La desbanda de empleados públicos en pos de candidaturas, o recientemente, de delegaciones federales, empezó más o menos en febrero de 2013, y continúan esta semana. Como diputados locales (1 de octubre de 2010), regidores o empleados de primer nivel en los ayuntamientos (30 de noviembre de 2010), o diputados federales (30 de agosto 2012), se comprometieron a ejercer su función pública durante tres años. Algunos apenas cumplieron cinco meses, quienes más, se mantuvieron en sus puestos por 29 meses. Entonces mintieron, está probado que son personas que no cumplen. Conforme se acercaba el inicio oficial del proceso electoral (1 de febrero de 2013), ese compromiso establecido previamente para representar y defender los intereses de los bajacalifornianos, se fue menguando ante la expectativa de un puesto con mayor poder o mejor sueldo. Así, los desertores -funcionarios públicos de elección popular- empezaron abandonar el barco de la voluntad comunitaria, manifiesta en el voto ciudadano durante las elecciones pasadas. Mientras algunos secretarios de Gobierno designados, quienes se habían declarado honrados con el nombramiento -por convenir a sus intereses-, también renunciaron a los empleos y funciones que habían prometido desempeñar, según ellos, celosamente. Por un lado, las diputadas locales Nancy Sánchez, Virginia Noriega y Lizbeth Mata, pidieron licencia. Querían ser candidatas a la Legislatura federal en 2012, dejar la XX Legislatura para siempre, pero sin éxito, y después hubo que admitirlas de regreso. Los que desatendieron sus responsabilidades, y esperan no volver porque aspiran a un mejor cargo, son: los diputados Elí Topete (PRI) y Francisco Sánchez Corona (PRD), quienes ya son precandidatos; lo mismo que los diputados federales Fernando Castro Trenti (PRI) y Benjamín Castillo. También, los regidores de Tijuana Miriam Ayón Castro, Franciscana Krauss Velarde, Rubén Salazar Limón, David Ruvalcaba Flores (todos del PRI); Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez (PES), Julio César Vázquez Castillo (PT); y los regidores de Tecate, Nereida Fuentes González (PRI) y Fausto Gallardo (PVEM). Lo mismo sucedió con Jorge Alberto Tsutsumi Valenzuela, Jorge Escobar y Rosa Aurora Martínez Herrera (delegados de Tijuana); Tobías Duarte Corral (secretario general del Ayuntamiento Mexicali), Víctor Fímbres (tesorero de Mexicali) y Marco Antonio Novelo Osuna (Secretaría de Desarrollo Social Municipal de Ensenada). Para ellos no está mal la idea propuesta por el Consejo de Organismos Empresariales (COE), y la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (CANACOPE) de Puebla; o Ciudadanos por Coahuila y Alianza Cívica, quienes rumbo a las elecciones 2013, están exhortando a la ciudadanía a “no votar por chapulines”, tal como en 2012 lo hicieran 33 organizaciones ciudadanas de Nuevo León. El planteamiento es simple. Prometieron, deshonraron su compromiso, dejaron sus obligaciones y entidades de gobierno a la deriva. No se puede confiar en ellos, así que hay que repudiarlos con un voto de castigo. A lo anterior, habría que sumar el comportamiento glotón y voraz de estos hombres y mujeres que, estando favorecidos por el poder, aprovecharon su posesión para ser nuevamente beneficiados, quitando la oportunidad a los otros miembros de su partido, como si fueran los únicos capaces. Sin embargo, estos “candidatos chapulines” tienen una visión distinta: – Por un lado, replican que sus aspiraciones inmorales, son legales, lo cual se hizo verdad en Baja California, solo después que el PRI de Jorge Hank, vía sentencia del Tribunal Federal Electoral, decidió pisotear la voluntad ciudadana que en 2002 había logrado la promulgación de una Ley Antichapulín, finalmente derogada en octubre de 2011. – Como segundo argumento, llaman “espíritu de servicio” a su necesidad de conservar un estatus político y satisfacer intereses personales. Pero valdría instruir a los señores y señoras de la política bajacaliforniana que, para dar legitimidad a su testimonio, el espíritu de servicio del que hablan, debería excluir el ánimo de lucro -ser gratuito-, y con acciones que van más lejos de las responsabilidades normales, aquellas por las que se recibe un sueldo. Se trata de obras útiles, buenas, valiosas para la humanidad, para satisfacer las necesidades de otras personas -desarrollo, libertad, justicia, dignidad, derecho a la vida, salud, educación, preservación de los bienes públicos y privados-, y de no ser consecuente con el sistema de vida que sojuzga a los desvalidos. Dicho lo anterior, vale que el electorado se pregunte si alguno de estos “chapulines” bajacalifornianos, ha dado muestras reales de ese espíritu de servicio. Todavía más: ¿De qué manera Usted o la sociedad en que vive, ha sido favorecida por las acciones de los políticos antes mencionados? Por lo pronto, el desplumado municipio de Tijuana se encuentra convertido en el mayor ejemplo de desinterés social partidista y oportunismo político, porque tras el hueso político, se fueron el secretario de Finanzas, Rufo Ibarra, seis de los 15 regidores, y tres de los nueve delegados municipales. También renunció para irse a la campaña el coordinador de Gabinete, Antonio Cano, y para encabezar una delegación designada por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, el secretario general Alcides Beltrones, y la diputada por Tijuana Rosana Soto, al Programa Oportunidades. ¿Así o más desvalijados? Y en sus lugares, en el Ayuntamiento con más responsabilidades en el estado, puro funcionario suplente, empleados de poca trayectoria que nunca antes se habían visto en los primeros niveles. Esta situación deja claro que la postura “no votar por los chapulines”, planteada por el hartazgo de los coahuilenses y poblanos, no está errada.
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