Delincuencia zonificada

Más allá de la inconformidad pública manifiesta por los alcaldes de Mexicali, Francisco Pérez-Tejada y de Rosarito, Javier Robles, la primera semana de abril, cuando el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel de la Rosa, informó del incremento en la incidencia delictiva, aunque las autoridades municipales manejen cifras distintas, los números oficiales en base a denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, hablan de inseguridad. Conforme a estas estadísticas, en Baja California se cometen más de 8 mil 500 delitos al mes, más de 5 mil 100 robos son denunciados cada 30 días, un promedio de 690 personas son lesionadas, 60 asesinadas, 45 violadas y 28 extorsionadas al mes; y aunque Tijuana concentra las extorsiones y homicidios, Mexicali, con menos población, lleva la delantera en cuanto a robos, y el pequeño municipio de Rosarito, no se sustrae de la violencia con 240 delitos al mes.  Sin embargo, las diferencias entre las estadísticas entre Estado y Municipio exponen una evidente descoordinación, aunada a funcionarios superficiales inmersos en la jornada electoral que, en mal momento, politizan la inseguridad. Pero tan existe el problema de inseguridad, que el Gobierno Federal del Presidente Enrique Peña Nieto, caracterizado por restar importancia al tema en el discurso, decidió incluir a Tijuana y Mexicali en su Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONMADEP). Sin embargo, en este punto también se refleja otro síntoma de la falta de coordinación, porque las colonias y polígonos que la Federación proponen favorecer con 98 millones de pesos, no son los que requieren mayor atención, según las autoridades locales. Sin embargo, el Gobierno de la República ha mostrado mayor disposición que las administraciones municipales, ya que en la reunión que sostuvieron el 9 de abril con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, el funcionario aceptó los cambios en la inversión propuestos por los secretarios de Seguridad de Tijuana y Mexicali. En lugar de usar el recurso para atender  varias colonias, aplicarán 98 millones de pesos en trabajar en el combate a los problemas generados por el fenómeno migratorio. Campa les respondió que no pretenden imponerse como especialistas de seguridad, y saben que las autoridades locales saben más del problema que enfrentan y cómo atenderlo, solo les pidieron que cada peso que se gaste, tenga un impacto directo, “resolver el problema de alguien o generarle oportunidades”. Respecto a la primera propuesta de zonas de inseguridad hecha por la Federación, tanto Alberto Capella, secretario de Seguridad en Tijuana, y Marco Antonio Carrillo Maza, su homólogo en Mexicali, manifestaron que efectivamente son parte de las áreas inseguras, pero no son las que requieren mayor atención, por lo que se pueden atender con recursos “normales”. En este marco de coparticipación, el plan de combate a la inseguridad por parte de la Federación ya empieza a tener cambios.   Números y zonas Localmente, como parte de sus tareas de logística y planeación estratégica, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene identificadas las diez colonias más violentas de cada uno de los cinco municipios, así como la comisión de delitos por zona geográfica. Durante el primer trimestre de 2013, en Baja California, los delitos a la alza son: homicidio, robo a casa habitación a comercio, lesiones, abuso de confianza, violaciones y extorsiones. “En cuanto a la cantidad de víctimas, sí traemos más que el año pasado. Este año son 76 en el corte al 21 de marzo”, mencionó el titular de la SSPE, Daniel de la Rosa, en referencia a homicidios. En Tijuana, la zona más conflictiva registra 147 delitos al mes, y la menos grave, 43. Las colonias de alto riesgo son: Zona Centro, Río Tijuana, Camino Verde,  Anexa Loma Dorada, Libertad, Zona Norte, El Pípila, 10 de Mayo y Mariano Matamoros Norte y Mariano Matamoros Centro. Conforme a la Federación, los polígonos de mayor inseguridad en esta frontera son cuatro: uno es todo Camino Verde; el segundo abarca El Pípila, Héroes de la Independencia y la colonia Tierra y Libertad; el tercero son Las Torres, 10 de Mayo, Insurgentes y Granjas Familiares; el cuarto, Terrazas del Valle y La Morita. Respecto a Mexicali, la SSPE determinó que la colonia más conflictiva es el Centro Cívico, donde registra un promedio de 60 delitos al mes, y la menos, Valle de Pedregal, con 33 delitos mensuales. Como zonas de alto riesgo delictivo también se consideran: González Ortega, Independencia, Fraccionamiento Valle de Puebla, Hidalgo, Colonia Nueva, Primera Sección y Ciudad Guadalupe.   Los cuatro polígonos de inseguridad marcados por el Gobierno Federal para la capital del país son: uno, Fundadores, Mezquita, Hacienda Los Portales, Voluntad y Los Girasoles; dos, Santa Isabel, San Clemente, El Refugio, Santo Niño, La Luna y Los Milagros; tercero, Flores Magón, Armando Gutiérrez, Valle del Álamo, Imperial; y el cuarto, Valle de Puebla. Al igual que el número de habitantes en el municipio, la incidencia delictiva empieza a bajar en Ensenada. En Maneadero, que es el área más violenta, se denuncia un promedio de 90 delitos al mes, y en la colonia Vicente Guerrero, donde hay menos violencia, 40 delitos mensuales. En un rango intermedio de violencia están: Zona Centro, San Quintín, Popular 89, Valle Dorado, Único, Lomitas y ex Ejido Chapultepec. En Rosarito, la insegura colonia Constitución alcanza los 30 delitos al mes, mientras en la colonia Morelos, apenas llegan a cuatro delitos cada 30 días. Como colonias inseguras registran: Lucio Blanco, Zona Centro, Ampliación Constitución, Montecarlo, Villa Turística, Ampliación Plan Libertador, Colina del Sol, Ejido Primo Tapia parte alta y Mazatlán.  En Tecate, los focos rojos están puestos en las colonias Primera Sección, El Descanso, El Hongo, Lomas de Santa Anita, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Emiliano Zapata, La Rumorosa, Chávez y Colinas de Cuchumá, en ese orden.   De estrategia e inversión anticrimen En entrevista con Adela Navarro y René Blanco, codirectores de ZETA, así como la editora Rosario Mosso, el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, habló de recursos e inversiones. En total, más de mil millones de pesos para invertir en seguridad en Baja California. “Este año son 909 millones, la suma de los municipios, de los cinco, y de todo lo que es la Secretaría y la Procuraduría. De ese dinero, 430 millones de pesos son exclusivamente para los municipios, que se destina una parte al combate al crimen, otra al combate a corrupción, otra a los sistemas de información en materia de seguridad, y otra va para prevención de delitos. “Y  hay un recurso adicional que son estos 98 millones de pesos del PRONMADEP, un subsidio especial de prevención social, pero adicionalmente hay otro de lo de SUBSEMUN, que tienen que destinar para prevención; por ejemplo, en el caso de Tijuana son 118 millones de pesos, que es la misma cantidad del año pasado”, indicó el funcionario estatal. Desafortunadamente, esos recursos de prevención podrán seguirse invirtiendo solo en estudios, ya que “… tienes que cumplir con el diagnóstico de jóvenes, de mujeres, de grupos vulnerables, el modelo de atención. Estamos llenos de estudios, y una partecita es lo que nos dejan para recuperaciones de espacios públicos. Eso sirve mucho, porque hay que invertirlo en colonias, parques”, explicó De la Rosa. En cuanto a los 460 millones del presupuesto para seguridad, que no recibirán directamente los municipios, ahondó: “Se los damos a los municipios en formación policial, a veces los dejamos en patrullas en algunos municipios, el tema de control, patrullas, exámenes de control de confianza, sistemas de información, de seguridad, conexiones, telecomunicaciones; los enlaces anuales son pagados por el Estado, pero esos son diversos apoyos que se vienen directamente al municipio. La Secretaría de Seguridad del Estado estaría ejerciendo alrededor de 330 millones, y la Procuraduría del Estado 70 millones de pesos, y el sistema penitenciario, 130 millones de pesos”. De los proyectos de seguridad que el Estado dejará pendientes por falta de presupuesto, el secretario de seguridad detalló que serán la comandancia que debería ubicarse en las instalaciones del C2 (Centro de Control y Confianza), que se está construyendo en la Zona Este de Tijuana. “Como autoridad necesitamos aposentarnos en esa zona, que es problemática”, argumentó De la Rosa. En Mexicali se quedan truncados lo proyectos de la Comandancia de la Policía Estatal, instalaciones de la Academia Estatal, un laboratorio de genética que costaría 100 millones de pesos, “y en telecomunicaciones, el tema de cómo tener mayor cobertura, hay regiones al sur de Ensenada donde seguimos con los radios análogos, y es un área con alta incidencia delictiva y escaso personal”. En cuanto a los programas que sí concluirá el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, el titular de la SSPE refirió que dejarán todos los proyectos ejecutivos de las obras que necesita el sistema penitenciario, un sistema de inteligencia consolidado, un Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) totalmente equipado, que da servicio y contribuye a la coordinación de todas las entidades de gobierno; el Centro Estatal de Inteligencia que se ubicó en Mexicali por seguridad, pero monitorea todo Baja California y está concluyendo su equipamiento; así como ampliaciones a los Centros de Readaptación Social de la entidad federativa.   Recursos federales para prevención En cuanto a lo 98 millones de pesos que la Federación entregará al Estado como parte del PRONMADEP, los cuales según el plan original del Presidente Enrique Peña Nieto, debían invertirse en diez colonias de alto riesgo delictivo en Tijuana y 16 colonias inseguras en Mexicali -zonas delimitadas por el Gobierno Federal- hubo cambios. Los 98 millones de pesos serán entregados para ser administrados por los estados y ejecutados por los ayuntamientos, conforme al plan, 58 millones 715 mil 355 pesos corresponderán a Tijuana, y 40 millones 365 mil 510 pesos a Mexicali. El 70 por ciento de los recursos deberán llegar a Baja California a más tardar el 15 de mayo, y el 30% restante se recibirá el 1 de septiembre, siempre y cuando hayan logrado el 30% de las metas y comprometido el 50% de los recursos recibidos en la primera ministración. De entrada, Tijuana y Mexicali cambiaron el proyecto de inversión, situación que la Federación aceptó. Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, presentó ante la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación,  sus argumentos para reorientar la inversión: “Con los cuatro polígonos propuestos originalmente, estábamos de acuerdo en dos zonas, pero solo beneficiaban a 24 mil personas en unos, y 25 mil personas en otro, apenas el 0.00 y algo de toda la población, así que platicamos en México y propusimos aplicar los esfuerzos en los temas que están afectando al global de la sociedad, que son los migrantes, y tiene aristas sociales y de salud”. Los dados de la SSPM indican que Tijuana recibe aproximadamente 200 migrantes diarios, mil 400 a la semana; al mes, unos 260 de los deportados, entre el 20 y 30% con antecedentes penales, son ex convictos de Estados Unidos. Solo el 10 de abril de 2013, por Tijuana deportaron a 200 ex convictos, era un camión con pandilleros procedentes de Seattle, Washington, y San Francisco, California. Otros datos son que el 68% de los delitos de la Zona Centro son cometidos por migrantes; el 35% de los policías operativos en esa área, atendían los crímenes generados por los repatriados, lo mismo que el 20% del trabajo de grupos especiales para atender este problema. “Amén de que el año pasado, cinco migrantes violaron a cinco menores de edad en Tijuana, pero no se trata de estigmatizar, sino apoyarlos para regresar a sus estado de origen, porque aquí no nos damos abasto”, resaltó el funcionario. Entonces sugirieron aplicar todos los recursos para la atención de un solo polígono que abarque desde la Zona Norte, hasta donde concluye la canalización del Río Tijuana, una zona afectada de alta incidencia delictiva, relacionada con deportados, consumo y venta de droga. “Y un proyecto que ayudaría a todos los grupos vulnerables, porque entre los migrantes hay hombres mujeres, niños, jóvenes”, citó Capella. El planteamiento es poner a funcionar un Centro Comunitario de Atención a la Problemática de Migrantes, con dirección en la Zona Norte, “donde podamos evaluar las condiciones particulares y establecer una política de acercarlos a su lugar de origen, pero de una forma más ordenada de la actual”. La atención dada por el centro sería integral: – Una caseta a la entrada de las garitas. “Con un convenio que le estamos pidiendo al Gobierno Federal, para que de ahí los puedas canalizar y mandar a donde se alojen por una semana, y les vas creando oportunidades”, explicó Alberto Capella. “La primera, regresar a su tierra con su familia”. – Prevención de adicciones. “Traernos la Dirección de Prevención de Adicciones”. – Salud. – Gestión y atención personal. “Computadoras y teléfonos para que se comuniquen con su familia, boletos para repatriarlos. Hay gente que tiene diez nombres, facilitar cuestiones de carácter legal o administrativa para la gente. Que las empresas de Tijuana les den una oportunidad, aunque es difícil  por la inestabilidad que representan como obreros, pero algo se puede hacer. – Sofisticar la información de cada uno. Se calcula que entre el 5 y el 10% de los deportados, son centroamericanos. Por su parte, el director de Seguridad Pública de Mexicali, Marco Antonio Carrillo Maza, cambió los planes, y expuso que la atención durante los primeros meses, también será al problema de la migración,  sobre todo en el centro de la ciudad. Agregó que tanto Mexicali como Tijuana, harán una contrapropuesta similar para priorizar en el tema migratorio, “sobre todo porque en 2011 se deportaron por aquí 69 mil personas, y en 2012, cerca de 63 mil. Es un tema que afecta no solo a la inseguridad, sino al tema social. “Estaríamos hablando de recuperación de los parques, de una atención, ver la parte de los regresos a sus lugares de origen, y sobre todo, la vinculación con aquellas colonias donde estamos viendo que los migrantes tienen alguna mayor actividad”, anotó Carrillo Maza. Asimismo, mencionó diez puntos obligatorios a considerar, entre éstos, la realización de diagnósticos participativos, capacitación y formación de equipos técnicos, formación de redes comunitarias, un centro de mediación comunitaria, un centro comunitario, contar con espacios deportivos y culturales; además de realizar actividades semanas a través de las acciones comunitarias. También, el tener un proyecto de movilidad segura que incluya al transporte público, y un programa dirigido a la comunidad infantil. En cuanto a los albergues de migrantes ya instalados y los grupos que han estado trabajando en el tema, el titular de la DSPM dijo que se buscaría involucrarlos en estos programas. “Estas organizaciones son importantes en este mismo planteamiento, habría que ver la infraestructura que tenemos, y en ese sentido, creo que Mexicali tiene una ventaja sobre Tijuana”, afirmó Carrillo Maza. En cuanto a los tiempos, la fecha tope para establecer el convenio firmado es el 30 de abril, en caso contrario, no podrían ejercer esos 40 millones de pesos, calculando que para el mes de octubre, todas las acciones deberán estar finiquitadas. “Lo importante es la educación, la generación de empleos, el fomento a la cultura, el deporte, la salud. Al momento que a nivel nacional están viendo estas causales, atacando las causas más que el efecto, creo que es muy benéfico para la sociedad”, concluyó el funcionario, calculando que los resultados de estos programas podrían empezar a notarse en tres o cuatro meses. Las contrapropuestas de los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali deberán ser presentadas en México a más tardar en dos semanas, ya que el 30 de abril vence el plazo para entregar el anexo técnico. Una vez firmados y aprobados, el cambio se hará efectivo para que empiecen a recibir el dinero en mayo. Entre abril y mayo deberán encontrar las instalaciones y asignar el personal que operará estos proyectos. En tanto, el dinero para cubrir estos dos aspectos deberá salir de las arcas municipales, ya que el recurso federal no podrá usarse para pago de rentas ni sueldos. (Con información de Sergio Haro) Michoacán: Tibio discurso oficial vs cruenta realidad Como un espejo que proyecta y sintetiza a México, dos hechos opuestos sucedieron el 10 de abril en materia de inseguridad. Por una parte, la tibieza del gobierno de Enrique Peña Nieto, por otra, la sangrienta realidad que ahora se traslada al sur del país, particularmente a Michoacán, donde el gobierno de aquel estado reportó que por lo menos 17 personas fueron ejecutadas en la zona conocida como Tierra Caliente, resultado de balaceras entre grupos criminales y fuerzas policiacas. Apenas el 15 de marzo, Dionisio Loya Plancarte, alias “El Tío”, del Cártel de Los Caballeros Templarios, fue abatido por elementos del Ejército. Pero mientras sucedía el tiradero de muertos, a la administración de Peña Nieto le molestaba que atribuyeran los cadáveres a su sexenio. “No son muertos que le correspondan a una persona, son sucesos que se han venido dando en la administración que encuentra un país violento, un país con dificultades en materia de seguridad, y que entonces implementa estrategias para que pueda bajar estas incidencias, estos porcentajes”, rezongaba a un reportero el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En ausencia del mandatario en el país, 10 de abril era el día en que el secretario de Gobernación hacía su presentación triunfalista, muy al estilo del ex gobierno de Felipe Calderón, que a cada rato presumía la famosa frase “Vamos Ganando”.  Osorio Chong dio cuenta de 4 mil 249 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en el primer cuatrimestre de administración. El titular de la Secretaría de Gobernación, no se cansó de presumir supuestas estadísticas “descendentes”, pero misteriosamente, se le olvidó comparar los primeros cuatro meses de gobierno de Enrique Peña Nieto con el primer cuatrimestre de Felipe Calderón: 2 mil 539 homicidios dolosos registrados por el Sistema Nacional de Información en los primeros cuatro meses de gobierno calderonista, por 4 mil 544 en el mismo periodo, pero en la administración priista; es decir, casi el doble, según la propia información oficial. El lamentable tono triunfalista es el denominador común en los primeros cuatro meses del gobierno de Peña Nieto: “Es necesario destacar que los homicidios dolosos relacionados a delitos federales registrados en febrero, representan el número más bajo reportado en los últimos 40 meses”, había conjeturado el Gobierno Federal el 8 de febrero de 2013. Cuando sucedía el tiradero de muertos en el país y mientras Osorio Chong hacía declaraciones victoriosas, ese mismo día, 10 de abril, en el programa “Tercer Grado”, Leopoldo Gómez adulaba los primeros días de administración peñista con la frase repetida hasta el cansancio: “Es un gobierno que inicia exitosamente”, postura muy acorde con el tono “ganador” del Gobierno Federal. “El JT” en Mexicali; será juzgado en Sinaloa Luego de cumplir una sentencia de casi ocho años, Javier Félix Torres, de 53 años,  fue deportado a México por la Garita Calexico-Mexicali, luego de estar recluido en una prisión de mediana seguridad en Beckley, Estados Unidos. La fecha de su liberación estaba pactada para el lunes 8 de abril, pero no fue hasta las primeras horas del martes 9, que “El JT” fue entregado en México, en la Garita Centro de Mexicali. A las ocho de la mañana del jueves, Torres fue recibido por personal de Interpol México, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, “en cumplimentación de un mandamiento judicial en el Estado de Sinaloa”. Las autoridades fueron informadas que el traslado sería “a la ciudad de Culiacán, para ponerlo a disposición del Juzgado que lo requiere en dicha entidad”. En primera instancia, Javier Félix Torres fue llevado a las instalaciones de la PEP en el Centro Cívico de Mexicali, donde fue certificado y estuvo resguardado por aproximadamente una hora. Ante la peligrosidad del narcotraficante, en operativo conjunto PEP-SEDENA, Torres fue remitido hasta las instalaciones de la Segunda Región Militar de Mexicali, donde permanecía a la espera de que autoridades de Interpol intervinieran para llevarlo a las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México. Para evitar el posible rescate de este hombre, que fuera brazo derecho de Ismael “El Mayo” Zambada, cerraron la calle 11 de la capital bajacaliforniana. Félix Torres fue detenido en 2004 y extraditado a Estados Unidos en 2006, luego de pelear en los Juzgados por casi dos años, gracias a un amparo interpuesto para evitar ser procesado por autoridades norteamericanas. Fue hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la petición de extradición, que se pudo concluir el proceso. En el vecino país, al “JT” se le acusa de conspirar para la distribución, venta y preparación de cocaína, por lo que al cumplir su sentencia, fue nuevamente extraditado por la frontera bajacaliforniana. El martes 8 de abril de 2013,  al tener conocimiento sobre la liberación, autoridades de la PGJE de Sinaloa informaron que el narcotraficante aún tiene delitos pendientes en la entidad. Un expediente por el homicidio cometido en contra de un cabo de infantería en enero de 2004,  pocos días antes de su detención realizada por elementos de la Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército. La orden de aprehensión por homicidio doloso, otorgada por el Juez Séptimo del Ramo Penal en Sinaloa, se encuentra vigente, luego de que en marzo de 2013, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región en Zacatecas, negara al “JT” el amparo de la justicia federal. La carrera de Javier Félix Torres en el mundo del narcotráfico inició a principios de los 90s, cuando era uno de los operadores de Manuel Salcido “El Cochiloco”. A la muerte de éste, “El JT” escaló varios rangos en el organigrama criminal del Cártel de Sinaloa. En 1992, la DEA estadounidense lo identificó como uno de los brazos ejecutores a las órdenes de Ismael Zambada,  y pese a haber sido detenido en diversas ocasiones, lograba su libertad. Asimismo, se le identifica como uno de los principales combatientes del Cártel Arellano Félix, atribuyéndole cerca del 50 por ciento de las ejecuciones ocurridas entre los años 2000 y2004 en la zona Noroeste mexicana. Javier fue el hermano mayor de Manuel Torres Félix “El Ondeado” o “El M1”, sicario batido por las fuerzas del orden federal el 13 de octubre de 2012 en el poblado de Oso Viejo, en Culiacán, Sinaloa, quien llegó a ser uno de los principales operadores del trasiego de droga hacia California y Arizona en el Valle de Mexicali, a través de Luis Garibay Félix “El Güicho” actualmente libre. Javier Félix Torres también era tío de Arturo Salazar Aispuro “El Tury”, quien después de diversos enfrentamientos con Víctor Serrano Galván, logró quedarse con la plaza de Mexicali hasta el momento de su ejecución, ocurrida en los primeros días de enero de 2011 en un bar de nombre La Resaca, donde fue ejecutado con otros miembros del Cártel de Sinaloa.