Obras inconclusas y pagos indebidos en SCT

La Paz, Baja California Sur.- En la investigación federal bajo el número de expediente 021/2011 del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se detectó una serie de irregularidades en la entrega de contratos millonarios sobre la modernización de terrecerías, obras de drenaje, recuperación de carpeta asfáltica y pavimentos de caminos en la delegación de Baja California Sur. El 16 de agosto de 2011 -según oficio DGAAOP/259/2011- se realizó una visita de inspección encabezada por el jefe de grupo de la unidad externa, a su vez, enviado por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP, Carlos Eliseo Olachea Geraldo; derivado de la revisión de contratos donde se descubrieron “obras inconclusas y pagos indebidos”, por lo que de inmediato se elaboraron algunas observaciones que no pudieron ser solventadas en los periodos de los ex delegados José Antonio Ramírez Gómez, Ramón Aguirre Rivera y Carlos Alberto Lascurain Ochoa, en los sexenios de los ex presidentes de México Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa. De acuerdo al oficio 09/200/4029/2011, durante el recorrido conjuntamente con personal de la Residencia de Carreteras Federales y Alimentadoras del Centro SCT, el especialista advirtió “presuntos hechos que podrían constituirse en probables irregularidades administrativas”, dejando al descubierto pagos en exceso a favor de la constructora Camulocopa BCS, S.A. de C.V., propiedad de Samuel Araiza Vázquez, entonces subdirector de Administración de la delegación de la SCT, los cuales fueron cubiertos de enero de 2008 a julio de 2012. Por su importancia destacan los siguientes: 1. Pago indebido de los volúmenes de 936.90 metros cúbicos y 468.93 m3 en los conceptos de cunetas y bordillos de concreto hidráulico colocados en obras de drenaje y pavimentos de camino del Kilómetro 75+000 al 85+000, del camino Punta Eugenia del Corredor Vizcaíno-Bahía Tortugas, los cuales comparados con los volúmenes ejecutados de 362.40 m3 y 123.38 m3, arrojaron una diferencia de 467.97 m3 y 239.02 m3; equivalentes a un millón 330 mil 349 pesos con 80 centavos, y 714 mil 614 pesos con 83 centavos, generando un total de 2 millones 044 mil 964 pesos con 62 centavos, correspondientes a las estimaciones 6, 7 y 9, relacionadas con las facturas 533, 542 y 545, por cuya obra se pagaron 35 millones 320 mil 700 pesos con 74 centavos, según el contrato 0-C-CF-A-516_W_0-0. 2. Pago indebido a los conceptos de cunetas de concreto hidráulico entre los kilómetros 32+060 y 38+555 en ambos lados del camino Bahía Asunción, del Corredor Vizcaíno-Bahía Tortugas, toda vez que se ejecutaron trabajos por un volumen de 148.78 m3, los cuales, con el volumen estimado de 374 m3, según la estimación 9 y pagado en la factura 546, existe una diferencia de 224.22 m3; equivalente a 622 mil 679 pesos con 12 centavos, por cuyo trabajo se pagaron 35 millones 319 mil 222 pesos con 47 centavos, según el contrato 0-C-CF-A-517-W-0-0. 3. Pago indebido a los conceptos de obra de los rubros de terracería, obras complementarias, pavimentos y señalamientos entre los kilómetros 0+000 al 22+000 en la conservación del camino de Bahía Asunción, del Corredor Vizcaíno-Bahía Tortugas, en los que comparados con los volúmenes ejecutados, se realizaron trabajos pagados en exceso por un importe de 993 mil 296 pesos con 45 centavos, según las estimaciones 3 y 4, correspondiente a las facturas 514 y 544, por cuya obra se pagaron 3 millones 530 mil 835 pesos con 56 centavos, según el contrato 0-C-CF-A-532-W-0-0. En suma, se cobraron de manera ilegal 3 millones 660 mil 940 pesos con 19 centavos, ya que de acuerdo al análisis de las proporciones recibidas que aparecen en el expediente 021/20112, “no habían colocado el material estimado conforme al programa de ejecución de obras, sin embargo, el subdirector de Administración, con alevosía y ventaja, valiéndose de su puesto y con el visto bueno del subdirector de Obras y autorización del delegado en turno, ordenó el pago a la empresa de su propiedad, como si hubiera cumplido con lo establecido. “Lo anterior es solo una referencia de las investigaciones que se realizan en el expediente citado al rubro, y donde podemos deducir que en el negocio no solamente estaba metido el subdirector de Administración, Samuel Araiza Vázquez, quien puso a su hermana como socia de la constructora, sino otros funcionarios que figuran en el anexo del expediente”, explica uno de los investigadores del Órgano de Control Interno de la SCT, bajo el oficio 09/200/0473/2011. Más adelante, esta fuente expone los nombres “José Antonio Ramírez Gómez, Ramón Aguirre Rivera y Carlos Lascurain Ochoa, como presuntos responsables de haber autorizado y avalado toda la serie de irregularidades cometidas y detectadas, porque en cada uno de los contratos aparecen sus firmas al calce”. El investigador federal cita también que “en estas irregularidades están inmiscuidos José Gabriel Segoviano Villalobos, concuño de Samuel Araiza Vázquez; Martín Landeros Escobedo, Francisco Medina Blanco, Rodolfo Palacios Sabin, Ernesto Siurob Trasviña, Alma Lucina Arredondo Quintero y Patricia Anulí Quintero”.   Las irregularidades en obras De acuerdo con uno de los auditores consultados por ZETA, la investigación iniciada el 28 de febrero de 2011, bajo el expediente 021/2011, “incluye revisiones, inspecciones y auditorías en contratos de trabajos y obras de los últimos 12 años, es decir, del año 2000 al 2012, y cuyas responsabilidades podrán deslindarse una vez terminada la investigación, y recabadas todas las pruebas documentales”. No obstante, dijo que las mayores irregularidades se han detectado entre 2007 y 2012, o sea, en los últimos cinco años, donde además de la asignación ilícita de obras, destacan “pagos por trabajos no ejecutados o realizados, sobre todo en la carretera cuatro carriles de La Paz a Cabo San Lucas, a favor de la compañía Construcciones y Puentes de Chihuahua, S.A de C.V. Son los siguientes: 1. Trabajos pendientes de ejecutar por la cantidad de 17 millones 334 mil 199 pesos con 60 centavos, que se advierten de la comparación de los volúmenes de obras estimadas y pagadas respecto a lo que realmente se encuentra realizado, en relación a varios conceptos de obra correspondientes a los rubros de terracería, obras complementarias, pavimentos, señalamientos horizontales y verticales, según el contrato O-C-CE-A-503-W-0-0. 2. Trabajos pendientes de ejecutar por 10 millones 026 mil 138 pesos con 98 centavos, derivado de la comparación de los volúmenes de obras estimados y pagados respecto a lo que realmente se encuentra realizado, en proporción a varios conceptos de obra correspondientes a los rubros de terracerías, obras complementarias, pavimentos, señalamientos horizontales y verticales, según el contrato 0-C-CE-A-511-W-0-0. 3. Trabajos pendientes de ejecutar por 2 millones 941 mil 570 pesos con 42 centavos, derivado de la comparación de volúmenes de obra estimados y pagados respecto a los que realmente se encuentran realizados, en cuanto a varios conceptos de obra correspondiente a los rubros de acero de refuerzo en losa de calzada y diafragmas, concreto hidráulico en losa de calzada y ductos de plástico, según el contrato 0-C-CE-A-591-W-0-0. En total, 30 millones 749 mil 575 pesos con 37 centavos por concepto de pagos anticipados de trabajos que “debieron haber terminado en 2010 y 2011, pero en la investigación hasta marzo de 2011, se detectó que estaban pendientes de ejecutar, y cuyo responsable de verificar y supervisar las obras, en este caso el residente general de Carreteras Federales de la SCT, Martín Landeros Escobedo, no actuó conforme lo obliga la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento Interior de la SCT”. En la visita a Baja California Sur, los investigadores del Órgano Interno de Control y de la Secretaría de la Función Pública, Gabriela Gómez Pérez, Emilia Sánchez Leal, Javier Eduardo Villegas Cruz y Toribio Herrera Chi, descubrieron que el ex delegado de la SCT y actual secretario de Finanzas del gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor, José Antonio Ramírez Gómez, autorizó contratos por cientos de millones de pesos a Solmex Ingeniería y Construcción, una empresa de Mexicali que nunca había trabajado para la SCT, la cual recibió “obras tanto por licitación pública como en asociación en participación, la cual perdió licitaciones en Tijuana por falta de experiencia y capacidad ante la Dirección de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). No obstante lo anterior repetidamente, no ganó uno sino varios contratos de obras en forma particular, y otras en asociación con la compañía Gravi, en la comunidad de Las Barrancas. “La compañía Gravi tiene la práctica común registrada de entregar de 2 a 3 centímetros menos en el grosor de las carpetas asfálticas. Las licitaciones fueron dirigidas y previamente asignadas con conocimiento de los concursantes, de los funcionarios de la SCT y de los beneficiarios”, transcribe en un oficio la titular del Área de Quejas de la SCT, Araceli Rico Vizcaíno. Datos recabados por ZETA refieren que la constructora Gravi es propiedad del empresario sexenal Luis Cano Hernández, quien fue uno de los principales constructores de obras en los gobiernos de Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño. Cano conoció a Ramírez en esa época, cuando era director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Baja California Sur.