A escasas 48 horas de creada la nueva Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de la Procuraduría General de la República y de no localizar aún a ninguna de las más de 26 mil personas, cuyo paradero se desconoce, habitantes de la Ciudad de México denunciaron la desaparición de 11 jóvenes que estaban en un bar y fueron levantados por sujetos encapuchados, vestidos de negro y con armas de fuego. Así a la incierta cifra vieja se le suman casos nuevos y sigue creciendo la cuenta, mientras que para el gobierno de Enrique Peña Nieto, la creación de esta fiscalía, que tendrá para atender todos los casos a 12 agentes del Ministerio Público, es ya una promesa de campaña que se cumplió, independientemente de los resultados que vaya a obtener. El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer la novedad el lunes 27 de mayo de 2013. Reconoció la insatisfacción que existe desde hace mucho entre los familiares de los ausentes y a éstos les dijo que con esta unidad especializada se dará “un cambio profundo, desde la raíz, para poder continuar…con las muy buenas investigaciones que vienen de parte de ustedes”. Sin muchos detalles sobre la fiscalía, lo que quedó claro es que habrá muchas limitaciones, empezando por las presupuestales. Sin embargo, los discursos, como el del procurador general de la república Jesús Murillo Karam evitaron el compromiso. Murillo apuntó: “Les he dicho muchas veces, no hacemos magia. Vamos a llegar hasta donde se pueda llegar… pero vamos a llegar hasta ahí, hasta donde se pueda llegar”. Además de la falta de recursos económicos para las investigaciones, no se designó a un titular de la unidad, ni cuenta con sede propia, por lo que esta nueva área de la PGR estará arrimada a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. El procurador Murillo Karam señaló que los 12 fiscales fueron elegidos por madres, esposas y hermanos de los desaparecidos. Pese a ello, al finalizar el evento de presentación de la nueva unidad, los familiares de los ausentes se mostraron escépticos ante la posibilidad de que con tan poco personal se obtengan buenos resultados. Y es que no existen cifras actualizadas a la fecha. De acuerdo a información que proporcionó la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a finales del año último pasado, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, se tenía un padrón de 26 mil 121 personas ilocalizables, poco más de 20 mil con averiguación previa de por medio. Algunos de los parientes de los desaparecidos estiman que esa falta de presupuesto obligará a los propios familiares a “incentivar económicamente” a los servidores públicos para que cumplan con su trabajo, lo que no está muy lejos de la forma en que lo venían haciendo desde hace un tiempo, pues ellos son los que se tuvieron que mover y convertirse en investigadores para allegar datos a las indagatorias oficiales. María Guadalupe Aguilar Jáuregui, madre de José Luis Arana Aguilar, joven desaparecido en 2011 en Tonalá, Jalisco y que salió a la luz pública por increpar públicamente en septiembre de ese año al entonces presidente Felipe Calderón, lleva ya 28 meses con 10 días buscando sin éxito a su hijo. Las investigaciones de esta valiente mujer la llevaron a conocer a través de testimonios y el video de una empresa privada que a su vástago lo interceptaron cuando circulaba en una camioneta de su propiedad, otros sujetos que viajaban en otro automotor. Después Lupita encontró la camioneta de José Luis con huellas de sangre. Hasta hoy las pesquisas no han prosperado para quitarle la angustia a la señora, que no sabe si su hijo está vivo o muerto, pero su corazón late por la afanosa búsqueda de la verdad y del paradero del joven perdido. Guadalupe Aguilar habló para ZETA y sobre la nueva unidad de búsqueda de personas desaparecidas opinó: “Me parece insuficiente, porque 12 agentes del ministerio público para veintitantos mil desaparecidos, de todos los estados del país, son muy pocos. Sin embargo, quiero tener confianza en ellos y vamos dándoles tiempo”. La jalisciense que ha gastado una parte importante de su patrimonio por encontrar al hombre de 34 años mantiene la atención en dos averiguaciones previas. Una iniciada en el fuero común en la Fiscalía General del Estado y otra en la Procuraduría General de la República. “De hecho, como he estado luchando mucho para que continúen con la búsqueda de mi hijo, de acuerdo a esa averiguación, el 8 de abril tuvimos una cita en Policía Federal. Nos atendió el señor Mondragón. Nos mandó con el encargado de Policía Federal, Damián Canales y él nos asignó a un ministerio público y a un agente investigador. Estoy recibiendo ayuda de ellos, ‘a cuentagotas’, porque continuamos como siempre, que uno tiene que ir cada ocho días a México D.F., hablar, preguntar qué ha pasado, quedamos de hacer esto, aquello y lo otro. A final de cuentas lo están haciendo”, advierte Aguilar Jáuregui. Ante lo reciente de la presentación de la unidad para desaparecidos de la PGR, Lupita desconoce qué tiene que hacer. No sabe si le van a llamar o ella tiene que movilizarse rápidamente al Distrito Federal, pero tiene confianza en que no verá caras nuevas: “Yo creo que va a ser el mismo agente del ministerio público. A mí me favorece que continúe el mismo ministerio público porque es muy molesto que estés cambie y cambie y cambie. El Ministerio Público que tengo actualmente ya se sabe perfectamente mi caso y yo espero que continúe él”. Esta mujer, como muchos familiares de los miles de desaparecidos como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico en la administración calderonista, saben que cada día que pasa es más difícil, porque se borran las evidencias para encontrar a sus hijos. El tiempo que pasa es su peor enemigo y minuto a minuto que transcurre está en contra de ellos. La mamá de José Luis lleva una cuenta con la que duerme y que cambia al despertar al día siguiente. “Yo tengo 28 días con 10 meses en la búsqueda de mi hijo y le aseguro que no ha pasado un solo día en el cual yo no haga algo para su localización”, finalizó la señora Aguilar.
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