Piratas en Ensenada

Saqueo de especies marinas Durante los últimos 5 años, marineros piratas de Baja California, Sinaloa y Sonora se han enriquecido impunemente con la captura de especies marinas protegidas. Ante la falta de vigilancia, esta actividad delictiva ha degenerado en constantes  enfrentamientos a balazos y persecuciones en el Océano Pacífico, entre pescadores autorizados y delincuentes.   Testimonios de residentes y pescadores de la región sur del municipio advierten que actualmente se está registrando un extraordinario saqueo a la vista de autoridades, sin que éstas cumplan con su obligación de evitar el delito. Miles de toneladas de langosta, almeja generosa, erizo rojo y abulón extraídos de manera ilegal, generan escasez de especies, lo cual ya ha sido denunciado por los cooperativistas. Del beneficio de esta actividad delictiva, habló un buzo de la zona de Colonet: “En el mercado ilegal, la almeja generosa, que es una de las más explotadas, se vende a 30 dólares el kilogramo (de una sola almeja se obtienen aproximadamente 800 gramos)”. Explicó que una sola embarcación pirata puede capturar de 180 a 240 kilogramos de almeja generosa, y hay más de un centenar de pangas irregulares operando en el corredor náutico de Colonet a San Quintín. Esto significa que en un solo día, los piratas de una embarcación (que generalmente son tres) pueden obtener hasta 7 mil 200 dólares (91 mil 440 pesos con la cotización actual). Algunos manejan turnos con sus buzos y hacen dos equipos, unos con horario diurno y otros con horario nocturno, lo que les da 24 horas de actividad  y el doble de ganancia. Con las jugosas recompensas, es común el involucramiento de buzos improvisados que han resultado en muertes por descompresión, conocidas entre las comunidades pesqueras y que la propia autoridad estatal reconoce. Según personal de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Baja California (SEPSCA), en ocasiones los buzos ilegales salen tan rápido del agua ante el arribo de inspectores, que su cuerpo se descompresiona, poniendo en riesgo su vida. “Esta temporada hubo cuatro muertos y la antepasada hubo nueve”, refirió el buzo que opera en Colonet. En testimonios recabados por ZETA, acusan que gente de Sonora y Sinaloa se traslada a las costas de Baja California para ejercer la piratería, “aquí sí es negocio (con los 30 dólares el kilo de almeja generosa), en Puerto Peñasco no, te pagan a un dólar el kilogramo de almeja generosa, el negocio está controlado por la mafia liderada por Gustavo Inzunza ‘El Macho Prieto’, es el comprador en esa zona. Llegan y te dice, ‘te doy un dólar por kilo… y si quieres’”, denunció uno de los entrevistados. Conflictos entre pescadores La pugna entre pescadores por hacerse de nuevos espacios y la escasa vigilancia en los polígonos ya concesionados en la extensa costa bajacaliforniana, ha generado conflictos entre pescadores, quienes se tornan cada vez más violentos. Autoridades estatales cuentan con registros de estos enfrentamientos, y en reuniones con autoridades federales, el propio Gobierno del Estado ha externado la problemática. Sus registros refieren que a finales de 2012, problemas con la pesquería de langosta llevó al más reciente suceso violento entre grupos antagónicos en la zona de Valle Tranquilo, al Norte de El Rosario. El 17 de septiembre de 2012, gente de Diego Antonio Jiménez Aguilar, actual representante de Pescadores El Chute, S.P.R. de R.L. e integrantes de Grupo Jáuregui Hernández, S.P.R. de R.L., se liaron a golpes por controlar un polígono de extracción. El resultado: varios lesionados, automóviles quemados, golpeados y pangas destruidas. Los testigos del violento zafarrancho fueron  elementos del 67 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en San Quintín; inspectores de SEPESCA, policías municipales, personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y funcionarios de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Baja California. En reuniones entre dependencias gubernamentales del sector pesca, realizadas a finales de 2012, se evidenció y denunció que durante  2009, Diego Antonio Jiménez promovió y financió activamente la pesca furtiva y las agresiones entre grupos en San Quintín, El Pabellón, Valle Tranquilo, El Rosario y Puerto San Carlos. De igual forma, se recordó que los problemas entre representantes de El Chute y de Jáuregui Hernández han sido constantes desde 2008. Aunque a finales de 2009 ambos firmaron un convenio para desembarcar en zonas distintas, al 30 de enero de 2013, los enfrentamientos empeoraron. Ambos grupos han protagonizado persecuciones y peleas con pistolas en mano en pleno Océano Pacífico, a bordo de pangas y con integrantes de ambos bandos, según declaraciones de los cooperativistas de Jáuregui. Las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR) suman cerca de 30. Los cooperativistas se quejan de que ninguna ha sido resuelta. Ejemplificaron con una denuncia de un robo a principios de 2012, de un motor de 75 caballos de fuerza de una de sus pangas, que además terminó como coladera, tras haber sido rociada con 27 disparos, sin que haya habido responsables. Entre los registros de las autoridades pesqueras, destaca que en febrero del año pasado, en acciones de inspección y vigilancia entre el Ejército, CONAPESCA y SEPESCA, se confiscó un vehículo con más de 750 kilos de langosta roja, presuntamente propiedad de Jiménez Aguilar, por lo que se consignó al chofer y producto ante la PGR. Han transcurrido casi doce meses de esa acta administrativa levantada por CONAPESCA y enviada a su departamento jurídico para aplicar la sanción al responsable, pero no ha causado efecto. Otra denuncia es contra Diego Jiménez Aguilar, Antonio Jiménez Arellano y José Luis Jiménez Arellano, padre y tío respectivamente. Las autoridades pesqueras reconocen que existen más de once quejas presentadas ante la Agencia del Ministerio Público por diversos delitos, también sin resultados judiciales. Los problemas de Jiménez se registran con Grupo Jáuregui en Valle Tranquilo; la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ensenada, S.C.L. y el grupo de pescadores de Daniel León en la zona de Punta Canoas. Sin datos de contacto entre los registros y anuarios de pesca, Diego Jiménez no ha podido ser localizado por ZETA para conocer su versión. En Puerto San Carlos la historia es similar, enfrentamientos entre grupos por el acceso al recurso han sido registrados por las autoridades, con antecedentes desde hace cuatro años. SEPESCA refiere que desde 2009, los grupos Kachigi, S.P.R. de R.L. y Asociación Pesquera Mortera de Leyva, S.P.R. de R.L., no permiten utilizar el Varadero Puerto San Carlos a la Sociedad Cooperativa Pesquera Ensenada, S.C.L. y a Unión de Pesca Deportiva y Servicios Turísticos Los Volcanes, S.C., derivando en conflictos y agresiones. A pesar de que en 2012, el Gobierno Federal -a través de CONAPESCA- asignó  4 millones 795 mil 490 pesos, distribuidos a once organizaciones pesqueras para inspección y vigilancia, los problemas persisten. Trampas e ilegalidades Entrevistados por ZETA, especialistas en embarcaciones ligeras y motores fuera de borda en Ensenada explicaron que los grupos de pescadores legales e ilegales (que en ocasiones son los mismos) utilizan tapaderas de motores permitidos para ocultar motores más potentes. Colocan una cubierta de un motor de 115 caballos de fuerza, que es el máximo legal, encima de un motor de 200; y si un inspector de pesca no conoce de motores, simplemente se va con la finta. Otras de las adaptaciones que hacen, es la ampliación de la capacidad de la lancha, construyendo de manera escalonada paredes más altas, lo que les permite llevar más peso al desplazar mayor cantidad de agua. A estas lanchas modificadas se les apoda “moteras”, generalmente construidas en Sinaloa y en muchos casos, utilizadas para el movimiento de droga, al adaptarles motores adicionales con tanta potencia, que incluso pueden eludir algunas patrullas interceptoras de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR). “¡Hay lanchas que se han confiscado con hasta con cuatro motores!”, exclamó Carlos Aceves, director de Pesca de la SEPESCA, en relación al tema de embarcaciones irregulares. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Baja California, de 2009 a octubre 2012, el peso del producto marino sustraído ilegalmente y decomisado por autoridades de los tres órdenes de gobierno en Ensenada, ascendió a 412 mil 225 kilos. En el mismo período se levantaron 531 actas y se retuvieron 97 embarcaciones, 89 motores fuera de borda, 935 artes de pesca y 114 vehículos. Un total de 36 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, se hicieron 3 mil 757 recorridos terrestres, 3 mil 484 recorridos marítimos y 700 verificaciones; además de que se establecieron 31 convenios con productores. La lista de delitos y problemas a combatir por los once inspectores asignados a la zona es larga: corrupción; permisionarios que se convierten en “factureros” de productos derivados de la pesca furtiva; compra, venta y consumo de productos pesqueros en veda; comercios y organizaciones que compran productos derivados de la pesca furtiva; alta rentabilidad de productos en veda; poca o nula cultura de sustentabilidad; poca o nula práctica de auditorías; instancias policíacas que brindan poco apoyo; denuncias congeladas y deficiencia en la actuación de las diferentes autoridades. Pescadores y buzos que operan en la ilegalidad aseguran que militares, policías federales y municipales, inspectores de CONAPESCA y de la SEPESCA, están involucrados. “Van por su parte, ahí ves a inspectores y policías pisteando juntos, en reuniones con los mismos pescadores piratas, todos se conocen”, comentó un buzo. Los decomisos Apenas a las 21:15 horas del jueves 24 de enero, autoridades federales decomisaron 1.7 toneladas de erizo rojo, del cual el 80 por ciento era talla menor a la permitida. En dicho operativo la Policía Municipal había detenido para revisión a Ismael Alonso Villavicencio Sánchez, de 41 años de edad, quien conducía un vehículo Ford color gris tipo panel, modelo 1999, placas BP-13825, encontrando la carga ilegal mientras se trasladaba por las calles del poblado de Maneadero. La venta del buche o vejiga de la totoaba es uno de los negocios más lucrativos para los piratas. De mil 500 a 2 mil dólares por una sola pieza que se vende particularmente a clientes asiáticos, de acuerdo a los entrevistados. San Felipe, Puertecitos y San Luis Río Colorado son puntos de venta. Si bien autoridades reconocen que existe este mercado ilegal, no tienen la menor idea de cuál es la población estimada de totoabas en el Golfo y, por ende, el grado de afectación de la pesca pirata. Los últimos registros datan de mediados de la década de 1970, cuando se decretó la veda permanente de totoabas, información que se suscribe exclusivamente a datos de captura; 50 toneladas fueron capturadas en todo 1974, mientras que anteriormente se capturaban hasta 2 mil toneladas anuales. Apenas el 3 de febrero, autoridades federales de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) anunciaron haber montado un operativo sorpresa el fin de semana anterior en las inmediaciones del Golfo de Santa Clara en el Alto Golfo de California, en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR). El resultado, una persona detenida y el aseguramiento de diez ejemplares de totoaba, con un peso total de 416 kilogramos; una red agallera de 100 metros de longitud y una embarcación menor con motor fuera de borda. La persona y lo decomisado se remitieron a la Agencia del Ministerio Público Federal en San Luis Río Colorado. Este decomiso prueba que las denuncias de residentes de las zonas pesqueras y de los propios investigadores de Universidad Autónoma de Baja California (UABC), son reales. Un aproximado de 108 varaderos pesqueros están registrados de manera formal en SEPESCA, cada sitio con necesidades distintas. Algunos de estos puntos son: El Barril, Bahía Calamajué, Bahía Guadalupe, Punta Final, San Luis Gonzaga, San Felipe, Puertecitos, Morro Santo Domingo, El Tomatal, Punta Cono, Punta Diablo, Punta Blanca; Faro San José, Santa Catarina, Punta Canoas, Puerto San Carlos, Agua Blanca, Punta San Antonio, Punta Baja, El Rosario, Valle Tranquilo, El Socorro, Santa María, Punta Azufre; Molino Viejo, Camalú, Jaramillo, Eréndira, Santo Tomás, Arbolitos, Ensenada y Puerto Nuevo, por citar algunos. Aun con millonarios apoyos gestionados por CONAPESCA, SEPESCA y otras instancias, la modernización de los varaderos, el apoyo y vigilancia es a cuentagotas. Tan lento que los cooperativistas se preocupan de que cuando se termine de regular y vigilar adecuadamente, el recurso simplemente ya no exista. Recursos asignados a inspección Asociación Monto de apoyo Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Baja California, F.C.L.   1,305,360.00 Litoral de Baja California, S.P.R. de R.L. 475,475.00 Asociación Pesquera REGASA No.2, S.P.R. de R.L. 278,460.00 Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Demetrio Soberanes Castro”, S.C.L. 475,475.00 Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ensenada, S.C.L. 475,475.00 Integradora ZEN, S.A. de C.V. 601,825.00 Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Rafael Ortega Cruz”, S.C.L. 278,460.00 Minerva Pérez Castro 278,460.00 Buzos de Bahía, S.P.R. de R.L. 245,700.00 S.P.R. Punta Canoas, S. de R.L. de C.V. 190,400.00 Sur-Pacific, S.P.R. de R.L. 190,400.00 Total 4,795,490.00