“En el Ayuntamiento de Tijuana, pesa más ser grillero que narcotraficante”, es la declaración de un grupo de Bomberos de Tijuana despedidos hace un par de meses, por demandar al gobierno de Carlos Bustamante al exigir su basificación. Hace más de un año, un grupo de 30 bomberos decidieron buscar un mejor bienestar social, como un servicio médico de calidad, ya que la prestación actual ni siquiera cuenta con un hospital, o por lo menos, un área especializada en quemaduras, situación que consideran grave. Al no desistir de la demanda, nueve tragahumos fueron despedidos, el resto prefirió ceder a las amenazas del gobierno y dimitir la instancia. Los bomberos despedidos son personal preparado, capacitado, que invirtió dinero de su bolsillo para obtener mejores grados, diplomados y especializaciones. Sin embargo, ese aspecto pareció importarle muy poco al XX Ayuntamiento de Tijuana, que a cambio, ha reinstalado en sus puestos a bomberos acosadores, traficantes, drogadictos y abusadores sexuales. Una lista de varios elementos fue proporcionada a ZETA, se trata de empleados desleales y acusados ante la autoridad por diversos delitos. “Estamos indignados en la forma que la dirección (de Bomberos) y el gobierno han actuado, el año pasado un grupo de 30 bomberos demandaron su base conforme a la Ley del Servicio Civil corresponde, no los apoyó el Sindicato y despidieron a varios de ellos. ¿Cómo es posible que el director Carlos Martínez solape, permita, omita que malos elementos formen parte de la Emérita Institución?”, cuestionó un tragahumo, quien agregó que entre los mismos elementos, se percatan cómo varios bomberos se meten en problemas, sin que ninguna autoridad los moleste o les llame la atención. Lo más grave es una suspensión por varios meses, pero son reinstalados en su puesto. “Cómo es posible que haya bomberos narcotraficantes, bomberos sicarios, violadores, acosadores, adictos a la droga, que permanecen en sus puestos y no pasa nada. A cambio, gente de bien que cumple con su trabajo, que invierte en capacitación, que no tiene problemas ni faltas; que por un derecho de Ley exija una basificación, a cambio el gobierno tome la decisión de despedirlos. Es una indignación”, consideró el bombero entrevistado, para rematar: “Somos una institución que no podemos permitir que esté en manos de un bombero que tiene mañas, mala conducta, los hechos están y los reinstalan en sus trabajo sin que pase nada; esto ya está creando un conflicto interno”. Los tragahumo señalaron que el gobierno de Carlos Bustamante fue la administración municipal que más se ensañó con la Benemérita Institución. “Cómo es posible que en el Ayuntamiento pese más ser grillero que narcotraficante. Es indignante. Ésta no es una ciudad con orden, como lo pregona el alcalde; yo tenía un idea del Cuerpo de Bomberos, que era un grupo de servidores públicos honrados, capacitados, sanos, equipados, con infraestructura vehicular, pero la imagen está en tela de duda con elementos desleales”, denunciaron. Entre los elementos que tienen un procedimiento en Sindicatura o que han tenido problemas con la justicia, se encuentra José Manuel Villarreal Salgado, detenido en Estados Unidos por cruzar droga. Estuvo preso unos meses y salió libre. Del Ayuntamiento de Tijuana fue despedido por faltas, pero se le reinstaló en abril de 2013. Asimismo, cuatro bomberos resultaron positivos en un antidopaje, dentro del primer examen aplicado el 31 de julio de 2012, en el que participaron 104 empleados municipales. En aquella ocasión, la síndico municipal Yolanda Enríquez de la Fuente expuso que a los tragahumo se les inició un procedimiento en el área de Responsabilidades de Sindicatura Municipal. El resultado confirmatorio fue emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, ratificando que los cuatro elementos de Bomberos son consumidores de drogas, aunque no se precisó el tipo de sustancia. Sin embargo, los bomberos acusados han reincidido en un par de ocasiones, y son: Capitán D, Samuel Santiago Acosta. Según la nómina municipal, percibe un sueldo de 21 mil 548.27 pesos al mes. Capitán E, René García Rodríguez. Obtiene un ingreso de 23 mil 659.08 pesos. Capitán D, Julio Luna Villa. Cobra un salario de 21 mil 412.54 pesos. Capitán D, Raúl Meza Jiménez. El Ayuntamiento le paga un sueldo de 21 mil 412.54 pesos. Otro caso polémico de la Benemérita Institución, fue el suscitado en julio de 2011, cuando el doctor José Víctor Rodríguez Ortega fue acusado de hostigamiento sexual en contra de la salvavidas Anna Lucía López Avedoy. A pesar de que la joven dio a conocer públicamente el hostigamiento sexual laboral, el proceso legal contra Rodríguez Ortega prosiguió; nada bastó, ya que éste sigue en su puesto. Por su parte, la directora de Responsabilidades de Sindicatura Municipal, Albina Gómez Serna, confirmó a ZETA los nombres anteriormente expuestos de los tragahumo que llevan un proceso en la dependencia. Expresó que en el caso del bombero Villarreal Salgado, ya se solicitó la información de su caso ante Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), pero hasta la fecha no se ha obtenido el expediente; por lo que en Tijuana no se ha podido fincar una responsabilidad, al no haber elementos de prueba. Aunque, dijo, el caso no se ha cerrado y se sigue la investigación. La funcionaria municipal señaló que en lo que corresponde a los tragahumo que han sido reincidentes a los exámenes antidopaje practicados por el Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley de Servidores Públicos, en su Artículo 47 Fracción 12, y el Artículo 60, éstos solo pueden ser suspendidos por espacio de 30 días, mandarlos a rehabilitación y reinstalarlos posteriormente en su puesto. Por estas incomprensiones en la Ley, los bomberos advierten que la Benemérita Institución está perdiendo la esencia de ser una agrupación honesta, responsable e intachable, “solo por unos cuantos malos elementos”. ….en Mexicali, acuerdo a medias El problema lo dejaron crecer desde hace diez años -al menos tres administraciones municipales-, y ahora se ha convertido en una bola de nieve que costará al Ayuntamiento de Mexicali cerca de 200 millones de pesos, monto que hasta el momento los ex alcaldes Jaime Díaz, Samuel Ramos, Rodolfo Valdez; y ahora el presidente municipal Francisco Pérez Tejada, no han querido pagar. Se trata de un juicio por el pago de horas extra de un grupo de 220 bomberos mexicalenses que interpusieron varias demandas grupales, la primera de 96 bomberos, luego otros 86, a los que se sumaron otros 38. Apenas el 15 de mayo de 2013, el Tribunal Contencioso Administrativo emitió un laudo a favor de los demandantes, donde se insiste en el pago y advierten que, de continuar la conducta omisa, el expediente se turnará al pleno del Tribunal, el cual “cuenta con las facultades para aplicar como medida de apremio la destitución del servidor público omiso…”. En este caso la referencia directa es contra el alcalde Francisco Pérez Tejada y su tesorero, aunque al que le tocó lidiar con toda esta bronca, Francisco Fimbres, renunció para irse a la campaña del Partido Revolucionario Institucional, ya que aparece en la planilla de Elí Topete como aspirante a síndico procurador. Mientras los bomberos no se quedaron cruzados de brazos e interpusieron una demanda penal contra Francisco Pérez Tejada, Tobías Duarte -ex secretario del Ayuntamiento, ahora es candidato a diputado local-, José Alberto Gracia Guerrero -en su calidad de Oficial Mayor-, y el tesorero Francisco Fimbres, por delitos cometidos contra la administración pública y por coalición de funcionarios. Aparte, insistieron en irse a la huelga con el apoyo del Sindicato de Burócratas. Los bomberos de Mexicali -profesión que en otros países consideran heroica- han sufrido no solo con el pago de estas labores, sino además, sistemáticamente han denunciado la falta de apoyo para su infraestructura básica. Lo singular es que el tema de las horas extra sigue generándose, no se ha resuelto, aun cuando se creó un cuarto turno, sostiene Martín Ruiz, uno de los demandantes, quien además fue director de esa área en el periodo municipal encabezado por Samuel Ramos. Comenta que desde que se generó la inquietud por la falta del pago de horas extra, se trató de platicar con el entonces alcalde, Jaime Díaz Ochoa. “Se portó como si no le interesara la problemática de los bomberos, nos dijo que le hiciéramos como quisiéramos”, sostiene el empleado municipal, quien refiere cómo ante esa negativa, decidieron interponer la demanda laboral. Originalmente se trataba de un monto cercano a 15 millones de pesos. Pero el caso laboral se alargó debido a una controversia sobre la que primeramente interpusieron la demanda ante el Tribunal de Arbitraje -organismo que dirime las controversias laborales entre los gobiernos y sus empleados-, pero esa instancia se declaró incompetente en función de las entonces recientes modificaciones a la Ley, donde los bomberos fueron incluidos como miembros de las fuerzas de seguridad pública y se pasaba de tener una relación laboral, a una administrativa. Al aprobarse la Ley de Seguridad Pública del Estado, los bomberos fueron incluidos dentro de las fuerzas d seguridad, lo que implicó una serie de movilizaciones, exigiendo a los diputados locales que fueran excluidos de ese concepto, ya que realizan una labor muy diferente a los cuerpos de seguridad; lo que finalmente se aceptó y se plasmó en la nueva legislación. Mientras la demanda ya había sido turnada al Tribunal Contencioso Administrativo, organismo al que corresponde dirimir las controversias administrativas, eso implicó un larguísimo pleito en los tribunales, donde los bomberos se tuvieron que amparar para que se hiciera el pronunciamiento explícito en cuanto a la competencia del tema. El amparo lo resolvió un Tribunal Colegiado -explica el abogado del grupo, Julio César Viramontes-, pero después se presentaron otras demandas resueltas de manera diferente, por lo que tuvo que intervenir la Suprema Corte, entidad que finalmente definió que el tema correspondía al Tribunal Contencioso Administrativo. En octubre de 2010 -en el ocaso de la administración de Rodolfo Valdez-, el Tribunal ordenó el pago, en un monto estimado arriba de los 100 millones de pesos, pero la administración municipal se amparó contra el fallo, en un contexto donde además entraron en desacato contra el propio Tribunal, por la concesión del Relleno Sanitario. La administración municipal perdió el amparo, pero les sirvió para ganar tiempo, concluir el trienio y dejar el tema en la lista de pendientes para el nuevo gobierno municipal que encabezaría el priista Francisco Pérez Tejada. Legalmente, la decisión significaba que ya no había otra instancia a donde recurrir, pero el pago hasta el momento no se ha dado; de ahí la insistencia de los bomberos, porque además, en ese lapso, cerca de doce de los originales demandantes han fallecido. Ahora la administración municipal ha entrado en su última etapa –a solo seis meses del relevo-, y los bomberos se han dado cuenta que el pago no ha sido presupuestado; por eso aceleran las medidas de apremio, la demanda penal y la decisión incluso de estallar en huelga. En ese contexto, la tarde del lunes 20 de mayo, una comisión del grupo de bomberos inconformes se reunieron con el alcalde Francisco Pérez Tejada -quien anteriormente había acordado con los otros tres grupos-, trascendiendo que llegaron a un acuerdo: El Ayuntamiento les pagaría el 5 por ciento del adeudo a más tardar el 20 de junio, y el 90% restante se presupuestaría en tres partes iguales, una a pagar en febrero, otra en mayo, y el resto en agosto de 2014. “Eso es lo que me preocupa”, afirma Martín Ruiz en función de que la actual administración municipal termina el 30 de noviembre de 2013, y -hasta el momento- no existe la certeza de quien llegue a encabezar la próxima.
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