La miseria se percibe en la colonia El Niño de la delegación La Presa en Tijuana, terreno olvidado por los tres órdenes de gobierno desde que comenzó a poblarse a principio de los años noventa. La Cruzada Nacional contra el Hambre inició ahí, donde las historias de los vecinos dan cuenta de sus carencias. En uno de los hogares de la colonia, vive Guadalupe Santos con sus tres hijos, uno de ellos padece síndrome de Down. Fue atendido en el Estado de Sinaloa y, desde que llegaron al Mariano Matamoros hace 13 años, no ha sido tratado por algún especialista, “como queda muy lejos ya no lo pude llevar”, dice la madre y justifica: Con 500 pesos a la semana debe pagar los gastos básicos; el dinero es lo que su ex pareja le aporta, “ahí nos la barajeamos, de perdida pa’ estarla pasando”, reflexiona. La señora no cuenta con apoyo del gobierno, pero se siente optimista, pues el delegado de la Secretaria de Desarrollo Social, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, se comprometió a auxiliarla. El miércoles 17 de julio de 2013, arrancó la Cruzada Nacional contra el Hambre en esta localidad de la delegación La Presa en Tijuana. Iniciaron con los estudios socioeconómicos casa por casa para conocer las carencias de los pobladores. La referencia está hecha con base en los indicadores anunciados desde el año 2010 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), “es una parte de cómo iniciar”, refiere Bolaños Cacho. Esos números ubican a Baja California con 111 mil 69 personas en situación de pobreza extrema, que no cuentan con los ingresos suficientes para alimentación y presentan por lo menos tres carencias para desarrollar su vida. De esa cifra, 106 mil 312 se concentran en los tres municipios seleccionados: Tijuana, Mexicali y Ensenada. Solo en Tijuana, 56 mil 736 personas (53.36 por ciento). En los comités interinstitucionales ya instalados en la entidad, participan Ayuntamiento, Gobierno del Estado y 19 delegaciones de secretarías federales, desde la Defensa Nacional, Desarrollo Agrario, Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta Educación Pública, todas coordinadas por SEDESOL.
La idea es que después de identificar las necesidades de los marginados, se les canalice a uno de los programas existentes en cada dependencia. Por ejemplo, si existe rezago educativo, dirigirlos a la SEP. Si se trata de un problema de cultivo en el Valle de Mexicali o San Quintín, se les inscribe a un programa de SEDATU. También buscan apoyar la ejecución de proyectos y formación de micros y pequeñas empresas, con el apoyo de las secretarías de Economía y de Hacienda. Sin embargo, además de los mil millones de pesos disponibles de desarrollo social federal y sus programas para trabajar en le entidad, no se sabe de cuánto será la inversión o cuáles serán los programas de las delegaciones federales participantes, del Gobierno del Estado o de los municipios. “Ahorita fue una reunión de trabajo para que cada uno se llevara su tarea, explicar cómo es que nos tienen que entregar la información, y en la próxima reunión, nos van a entregar cada uno de ellos el presupuesto específico para la Cruzada. Yo creo que para la próxima reunión podemos decir ese dato de manera específica y tangible. De la próxima semana no pasa”, explica Nelsin García, coordinadora estatal de la Cruzada Nacional contra el Hambre, después de una reunión celebrada el martes 16 de julio de 2013 con los enlaces delegacionales. Según información proporcionada por SEDESOL, se han identificado 2 mil 475 localidades -entre rurales y urbanas- para ser atendidas: 536 en Tijuana, 289 en Ensenada y mil 650 en Mexicali. Por lo pronto, en tanto no avancen los estudios que se realizarán, no se sabrá si las cifras han empeorado o mejorado en casi tres años. “Se habla de la primera etapa, de 2 mil 456 municipios; se habla de 400 en el país (con pobreza extrema), de esos 400, tres en el Estado de Baja California. Si nos vamos de abajo hacia arriba, nosotros estamos en los últimos lugares, somos de los mejorcitos de esos 400”, comenta el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. Desde la olvidada colonia El Niño Con 900 pesos a la semana, el esposo de Guadalupe mantiene a cinco en su casa, y además, a un par de conejos. Lo anterior lo platica ella a este Semanario, mientras compra el alimento de los animales en una tienda de abarrotes a la que baja desde una de las colinas de la demarcación. Apenas contesta las preguntas que se le plantean, dice que eso es lo que gana su marido, que ella no trabaja. Mejor opta por apuntar con el dedo a la mujer que la acompaña, como para que ella conteste. Doña Margarita quizá la pasa más difícil, tiene 63 años y vive sola, no cuenta con Seguro Social u otro tipo de pensión; todavía no califica para el programa 65 y Más de SEDESOL. Además, cuando acude a alguna oficina gubernamental, le niegan otros apoyos, “porque dicen que uno es solo, que tiene que tener uno hijos”. Ella vive al día con lo que los colonos le dan de propina por embolsar sus compras en un supermercado Calimax, sueldo no tiene. A veces 60 o 70 pesos, y cuando mejor le va, se lleva 100 pesos a la bolsa en un día. Con eso come, viste, calza y paga sus servicios: 200 pesos de luz y 70 pesos de agua. “No me he puesto a pensar en eso, no he sacado cuentas, como estoy ganando diario, saco pa’ comer… el día que no vaya (a trabajar) pues no como… tengo dos hijos, pero la verdad como también ellos ganan para ellos…”. La colonia El Niño fue seleccionada por el comité interinstitucional de Tijuana para ser la primera donde el miércoles 17 de julio, iniciaran los barridos para detectar las carencias sociales de los colonos, al ser una de las 536 localidades identificadas en el municipio que, según las autoridades, tendrán que mejorar durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Los números indican que ahí habitan 8 mil 999 personas, de las cuales mil 89 son menores de cuatro años; 122, mayores de 65; y 459 hogares son liderados por madres solteras. Esta población está considerada como “potencial” para programas de desarrollo social. “Hay mil 89 menores de cuatro años y en esta zona no hay estancias infantiles, puede haber un compromiso del Gobierno Federal para abrir una o dos estancias infantiles, necesitamos saber cuántos adultos de más de 65 años hay aquí, pues la delegación de La Presa tiene dos ventanillas de 65 y Más; lo que tenemos que hacer nosotros es incorporar a esta gente al programa”, menciona Héctor Cruz Aparicio, director de Desarrollo Social Municipal. Además, se tienen identificados 891 hogares que carecen de servicios básicos como agua, luz o drenaje; 189 carentes de calidad en espacios, y mil 207 con rezago educativo. Sumado a esto, en la zona no existe tienda Diconsa, lechería Liconsa o unidad médica alguna. La localidad de Vicente Guerrero se perfila como la elegida en el puerto de Ensenada, ahí habitan alrededor de 11 mil 455 personas, mil 239 menores de cuatro años, 455 mayores de 65, y se registran 654 hogares mantenidos por madres solteras. También hay mil 195 hogares con carencias en acceso a servicios, mil 704 con rezago educativo y 415 que no cuentan con calidad en sus viviendas. Ahí se localizan cinco tiendas Diconsa, tres unidades médicas y una lechería Liconsa. En el caso de la capital, Mexicali, Ciudad Guadalupe Victoria -o Kilómetro 43- será donde arranque esta estrategia. Ahí residen 17 mil 119 personas, mil 646 menores de cuatro años, 808 mayores de 65, y mil madres solteras atendiendo un hogar. Los índices que tendrán que ir cambiando según el compromiso del Gobierno de la República, serán mil 230 hogares carentes de servicios públicos, 2 mil 835 con rezago educativo y 182 sin calidad de espacios. Las tres ciudades en las que se desahogará esta política pública, suman 496 mil 974 personas que carecen de acceso a la alimentación, un millón 121 mil 198 sin posibilidad de servicios de salud y 510 mil con rezago educativo. En cuanto a servicios básicos y calidad de vivienda, suman 498 mil 84, y un millón 625 mil 867 no tienen seguridad social. Programas sociales puestos a prueba El ex presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Rubén Roa Dueñas, asegura que los tres niveles de gobierno deben darse a la tarea de eliminar las “distorsiones” que puedan surgir en la aplicación de la estrategia y en el funcionamiento de los programas disponibles. 
“Particularmente me refiero a problemas tanto en los tiempos y ejecución del gasto público, porque luego hay subejercicios, otros problemas como corrupción, la presencia de grupos de presión fuertes para tratar de reorientar el gasto público, grupos organizados en sitios del estado y la burocracia; la baja calidad en prestación de servicios por parte de los burócratas, que de alguna forma inhiban la atención a estos programas”. Agregó que el grado de eficiencia de la Cruzada Nacional contra el Hambre dependerá de la real colaboración que se dé en las distintas dependencias, del Gobierno Federal, así como del estatal y municipales. Respecto a lo anterior, el delegado de SEDESOL afirma que será la ciudadanía la que evalúe las acciones de la Cruzada, a través de los comités comunitarios que se estarán formando en las localidades focalizadas. “Con la misma ciudadanía, la misma gente, a través de los comités comunitarios, como puedes ver, le dije a la señora que me gustaría que ella fuera parte de este comité para que le conste realmente que se va a hacer”, responde Roa mientras termina de conversar con una madre de familia. Consultado por ZETA, el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Donaldo Peñalosa, argumenta que por lo pronto no es posible comprometerse con un presupuesto para la estrategia, puesto que se da después de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2013; sin embargo, sostiene que se debe “alinear lo que tenemos nosotros como Secretaría para ayudar”. Menciona programas alimenticios, asistenciales y para la promoción de negocios. Por último, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho sostiene que sí existe un presupuesto de SEDESOL para la Cruzada Nacional contra el Hambre, el cual “es bastante comprometedor… se tiene que ver reflejado en el 2013”. Indicador y propuesta del COLEF Cuauhtémoc Calderón, investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, presentó el “Diagnóstico de la Marginación y Estrategias de Desarrollo Social para Baja California”, en el cual se identifican 94 zonas con rezago muy alto, alto y medio en la entidad; también se formulan propuestas para la aplicación de políticas públicas. Dicha investigación delimitó Áreas Geo-estadísticas Básicas (AGEBs: sectorizaciones en municipios), con algún tipo de carencia social: 60 en Ensenada, tres en Mexicali, cinco en Tecate, 20 en Tijuana y seis en Playas de Rosarito. El Índice de Rezago Social (IRS) fue calculado según las variables como el porcentaje de población analfabeta, porcentaje sin acceso a la escuela, a servicios de salud, con piso de tierra, entre otros. De lo anterior surgieron propuestas para la aplicación de políticas públicas en cada AGEB, tomando en cuenta sus características. Por ejemplo, para una de ellas localizada en el puerto de Ensenada con rezago social clasificado como alto, se propone el desarrollo del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) por sus carencias en materia educativa. De igual manera, obra pública para la inclusión del drenaje, agua entubada y servicio de electricidad. Además de un programa de crédito para la adquisición de electrodomésticos. Debemos participar en la Cruzada: BANATI El Banco de Alimentos de Tijuana (BANATI), levanta las manos para aportar su infraestructura a la estrategia de SEDESOL. David Espinosa Hernández, su director, habla de que ha sostenido pláticas con Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social a nivel federal. “Ahorita estamos en pláticas todavía y no se ha aterrizado por nuestra parte nada todavía, pero la idea es que nos vamos a sumar a esto”. Explica que la población que se atiende alrededor de la República Mexicana a través de los 62 bancos de alimentos que existen, “es muy interesante para efectos de SEDESOL”, por lo que con su estructura, se puede llegar a las comunidades que más lo necesitan. “No es otra cosa que grupos de 50 familias o más, con la misma necesidad, que las tenemos nosotros previamente identificadas y previamente censadas, son las que nosotros estamos apoyando actualmente, y tenemos mayor parte censado que no hemos podido apoyar que pudiéramos apoyar adicionalmente”. Espinosa refiere que según sus cálculos, solo en Tijuana, Tecate y Rosarito hay 300 mil personas con carencia alimentaria, de las cuales ellos atienden a 50 mil mensuales, con un promedio de 330 toneladas de alimento por mes.
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