Nuevos delegados, grandes problemas

Recientes o no, abordadas o ignoradas, son situaciones regionales por resolver para las distintas delegaciones federales en el Estado. Desde la pérdida del patrimonio por la imposibilidad de pagar deudas a INFONAVIT hasta donativos detenidos en San Diego por trámites aduanales, representantes de asociaciones civiles y organismos empresariales exhortan a los recién nombrados delegados a resolver necesidades sociales. Pero también hay funcionarios que prefieren realizar los señalamientos. Dolores de María Manuell-Gómez Ángulo, mejor conocida como Lolita Méndez, a los días de ser nombrada delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), anunció en medios de comunicación, el estado de corrupción imperante en la dependencia. Comentó también la posible Auditoría a desarrollarse en los próximos días, sin embargo, quien fuera diputada local y federal por el Partido Acción Nacional (PAN), hoy identificada con el movimiento y posible partido político, Concertación Mexicana de Manuel Espino, no respondió a las solicitudes de este Semanario para una entrevista sobre el tema. Para los empresarios, la preocupación se mantiene en los trámites de exportación e importación de mercancías. En un comunicado enviado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), su presidente, Juan Manuel Hernández Niebla, informó que los trámites de certificados sanitarios tardan tres veces en ser emitidos. El programa piloto implementado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) desde el 13 de marzo, consiste en una ventanilla única en las aduanas para realizar los trámites. Las empresas esperan casi tres días en obtener el permiso, cuando antes no les tomaba menos de una; para quienes comercializan productores perecederos, significa una importante pérdida económica y para la sociedad, desabasto. ZETA intentó comunicarse con el delegado de Sagarpa, Guillermo Aldrete Haas y a sus oficinas en Mexicali, pero no se obtuvo respuesta.   INFONAVIT: Pagos interminables, viviendas abandonadas “Ni siquiera una disculpa o un ‘nos vemos otro día’, desconozco las razones por las que nunca nos recibió, pero nunca atendió estas situaciones”, recuerda Vicenta Espinosa de Víctor Ruiz Gesenius, ex delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). La presidenta de Unidos Defendiendo tu Patrimonio (UDTP) no conserva una imagen positiva del anterior titular de la dependencia, pero del nuevo delegado Alejandro Arregui Ibarra comenta: “Ya vimos una intención de reunirse con nosotros”, pero reserva sus expectativas, “no puedo asegurarte qué vamos o resolver o qué no, pero continuaremos luchando”. La asociación civil se creó para defender las viviendas de cientos de trabajadores en riesgo de ser perdidas por el aumento de las deudas con las instituciones crediticias. De 950 personas afiliadas y 25 más en Mexicali, 100 sostienen una relación con INFONAVIT y 30 más se encuentran demandando a la dependencia federal. Debido a las interminables deudas y la poca disposición de INFONAVIT para solucionar la situación, derechohabientes se organizaron en el organismo que asesora a cientos en la misma condición de desventaja. Vicenta Espinosa explica: “Nos ofrecen reestructura de deuda, pero eso nos lleva a lo mismo, comprar la vivienda y empezar de cero, pero la deuda se volverá más grande y además, pierdes todo lo que has pagado”. La segunda opción es un convenio, “tampoco nos interesa, si es de reducción de mensualidad tiene un vencimiento y después de ese plazo, puede ser un año, tampoco vas a poder pagar el adeudo porque vuelves a la mensualidad anterior”. Tras su más reciente plantón, la asociación fue recibida para revisar 29 casos que serán el 16 de abril. “No sabemos qué nos va a ofrecer INFONAVIT, pero lo que nos interesa (es) liquidar los adeudos”, afirma la presidenta de UDTP. Vicenta Espinosa arremete contra el instituto: “Ellos deberían orientar a todas las personas que adquieren un crédito con ellos, explicarles que si pagan ininterrumpidamente más de 240 mensualidades, la deuda es liberada, pero desafortunadamente no lo hacen”. En entrevista con ZETA, el recién nombrado delegado de INFONAVIT en Baja California, Alejandro Arregui Ibarra, recitó las cifras esperadas para este 2013: 36 mil 620 créditos por otorgar, el año anterior cerraron con 33 mil. A la fecha, 7 mil 557 trabajadores han abierto créditos con la institución, casi la mitad a través de un programa de mejoramiento y rehabilitación de vivienda, le siguen en segundo lugar quienes adquirieron una vivienda usada, mil 995 para viviendas nuevas y por último, 451 para viviendas recuperadas. Con estas adhesiones, en Baja California INFONAVIT ha otorgado más de mil millones de pesos en concepto de créditos a derechohabientes. Para competir con la impresionante cifra de las viviendas adquiridas con esa derrama económica, 34 mil 796 viviendas están deshabitadas. Más de la mitad, es decir 18 mil 685, se encuentran vandalizadas, unas 11 mil 330 con créditos vigentes y solamente 4 mil 881 con créditos vencidos. Ante el problema, el joven delegado propone “recuperar las viviendas abandonadas vía procesos administrativos para reincorporarla al mercado”. El mercado para esas unidades habitacionales estaría compuesto, precisamente aquellos son cobertura de los servicios de seguridad social, como trabajadores municipales y policías. Sobre casos como el de Vicenta Espinosa y quienes han pagado durante más de 20 años sus viviendas para alimentar más sus deudas –por el concepto de UDIs–, confiado sostiene “me atrevo a decir que no hay caso que no tenga solución”. Pero advierte, “el problema es la falta de información (de los quejosos) o que cuando se actúa en bloque con asociaciones, se distorsiona el objetivo final de su lucha y se va quedando en el camino”. El titular del instituto prefiere un acercamiento “voluntario, personal y abierto” a cada caso en específico y asegura “nuestros mecanismos de recuperación son tan flexibles como la voluntad del acreditado”. De la posibilidad de liquidación de la deuda, la petición de miles de derechohabientes, muchos jubilados y con más de 240 mensualidades pagadas, Arregui Ibarra responde con cautela “se debe ver con detenimiento porque se firmó un contrato con implicaciones jurídicas, sí podemos hacer descuentos, pero necesitamos ver las razones por las que la no está amortizado el crédito y agotar las posibilidades para que el derechohabiente se regularice”. Tras un sorbo de agua, el delegado comparte un dato más, la tasa de cartera vencida es de 5.5 por ciento, dos puntos porcentuales debajo de la registrada al cierre de 2012. La razón, los mecanismos de abatimiento instaurados en enero. Antes de ser nombrado delegado el 22 de marzo, Alejandro Arregui Ibarra trabajó como secretario técnico de Alejandro Murat Hinojosa, director nacional de INFONAVIT y previo coordinador del área de vivienda en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto. Desde la campaña electoral del presidente de la República, Arregui Ibarra trabajó bajo las órdenes de Murat Hinojosa, como coordinador regional en Baja California y Baja California Sur del “Buzón del Presidente”. “Era un proyecto muy padre, íbamos a escuchar con brigadas en tierra para buscar las inquietudes de la gente”, comenta el abogado de profesión y quien continuó trabajando en el equipo de transición para Murat Hinojosa, hijo del ex gobernador priista de Oaxaca, José Murat Casab. Del director de Infonavit y quien fuera funcionario del Estado de México cuando Peña Nieto gobernador, comenta “hemos colaborado de alguna manera juntos, en algunas cuestiones”.   Donaciones en el limbo Francisco Sepúlveda Gil es administrador del Comité Coordinador de Centros de Rehabilitación y Reintegración de Adicciones, en Tijuana se encarga, entre otras funciones, de proveer alimentos para más de 300 asociaciones civiles, cada una con una población promedio de 50 personas. Centros de rehabilitación, asilos de ancianos, casas hogar y comedores generales en colonias de escasos recursos dependen, en gran medida, de las donaciones recibidas por este Comité desde Estados Unidos, aunque más del 50 por ciento de ellas, no logren cruzar la línea internacional. “Las barreras son criterios personales de los oficiales de Aduana, nos impiden ingresar pan, verduras, alimentos enlatados porque nos dicen que no se puede, aunque estemos constituidos legalmente como asociaciones civiles”, comparte Sepúlveda Gil. Quien también es consejero de la Ley de Fomento de Baja California afirma que no es un problema reciente, “nos ha pasado siempre, es inadmisible que en la Aduana nos traten como delincuentes cuando buscamos un bien”. De acuerdo al artículo 61 de la Ley Aduanera, quienes ingresen artículos donados, necesitan llenar un formato de autorización para la exención de impuestos, pero representantes de organizaciones civiles afirman no haber recibido tal información de los oficiales aduanales. La falta información retiene, por ejemplo para el Comité Coordinador de Centros de Rehabilitación y Reintegración de Adicciones, 13 de 20 minivans a la semana. Cada una alimentaría a 100 personas durante cinco días. “Los bancos de comida de San Diego nos entregan la comida que caduca en una semana, lamentablemente si no convencemos a los oficiales de que nos permitan ingresarla, se desperdicia”, comenta afligido Francisco Sepúlveda. Han perdido camiones llenos de pan de barra, tan solo en Navidad y el Día de Acción de Gracias, cargamentos de pavos donados no pudieron cruzar la frontera. El representante de la asociación civil buscó un acercamiento con el anterior administrador de la Aduana, Luis Torres, pero “nunca nos daba ninguna respuesta, solamente nos decía que eran trámites a seguir, pero no nos los explicaba”. Por su parte, el actual administrador Alejandro González Guilbot aclara “en ningún momento hemos cerrado la Aduana a la entrada de donativos, pero para que un organismo o sector deba recibir donativos, deben ajustarse a la Ley Aduanera”. Como responsable de la Aduana en Tijuana, solicitó a las organizaciones a visitar la página www.aduanas.gob.mx y en la parte inferior, hacer click en el vínculo “Donaciones”. “No se trata de reglas nuevas, solamente de cumplir las anteriores, pero yo estoy abierto a ver cada caso en específico y analizarnos”, refirió. Anita Flores, responsable del centro de rehabilitación para mujeres Ágape, atraviesa la misma circunstancia que muchas otras organizaciones civiles, a modo de resignación, comparte su rutina diaria “nada más me pongo a orar a Dios para que no me toque revisión, porque si no, me regreso con toda la comida”. Luego de 25 años a cargo de la fundación, Anita considera que desde la apertura de El Chaparral, los dos viajes diarios que realiza para conseguir frijol, arroz, aceite, huevos, pan o comida preparada como pizzas, sushi o pastelillos, se han vuelto un viacrucis. “Es muy triste ver que se desperdicia tanta comida cuando aquí hay mucha necesidad de alimentar, nosotros estamos dispuestos a pagar algún impuesto u obtener el trámite, pero necesitamos más información y disposición de las autoridades para entender nuestros casos”, finalizó Anita. Así las expectativas de los bajacalifornianos son ser escuchados, recibidos y atendidos por los representantes del gobierno federal en el Estado, el enlace a lograr con la sociedad civil es indispensable para medir el desempeño y las capacidades de los recién nombrados funcionarios.