Desconsolador e indignante, resulta ver al Gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán, a los cinco alcaldes, diputados federales, locales y regidores, todos funcionarios representantes del pueblo bajacaliforniano, cómodamente instalados en la Comisión de Aplausos del Presidente Enrique Peña Nieto Nadie aboga por enfrentamientos desgastantes e inútiles de los gobiernitos contra el gobiernote, pero la subordinación, obediencia jerárquica en algunos temas incluida en Ley no instruye llegar al entreguismo. El problema es que la primera obligación de los empelados políticos antes mencionados es proteger los intereses y el nivel de vida de los residentes de Baja California, y tratándose de los programas federales implementados desde México que afectan a la frontera, simplemente no lo están cumpliendo. Ahí estaba principios del mes de julio, en la ciudad de México el licenciado Guadalupe Osuna Millán –en viaje pagado por los californios– sirviendo de porra en la presentación del Programa de Inversión en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, donde la federación repartió 4 billones de pesos sin que se programara ninguna obra nueva para Baja California, y sin que el gobernador o los legisladores hicieran nada al respecto. Otros ejemplos recientes desafortunadamente abundan, porque en un rasgo de irresponsabilidad: el gobierno federal se niega a cumplir con su función de perseguir fiscalmente a los miembros del crimen organizado y pretende que los ciudadanos comunes tomen los riesgos y les hagan el trabajo: o simplemente decide implementar medidas generalizadas, planes desde el centro sin considerara las condiciones de las regiones. Así llegó el 17 de julio la entrada en vigor de la Ley Antilavado que complicará las compras de autos, casas y otros bienes inmuebles, porque el tope que pusieron fue muy bajo considerando los precios y el importe de las transacciones que se hacen en la frontera sur del país. Afectara también a las pequeñas y medianas empresas que no tienen estructura administrativa para organizar las nuevas determinaciones de la Ley, ni dinero para contratarla. Con el adicional que obliga a usar los bancos en las transacciones favoreciendo otra vez a estas instituciones. Además convierte en policías a los agentes inmobiliarios responsabilizándolos de pedir a sus compradores la documentación que compruebe que el dinero con que se adquiere una casa es “bien habido”. Sí, sin mayor esfuerzo o trabajo, sin involucrase en las condiciones económicas de cada región, desde la federación cotizaron a lo flojo, a rajatabla sin tabular con base en las condiciones de cada estado. En ese tema ¿alguno de sus representantes populares defendió la economía local? Ninguno. El mismo silencio cómplice se vive después del 3 de junio de 2013 cuando el Presidente Peña anunció –amenaza hecha como parte de su “Estrategia Nacional del cambio climático”– que uno de los ejes será la eliminación al subsidio en la energía eléctrica, y a cambio de golpear los bolsillos, ofrece “incentivar el incremento de la eficiencia tanto del consumo energético como de agua” y tener un sistema energético “con enfoque climático”. Ya avisaron, de concretarse, el golpe de esta medida a las economías familiares será impactante, pero eso parece no importar ninguno de los empleados electos del pueblo. Ni a los que van de salida porque están concentrados en acciones para asegurar su futuro político y económico, ni los que están por llegar, quienes tras 90 días de campaña siguen de vacaciones. Ahí no termina la lista, otra prueba de la voracidad federal reinante ante la sumisión indiferente y convenenciera de los protagonistas de la política local, la están padeciendo en estos momentos las agrupaciones pesqueras y comerciales, mexicanas, y tradicionales en el puerto de Ensenada. Sin consultar a los afectados, la Administración Portuaria Integral de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elaboró su proyecto de Modernización del Puerto de Ensenada con modificaciones en las estructuras de puntos de atraque y la zona del malecón, y una nueva distribución de espacio que incluye sacar del ancladero a los pescadores locales y reubicarlos. Y los permisionarios ensenadenses llevan dos semanas manifestando su inconformidad sin encontrar entre sus funcionarios, quién los defienda. En este esquema de irresponsabilidades y avaricias del gobierno federal, señor gobernador, diputados, alcaldes regidores, los entrantes y los salientes, no pueden seguir cediendo a todo, su función es pugnar por las necesidades e intereses de los bajacalifornianos, hacerse escuchar. Y como dijo el activista Alejandro Martí “si no pueden renuncien”.
Publicidad
