El General Sergio Aponte Polito fue el único funcionario público que logró la confianza de los gobernados en medio de las jornadas de terror y sangre impuestas por los miembros del crimen organizado entre 2006 y 2008 en Baja California, particularmente Tijuana. Guerrerense de nacimiento, pero sencillo y bronco como norteño, encajó de inmediato en la comunidad. Sin pertenecer a la milicia, cientos de bajacalifornianos y residentes del estado lo llamaban “Mi General” como si fuera un sobrenombre. A su llegada percibió la desesperación y la desconfianza que tenía la ciudadanía respecto al resto de las autoridades, recibió en sus oficinas a representantes de empresarios, profesionales, organizaciones sociales y particulares a quienes decidió responderles con la campaña para atender denuncias anónimas, “Nosotros sí vamos”. De inmediato tuvo acogida, respuesta y el agradecimiento de la sociedad porque cumplió. Para abril de 2008 cando se cansó de las mentiras y la falta de coordinación en el Consejo Estatal de Seguridad, denunció públicamente a través de una carta una serie de nombres de funcionarios corruptos que habiendo sido acusados al interior del grupo interinstitucional, no habían sido investigados ni destituidos, en las redes sociales lo querían hacer Gobernador del estado. Tras su salida en septiembre del mismo año, los bajacalifornianos manifestaron su temor, sin embargo la pronta respuesta del General Alfonso Duarte Mújica como comandante de la Segunda Zona Militar primero y de la Segunda Región Militar después, regresó la calma. Con menos protagonismo siguió encabezando el trabajo del ejército en las calles bajacalifornianas contra el narcotráfico, el crimen organizado y los funcionarios corruptos. También consiguió la confianza de la comunidad. Hubo quejas, incluso hechos de corrupción al interior del Ejército, pero las versiones a favor las superaron. En Baja California –contrario a otras regiones del país– la frase General de División era sinónimo de valor, seguridad, liderazgo y prestigio. Pero ya no. Si bien los comandantes y Generales Gilberto Hernández Andreu (II Región) y Gabriel García Rincón (II Zona) no se andan escondiendo, sus salidas tampoco son como para generar confianza u orgullo. Atienden actos de corte social. Ambos hombres han sido reducidos por su comandante en jefe, Enrique Peña Nieto, el súper Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, a “orejas” del gobierno federal, cuya función más importante al interior del Consejo de Seguridad es informar a México lo que hacen las autoridades y la prensa local, además de reportar cuando estas entidades no atienden las “sugerencias federales” de no presentar a los delincuentes detenidos, o usar la “Nueva Narrativa en Materia de Inseguridad” sugerida por el subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, que sirve para desinformar. Y no se trata de falta de capacidad de los generales Hernández Andreu y García Rincón, menos de falta de información, pláticas informales con ambos comandantes reflejan que tienen conocimientos de la problemática de la zona, las áreas más afectadas, de los narcotraficantes que la infestan y los delitos que cometen. Simplemente no tienen órdenes de combatirlos y no lo hacen. Se limitan a enviar tropas para proporcionar seguridad perimetral cuando las otras corporaciones lo solicitan y después colgarse de sus estadísticas el decomiso. Además, según sus boletines continúan los patrullajes en zonas despobladas para la destrucción de pistas y plantíos, así como los patrullajes en las ciudades. Pero de estas acciones solo se conoce a través de comunicados oficiales periódicos en los que es requisito confiar, porque no se proporcionan elementos de prueba. Lo único que sí se ha visto es el regreso de los retenes militares a Rosarito, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, acciones que ya advirtieron serían “temporales”. Ciertamente la milicia no está formada para investigar, pero todas sus tareas deben estar orientadas a defender y proteger la seguridad de los habitantes del país. Devaluarlos al punto de darles la función de delatores, es un atentado a la dignidad de todos los mexicanos, a quienes ya no les quedan instituciones en quien confiar. El espionaje barato, el fisgoneo ilegal o labor de inteligencia, como prefieran llamarlo o hacerlo, es labor de Gobernación y su Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y harían mucho bien si dejan fuera de esta maniobra a la comunidad militar, o tratándose de confianza en instituciones federales, quedará muy poco para rescatar.
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