Cassez, acusada de secuestro; Rafael Caro Quintero, homicida y narcotraficante; y la exoneración de Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito. Pero los pendientes y deudas del gabinete de Peña Nieto abarcan mucho más que la seguridad. Ahí está su sonada Gendarmería, que dice, estará lista en 2014. Económicamente la situación está empeorando, los precios de los productos de primera necesidad siguen a la alza, mientras la tasa de crecimiento prometida en diciembre de 2012, de 3.8 por ciento, ya fue ajustada oficialmente al 1.8 por ciento. La creación de 900 mil empleos al año prometidos para 2013 -aunque se necesitaban por lo menos un millón cien mil plazas- , a duras penas llegarán a los 600 mil (la gran mayoría eventuales), según cifras de la Secretaría del Trabajo. El número de personas en pobreza en el país creció de 52.8 millones, a 53. 3 millones de mexicanos, y Peña anunció la promoción de vivienda vertical cuando las tres principales constructoras exhibían sus finanzas en números rojos. En el resto de los temas, al mandatario se le ha ido el tiempo en puros anuncios y discursos sin concretar. Habló de la inversión de 4 billones de pesos en infraestructura, pero en los seis años, y apenas los anunció en julio; presentó un plan para abatir la informalidad, pero no dijo cuándo ni cómo; tampoco ha hecho algo por controlar el abusivo sindicalismo de PEMEX, lo que desacredita la intencionalidad en la captura de la maestra de Elba Esther Gordillo. Y la lista sigue. “Lo importante es concretar en los hechos…”, expuso el Presidente en la reunión nacional del Consejo de Seguridad el 27 de agosto de 2013, y en el marco de su Primer Informe, no pudo estar más acertado en su apreciación, ni más lejos de hacerlo realidad.
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