Pelayo en la mira de la ASF

Múltiples irregularidades en el manejo de recursos del Ramo 33 evidenció la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras un primer vistazo a los gastos del gobierno de Enrique Pelayo Torres durante el 2011. Acompañado de un largo etcétera, la ASF encontró que ese año el XX Ayuntamiento compró con recursos del Ramo 33, un automóvil de lujo con adjudicación directa; tenía obras pagadas que no habían sido realizadas; cálculos mal hechos; ausencia de proyectos que llevaron a más gastos; tuvo desinformada a la población; no tenían sustento sus avances de indicadores; no informó sobre cuentas bancarias ante Sindicatura, la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP); hizo movimientos de dinero del Ramo 33 a cuentas ajenas a ese recurso; y careció de indicadores. Con apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (OFSBC), el gobierno federal registró un vacío informativo, generado por el XX Ayuntamiento en distintas áreas relacionadas con el manejo de este recurso federal, lo que derivó en un listado de observaciones del OFSBC hacia la autoridad municipal, que aún no han sido dirimidas formalmente. Vacío que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAIPBC) advirtió en 2012, que fue denunciado desde 2011 por regidores de oposición en el Cabildo de Ensenada, y que está vinculado a la solicitud de acceso a la información pública hecha por el ciudadano Óscar Soto Brito, en noviembre de 2011, quien pidió reportes sobre el avance en el ejercicio del Ramo 33 ese año, los cuales le fueron negados por la administración local durante meses y que nunca recibió completos. La información del manejo financiero que el gobierno de Pelayo Torres hizo del Ramo 33 durante el 2011, ya fue recopilada en su totalidad por el OFSBC, según confirmó el director de auditoría Ensenada de este organismo, Héctor Edgardo Suárez Córdova. Sin embargo, el contenido todavía no es analizado por los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público en el Congreso del Estado, que preside el diputado del Partido Revolucionario Institucional Juan Vargas Rodríguez. A 2 años de distancia, la cuenta pública del XX Ayuntamiento de Ensenada, en lo que respecta al 2011, no tiene fecha para ser subida al pleno del Congreso. Tampoco la de 2012. El reporte de la ASF se divide en dos partes: una está enfocada en el manejo del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). La otra en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). En 2011 el XX Ayuntamiento de Ensenada recibió de la federación, a través del FISM, 81 millones 438 mil 300 pesos. De ese monto, la ASF auditó, bajo el expediente 11-D-02001-02-0946, una muestra representativa del 55.2 por ciento. Es decir, revisó cuentas por 44 millones 989 mil 400 pesos. Es decir, no analizó la totalidad del recurso. En su expediente, la ASF refiere que el municipio cuenta con elementos formales para ejercer adecuadamente el FISM. Un manual para el manejo del recurso; personal experimentado en el manejo del fondo; reuniones ciudadanas periódicas en COPLADEM e inspecciones de la Secretaría de Desarrollo Social en las obras; seguimiento a las obras en los comités; un sistema de información que permite monitorear el costo y avance de las obras; entre otros. También advierte carencias: falta de mecanismos para evaluar el desempeño del personal que interviene en la operación del fondo; no dispone de mapas de pobreza actualizados; no cuenta con mecanismos de difusión que aseguren, al inicio y término del ejercicio, la información referente al destino y resultados alcanzados del fondo. La evaluación del OFSBC, respecto al control interno para la gestión del fondo en el municipio, fue regular, aunque insuficiente “para garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la normativa y la transparencia en su operación”. La misma calificación de “regular” dio el OFSBC al ejercicio del FORTAMUN-DF en el expediente 11-D-02001-02-1063. De este recurso que tuvo un total de 197 millones 34 mil 500 pesos, la ASF revisó el 41.2 por ciento, 81 millones 165 mil 500 pesos. Para ese recurso, el Ayuntamiento (entre otras desventajas): no cuenta con un manual de operación; carece de mecanismos de planeación para determinar por rubro programático el ejercicio del recurso; no implantó mecanismos para conocer de manera sistemática y oportuna el ejercicio del gasto; La Tesorería Municipal ejerce, lleva el control y supervisa los recursos del fondo; es decir, se vigila a sí misma; y no existieron mecanismos para informar a la población sobre su ejercicio. Algunas de las cosas con las que sí cuenta, es con un control administrativo de las obras y acciones en la misma Tesorería; un catálogo de cuentas para el registro de las operaciones contables; un sistema para validar la suficiencia presupuestal; y se realizan reuniones periódicas para verificar la información entre los participantes del manejo del fondo. Las irregularidades Las irregularidades del Ramo 33 se registraron en rubros como: Transferencia de Recursos, Registro e información contable y presupuestaria, y Destino de los Recursos, Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo, Participación Social; Obra Pública, Gastos Indirectos, Desarrollo Institucional; etcétera. Cada una de ellas, acompañada con observaciones foliadas por parte del OFSBC y narradas en el expediente de la ASF. Por ejemplo, la 11-C-02000-02-0946-01-015, en donde piden una explicación al gobierno de Pelayo por haber adquirido un vehículo de lujo con recursos del FISM, “no indispensable para los fines del fondo”, por 325 mil pesos y por medio de adjudicación directa. “…debió adquirirse por invitación a cuando menos tres proveedores y tener la aprobación del comité de adquisiciones”, dice el informe, además de advertir un incumplimiento con un convenio celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del Estado. En otro caso (el 11-C-02000-02-0946-01-014), registró que se efectuaron pagos por concepto de trabajos extraordinarios y gratificaciones por 1 millón 23 mil 700 pesos, donde 306 mil 700 pesos “no disponen del soporte documental y el total erogado carece de la autorización de pago conforme a los tabuladores correspondientes”. Del FISM, la ASF registró que el municipio “no proporcionó la documentación de 54 expedientes sobre los convenios modificatorios, adicionales; estimaciones, generadores de obra y actas de entrega-recepción” (1-C-02000-02-0946-01-011). Que en cuatro contratos, los gastos indirectos fueron calculados erróneamente (11-C-02000-02-0946-01-010); que en tres obras “no se tenía definido el proyecto, lo que ocasionó la modificación del presupuesto contratado” (11-C-02000-02-0946-01-009). Que “no proporcionó evidencia documental que sustente la integración de los informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)” (11-C-02000-02-0946-01-007). De la muestra por 44 millones 989 mil 400 pesos, que revisó la ASF, 29 millones 798 mil 100 pesos, “se encuentran registrados erróneamente como devengados sin soporte documental” (11-C-02000-02-0946-01-002). Encontró una diferencia no aclarada por 4 millones 557 mil 500 pesos, entre el monto asignado por 81 millones 438 mil 300 pesos, más los rendimientos financieros por 1 millón 794 mil 100 pesos, respecto a lo registrado en la Cuenta Pública por 78 millones 674 mil 900 pesos, (11-C-02000-02-0946-01-005). Y otras observaciones más pendientes de aclarar. Un total de 17 para el FISM. En el caso del FORTAMUN-DF, se registraron 9 observaciones, una de ellas, la 11-C-02000-02-1063-01-002, relacionada con desvío de dinero del fondo. “De la cuenta específica para el manejo de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, se realizaron transferencias a otros fondos y hacia otras cuentas bancarias en las que se disponen otro tipo de recursos”, refiere la ASF. En este recurso, que se encuentra bajo el control casi absoluto de la Tesorería Municipal, que encabeza María de Guadalupe Beltrán Rocha, la auditoría encontró que “el municipio no dispone de cuentas contables programáticas para el control del fondo”, expediente 11-C-02000-02-1063-01-003. “No informó sobre la apertura de la cuenta bancaria específica del fondo a la Sindicatura Municipal de Ensenada, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública”, expediente 11-C-02000-02-1063-01-004. “El Programa de Seguridad Pública para el periodo 2010-2013, carece de indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos”, expediente 11-C-02000-02-1063-01-007. En informes trimestrales presentados a SHCP, “no se detallaron las obligaciones financieras solventadas ni las acciones realizadas para atender las necesidades vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”; tampoco se reportaron los informes del primero al tercer trimestre de 2011 en el formato “Nivel Fondo”, expediente 11-C-02000-02-1063-01-005. Y otras observaciones, entre las que destacan omisiones en materia de transparencia hacia la población. En entrevista, la diputada de Ensenada Lizbeth Mata Lozano, del Partido Acción Nacional (PAN), refirió mantenerse a la espera de que el tema financiero del municipio sea subido al pleno, sin embargo, será hasta que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público analice el asunto. El único legislador de Ensenada que tiene representación en dicha comisión es la diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, perteneciente al Partido del Trabajo. Sin embargo, el adelanto de alrededor del 50 por ciento del uso de este recurso, ya tiene al menos 26 pendientes en el OFSBC.