El Tercer Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, resolvió que será un Juzgado de Jalisco el que conozca del juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Zataráin Cedano, ex director de la Policía Municipal de Tijuana, y de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. El ex funcionario solicitó el amparo de la justicia federal en contra de la orden de aprehensión que existe en su contra por delincuencia organizada. La controversia competencial surgió entre el Juez Décimo de Distrito de Mazatlán y el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco, quienes pretendieron desligarse de resolver la demanda del ex funcionario para que fuese el otro quien conociera. El juzgador sinaloense se declaró incompetente, en razón de que fue en un tribunal de Guadalajara donde se dictó la orden de aprehensión en contra de Zataráin, mientras que el de Jalisco refirió que es en Mazatlán donde radica el quejoso, señalando como autoridades responsables a las de esa ciudad, donde se ha pretendido ejecutar el mandamiento de captura; hechos que son del dominio público. Los magistrados del Tribunal Colegiado, árbitro en la contienda, finalmente se pronunciaron para que el juzgador de amparo tapatío sea quien conozca del asunto, pues es el legalmente competente, porque se localiza en el mismo lugar de residencia y es la autoridad de quien emana el acto reclamado. El expediente será remitido en definitiva a Guadalajara para que se dicte sentencia. Víctor Manuel Zataráin Cedano, ex director policial en tiempos de Jorge Hank Rhon como presidente municipal de Tijuana, fue señalado junto al dueño del Hipódromo Agua Caliente y a Luis Javier Algorri Franco, ex secretario de Seguridad Pública de la misma ciudad, por brindar protección a miembros del Cártel Arellano Félix (CAF). Los testigos protegidos Carlos Fernández Vázquez “Carolina”, Luis Ramírez Vázquez “Guadalupe” y Pero Ignacio Zazueta “Angélica”, declararon haber pertenecido al grupo criminal encabezado en un tiempo por Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, época en que los jefes de célula Eduardo García Simental “El Teo”, Jorge Briceño “El Cholo”, Arturo Villareal “El Nalgón”, Saúl Montes de Oca “El Ciego” y Gustavo Rivera Martínez “El P1”, presuntamente hacían llegar 30 mil dólares mensuales cada uno a los citados funcionarios de Policía. Según los declarantes, tal pago garantizaba impunidad a los sicarios que se encargaban de realizar levantones, secuestros, traficar drogas, armas y cobro de “derecho de piso”, entre otras ilícitas actividades. A decir por “Guadalupe”, el dinero se entregaba afuera de la Comandancia Número 8 a Enrique Jorquera “El Manotas”, ex policía ministerial y contacto de Algorri, quien recientemente obtuvo un amparo en el Juzgado Noveno de Distrito de Tijuana, en contra de la orden de aprehensión dictada en su contra por estos hechos. Por su parte, “Angélica” detalló que Víctor Magno Escobar “El Pareja” era el encargado de la comunicación entre los policías y el CAF, para que criminales de esa banda fueran liberados. A su vez, “El Pareja” se comunicaba con Zataráin para gestionar la liberación, pagándose por protección 30 mil dólares que enviaba cada uno de los líderes de cinco células delictivas. El 12 de enero de 2012, el ex director de la Policía Municipal de Tijuana y para ese entonces secretario de Seguridad Pública Municipal en Mazatlán, promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito de Sinaloa, en contra de una posible orden de localización, detención o arraigo. Continuó desempeñándose como funcionario policial. El 10 de mayo del mismo año, se dictó orden de aprehensión en contra de Zataráin en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco por delincuencia organizada, al cometer delitos contra la salud. Dos días después, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) giró un oficio a la comisionada de la Policía Federal, solicitando que en auxilio del Ministerio Público de la Federación, se abocaran de manera urgente y confidencial a la localización y presentación del personaje. El 16 de mayo siguiente, a las 14:00 horas, unos 40 elementos uniformados adscritos a la SEIDO, armados y pertrechados en tanquetas y patrullas, se presentaron en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, donde Víctor Zataráin era el titular, con la intención de aprehenderlo, pero éste logró escabullirse. Un día después, el funcionario presentó un nuevo amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito del puerto sinaloense, en contra de órdenes de localización, presentación, arraigo y aprehensión. A finales de 2012, las dos demandas de garantías se acumularon en el Juzgado Décimo de Distrito de Sinaloa, quien el 25 de febrero de 2013, se declaró incompetente para conocer del asunto y declinó la competencia a favor del Juzgado Penal Federal de Jalisco en turno, el cual, en marzo de este año, la rechazó, pero finalmente será el que resuelva del juicio constitucional. Por el momento se desconoce el paradero del ex servidor público, mientras que algunos de sus coacusados, como el propio Jorge Hank Rhon, Luis Algorri y Jerónimo Javier Vera Ayala, han recibido protección de la justicia de la unión en contra de la orden de captura por este caso.
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