Pese a los esfuerzos de pescadores ribereños por seguir trabajando en el puerto de Ensenada, donde realizan su actividad desde hace décadas, su reubicación es inminente, de acuerdo a los planes de crecimiento de la Administración Portuaria Integral (API), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El objetivo de la API es cambiar toda la actividad de pesca ribereña hacia el puerto de El Sauzal. Las embarcaciones en Ensenada, se sumarían a las que ya operan en ese puerto. Tal decisión ha provocado un reclamo generalizado, no solo por quienes serán los principales afectados, los pescadores ribereños, sino por la mayor parte de las agrupaciones pesqueras y comerciales, mexicanas y tradicionales en Ensenada. Concretamente los siguientes: Agrupación de Pescadores de Baja California; Unión de Patrones Prácticos de Costa, Marineros, Fogoneros y Pescadores del Puerto de Ensenada (CROM); Unión de Pescadores de Altamar y Armadores de Baja California, A.C.; Unión de Propietarios de Carritos, CROM (Mercado de Mariscos); Armadores Unidos de Pesca Deportiva; Unión de Trabajadores de la Pesca de Mariscos y Similares de Baja California; Red Nacional de Pescadores; y el concesionario de Pesca Deportiva, Humberto Arriola Brun. El asunto es que tales agrupaciones están molestas con personal de la API, ya que nunca fueron consultados, ni se consideraron sus opiniones al momento de elaborar los proyectos para modernizar el puerto. Aseguran que respaldarán a los pescadores ribereños en su (por ahora) negativa de irse del puerto. La API elaboró proyecciones de nuevos peines y modificaciones en las estructuras de puntos de atraque y la zona del malecón, que incluso, técnicamente tiene fallas, apuntaron los propios representantes de estos organismos durante una reunión que solicitaron con personal de la API el 16 de julio. Dentro de los programas de desarrollo portuario de la API, el último fue actualizado en 2012 y tiene vigencia hasta 2017. Las proyecciones que tienen para Ensenada (la API administra los puertos de Ensenada, El Sauzal y Costa Azul, donde se ubica la regasificadora de Sempra Energy), buscan ampliar las actividades de carga y descarga de contenedores y granel, además de la actividad de cruceros y embarcaciones turísticas, y algo de pesca deportiva. No obstante, existen múltiples problemas que no han sido discutidos con los permisionarios del puerto. Las demandas Además del respaldo generalizado para los ribereños, en el caso de los pescadores de altamar y armadores, una de sus demandas es que el acceso a los puertos pesqueros tenga como único requisito, que los pescadores y prestadores de servicio muestren una identificación. Los pescadores se sienten acosados por autoridades de Capitanía de Puerto. También solicitan espacios para reunión de pescadores dentro de los muelles, “que sirva como bolsa de trabajo para tripular los barcos, para reparaciones de redes, carga y descarga de pescado, carnada y artes de pesca, etcétera; como todo el tiempo se ha hecho”. Piden que la API no haga cobros a los prestadores de servicios que realizan trabajos a bordo de embarcaciones amarradas al muelle, dinero que deben desembolsar los mismos pescadores. Asimismo, exigen que la API deje de cobrar a los barcos pesqueros por utilizar los muelles, ya que al ser una actividad económica primaria, y en base a la Ley Federal de Derechos, están exentos. Piden que la Capitanía de Puerto asuma su responsabilidad como autoridad, y no ceda sus facultades de vigilancia a la API, siendo esta última solo la administradora, no la vigilante. El Mercado de Mariscos tiene otros problemas. Aseguran que sigue sin resolverse la falta de estacionamiento; demandan vigilancia, iluminación en toda el área y mejores accesos para los clientes. Por su parte, los armadores de pesca deportiva demandan la construcción de una marina que mejore las condiciones de los 22 armadores que la integran. La Agrupación de Pescadores de Baja California solicita que se respeten los acuerdos. La Unión de Patrones Prácticos de Costa, Marineros, Fogoneros y Pescadores del puerto afiliados a la CROM, también demanda muelles para el desarrollo pesquero integral, algo que años atrás había sido propuesto por los permisionarios ante la API. Los Trabajadores de la Pesca de Mariscos y Similares de B.C., demandan que la API deje sin efecto su propuesta de mover a los ribereños, y respeten los sitios tradicionales de esta actividad en Ensenada. La Red Nacional de Pescadores demandó se atienda el proyecto de construcción de una lonja pesquera que, años atrás y en conjunto con los tiburoneros, ya habían acordado tener el recurso del Gobierno Federal y el respaldo del actual gobernador, pero nunca obtuvieron la aprobación de la API. Se suman las demandas de Humberto Arriola, con la renovación de su concesión de pesca deportiva, que le permita operar en un espacio en la zona marítima terrestre. Todos estos planteamientos han sido tema de discusión de estos permisionarios durante años, sin que los últimos dos administradores de la API (Carlos Jáuregui y Luis Fernando Pérez Azcárraga) pudieran llegar a un acuerdo con ellos. Tras su ingreso al frente de la API a mediados de 2013, Sonia Blancket López recibió a los pescadores con un video animado, con la proyección del puerto para los próximos años, con redistribuciones y el retiro de los ribereños. Anunció cambios en el puerto de El Sauzal, negociaciones con residentes del barrio Manchuria, quienes durante más de 40 años han vivido de manera irregular en terrenos que ahora son administrados por la API, expuestos a ser reubicados para dar cabida al crecimiento del puerto. Negociaciones que los residentes de Manchuria dicen desconocer. La reacción inicial fue de molestia por parte de los permisionarios, pero existen posturas aún más radicales, que apuntan a protestas y plantones que demandarían la atención de la SCT, y el respeto de las reglas de operación de la propia API, donde se debe privilegiar, además del flujo de dinero, el desarrollo regional. Es decir, el de los que viven aquí, y, afirman, se les ha ignorado.
Publicidad
