El martirio escolar de los niños discapacitados

En Tijuana, 121 menores recibirán apoyos de 750 pesos para el ciclo 2013-2014  Desde temprana edad, uno de los principales obstáculos a los cuales se enfrenta una persona con discapacidad, es el acceso a la educación. Los espacios para tal fin disminuyen conforme avanza el nivel escolar. En primaria se concentra la mayoría, pero en nivel universitario, no existen políticas de inclusión. En Baja California, el Sistema Educativo estatal atiende a 7 mil 288 alumnos con ceguera, baja visión, sordera, hipoacusia (pérdida de audición), discapacidad motriz, intelectual y múltiple, así como autismo. Representan el uno por ciento de los alumnos inscritos en escuelas públicas y particulares, de preescolar a secundaria. La cifra aumenta a 19 mil 949 estudiantes cuando se considera a alumnos con necesidades especiales, problemas de comunicación, de conducta y alumnos sobresalientes. El panorama para estos menores no es alentador. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solamente el 2 por ciento de los alumnos con discapacidad en México, concluyen sus estudios. Sin embargo, en Baja California son minoría aquellos con discapacidad que reciben educación. Según el censo levantado en 2010, el 3.9 por ciento de la población bajacaliforniana padece algún tipo de discapacidad. Ese porcentaje, situado en menores de 14 años, muestra que al menos 915 mil niños tienen una discapacidad. Más de 800 mil menores no son atendidos en aulas educativas. Un camino largo y adverso César Palencia, director del Instituto Mexicano para Personas Discapacitadas, resume las posibilidades de educación para la comunidad que atiende “sin apoyos ni medios a su alcance, no podrán estudiar”. Ofrece un ejemplo. “Para un niño en silla de ruedas, resulta prácticamente imposible asistir a una escuela porque no hay rampas para salones ni baños”. La primera crítica del activista es en torno a los problemas de accesibilidad y transporte para niños discapacitados. En segundo término, la falta de políticas de inclusión en todos los niveles educativos, principalmente en preparatoria y universidad, además de la carencia de incentivos y becas. El joven tijuanense, estudiante del octavo semestre de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se ha enfrentado a problemas de accesibilidad para trasladarse por el campus en su silla de ruedas. “La administración pública no presta atención a ese sector de la población”, refiere. La opinión es compartida por otras asociaciones civiles especializadas en defensa de los derechos de personas discapacitadas. María de los Ángeles Lara es directora de salud en Fundación de Apoyo para Niños Especiales, y diariamente recibe a madres de niños discapacitados en busca de opciones de educación. “El escenario de una familia de escasos recursos, es que el niño no va a asistir a la escuela, tienen la disposición, pero llega un momento en que ya no pueden costear los gastos”, explica, para después citar el caso de una madre soltera, con un salario mensual de 2 mil 600 pesos. Su hijo, con rasgos de autismo, requiere de terapias con un costo de 600 pesos a la semana, adicionales a los gastos de la escuela. Michelle Aguiñiga, coordinadora de Asociación en Apoyo al Sordo (APSOR), proporciona otro caso. Un padre desea inscribir a su hijo sordo en un plantel sin intérpretes disponibles, deberá pagar 7 mil pesos mensuales por los servicios del especialista. A nivel universidad, el costo se duplica. Hay otros factores. La falta de herramientas y de preparación de los maestros para atender a niños con necesidades especiales, el tamaño de los grupos y la ausencia de un programa educativo especializado. Entonces, resulta preocupante que miles de menores de siete años no reciban atención especializada. En sus 30 años de experiencia, María de los Ángeles Lara ha percibido cómo los primeros siete años de vida son fundamentales en el desarrollo de los pequeños. “Es una etapa muy importante, cuando pasan de esa edad, la complicación principal es el desarrollo del lenguaje, además de problemas de autoestima, inseguridad y aislamiento que les impiden desarrollarse y socializar”. Sin embargo, la mayoría de esa población está destinada a permanecer en casa, “la educación para niños con discapacidad y necesidades especiales no está completa en México”, reflexiona Lara. Inclusión no es sinónimo de sensibilización Elizabeth Castro ingresó a su pequeño de tres años al Centro de Atención Múltiple “Hellen Keller”. Aunque el pequeño será instruido en la Lengua de Señas Mexicana, no se le proporcionarán servicios de oralización. “Sería ideal que en México se ofreciera el sistema de oralización para la comunidad sorda”, considera Michelle Aguiñiga, intérprete y sorda de nacimiento. Hace 20 años, su madre, Gabriela Rascón, fundó APSOR, organización que ha entrenado a generaciones de intérpretes en Tijuana. “La mayoría de los padres queremos que nuestros hijos sean lo más normales posible, por lo que buscamos la oralización, pero no todos contamos con los apoyos necesarios”, apunta. Durante sus 17 años en la asociación, Michelle ha estado en contacto con 500 familias de personas sordas, solamente recuerda a una con ambos padres expertos en la Lengua de Señas. Un segundo problema se asoma. El intérprete solo está insertado en el aula, no es un auxiliar pedagógico, mientras que los maestros tampoco han recibido capacitación especializada para atender a niños con discapacidad. El Ayuntamiento de Tijuana destina parte del presupuesto público al pago de intérpretes en escuelas primarias, secundarias, preparatorias y hasta a nivel universidad. Juana Pérez, secretaria de Educación Pública Municipal, indica que si bien, no existe un presupuesto único para este rubro, a cada uno de los 17 maestros se les paga alrededor de 6 mil 500 pesos mensuales por concepto de honorarios. Por ejemplo, en la preparatoria “Adolfo López Mateos”, en la colonia Alemán, se tienen cuatro intérpretes, dos para atender a los grupos de primer semestre, con 10 alumnos sordos. Aunque la secundaria Alba Roja pertenece al SEe, intérpretes y padres de familia solicitaron al Ayuntamiento, en 2005, el pago de honorarios. Lo mismo ocurre en la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y Universidad Pedagógica Nacional (UPN). La titular de educación municipal considera: “No todos los niños tienen la buena fortuna de tener papás comprometidos con su educación, aunado a su discapacidad, muchos se encuentran en el abandono de sus padres”. Pero muchas veces la interrupción de los estudios se debe a la falta de oportunidades. Por ejemplo, en la Zona Este de la ciudad, niños sordos no continuaron con la educación secundaria por falta de plantel. Ahora, estudian el turno vespertino en la secundaria Xicoténcatl Leyva, ubicada en El Florido. Maestros y padres toman la iniciativa Este ciclo escolar, Daniel ingresó al primer año de secundaria. Fue aceptado en la “Xicoténcatl Leyva”, donde estudian menores con sordera y autismo, pese a no contar con las herramientas necesarias para dar atención a estudiantes invidentes. Pero lo anterior no fue impedimento para que el director de la secundaria, Francisco Aranda, admitiera al niño invidente. Personalmente, gestionó el apoyo de una egresada de la secundaria como “sombra” de Daniel, quien sufre de ceguera. Asistido de una tabla Braille, el menor redacta sus resúmenes y apuntes, los cuales son explicados por medio de Daniela, quien asiste al pequeño durante todas las clases. Aunque el plantel educativo no sea uno de los once Centros de Atención Múltiple (CAM), la madre del menor asistió a la escuela, por la cercanía a su hogar y por la cultura de inclusión en esta secundaria. “Los muchachos (con discapacidad) se encuentran estudiando gracias a la iniciativa de una sola persona, director, profesor o padre de familia. No se trata de una reforma educativa o un programa previamente diseñado”, afirma la directora de APSOR. En Baja California, 577 escuelas reciben apoyo de algún servicio de educación especial permanente, 81 de preescolar, 468 de primaria y 28 de secundaria. En Tijuana, hay 45 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Especial (USAER) y 11 CAMs, las cuales atienden a niños con síndrome de Down, discapacidad múltiple, autismo y discapacidad auditiva y visual. Este año, solamente 121 de los 784 atendidos en unidades CAM, serán becados con un monto de 750 pesos para todo el ciclo escolar. Éste es el único programa de apoyo a alumnos con discapacidad que promueve el SEe. La coordinadora regional de Educación Especial Tijuana, Isabel Martínez Veliz, admite que ni las unidades USAER ni CAM se han implementado en preparatorias estatales, “es un plan a largo plazo”, añade el delegado del SEE en Tijuana, Ezequías Kim. Sobre la desatención educativa, Martínez Veliz admite: “Se agudiza mucho por la condición de marginación social o económica de la población flotante, y de bajo nivel de desarrollo en Tijuana”. Pero asociaciones civiles exigen: “El Sistema Educativo debe estudiar y analizar el tema, para que forme programas y modelos con fundamentos reales y pensados en la atención especializada de niños con discapacidad”.