Secuestradores vienen del sur

Los vidrios rotos, la puerta abierta y destrozada y, en la sala, un par de colchones maltrechos, una mesa de vidrio y sobre ésta una gorra, lentes, desodorante, un control de la refrigeración, un envase vacío de sopa instantánea y otro más de gaseosa. A un lado una mini televisión y en medio unas sandalias. Es el número 1417 de la calle Ciudad Cuauhtémoc, en el fraccionamiento Villanova, las tiras de plástico amarrillo aún cuelgan sobre la reja metálica entreabierta, y tras el pasillo, un hueco en el suelo de metro y medio de ancho. En esa fosa clandestina fue localizado el cuerpo del joven Bardo Parra Arce, el muchacho “levantado” la mañana del lunes 23 de abril de 2013 cuando llegaba a la preparatoria donde estudiaba, la Siglo XXI ubicada en la transitada confluencia de Cuauhtémoc y Río Mocorito, en la colonia Cuauhtémoc Sur. De acuerdo a la necropsia practicada en el Servicio Médico Forense, el joven de 17 años de edad murió por traumatismo. Tenía el cuerpo severamente golpeado –fue sodomizado–, los dientes rotos y dos dedos cercenados de la mano derecha, el índice y el pulgar. Los asesinos dejaron la huella de su modus operandi: los dedos no los cortaron como en otros secuestros, la saña fue sobrada. Ligaron los dedos, dejaron que se secaran y luego los arrancaron. La mano en el cadáver aún tenía el cable y según investigadores, es la forma utilizada por secuestradores sureños. “Es el estilo michoacano”, expuso una fuente cercana a la investigación. De acuerdo a los datos del forense, el cuerpo del joven tenía cerca de dos semanas sin vida. Lo asesinaron alrededor del 23 de mayo, casi un mes después de haberlo secuestrado y después que los familiares habían aportado dos pagos de 500 mil pesos cada uno. Quienes se lo llevaron pedían dos millones de dólares.   Sombras Cerca de la medianoche del miércoles 5 de junio, unas sombras treparon por la barda aledaña al lote marcado con el número 1417 de la calle Ciudad Cuauhtémoc, en Villanova. Agentes especializados en secuestros de la Procuraduría Estatal ingresaron por los cuatro frentes del inmueble y ahí sorprendieron a dos hombres, Daniel Soto Garnica y Alfonso de la Cruz, quienes después del crimen habían huido, pero recibieron órdenes de regresar. Tenían una lista de al menos dos empresarios mexicalenses que planeaban secuestrar. Son parte del mismo grupo que el 25 de febrero de 2013  se llevaron violentamente al comerciante mexicalense, Carlos Mora Román, propietario de Refrigeraciones Meconsa, ubicado también por la avenida Cuauhtémoc pero más hacia el lado del fraccionamiento Las Fuentes. Los dos detenidos fueron declarados y posteriormente transferidos a la instancia federal, en este caso la SEIDO. Antes alcanzaron a decir que quien los dirige es un joven al ligan con un grupo de la delincuencia michoacana, David Medina Lucatero. Medina Lucatero fue detenido el 29 de agosto de 2010 en un domicilio ubicado en Río Fuerte y Joaquín Amaro, en la colonia Vallarta. Los reportes policiacos anotan que era ya en la mañana y tras un largo jolgorio empezaron a disparar al aire. Detuvieron a cuatro sujetos y les decomisaron dos armas, una Glock .40 y una Colt .38, así como diversos casquillos. Pero alcanzó su libertad. Al grupo encabezado por Lucatero, los investigadores lo catalogan como “muy violento y sanguinario”, que podría tener ligas con el Cártel de Sinaloa, pero que identifican con La Familia Michoacana y que cuentan aquí con el apoyo de al menos dos policías municipales en activo y otro más ya dado de baja. Con denuncia interpuesta, tecnología de punta y un grupo antisecuestro que se ha ocupado de 6 casos en el año, se le pregunta al Procurador del Baja California, Rommel Moreno Manjarrez por qué tardaron 41 días en localizar al joven Bardo, dos semanas después que lo habían asesinado. “Es que no hay tiempo, me parece que aquí hay una exigencia periodística o mediática que no tiene nada que ver con las investigaciones, es como exigir en un hospital que un enfermo se cure de cáncer o de gripa, yo creo que aquí hay un abismo sobre las posibilidades que se van dando”. — ¿Pero entre más tiempo pasa, más riesgo corre la víctima? “Obviamente. La actividad que llevamos a cabo es salvaguardar a las víctimas, pero cada tema tiene un patrón distinto, por lo tanto cada patrón y cada modus operandi de quienes intervienen es distinto también. No tenemos un patrón o una fórmula para detectar si son grupos que han estado secuestrando a las mismas personas, como se ha estado diciendo, que no ha sido el caso. Y me refiero a que se enfoquen a sectores, profesiones”. —Tenemos entendido que el grupo que secuestró a Bardo (del 25 de abril al 1 de junio) también secuestró  al dueño de Meconsa (de 25 de febrero al 1 de abril). “Positivo. Hablando de este tema, es un asunto sobre el cual ya había ciertos antecedentes. Se fueron haciendo las detenciones, previamente tuvimos actos, en donde también con el Nuevo Sistema se pudo incorporar las detenciones de dos personas que están en este momento en prisión”. —Pero ¿a esas personas las capturaron cuando encontraron el cuerpo de Bardo? “Previamente habíamos tenido una investigación donde había un arraigo, se habían encontrado algunos elementos y habíamos estado explorando con personas que nos estaban dando la información para llegar con personas que nos llevaron a los detenidos (del 5 de junio)”. — ¿La banda iba por otros dos empresarios? “Eso fue más una especulación policíaca que se dio en el sector donde tuvimos información. Pero eso no lo tenemos transcrito en las averiguaciones”.   Los empresarios secuestrados en zona costa El mismo 5 de junio de 2013 cuando los secuestradores del joven Parra Arce fueron capturados en Mexicali, en Tijuana y Rosarito secuestraron a dos empresarios. El tijuanense fue liberado sin pagar rescate y del segundo no revelaron las circunstancias. Del tema Zona Costa el Procurador Moreno Manjarrez relató: “Empezamos a ver una serie de datos que nos permitió llegar a la conclusión de que era un grupo de personas totalmente inexperto. También era su primer secuestro, fue parte de la declaración, fue parte de la dinámica como encontramos los primeros indicios que nos permitieron llegar a los detenidos”. Los indicios: “La utilización de una tarjeta de crédito de la víctima por parte de los secuestradores”. Explicó que el grupo había iniciado con actividades ligadas al narcomenudeo. “Había unos de Nayarit, otro de Chiapas, dos de ellos tenían poco en la ciudad y se movían en la zona de Valle de las Palmas y Tecate, eso nos permitió rastrearlos. “En estos casos muchos de los detenidos son de fuera y eso nos está abriendo todo un tema”.   Grupos emergentes de Sinaloa El trabajo de inteligencia indica que en Mexicali, el Grupo de Lucatero se aprovechó de las “limpias” de gentes ligados al Cártel de Sinaloa y la presión que las autoridades contra quienes se identificó como cabezas visibles que operaban en la zona, entre ellos Gonzalo Inzunza “El Macho Prieto” y Cenobio Flores “El Checo”. Sin embargo oficialmente la siguen considerando una célula dependiente del cártel de Sinaloa. Y en Tijuana según la autoridad ministerial es un caso similar, pequeñas células del cártel de Sinaloa que  están emergiendo, dedicadas al tráfico de droga al menudeo, también investigadas por los homicidios relacionados con la pugna interna por la plaza delictiva y que “recientemente” decidieron probar con el tema de secuestro. De acuerdo a la información de inteligencia revelada por las averiguaciones previas el Procurador del Estado Rommel Moreno detalló: “Estoy hablando de grupos de Sinaloa, no estoy hablando del CAF ni de los michoacanos. Grupos emergentes, marginales, que se contactan unos con otros que tienen ciertas características, que están trabajando en temas de narcomenudeo y eventualmente pretenden ser secuestradores, están explorando”. Caso Mexicali: “En los secuestros son ex policías michoacanos, mas no estoy hablando de las Familia Michoacana. Tuvimos el seguimiento de ellos, están en prisión iniciando una sentencia, esto ha permitido el acompañamiento con las autoridades de Morelia precisamente para indagar todo este espectro y decir cómo están relacionados, precisamente autoridades de Michoacán policiacos, con este sentido de criminales y delincuentes que vienen y se podrían conectar con los Grupos de Sinaloa”. Caso Tijuana: “Derivados del grupo Sinaloa”. Los Sureños,  Los Tlaxcaltecas, Los Pelones, Los Atlantes, Los Panchos, Los Güichos y Los Chamulas. “Células de entre 10 y 15 individuos con una dinámica constante de crecimiento”, bandas que están reclutando: 1.- Deportados. 2.- Deportados ex convictos. Entre enero y mayo de 2013 se capturaron a 23 implicados en homicidios y otros 7 en lo que va del mes de junio. 3.- Migrantes del sur del país. Procedentes de Michoacán, Nayarit, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz y Sinaloa con más participación. Con menos participación Colima y Durango. El mapa criminal actual que revela la llegada e incorporación de miembros menores de cárteles en otros estados de la República Mexicana, en algunos de los casos llegan en camiones pasajeros o vehículos particulares como mulas de droga. En Tijuana se han incorporado a los grupos que operan en La Mesa, Los Álamos, Valle de Las Palmas, Villas del Real, Las Delicias, Otay Insurgentes, El Florido, Mariano Matamoros y Lomas Virreyes. Y en Mexicali en la colonia Guadalupe Victoria, Misión del Valle y Nacionalista.  El Procurador insiste: “Son grupos emergentes, no estamos hablando de cárteles ni de  comandos específicos”. —Sin embargo los secuestros en Zona Costa fueron operativos criminales que incluyeron varias camionetas. “En el caso de Mexicali, inclusive en los videos en la manera como se van presentando los hechos vemos casi un acompañamiento. No hay comandos, no hay cárteles, ha sido una especie de llevar a la víctima como en un paseo. Por eso de entrada no tenemos elementos para advertir que hay esta violencia que se ha generado en otras etapas”. — ¿Y el nivel de violencia usado contra el joven Bardo Parra? “No tenemos ningún método o mecanismo que haya sido similar en todo el estado, por lo tanto estamos tratando de ver entre una conducta emergente entre estas personas que no traían –por lo menos no traemos documentado– experiencia. Y seguimos con esta investigación. “Sí hay secuestros en el estado, pero han sido resueltos, yo creo que ésa es la parte que queda en la desinformación. Pero debemos dejar claro que nuestra función es investigar delitos, no evitar que se cometan, no existe en México la dinámica de prevención. La ley de punto de vista integral habla de la estrategia de la prevención, del combate y de la administración de los temas, pero nuestra obligación es intervenir cuando haya delito, lo hemos hecho y lo hemos resuelto”, concluyó el fiscal del estado.   Secuestros, privaciones, levantones “En el caso de Baja California hay células de grupos delictivos, que se desarticularon en su momento y que eran los que tenían el empoderamiento aquí en Mexicali. Hay un grupo delictivo vinculado con otros del interior de la república que han venido realizando particularmente el hecho del secuestro, algunas ejecuciones derivadas del crimen organizado en Mexicali”, explicó el Secretario de Seguridad Pública en la entidad, Daniel de la Rosa Anaya. El funcionario consideró que todos esos hechos están relacionados, como el homicidio de Martha Fernández, quien rentaba casas en Mexicali (12 de octubre 2011), el crimen de un ex ministerial de apellido Ferro en Sinaloa, el “levantón” y desaparición de su ex mujer en la zona del Nuevo Mexicali, son apenas algunos de los ejemplos. “Esos y otros homicidios son la oportunidad que miran otros grupos delictivos de establecer un control del municipio de la plaza, con la vinculación con algunos delincuentes locales”, detalló el secretario y puso como ejemplo el reciente homicidio de Manuel “El Gordo” Garibay Félix (19 de febrero de 2013), lo que desata algunas de las pugnas por el control. En cuanto a los secuestros de migrantes, de la Rosa Anaya refirió que se trata más bien de grupos locales, aunque acepta que son menos incidentes sobre todo comparados con años anteriores y lo que llamó la atención recientemente es que se trató de varios casos en una misma semana. “No hemos encontrado una conexión de estos grupos delictivos con el crimen organizado”, afirmó el secretario de la Rosa, quien expone que el vínculo del crimen organizado viene con Michoacán, Sinaloa y con Jalisco y la llamada “Nueva Generación” por el lado del Gordo Garibay. “El más fuerte es el de Sinaloa, sobre todo a raíz que se debilitan los Arellano. Pero desprendido del tema del secuestro hay cierta vinculación con los de Michoacán”, concretó el Secretario de la Rosa.   Contra el ambiente de delito De acuerdo al Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica, Jonathan Díaz, es importante que se aclaren todos los secuestros o “privaciones ilegales de libertad” y homicidios. “Ese tipo de incidentes o casos de alto impacto generan inquietud en la comunidad”. En ese contexto el Presidente del Consejo Ciudadano ha sostenido diversas reuniones con funcionarios estatales con el tema de la seguridad. “La gente se preocupa si considera que es algo (delito) que les pueda pasar a ellos”; afirmó: “en ocasiones hay un mal manejo informativo de parte de las autoridades”, en función de los dos términos utilizados, secuestro si hay cobro obligado, como único elemento, y privación si es que hay presunción de ligas con el narcotráfico de por medio. “Aun así he sido muy insistente, si hay un delito deben de resolverlo, a mí no me importa si al que se echaron era bueno o era malo, es un delito y hay que resolverlo”, reclamó el empresario cachanilla. Explicó que como consejo buscan generar un listado de casos de alto impacto, junto con las autoridades, para crear una suerte de listado que se analice de manera conjunta. “Siento que hay motivos por los que de repente se da ese vacío de información, uno y es explicable, que no quieren dañar las investigaciones. Sí hay que tener cuidado con lo que se publica, hay cosas que no se pueden decir hasta que no tenga la autoridad los elementos”. Completó: “Hay solo un caso que me preocupa y espero que las investigaciones tengan fruto pronto y creo que en la medida en que se den secuestros (ciudadanos) y se meta a la cárcel a los responsables, eso nos debe de dar tranquilidad porque eso va a desalentar el delito”. Y en cuanto a las otras privaciones –con otras causas– consideró que “no nos debe de preocupar en el sentido de que nos secuestren, nos debe de preocupar en el sentido de que hay gente mala que no la queremos aquí”, finalizó el representante ciudadano.   Tijuana a la cabeza De acuerdo a los datos oficiales y con corte hasta el mes de abril de este 2013, en la entidad se han presentado un total de 6 secuestros, todos en Tijuana. En el 2012 hubo 30 y en 2011 sumaron 64: Tijuana con 45; 15 en Mexicali y el resto en Tecate y Rosarito. En el 2009 se registraron 103: fueron 95 en Tijuana. Durante  2008 sumaron 115,  un total de 92 en Tijuana. Los números anteriores fueron menores; apenas 20 en el 2007 y 38 en el 2006, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. <p>  PGJE: Sí investiga levantones, no los judicializa “Quien registra, levanta incidencia acude a periciales, lleva investigaciones preliminares siempre es el estado. Por ser temas relacionados con narcotráfico se los hemos remitido a la PGR pero no quieren ejercer su facultad de atracción” explicó el Procurador del Estado Rommel Moreno Manjarrez al referirse a los “levantones” privaciones de la libertad y secuestros ligadas pleitos por droga o personas relacionadas con el trafico de enervantes. El fiscal reclamó que tanto secuestro como privaciones y levantones son temas de corresponsabilidad, los delitos también están en el Código Penal Federal  y la PGR ha estado evadiendo su parte. “Pareciera que sólo nos concierne a nosotros. ”Se tiene que legislar y establecer cuándo seria una investigación del fuero común y cuando seria federal porque de otra manera los estados estamos investigando temas federales sin el presupuesto adecuado y  por voluntad” — ¿Eso quiere decir que no vas a investigar levantones? “No estoy diciendo que no investigo, pero no es mi obligación investigar. Lo que estoy haciendo es documentar los casos plantearlos como tal. Lo que estoy diciendo es que el estado no se puede responsabilizar de un tema de narcotráfico tiene que ser compartido”.   Secuestros en mayo: 7 millones de pesos En Tijuana era el único expediente considerado como secuestro en los archivos 2013 de la Procuraduría General del Estado de Baja California. Un joven treintañero, integrante de una familia adinerada de Tijuana, atendía las responsabilidades de un rancho ubicado entre Tecate y Ensenada. Sus victimarios lo apodaron “El Ranchero”. La decisión de privarlo de la libertad, la tomaron a principios de mayo dos jóvenes recién llegados de Sinaloa, dedicados a la albañilería. No está claro por qué razón, pero Alberico de la Cruz Núñez “El Cholo”, les dijo a sus cómplices que él sabía que la familia del joven tenía mucho dinero y podían pedir un millón de pesos; terminaron exigiendo 7 millones de pesos. Tras invitar al secuestro a amigos y familiares, se integró un grupo de seis hombres y dos mujeres. Los varones se reunieron el 18 de mayo para detallar el plan “en una loma que se localiza cerca de donde está el punto de revisión militar, en la carretera de Tecate a Ensenada”. Consiguieron las armas, los carros y, el día 20 de mayo, lo esperaron a la entrada del rancho que el joven administraba. Lo encañonaron, amenazaron y secuestraron. Lo mantuvieron privado de la libertad más de una semana, en una cueva ubicada en un cerro entre Tecate y Ensenada. Lo alimentaron con sopas Maruchan, pan de barra, jamón, galletas, fruta, latas de atún y sardina, así como dos galones grandes de agua. La familia de la víctima se vio obligada a tomar riesgos, dejando el pagó del secuestro en un paraje apartado a las tres de la madrugada del 29 de mayo. Lo liberaron horas más tarde, “cerca del Valle de las Palmas, aproximadamente a un kilómetro sobre la carretera a Ensenada”. Los delincuentes fueron capturados el 1 de junio por la PGJE, debido a que usaron las tarjetas de crédito del secuestrado. Los criminales habían invertido parte del dinero que recibieron por su delito (30 mil pesos promedio por cómplice) en la compra de ropa en un swap meet, varias cajas de cerveza y droga.