Magistrada quiere más dinero, diputados lo niegan

La implementación de los juicios orales mercantiles en la entidad quedó en riesgo al no aprobar el Congreso del Estado la ampliación presupuestal solicitada por el Poder Judicial por 36 millones de pesos bajo el argumento –aportado por el Poder Ejecutivo– de la inviabilidad financiera. La solicitud negada incluía: cinco millones de pesos para la creación de un Juzgado Familiar en Ensenada; cerca de 12 millones para el fortalecimiento de los juzgados penales en la zona costa, sobre todo en el tema del narcomenudeo; y alrededor de 18 millones de pesos  para la implementación de los Juicios Orales Mercantiles, los cuales según el cronograma oficial deberían estar operando a más tardar el 1 de julio de 2013. Pero los diputados negaron el dinero y la Presidente del Tribuna Superior de Justicia del Estado, Esther Rentería, protagoniza un nuevo jaloneo entre poderes. El anterior enfrentamiento fue en enero de 2013, contra el Ejecutivo, cuando el Gobierno del estado intento fundir implementar el Instituto de Ciencias Forenses con la integración del Servicio Médico Forense y separándolo del Poder judicial. Al final el Poder Ejecutivo y el Legislativo reconsideraron la decisión y después de varias semanas de la singular pugna pública, el decreto para crear el Instituto de Ciencias Forenses fue abrogado, lo que en términos políticos significó una derrota para ambos poderes. Al interior del pleno del Tribunal Superior de Justicia, que es la cúpula del Poder judicial, existen diversas posiciones y hay un grupo de magistrados que consideran que este contexto adverso –por lo menos presupuestalmente– es por culpa de las posiciones que ha asumido la Presidenta del pleno, María Esther Ibarra.   La historia del dinero La tarde noche del lunes 31 de diciembre del 2012 el Congreso del Estado aprobó –después de una larga discusión– el paquete presupuestal para este año 2013 con una Ley de Ingresos de 36 mil 942 millones de pesos contra un Presupuesto de Egresos de 37 mil 110 millones, lo que de entrada significaba un déficit de 167 millones de pesos. En ese paquete el Poder Judicial se llevó 801 millones, contra los 923 que había solicitado. En el recorte iban –entre otros rubros– 18 millones 483 mil pesos para los Juicios Orales mercantiles, cinco millones 469 mil pesos para la creación de un nuevo Juzgado Familiar en Ensenada y12 millones 954 mil pesos para el fortalecimiento de los juzgados penales en la Zona Costa, específicamente para el tema del narcomenudeo. Ante la supuesta imposibilidad de cumplir con las metas, el 11 de febrero del 2013 el Consejo de la Judicatura toma el acuerdo de solicitar la ampliación. Así el Poder judicial solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado un estudio de viabilidad financiera con fecha 13 de marzo del 2013. Fue hasta el 13 de abril que el Poder Ejecutivo emitió una respuesta, señalando que no había viabilidad financiera debido al presupuesto deficitario que se estaba financiando con dinero de la deuda pública y que “no hay elementos que mejoren las expectativas”. Ése fue uno de los principales argumentos en los que se apoyó el Congreso del Estado para aprobar el dictamen 252 negó más recursos. Además, en el dictamen cuestionaron la falta de proyectos completos en el tema de la justicia penal y los juicios orales mercantiles. Textualmente señalan que no fue remitida por la entidad suficiente información para su análisis en lo que corresponde a los capítulos de gasto en materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como no se remitió información del capítulo de gasto en Inversión Pública. Todo esto en la parte relativa a la implementación de un nuevo juzgado familiar para Ensenada. Pero también detectaron fallas en lo relativo al fortalecimiento de los juzgados penales encargados del tema del narcomenudeo y los nuevos juzgados orales mercantiles. “No fue remitida por la entidad la afectación programática que conlleva la asignación de recursos presupuestales, en lo que corresponde a los Proyectos de Fortalecimiento de los Juzgados en Materia Penal en la Zona Costa-Narcomenudeo por $ 18’483,304 y Justicia Mercantil Oral por 12 millones ’954 mil 752 pesos”, anota el dictamen.   Con los tiempos encima De acuerdo al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del 2012, la fecha tope para que en las entidades se implementen los Juicios Orales Mercantiles es el 1 de julio de este 2013. Dentro de tres semanas. El decreto se refiere a reformas aprobadas al Código de Comercio en materia de Juicios Orales mercantiles donde se especifica –artículo 1390 bis– que las audiencias serán presididas por el juez, y se desarrollarán oralmente en la intervención de los participantes. El precepto federal incluye que las legislaturas locales deberán resolver la parte presupuestal “para la infraestructura y la capacitación necesaria”, concluyendo que serán los poderes judiciales de las entidades quienes tendrán hasta el primero de julio del año 2013 como plazo máximo para hacer efectiva la entrada en vigor de las disposiciones. Los hechos indican que si el Poder Judicial no optimiza su recurso Baja California no cumplirá.