Rubén Castro Bojórquez, Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCC) de Baja California, no pudo con la encomienda… no puede con el cargo y debe irse. Su desempeño ha sido tan dudoso, opaco y tendencioso como su designación. Por dignidad, Castro y la cuadrilla de consejeros quienes durante el proceso –en lugar de tratar de generar equilibrios– no hicieron más que servirle de cómplices en su deficiente actuación, deben renunciar. Sin embargo, conforme avanza la jornada electoral se hace más evidente que no optarán por una salida decorosa, incluso decidieron escarbar y profundizar en el pantano de ilegalidad que los ha definido, y la mañana del 10 de julio votaron para violentar flagrantemente el artículo 375 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales, que es claro al especificar que el conteo “voto por voto” solo es legalmente factible cuando “…la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados”. El consejero presidente estatal y los respectivos en cada consejo distrital decidieron hacerlo porque se les vino en gana, obsequiosos y prontos, sin esperar siquiera a que el Partido Revolucionario Institucional –que los convirtió en funcionarios electorales– se los pidiera. Serviles los consejeros electorales, no les importó violentar la ley ni incumplirle a los bajacalifornianos, lo único que les interesaba era buscar votos a favor del candidato del PRI al gobierno del Estado, Fernando Castro Trenti, quien impulsado por quién sabe qué enemigos internos –seguramente los mismos que contribuyeron a su derrota en la apretada contienda– se negó a reconocer que las tendencias electorales y la voluntad ciudadana no le eran favorables la noche del 7 de julio. Ni siquiera consideraron los triunfos en Tijuana, Ensenada y Tecate de su partido, simplemente los minimizaron. Pero esta actuación deficiente, parcial y de miseria profesional de los funcionarios “ciudadanos” del IEPC ha sido la constante. Castro es impreciso cuando acusa a los líderes nacionales del PRI y el PRD de ser los responsables de desprestigiar al consejo, de eso se encargaron los propios consejeros y los diputados, de todos los partidos. Los que a pesar de sus evidentes historias, inclinaciones y convicciones partidistas, los impusieron, y quienes los aceptaron. Los bajacalifornianos no necesitaban que les vinieran a decir lo que veían en las calles y leían en la prensa a diario. Al final era imposible que un árbitro desaseado generara unas elecciones limpias. Desde el principio, el consejo fue incapaz de mediar o resolver en la comisión de delitos electorales, el señor Castro Bojórquez hasta se indignó cuando fue requerido como testigo por la Procuraduría del Estado y los diputados convertidos en una gavilla de delincuentes, lo defendieron, con un intento de violación a la Ley Electoral, creando de última hora una fiscalía electoral a modo. Las campañas se convirtieron en una guerra de lodo impune y los hombres que empezaron la jornada como candidatos terminaron expuestos ante la opinión pública como delincuentes que deben ser acusados, juzgados exonerados y castigados, para tranquilidad de la sociedad. Ni en los peores momentos de la historia electoral bajacaliforniana se había padecido una jornada electiva tan sucia como la que culminó con el voto del 7 de julio de 2013. Las campañas obscenas y acusaciones mutuas fueron el preámbulo de la violencia que protagonizó el día que menos del 40 por ciento de ciudadanos con derecho, salieron a emitir su voto. De los conocidos delitos electorales, el mapachismo, los carruseles, urnas embarazadas, sufragio de muertos y compra de votos se involucionó a los crímenes: robo de papelería, amenazas, lesiones, daño en propiedad ajena, quema de urnas, hasta lanzamiento de bombas molotov. Cierto: afortunadamente no se llegó a los límites de barbarie ocurridos en otros estados donde impunemente asesinaron a candidatos –aunque de manera extraoficial se pudo conocer del intento trunco de contratación matones–, pero la violencia estuvo presente como nunca antes. En Mexicali la capital, destacó el surgimiento de un comando de ladrones incendiarios, hombres golpeadores con el objetivo de aterrorizar y destruir todo lo que se atravesara a su paso, lo que incluyó algunos ciudadanos que intentaron impedir el robo de los votos. Esta punta de maleantes recordó un poco a los esquiroles usados en los ochentas por el mismo Rubén Castro Bojórquez para romper violentamente la huelga de los maestros universitarios que luchaban por sus derechos apoyados por un grupo de alumnos. Los hechos muestran que Castro ya le cumplió a quien lo impuso y es tiempo de que se retire. Pero sobre todo, llegó el momento de que los diputados pugnen por una real democracia –los recién electos, porque está visto que los actuales no están mínimamente interesados–, que legislen una nueva manera para designar consejeros electorales realmente ciudadanos, y no a un grupo de funcionarios interesados en proteger los intereses de los partidos que les dieron el puesto, como sucede actualmente. Que no sean los partidos a través de sus legisladores quienes los designen, que sea un ente externo que goce de mayor confianza y no esté incluido en las encuestas de corrupción por la percepción ciudadana. Las opciones están abiertas y la sociedad es libre de participar, como agrupación o en lo individual propóngale a su diputado, haya votado o no, ese legislador estará en el Congreso gracias a usted y es su obligación escucharlo.
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