Células contraatacan

Al ex comandante de la Policía Federal en Los Cabos, Baja California Sur, Bernardo Camarena Monforte, lo mandó matar –el 15 de julio de 2013 en Rosarito– “El Lic”. Eso fue lo que declararon sus presuntos homicidas Sergio Antonio Moreno Toscano y Julio César Palomino Navarro. Describieron a su jefe delictivo como un hombre de 1.70 metros y atlético, fornido, que circula a bordo de una motocicleta “verde de llanta ancha”. De inicio, es de acuerdo a los reportes de inteligencia del secretario criminal de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, quien fuera mencionado en las declaraciones de los detenidos Juan Sillas y Melvin Gutiérrez. Con centro de operaciones en la delegación La Mesa de Tijuana, y dedicado –según las indagatorias de las áreas de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad– a administrar y cobrar piso por tráfico de migrantes, cruce de mercancía pirata, contrabando de productos, entre otras, además que “controla” criminalmente las garitas. Moreno Toscano, uno de los detenidos por el crimen del ex comandante, aseguró que a él le pagarían por la muerte del ex policía, cruzándolo a Estados Unidos, porque había sido deportado y quería regresar. A Palomino Navarro le ofrecieron 2 mil pesos semanales por hacerla de chofer, y según su versión, no preguntó cuando además le dieron una pistola. En su declaración explicaron que para delinquir con “El Lic” los reclutó, “El Güero, que es como de 1.65 metros de estatura, blanco, de complexión regular, cabello corto negro lacio”, y que usualmente circula en un modelo viejo de Toyota Corolla negro. Respecto a si sabían a quién iban a matar, lo negaron pero el “chofer armado” César Palomino declaró: “… vi que El Toño les gritó a las personas que estaban en el restaurant que sacaran sus identificaciones y como nadie le hizo caso le disparó al hoy occiso…”. Dieron versiones diferentes de cómo se conocieron y la forma en que llegaron a Rosarito; intentaron responsabilizarse uno al otro de ser quien tenía contacto con el jefe de la célula a la vez que procuraron convencer que eran nuevos en el grupo, pero ambos coincidieron en que los citaron para un trabajo el lunes 15 de julio y que se registraron en el Hotel San Luis de Rosarito alrededor de las cinco de la mañana para esperar instrucciones, que recibieron alrededor de las 9:50 horas por vía telefónica. Les dijeron que “ya había salido” en una camioneta blanca cuatro puertas tipo pick-up y los mandaron a la plaza comercial del Ejido Mazatlán, verificaron que estuviera el auto, entraron con la Caravan verde que les habían entregado, la estacionaron prendida y con las puertas abiertas atrás de la camioneta de su víctima, recibieron la descripción física de su objetivo y se dirigieron al restaurante “La Casa de la Abuela”. Les informaron que era: “…un sujeto que vestía camisa azul, delgado, el cual iba acompañado de otros dos sujetos mayores, medio gorditos y con canas”. Tomaron las armas y entraron al local, Antonio Moreno Toscano se cubrió la cara con un pasamontañas de malla negro, y le disparó a la víctima. Huyeron, primero manejaron como si se dirigieran al centro de Rosarito y en el primer retorno dieron vuelta: “… en todo momento nos iba siguiendo un pick up blanco y luego se le unieron unas patrullas”, consultadas las autoridades explicaron que se trataba de una “patrulla” de la policía municipal de Rosarito, pero de “civil”, no informaron si era algún mando o escoltas, y se negaron a confirmar si los usuario de la “patrulla civil” estaban en el restaurante o en la plaza donde ocurrió el asesinato. En la huida ingresaron a la colonia Lucio Blanco, se poncharon y terminaron sobre una banqueta de la calle Lázaro Morales, donde fueron detenidos. Ambos negaron haber disparado contra los policías mientras intentaban escapar. Por eso dijeron estar parcialmente de acuerdo con el parte informativo presentado por los uniformados. Medina Toscano argumentó: “…yo no les disparé a los oficiales a la única persona que le disparé fue al hoy occiso tampoco es verdad que cuando los oficiales me revisaron en mi persona me encontraron el arma de fuego que ´El Lic´ me había dado, ésa la encontraron en el interior del vehículo Dodge Caravan ya que yo la metí en una cangurera color negra”. Y también mencionó de una acción extraña mientras huían: “…en el trayecto El Gordo (Julio César Palomino Navarro) le habló a alguien de su teléfono celular para reclamarle que nos iban siguiendo”. Como dato a investigar, los ministeriales están revisando el hecho de que el ex comandante (retirado desde 2001) vivía en Jalisco y que los dos homicidas son originarios del mismo estado, aunque ciertamente llevaban tiempo viviendo en Tijuana y Rosarito. Asimismo, la relación de este homicidio con otros tres perpetrados con el arma calibre 45 usada en el operativo criminal: el asesinato de Edwin Jael Valencia, presunto cabecilla de narcomenudistas de “El Atlante” en la colonia Sánchez Taboada el 20 de abril de 2013;  otro hombre no identificado asesinado el 20 de diciembre de 2012 en el Ejido Lázaro Cárdenas, y en la misma zona el 21 de noviembre de 2012, el homicidio de Juan Ramón Aviña Torres, le dieron el tiro de gracia y al ser atacado iba a bordo de un vehículo en compañía de su pareja y los tres hijos de ésta, quienes resultaron con vida. Sin embargo están escépticos en cuanto a las armas porque saben que los grupos delictivos las están rentando y vendiendo, incluso por Facebook.   Golpeados e incinerados en la canalización Los detuvieron el 28 de junio, los arraigaron y consignaron el 14 de julio como presuntos responsables de cinco asesinatos. Son tres adictos, deportados, integrantes, clientes y cómplices de una de las células delictivas encargadas de vender droga en la canalización del Río Tijuana. De “el puente las Américas hasta el puente de las vías del Ferrocarril también llamado puente negro que se encuentra entre el Motel Premier y el Motel La Mansión frente a la Colonia  Mineral de Santa Fe”, explicaron al tiempo que informaron que toda la canalización estaba delimitada para que diversas células la explotaran en la venta de enervantes, ellos vendían “cristal y heroína”. Uno de los capturados, Bricio Alberto Marroquín Reyes y/o José Daniel Marroquín Reyes alias “El Cholo” y/o “El Negro, era el cabecilla en la canalización, pero él recibía la droga y órdenes de  “…Don Juan, alias El Carnal, quien es el hermano del sujeto apodado El Tigre, siendo este uno de los sujetos pesados que controlan la venta de droga en las colonias Postal, Mineral de Santa Fe, y en la canalización del Río-Tijuana…” De “El Tigre” no dijeron más, pero a “Don Juan” lo describieron : “…de 40 años de edad, estatura aproximada 1.65 a 1.70 metros, complexión delgada, tez moreno claro, cabello lacio color oscuro, frente mediana, cejas semipobladas, ojos color negros, nariz chata, boca chica, labios regulares, cara redonda, bigote y barba tipo candado; orejas medianas; y viste ropa de marca, camisa de botones y pantalón de mezclilla”, lo que hasta ahora ha sido de poca ayuda. Con Marroquín fueron apresados el michoacano Francisco Álvarez Guerrero “El Niño”  deportado hace 4 años y el defeño Víctor Manuel Domínguez Ramírez “El Chilango”. Los asesinatos los cometieron usualmente, a golpes con un bat de metal con una franja azul y dependiendo del caso, además los asfixiaron, ya muertos los bañaron en gasolina, los quemaron y trasladaron a una zona diferente de la canalización, para que “no se calentara” su área de venta de droga con al presencia policiaca. El motivo criminal, “por bajes de droga” y porque “Don Juan” y “El Cholo” presumían que los asesinados estaban proporcionando información a la policía municipal: “…estaban poniendo la ubicación de las conectas de droga en las colonias que manejan…” Las muertes confesadas se sucedieron de la siguiente manera: -28 de enero de 2013, hombre desconocido miembro de la célula de los “Complex”, lo mataron porque “le había bajado 15 o 20 envoltorios de droga a “El Charly”. -19 de mayo, hombre incinerado, el “Little Boy” pertenecía a su célula y también vendía droga en el canal. Lo mataron frente a varios testigos: “…aproximadamente unas 20 personas de clientes que le iban a comprar cristal a ´El Cholo´ y escuché que ´El Cholo´  le dijo a el sujeto el cual yo nunca había visto ´que por qué era balcón?´ y empezaron a golpearlo”, declaró el que compró la gasolina para quemarlo. Marroquín agregó: “…mi jefe don Juan me llamó por teléfono para decirme que el Little Boy, quien era también uno de sus empleados, lo estaba balconeando con la policía municipal, a quienes les había contado todos sus movimientos en la venta de la droga y que me lo chingara…”, el joven negó ser soplón, pero igual lo mataron a golpes porque ésa fue  la orden. -27 de mayo de 2013, un hombre muerto a golpes. -17 de junio de 2013, un hombre de su grupo delictivo. -22 de junio de 2013, con la muerte de individuo desconocido del sexo femenino. En esta fecha los detenidos confesaron que mataron a: “Yesenia La Flaca y David El Moreno”, vendedores de droga de la colonia Postal. La PGJE solo consignó el asesinato de la mujer. “…nos había llegado el rumor de que La Flaca y El Moreno eran informantes de la Policía Municipal y le ordené al apodado El Niño (Francisco Álvarez) que trabaja para mí que los fuera a buscar y les dijera que vinieran conmigo al interior de la canalización, por lo que cuando llegaron conmigo les pregunte que si andaban de balcones y me dijeron que no, por lo que les dije que vinieran conmigo y los llevé a una de las compuertas que se encuentra dentro de la canalización a la altura del puente de la 20 de Noviembre y cuando entraron los empezamos a golpear…”, también los quemaron. Marroquín “El Cholo” es chiapaneco, vivió por 20 años en Estados Unidos, donde fue pandillero, lo deportaron un año atrás, fecha a partir de la cual se dedicó a vender droga en la canalización Explicó que su jefe le entregaba diariamente la cantidad: “… aproximada de 80 envoltorios conteniendo la droga conocida como cristal, vendiéndolos aproximadamente a 50 pesos moneda nacional cada uno”, Primero dijo que por su actividad delictiva ganaba mil pesos y después cambió a 8 mil pesos. Vivía en una cuartería en la 20 de noviembre  pero: “… me llevo la mayor parte del día en las compuertas de la canalización y como soy consumidor de la droga…para obtener algún ingreso comencé a vender de la droga…” Bajo sus servicios estaban los detenidos: Francisco Álvarez, quien desde su llegada a Tijuana hace cuatro años vivió “…en el interior de la canalización del río a la altura del lugar conocido como puente negro y siendo que en el día me voy a limpiar carros,  y como desde hace meses que he estado consumiendo la droga conocida como cristal” empezó a servir de “puntero”  y  “…a cambio de mis servicios de vigilante me regalan comida, cigarros o lo que tengan de comer…y eso es lo que hago todos los días y cuando me da sueño me quedo a dormir donde se pueda pero siempre estoy vigilando que no vengan Policías y tampoco salgo del bordo por que siempre me detiene…” Y Víctor Manuel Domínguez Ramírez, su cliente, vecino y mandadero: “…en varias ocasiones me pedía que le hiciera mandados, como ir a comprarle cigarros, o traerle cosas, y recuerdo muy bien que en tres ocasiones me pidió que le comprara gasolina”, con la que quemaba los cuerpos. Del grupo de Marroquín Reyes, además de sus jefes “Don Juan y el Tigre” también están en libertad: “El Charly”, “El Gordo”, “El Poli”, “Ana” y “El Águila”. Además de los adictos “El Roñas”, “El Greñas” y “El Rintín”, quienes sin ser miembros del grupo criminal, ayudaron a mover algunos cuerpos “…porque estaban muy pesados y además no queríamos embarrarnos de sangre”.   Pugna por droga en la Zona Norte Según las primeras declaraciones de sus presuntos cómplices a la policía municipal, el tatuador chihuahuense, ex convicto de Estados Unidos y deportado (hace 3 años) Lorenzo Maldonado Castillo era desde no hacía mucho tiempo el representante de “El Atlante” –cabecilla de una de las células delictiva del  Cártel de Sinaloa– para la venta de droga en la “zona norte” de Tijuana. Maldonado fue detenido en el mismo operativo que Raymundo Catalán Ochoa, Alejandro Villacaña Rosiles y Miriam Macías, señalados como responsables del asesinato de Alejandro Conde González “El Pollo” cometido el 9 de julio de 2013, fueron acusados por la pareja de la víctima María de Lourdes Valerio “Lulú”, quien atestiguó el homicidio. A principios del año 2013 eran parte del mismo grupo criminal, quedaron a deber droga y se hicieron los desaparecidos (el hombre asesinado y la mujer que los denunció), adicionalmente, empezaron a vender enervantes para otro grupo delictivo en la zona. El presunto jefe, Lorenzo Maldonado de 37 años, quien desde los 15 años estuvo preso, por los delitos de robo con violencia y secuestro, vivió en dos cárceles de California por 17 años, ahí fue identificado como integrante de la “Mexican Mafia”, negó los cargos. Aseguró ser comerciante porque tiene una tienda de tatuajes cerca de “La Línea”, garita de San Ysidro. Afirmó que a Raymundo Catalán lo conoce desde hace 3 meses porque le vende dibujos que después él tatúa, y a Villacaña desde hace dos semanas, porque limpiaba carros en la garita y él le empezó a dar comida a cambio de que limpiará el frente de su tienda. Explicó que los departamentos de la Familia Rangel, donde encontraron el cadáver, los conoce porque son propiedad de su comadre Adriana  García. Pero negó saber nada del muerto.  Raymundo Catalán, deportado en enero de 2013, después de estar preso tres años en Estados Unidos por intento de homicidio y robo, desmintió a Maldonado, explicó que vendía droga (cristal y heroína) y la distribuida entre otros vendedores, que su jefe era Lorenzo y  por esa actividad recibía 4 mil pesos semanales. Recordó que fue Maldonado quien le ayudó a conseguir un cuarto en los departamentos. El número 31 del Callejón Coahuila, calle Baja California núm. 215 en la Zona Norte. Que vendía droga en una casa abandonada a la vuelta de la cuartería pero que la empaquetaban en otro departamento –el número 23– al que llamaban “la oficina” y donde asesinaron a “El Pollo” primero porque desde abril les debían mil 500 pesos de unos globos de cristal y después: “… porque andaban ´tirando´ para otro grupo afuera del Manhattan (prostíbulo de la calle Coahuila en la zona norte)”. Con engaños subieron a “El Pollo y a Lulú a la oficina” y les reclamaron, ellos rogaron perdón: “Lulú dijo que sí iban a pagar, que les dieran oportunidad…que si le daba oportunidad le iba a marcar a la gente con la que trabajaba y les diría que los habían detenido la PEP y les habían bajado 5 mil pesos, y que con eso le pagarían”. Según Raymundo, Lorenzo se molestó: “…y dijo que él no trabaja así, que eso era trabajar sucio y me hizo una seña con la cabeza y con su mano dándome a entender que matara a El Pollo”, lo pateó y lo ahorcó con un cable, después llamaron a Alejandro Villicaña para que limpiara: “…por que había mucha ropa con sangre”, en eso estaban cuando se dieron cuenta que Conde González seguía vivo y lo asfixiaron hasta acabarlo. Villicaña negó conocer a Lorenzo, y de Raymundo manifestó que el día de los hechos le llamó y fue a su casa, al llegar vio: “…una caja color azul con una cobija arriba encima… también había sangre en el piso del cuarto y en el baño, por lo que nos dijo el Ray a la muchacha (Lourdes, pareja de la víctima) y a mí que teníamos que limpiar el cuarto muy bien con unas toallas que estaban en el cuarto, por lo que empezamos”, afirmó que no preguntó nada, que por órdenes de Catalán cuidó un rato que “Lulú” –a quien desconocía– no se fuera del departamento y al ser relevado se fue al hotel donde fue capturado. De este grupo hubo un quinto mencionado que sigue libre, “El Grumpy”, presunto socio de Lorenzo, de aproximadamente 1.70, de tez morena, de cabello corto, oscuro, de aproximadamente 25 años, complexión semirrobusta.   Ex policías municipales de Tijuana ganan amparo contra remoción Continúan recurriendo al juicio de amparo los ex policías municipales de Tijuana detenidos en 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado, y que una vez liberados, han exigido su reinstalación en la corporación de seguridad pública. Sergio Tejeda Martínez, uno de los exonerados, ex jefe de distrito en la delegación Otay, presentó demanda de derechos fundamentales ante el Juzgado Sexto de Distrito contra el presidente municipal del XX Ayuntamiento de Tijuana. El ex policía se duele de la forma en que fue emplazado al procedimiento de remoción, cuando aún se encontraba preso en el penal de El Rincón, Nayarit. A Tejeda le fue asignado el 8 de agosto para el desahogo de la audiencia. Otros ex policías han interpuesto amparos y les han sido concedidos, como son los casos de Salvador Bolaños Sánchez, Ricardo Omar Medina y Artemio Duarte Martínez en los Juzgados Cuarto, Séptimo y Noveno de Distrito en Tijuana. Se prevé que las resoluciones de otros casos serán iguales, dado el amparo concedido a Duarte Martínez, quien presentó su demanda en agosto de 2012 ante la juez Blanca Evelia Parra Meza, titular del Juzgado Noveno, la misma que exoneró al político Jorge Hank Rhon en junio de 2011. El ex policía reclamó del síndico procurador “cualquier orden que emitiera y que tuviera como consecuencia directa la remoción y/o cese del suscrito, como agente de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana; así como las consecuencias de este hecho. En concreto, todo lo actuado en el procedimiento de remoción a partir del emplazamiento”. La respuesta del XX Ayuntamiento de Tijuana fue que los actos reclamados eran ciertos. El 14 de octubre de 2009, el entonces síndico notificó a Duarte el inicio del procedimiento de remoción, pero éste dice que nunca fue debidamente llamado al procedimiento y, aun así., concluyó con la determinación del 20 de noviembre de 2009, que lo declara responsable por no cumplir con los requisitos de permanencia que refiere el Artículo 11 de la Ley que Regula la Relación Administrativa de los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado de Baja California, imponiéndole la sanción de remoción del cargo. La juez amparista advirtió que la notificación para que Duarte fuera emplazado al procedimiento el 14 de octubre de 2009, no se realizó por funcionarios del Ayuntamiento al entonces preso en Nayarit. El oficio de Sindicatura fue dirigido al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para que facilitara e instruyera al personal del penal e hicieran llegar a los procesados, entre ellos el quejoso, el emplazamiento para la audiencia de declaración, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y citación para resolución el 10 de noviembre de 2009 a las 16:00 horas. El funcionario enviado a Tepic por el Ayuntamiento de Tijuana asentó “notificar personalmente” del acuerdo de inicio del procedimiento de remoción a los ex policías, documentos que llevaba en un sobre amarillo y que entregó al personal del área jurídica. Consta en el acta que Artemio Duarte Martínez se negó a recibir la documentación, pero firmó la audiencia jurídica que se levantó para ese efecto. Lo mismo hicieron los demás ex gendarmes prisioneros. La juez de amparo llegó a la conclusión que el de la Sindicatura solo hizo constar que se constituyó en el centro penitenciario, pero él no efectuó la diligencia mencionada, sino que la realizó personal del penal, “además de la propia redacción de su constancia, no se advierte que él hubiera estado presente al realizarse dicha diligencia oficial”. La juez Parra Meza estima que la notificación o intento de la misma carece de legalidad, pues ni siquiera se conoce el nombre del funcionario penitenciario que la realizó. Entonces, dado que no se cumplió con las formalidades del procedimiento de remoción, la justicia protege y ampara a Duarte Martínez contra las autoridades responsables: síndico procurador y secretario de Seguridad Pública Municipal, ambos de Tijuana. El fallo ordena dejar sin efecto todo lo actuado a partir del emplazamiento. A Salvador Bolaños Sánchez también se le brindó protección constitucional, pero fue tras interponer el recurso de revisión, ya que inicialmente, en el Juzgado Cuarto de Distrito se le negó el amparo. Fue el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito el que revocó la resolución y le dio la razón. Asimismo, Ricardo Omar Medina, ex escolta del entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez, logró mediante un juicio de derechos fundamentales promovido ante el Juzgado Séptimo de Distrito, que su procedimiento de remoción quedara sin efecto a partir del emplazamiento. (Luis Carlos Sainz Martínez)   Responden Leyzaola y Huerta Desde Chihuahua se defienden legalmente de los señalamientos de tortura contra más de 20 elementos policiales en 2009, el ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez, y quien fuera su director de la Policía Municipal, Gustavo Huerta Martínez. Los ex funcionarios promovieron juicios de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito de esta frontera contra el Ayuntamiento de Tijuana, que en 2012 inició el procedimiento de responsabilidad administrativa 10/2012 contra ellos. El Teniente Coronel Leyzaola y el Capitán Huerta Martínez solicitaron la protección de la justicia federal contra “todas y cada una de las actuaciones administrativas dictadas o que se vayan a dictar” en el citado procedimiento. Los jefes policiales durante la administración de Jorge Ramos Hernández, han sido citados por la Dirección de Responsabilidades de la Sindicatura, pero no han comparecido. En dos casos diferentes, ex municipales acusaron tanto a Leyzaola como a Huerta de haberlos torturado en instalaciones militares para que admitieran vínculos con la delincuencia organizada, principalmente con el Cártel Arellano Félix, motivo por el que los entonces uniformados estuvieron más de un año y, en otros casos, más años en un penal federal. El procedimiento de responsabilidad administrativa obedece a una recomendación girada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de Tijuana, que a su vez deberá reparar el daño causado a sus ex agentes. El juez que conoce de los amparos de los militares de carrera, actualmente funcionarios de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, podría resolver la solicitud de garantías los días 22 y 23 de julio, en caso de no existir causas para diferir la resolución. (Luis Carlos Sainz Martínez)