Varias son las reformas que requiere la Constitución de Baja California relacionadas con el tema electoral y de administración gubernamental. A la luz de los gobiernos deficientes y los vicios y abusos que se están evidenciando en el “Año de Hidalgo” que parecen estar celebrando los malos funcionarios, una de las más urgentes es reducir plazos para el traspaso de poderes. Haga cuentas, aunque fueron electos el 7 de julio de 2013, resulta que para ocupar sus curules, los diputados deberán esperar prácticamente tres meses, 85 días exactamente; el gobernador y su equipo aguardará casi cuatro meses, 116 días; y los alcaldes con sus cabildos cinco meses o 146 días. Períodos en los que –en términos de la tradición política mexicana– los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo locales dejan de tener la importancia que su investidura requiere, pues la atención y presión pública está concentrada en quienes llegarán, bajo la premisa de “el Rey ha muerto y viva el Rey”. Fuera del ojo del huracán, quienes están a punto de terminar hacen poco por la comunidad que administran y dedican gran parte de su energía a tres cosas: intentar ocultar sus irregularidades, particularmente si quien llegará a relevarlos es de un partido contrario; hacer reformas y trámites que les permitan hacer negocios cuando no sean gobierno; y organizar sesiones de cabildo para aprobar permisos e incrementos presupuestales con los cuales puedan favorecerse. Para los electos también son meses complicados, no pueden hablar, tampoco hacer compromisos o planes, porque desconocen las condiciones del paquete que recibirán –con todo y los equipos de transición–, además deben campear las filas de quienes quieren cobrar favores, vender sus servicios e incrustarse en las administraciones. Así, la idea de acortarles los tiempos de rapacería resulta atractiva. Aunque las comparaciones molestan, los ejemplos de que un traspaso de poderes a corto plazo es factible, sobran. En Italia el último primer ministro (equivalente al presidente de la República) tomó posesión 3 días después de la elección, en Francia 9 días después, en Dinamarca en 18 días, en Portugal a los 16 días. De normal, en Grecia son electos y se instalan en sus oficinas después de 24 horas, en Reino Unido en 5 días, en Rusia son 30 días, en Alemania 20 o 30 días. Días, no meses. Cierto, hay países donde la llegada de los nuevos funcionarios electos les lleva más tiempo –en el peor de los casos, hasta 16 meses–, pero los críticos de tales sistemas son claros al señalar que estos retrasos se deben a la gran diversidad de partidos y las peleas por la distribución del poder, condiciones que no se reúnen en el caso Baja California, donde la pugna fue apenas entre dos coaliciones y un movimiento. En cuanto a reparticiones complicadas, tampoco hay excusa. Aquí, las constancias de mayoría se empezaron a entregar a los ganadores a los 3 días de la elección, las últimas se confirieron 10 días después. Cierto, las irregularidades observadas y denunciadas –con elementos de prueba– por el candidato de Movimiento Ciudadano Manuel Molina podrían modificar el prorrateo de las diputaciones de representación proporcional en la elecciones locales, pero el asunto es que en términos oficiales, ya se dieron, cumpliendo con los tiempos que por ley son cortos. Entonces, no hay necesidad de darle largas a la renovación de poderes porque en nada contribuyen al proceso democrático La política clientelar y partidista que reina en nuestros sistemas de gobierno exige cambios, desafortunadamente la experiencia ha mostrado que se trata de un camino largo, por lo tanto, en el proceso se requiere el establecimiento de la mayoría de candados y controles posibles para evitar los abusos de poder, y uno, factible a corto plazo, es la reducción de los tiempos en las transiciones de poderes. Cuando llegan, los nuevos funcionarios invariablemente se llevan una cantidad de meses considerable para empaparse y aprender, así que al final este extenso período intermedio entre la elección y cambio de estafeta solo sirve a los oportunistas. Es cuestión de ampliar la visión y atender la realidad política, que exige relevos rápidos y expeditos que reduzcan el desgaste de los entrantes y amarren las manos de los salientes.
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