Comerciantes de mariscos de Popotla han denunciado abusos por parte de funcionarios del departamento de Reglamentos del Gobierno Municipal: que han comenzado operativos contra ambulantes imponiendo multas y despojándolos de sus productos y equipo de trabajo. Los vendedores argumentan que el Ayuntamiento no tiene injerencia por ser zona federal e incluso denuncian que las multas impuestas no tienen número de folio ni se registran en tesorería. Algunos afectados han interpuesto denuncias ante la PGJE y sus casos ahora se investigan. Funcionarios municipales argumentan tener potestad en el comercio ambulante a partir de un convenio de colaboración firmado con la Secretaría de Hacienda en 2003 que administraciones pasadas no habían querido implementar. También afirman que los operativos se derivan de la misma solicitud de los comerciantes establecidos y que forman parte de lo que parece ser un plan de trabajo entre el municipio y los locatarios para “sanar el cáncer del caos” en Popotla, pero este plan está lejos de dar resultados. Los operativos en la playa Era un día caluroso, sin nubes en el cielo y una brisa fresca rociaba la abarrotada playa de Popotla, donde alrededor de 8 mil turistas disfrutaban del buen clima. Los niños chapoteaban en las suaves olas mientras sus padres bebían cerveza y comían mariscos frescos, recién sacados del mar.
Como lo ha hecho por los últimos 10 años, Adriana Barrón montó las sillas, sombrillas y mesas de su puesto de mariscos, sobre ellas colocó almejas, ostiones, patas de mula y pescados. Era un buen día para la venta. Pero recibió la visita de funcionarios del Departamento de Inspección del Quinto Ayuntamiento de Playas de Rosarito, solicitándole su permiso de comerciante ambulante. Debido a que Popotla se encuentra dentro de los límites de una zona federal marítima, fuera de la jurisdicción del Gobierno Municipal, no consideró que los funcionarios estén facultados para regular su actividad comercial y rechazó la necesidad de tramitar un permiso. Los del Ayuntamiento le advirtieron que de no contar con un permiso debería recoger sus cosas y retirarse, o de lo contrario se le impondría una multa y se le embargaría su producto y sus enseres como garantía del pago. Sin recursos ni voluntad para pagar los 2 mil 800 pesos del permiso que le requerían, observó con rabia cómo los Empleados del Ayuntamiento desmantelaban su puesto y se llevaban su fuente de trabajo en la caja de una camioneta. Adriana no entendía por qué la Autoridad municipal procedía de esta manera, si en dos años y medio esta administración no había solicitado permisos a los comerciantes, y a su decir, todos los que querían trabajar sin problemas se “arreglaban” con el director de Gobierno, Héctor Huerta. “Otros compañeros que tienen puestos ahí se los lleva el licenciado Huerta y no sé si se entienden entre ellos, o qué pasa, pero ya regresan y los dejan trabajar”. La mujer acudió al Palacio Municipal a solicitar la devolución de su producto perecedero antes que se malograda, pero la explicación era la misma: debía pagar la multa y tramitar su permiso de vendedor ambulante, o no se le regresarían. Al considerar que los funcionarios municipales habían extralimitado sus funciones y violentado sus derechos, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de Playas de Rosarito por los delitos de abuso de autoridad, daño en propiedad ajena doloso, robo y lo que resulte. La denuncia detallaba que se le había despojado de aproximadamente 6 mil 288 pesos en mobiliario y equipo de trabajo y 5 mil 40 pesos de mariscos. Además señalaba que cada día sin trabajar le generaba pérdidas de 650 pesos, siendo ése su único ingreso y sustento familiar, ya que es madre soltera de tres hijos. La acusación fue recibida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, derivando en la averiguación previa 1278/13/207/AP. Los caóticos fines de semana Con cada fin de semana que sube la temperatura aumenta la afluencia turística en Popotla, y como consecuencia la cantidad de vendedores ambulantes que caminan apretados entre los cientos de autos estacionados en la playa, los castillitos de arena, las carpas, hieleras y asadores de las 8 mil personas que en promedio visitan Popotla cada día de verano. Los ambulantes son rechazados por el comercio establecido, compuesto por aproximadamente 40 restaurantes y tiendas de abarrotes o artesanías. También por los veintitantos vendedores semifijos como Adriana Barrón, que montan sobre la arena sus puestos de venta de mariscos, fruta, raspados y hasta ropa. Al grupo de inconformes se le unen docenas de pescadores que ofertan productos marinos en sus pangas. Son alrededor de 80 vendedores, despreciados por los comerciantes locales, ya que en su mayoría residen en Tijuana y se desplazan a Popotla los fines de semana de temporada alta. Cuando baja la afluencia ya no regresan, por eso los llaman “golondrinos”. Estos mercaderes ofertan desde lentes para el sol, sombreros y juguetes de playa, hasta paseos en poni, churros y elotes recién hechos, algo que molesta a los comerciantes establecidos al considerar que ensucian la playa y ponen en riesgo a los visitantes. “El año pasado a una persona se le desconectó la manguera de la mina y se comenzó a tirar el gas, lo bueno es que no se prendió y no pasó a mayores, porque imagínese, si explota en pleno sábado o domingo cuando está atiborrado de gente y de carros, qué va a pasar”, cuestionó Juan Sánchez Cabral, presidente de la asociación Nuevo Centro de Población Popotla. 
También objetó la realización de operativos en contra de comerciantes semifijos como Adriana Barrón, sobre todo el momento en que los hacen. ¿Por qué lo están haciendo hasta el final de la administración?, cuestionó molesto, al considerar que existen muchos otros problemas en Popotla que el Gobierno Municipal no ha atendido, como brindarles los servicios básicos de luz, agua y drenaje; gestionar la creación de un estacionamiento público para que los autos no se estacionen sobre la playa y declarar la vía de acceso a Popotla. Aunque reconoce que en los últimos años ha mejorado la seguridad con la presencia de policías comerciales, así como el servicio de recolección de basura, Sánchez sostuvo que la vigilancia se paga con aportaciones de los comerciantes y sus clientes, mientras que la recolección opera con fondos federales de la Profepa, a través de su programa para la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). “Es una cosa muy triste lo que está pasando aquí en Popotla, porque es un centro turístico muy bonito, pero no lo están cuidando”, sostuvo Sánchez, quien responsabiliza a la autoridad municipal por el estado de “olvido” en que se encuentra el Puerto. Ayuntamiento: nosotros intentamos curar el cáncer del caos Para el director general de Gobierno de Playas de Rosarito, Héctor Huerta, la situación “puede mejorar, pero está funcionando”. Huerta explicó que el Ayuntamiento no solo tiene la facultad, tiene la obligación de regular el comercio en las playas municipales, incluyendo Popotla, aunque se encuentre dentro de los límites de la zona federal, “lo mismo sucede en todas las playas del país”, explicó, “y en todas ellas son los gobiernos municipales los que regulan el ambulantaje”. Sus atribuciones legales provienen de un convenio de colaboración administrativa firmado entre la Secretaría de Hacienda y los Ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito en 2003, y publicado el 30 de mayo de ese año en el Periódico Oficial de Baja California. En su sección primera se establece que “se conviene que la Secretaría de Hacienda y el Estado convienen en coordinarse para que por conducto del Municipio asuma las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por concepto del derecho de uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, que están obligadas a pagar las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar”. Bajo este fundamento legal, Huerta asegura que el operativo implementado el pasado 1 de junio se realizó conforme a derecho, y además se respetaron las garantías ciudadanas de los vendedores que ahora se han inconformado. “Cuando nosotros nos percatamos que algunos vendedores no contaban con permiso se les solicitó que se retiraran. Cinco o seis lo hicieron, pero un grupo muy reducido no quiso ni retirarse ni regularizarse, actuando en una abierta confrontación, por lo que se les indicó que de no retirarse se les aplicaría una multa por ejercer el comercio ambulante sin permiso”, narró el Funcionario. “Pese a esa advertencia no se retiraron, por lo que el personal de Reglamentos levantó la infracción y se decomisó la mercancía como garantía del pago”, expuso Huerta.
Por tratarse de bienes perecederos se puso en hieleras y se advirtió que de cubrir la multa se les regresaría el producto, sostuvo Huerta. “Pero no acudieron ni a pagar la multa ni a solicitar la cancelación de la misma y recoger el producto, así que el producto se descompuso, se le tomó fotografías y se hicieron actas circunstanciadas documentando que no se había recogido el producto”. Por ese motivo el Secretario de Gobierno considera que no existen fundamentos para la denuncia interpuesta ante la PGJE, sin embargo aseguró que se cumplirá en todo momento con los requisitos jurídicos para que se lleve a cabo el proceso legal correspondiente. Agregó que en ningún momento ha recibido sobornos de parte de los comerciantes ambulantes o semifijos del Puerto. Negó también la acusación de desvío de recursos a través de recibos de permisos y multas no foliados e incluso presentó copias de 10 recibos expedidos. Huerta explicó que los operativos forman parte de un plan de trabajo creado entre los mismos pobladores y comerciantes de Popotla en conjunto con el Vigésimo Ayuntamiento desde el inicio de la administración, el cual había trazado como ruta de trabajo atender inicialmente la recolección de basura y la vigilancia policial. Estos dos temas ya han sido atendidos por el Gobierno Municipales, aseguró el Secretario, aunque reconoció que se efectúan con recursos federales y la cooperación de los vecinos y visitantes, respectivamente. El tema del control del comercio ambulante es el tercero de la lista de prioridades establecidas por ambas partes. Como parte del proceso de regularización de estos vendedores se han dado las visitas de inspectores municipales. “Les hemos dado opciones de un pago inicial (del permiso) y el resto por convenio, para que paguen aunque sea que un adelanto de 50 pesos y el resto lo van pagando conforme puedan, lo que importa es que se comience el proceso de regularización”, sostuvo Huerta, argumentando que la regulación municipal requiere que todo comerciante ambulante cuente con un permiso con el que se identifique debidamente y cubra los impuestos respectivos. A pesar de los operativos y la inconformidad de los comerciantes, el plan bilateral de trabajo continúa sin rendir los frutos esperados. Aún no se ha logrado llevar los servicios básicos al Poblado pesquero; los restaurantes continúan vendiendo alcohol sin los debidos permisos; la vialidad de acceso aún no ha sido entregada al municipio y los automóviles siguen utilizando la playa como estacionamiento a falta de un espacio apropiado. Sobre todo los vendedores ambulantes y comerciantes semifijos continúan congestionando el ya caótico escenario playero de Popotla. La solución ni siquiera comienza a vislumbrarse.
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