Acusa a funcionario de prepotencia y tráfico de influencias

Por diez años, Mercedes Alarcón Barraza sostuvo una relación con Luis Enrique Huidobro Díaz, en la cual procrearon dos hijos. En los últimos años, el matrimonio rompió sus lazos, entre amenazas, violencia intrafamiliar y abuso. Desde octubre de 2012, Alarcón Barraza era amenazada constantemente por Huidobro Díaz, pues quería el divorcio voluntario, luego de ser descubierto en una infidelidad por su esposa; al no quererlo firmar, la furia se desató en el hombre. Huidobro Díaz minimizaba a la mujer, se jactaba de poder y fanfarroneaba que era una “persona con influencia”. Actualmente se desempeña como catedrático en las universidades Autónoma de Baja California (UABC) y Xochicalco, en la carrera de Derecho; además de ser perito médico legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia en el Servicio Médico Forense (SEMEFO). Alarcón Barraza relató que el colmo de la violencia llegó el 9 de enero de 2013, cuando el esposo llegó al domicilio conyugal en Villa Fontana exigiendo de nuevo el divorcio voluntario; al no acceder, le propinó una golpiza en presencia de los menores. “Con temor, me armé de valor y le grité a mi hija de nueve años que fuera a pedir ayuda, mientras mi hijo, de ocho, observaba cómo su padre me golpeaba. El niño con una espada de juguete lo enfrentó, me solté de mi marido y escapé con mis hijos, así como estaba de golpeada acudí a la delegación Mariano Matamoros; para esto, mi esposo ya estaba ahí, saludando a todo mundo, pues él fue entrenador de la Academia de Policía. Al verme, los policías me ignoraron, no me quisieron atender, por culpa de mi marido que los alertó. Me salí con mis hijos de la estación de Policía y me topé en el camino una patrulla, los policías me recomendaron que fuera al Ministerio Público de la Zona Río, cuya averiguación previa es 325/13/211/AP, y me levantaron un certificado de lesiones”, expuso. Sin embargo, sorpresivamente la PGJE “perdió” el expediente del caso, por lo que la afectada ignora cómo va el proceso de la denuncia. “Según la PGJE el expediente está perdido, así de plano. Mi marido hasta se burla del hecho, como él tiene conocidos, alumnos, etcétera, pues le informan todo lo que ocurre dentro de la Procuraduría”, mencionó. Dentro del proceso legal, el Juez de lo Familiar dictó al hombre una pensión del 25 por ciento de su salario para los menores, es decir, 4 mil pesos mensuales, “cuando él es una persona que tiene muy buen empleo, además de que labora en dos universidades de prestigio y, por si fuera poco, ya anda dando clases en otras dos escuelas que no están señaladas en la demanda, a fin de que no se le descuente más dinero”, subrayó la madre de familia. Agregó que por el carácter violento de su ex pareja, el 11 de enero le fue fijada por el juez una orden de restricción para ver a sus hijos. “Fue tanta la furia que provocó el hecho, que mi esposo me demandó porque se consideraba ‘víctima de violencia’. Con influencias de sus amigos de la Procuraduría, me sometieron a pruebas psicológicas muy largas, a fin de que resultara con una afectación, pero no fue así; por más que duraron las pruebas, no lograron su cometido, en cambio las pruebas a las que fue sometido a él, sí resultaron con afectaciones”, citó Mercedes, quien, en su desesperación, acudió ante el director de la Facultad de Derecho de la UABC, Mario Zárate, para plantearle su situación personal con el catedrático de esa Universidad. “El director de la carrera, al ver que en realidad se trataba de un caso de violencia familiar, lo único que hizo fue decirme que la problemática se iba a tomar en cuenta para la asignación de materias el próximo semestre, y me remitió al Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER)”, citó la madre de familia. La paramunicipal a cargo de Lourdes Inzunza, ha sido la única dependencia que le ha brindado apoyo y asesoría, al igual que la Procuraduría de los Derechos Humanos. “Es muy frustrante e impotente que de la Procuraduría no he recibido apoyo, cuando soy una madre de familia que tiene que sacar adelante a dos hijos, que tengo que buscar un empleo para sostenerlos; yo no pido nada para mí, es para el bien de mis hijos, solo quiero lo justo”, puntualizó. ZETA trató de localizar la versión de Huidobro Díaz, pero ni en el SEMEFO ni en la UABC se le pudo ubicar; mientras que, aunque se solicitó información a la PGJE, no fue brindada a este Semanario. Mercedes y Luis Enrique sostendrán una audiencia de avenencia el próximo 4 de junio para dar seguimiento al trámite de divorcio necesario, donde espera recibir el trato digno que todo ciudadano merece y que el tráfico de influencias quede a un lado.