Pleito por el control de contratos colectivos en la SCT La Paz, Baja California Sur. Cuando el 2 de marzo de 2013, Alejando Cruz Olvera tomó protesta como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), rápidamente se inició una minuciosa revisión del expediente de contratos colectivos de trabajo para el acarreo de materiales de construcción, tras recibir de manera formal una queja del sindicato de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Entonces supo que la mayoría de los trabajos estaban en manos de las organizaciones “Leonardo Rodríguez Alcaine” y “Astrac”, afiliadas a los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Los tres grupos tenían acaparados el 100 por ciento de los contratos, en medio de un agonizante mercado laboral donde la competencia poco o nada podía hacer para tener acceso a trabajos de obras gubernamentales federales, estatales y hasta municipales. Los otros sindicatos buscaban participar en la contratación colectiva, pero las puertas prácticamente estaban cerradas, por lo que no tenían más remedio que trabajar en obras particulares o proyectos de construcción de complejos turísticos en La Paz y Los Cabos, principalmente. A raíz del análisis y revisión del monopolio transportista, el nuevo delegado de la SCT inició pláticas con algunas constructoras locales y foráneas, además de solicitar que la firma de contratos colectivos fuera repartida equitativamente entre todos los sindicatos de transportistas, es decir, CTM, CROC y CROM. Después de cinco meses, los contratos colectivos de trabajo comenzaron a distribuirse entre el nuevo escenario y el competitivo mercado de acarreo de materiales. Sin embargo, la medida enfureció a los líderes de las organizaciones “Leonardo Rodríguez Alcaine”, “Astrac” y CROM, Pedro Albores Andrade, Sergio Armando Rodríguez Romero y Jesús Antonio Gómez, respectivamente, por considerar que “se estaba favoreciendo e iniciando una competencia desleal, y se había dado línea de empezar a favorecer a la CROC”. El líder de la organización “Leonardo Rodríguez Alcaine”, Pedro Albores Andrade, consideró que “el nuevo delegado no tenía por qué meterse, porque evidentemente no respetó la Ley Federal del Trabajo, y donde estoy de acuerdo que los contratos no se asignen a nadie, pero ninguno necesita del funcionario para que puedan darles trabajo”. El problema empezó a crecer hasta que el delegado de la SCT se reunió con los líderes de sindicatos, y solicitó “se pusieran de acuerdo”, porque “no me corresponde a mí solucionar un conflicto entre camioneros”. El funcionario sugirió el acuerdo en el reparto de acarreos para evitar que haya favoritismo para unos sí y para otros no, inclusive fue más allá: “De continuar así, el próximo año no va a haber obra, y entonces sí, preocúpense porque nadie va a tener chamba. Yo no puedo ser vigilante de todo y, si no hay acuerdo, entonces van a tener que resolver su disputa en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”. “No sé cómo antes lo manejaban todo con un solo sindicato, pero ahora todos tienen trabajo y me parece bien”, les dijo. La guerra Lejos de resolverse, el conflicto se complicó y, en solo 13 días, de la plática pasó a los reclamos, marchas, manifestaciones y plantones, hasta los golpes y amenazas de muerte entre unos y otros por el control del acarreo de materiales de construcción en obras gubernamentales, particularmente sobre las de la SCT. En el comienzo de lo que evidentemente pareciera ser una guerra de poder, hoy por hoy participan integrantes de los sindicatos de la CTM, CROM y CROC, así como de las organizaciones “Leonardo Rodríguez Alcaine” y “Astrac”. A pesar de que el Gobierno del Estado actualmente reconstruye y construye -según el Programa de Reconstrucción de Vialidades con Concreto Hidráulico- más de 120 avenidas y calles en el estado, la rebatinga se centró en la arena de la delegación de la SCT, y sospechosamente, arreció a raíz de que se hizo pública la investigación, bajo el número de expediente DE/021/2011 de la Secretaría de la Función Pública, en contra de José Antonio Ramírez Gómez, Carlos Alberto de Lazcurain Ochoa y Ramón Aguirre Rivera, ex directores de la SCT; de igual manera, del ex subdirector de Administración de la delegación, Samuel Araiza Vázquez por el desvío de 434 millones 149 mil 954 pesos con 94 centavos, en fraudulentas operaciones de auto compras a favor de la constructora Camulocopa, S.A. de C.V., donde figura como socia Rebeca Carolina Vázquez Araiza, hermana de uno de los ex funcionarios. El caso se ha polarizado tanto que, el 23 de agosto, integrantes de las organizaciones “Leonardo Rodríguez Alcaine” y “Astrac” irrumpieron violentamente, aprovechando que un grupo de transportistas de la CROM participaba en un plantón en el edificio federal por el paro de algunas obras gubernamentales, y comenzaron a lanzar piedras. De acuerdo a datos recados por ZETA, los transportistas llegaron armados de piedras, bates y tubos, lanzando golpes a los cristales, pero en la zona ya estaban agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, quienes solicitaron a los agresores tirar las rocas y “lo que traigan en la mano”. “Las cosas no se van a resolver así”, aconsejaba un policía, “no es necesaria la violencia”. En el patio de la edición de la SCT, los agentes de la Policía capturaron a uno de los agresores -el cual estaba tirando piedras- y se lo llevaron detenido. En medio de una álgida discusión, un grupo de compañeros salió corriendo a rescatar al detenido, mientras un policía sugería “déjenlo así”. Entre gritos y jaloneos trataron de rescatarlo, pero una barrera de agentes se cruzó, y uno de los agresores argumentó no traer “ninguna arma”. Entonces pretendió arrebatar a su compañero sin éxito, con gritos de “están cometiendo abuso de autoridad”. El detenido fue esposado y sacado del lugar, para después subirlo a una patrulla. En medio de esta lucha sindical quedó atrapado el director de la SCT, Alejandro Cruz Olivera, porque cuando en esas estaban, inesperadamente salió del edificio y solicitó que los transportistas se retiraran de la zona, propiedad del Gobierno Federal. Uno de los rijosos lo confrontó e inició una discusión al tú por tú. Por su interés, se transcribe textualmente: Alejandro: Tú estás viniendo a provocar, necesito que se quiten de aquí, porque están estorbando y están en un área federal. Los señores están reclamando un contrato, pero otros ya lo tienen, de modo que se va a respetar, porque así es la Ley. Transportistas: La junta federal no ha determinado nada sobre los contratos. Alejandro: Bueno, entonces ¿qué es lo que quieres? Transportista: Lo que nosotros queremos es la destitución del delegado. Alejandro: Tú no eres nadie para pedir la destitución. Y yo te pido que te abras, porque ellos te van abrir. Transportista: Nos van abrir a todos. Alejandro: No, te van abrir a ti, porque te crees muy valiente. El transportista se retiró del lugar y comenzó a hablar por teléfono celular. Evidentemente molesto, el director de la SCT se dirigió a los policías y solicitó una grúa para que “los muevan”, porque “están en área federal”, y “al Gobierno de la República se le va a respetar”. Los agentes detuvieron al transportista que se reía y se burlaba, “no voy a quitar los camiones” -retó-. En medio de una nube de policías, fue esposado y subido a otra patrulla, pero cuando el que parecía ser el líder del grupo pretendió meterse, también fue detenido, aunque opuso resistencia, se tiró al piso y no rehusó al sometimiento. Una vez levantado, un agente lo tomó por atrás por la parte del cuello, llevándoselo entre tres, mientras el detenido hizo señas a sus compañeros, quienes solo se quedaron mirando. Después fue subido a la patrulla, desde la cual advirtió: “Les voy a poner demanda para que se les quite”. El dirigente de la CROM, Jesús Antonio Gómez, se desligó de los actos vandálicos, argumentando que los agresores no eran de su grupo, sino que fueron sembrados por uno de los dirigentes de la CROC, Esteban Vargas, quien estaba confabulado con el delegado de la SCT para reventar la protesta, lo cual consiguieron cuando varios de sus compañeros fueron detenidos y agredidos por la Policía. El saldo de ese día fue de cinco personas detenidas bajo el cargo de riña y alteración del orden en vía pública. La SCT Sobre este conflicto, el delegado de la SCT, Alejandro Cruz Olivera, solicitó el auxilio de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, porque “hubo agresiones a pedradas” y “estaban amenazando con quemar un camión en el patio del edificio federal”. De acuerdo al funcionario, la presencia de la Policía fue para resguardar la seguridad del personal que labora dentro del edificio de la SCT y de otras personas que realizarían diversos trámites. En entrevista, Cruz expuso que desde que llegó “existe una consigna” de golpearlo, porque a mucha gente no le ha gustado que venga una persona de fuera a poner orden, “y lo único que nosotros estamos haciendo, es nuestro trabajo”. De hecho, comentó que tuvo que sacar a su familia de estado, porque fue amenazado de muerte y no tuvo más remedio que enviarlos fuera a su estado natal, Puebla”. El titular de la SCT se dice ajeno a ese conflicto, al considerarlo “una lucha entre sindicatos” y, desde su toma de protesta, ha enfrentado una serie de resistencias, como el problema de los camioneros que pretenden paralizar las obras, cuando busca que el abanico de oportunidades laborales se abra a más sindicatos y empresas, no solamente de algunas familias que siempre han sido beneficiadas. Alejandro Cruz Olivera aseguró no saber de dónde provienen los ataques en su contra, pero recordó que actualmente Camulocopa, S.A. de C.V., está bajo investigación por una serie de irregularidades que detectó la Secretaría de la Función Pública, donde están implicados varios ex funcionarios, quienes durante años habían favorecido con contratos colectivos de trabajo a todos los transportistas que, casualmente, “ahora están reclamando y hasta pidiendo mi destitución”. Los transportistas Sobre esta disputa, los tres líderes de la CTM, CROC y CROM dieron su versión a ZETA. El dirigente de la CTM, Amadeo Murillo Aguilar, se desligó de las organizaciones “Leonardo Rodríguez Alcaine” y “Astrac”, porque aunque dicen pertenecer al sindicato, hasta el momento no cuentan con registro alguno. Consideró que “la competencia es la competencia”, y tendrán que respetar cualquier decisión que se haya tomado, o de plano ir, y quejarse en la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque no es posible que “nada mas ellos tuvieran trabajos de acarreo en obras gubernamentales”. — ¿Qué va a pasar en lo sucesivo? ¿Ve Usted el punto final al problema? “Mira, el asunto tendrá que dirimirse con transparencia y resolver la libre contratación colectiva, sobre todo el acceso y voluntad que tengas las organizaciones para poder llegar a un punto de negociación y acuerdo, pero si hay una intromisión sesgada o si la hubo del pasado, obviamente es un conflicto que no se va a resolver, porque son otras condiciones. “Lo que yo sí digo, es que no hay que buscarle tres pies al gato, lo que debe prevalecer en la abierta competencia que se está dando entre las diferentes organizaciones y acceder a contratos de manera competitiva”. Por su parte, el secretario del trabajo de la unión de camioneros de la CROC, Miguel Ángel Sánchez, consideró que el conflicto es por la disputa por el contrato de trabajo de Santa Rita a Puerto Chale, el cual fue entregado a la constructora Solmex y ellos ganaron entre todas las propuestas que se presentaron, incluidas las de CROM. No obstante, dijo que se mantienen ajenos al conflicto que se ha generado en torno a la delegación de la SCT, y ahorita estarán concentrados en el trabajo de acarreos de materiales, en tanto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve el caso de los contratos colectivos de trabajo, y si fuera el caso de que otros tengan la razón, retiraremos nuestros camiones de las obras que fueron asignadas, “pero si sale a nuestro favor, esperemos que respeten la decisión”, estimó Sánchez. Para concluir, el dirigente de la CROM, Jesús Antonio Gómez, declaró que actualmente están preparando una nueva protesta en la delegación de la SCT, derivado de que la última vez “fuimos desalojados con la fuerza pública”. Agregó que por ahora tienen algunos emplazamientos a huelga en algunas obras, una de éstas, desde hace 15 días, es la del tramo Santa Rita Puerto Chale, porque la delegación de la SCT no respeta los contratos colectivos de trabajo. Presentaron una denuncia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y en los próximos días harán un extrañamiento formal y de manera indefinida. — ¿Cuál es el trasfondo de este problema? “Bueno, lo que queremos es que el delegado no tire línea y beneficie al sindicato de la CROC, dirigido por el senador Isaías González Cuevas, porque el Estado nunca había tenido un delegado que dijera con quien sí y con quien no contratar obras; porque la función de la SCT, es licitar una obra y, una vez que algún constructor la gana, tendrá entonces que contratar libremente con quien mejor le parezca o tenga los contratos con la Junta federal”. (Alejandro Acuña).
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