De manera extraña y pocos días antes de la elección del 7 de julio, 30 priistas entre enviados por el CEN y locales, se ampararon contra orden de arraigo, aprehensión, presentación y/o detención. La solicitud para la protección la hicieron el 4 de julio ante al Juzgado Sexto de Distrito con sede en Tijuana. Entre quienes solicitaron la protección de la justicia: el delegado del CEN para la elección de Rosarito, Ricardo Barroso Agramont, además: Jorge Luis Vargas Aguiar, Rufino González Crespo, Carlos Iván Hernández Camacho, David Eduardo Martín Ruvalcaba, Gustavo Ramos de los Ríos, Manuel Barajas Meza, Javier Salgado Chávez y Saúl Caballero Villagómez, entre otros. Lo extraño, dicen en la Procuraduría de Justicia de Baja California es que no encuentran el motivo para el amparo, y en caso que fuese por delitos electorales cometidos el 7 de julio, poco podrían hacer –si les resuelven favorable– pues únicamente habrían sido detenidos en flagrancia, circunstancia ante la cual, no hay amparo que libere. O los priistas hicieron algo que aún no se conoce, o se estaban previniendo.
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