Millonario manoteo de alcaldes

Reprobadas las cuentas públicas de Agúndez Montaño, Ponce Beltrán, Pérez Sánchez, Avilés Pérez y Santillán Meza Las cuentas públicas de los alcaldes José Antonio Agúndez Montaño, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Venustiano Pérez Sánchez, Jorge Alberto Avilés Pérez y Guillermo Santillán Meza, no fueron aprobadas durante el mes de diciembre de 2012 por la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior de la XIII Legislatura del Estado de Baja California Sur. El cobro, uso y destino de cuando menos mil 853 millones 550 mil 999 pesos con 53 centavos del ejercicio fiscal 2011 tuvo tantas irregularidades, que dejó una serie de dudas y finalmente su validación fue rechazada. En la investigación contable elaborada por el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización, Julio César López Márquez, así como en los expedientes de ayuntamientos de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, se carece de una respuesta y aclaración sobre el destino de todo este dinero que representó el 25 por ciento del presupuesto ejercido ese año, del Gobierno del Estado. En base a la propia documentación en poder de ZETA, simplemente nadie supo siquiera explicar dónde quedó tanto dinero, o por lo menos por escrito, no se ha ofrecido una respuesta que establezca en qué se gastó o aplicó el dinero de la ciudadanía, a pesar de que el plazo máximo venció el 6, 13, 14, 17 y 18 de enero de 2013, para solventar o rendir un informe detallado de cada anomalía detectada. Hasta el cierre de edición, el gasto no comprobado en términos económicos representaba: – El 200% del presupuesto del Ayuntamiento de Los Cabos, o su equivalente al gasto de dos años de ejercicio fiscal. – 210% del presupuesto del Ayuntamiento de La Paz, o su equivalente al gasto de dos años y dos meses de ejercicio fiscal. – 600%  del presupuesto del Ayuntamiento de Comondú, o su equivalente al gasto de seis años de ejercicio fiscal. – 900% del presupuesto del Ayuntamiento de Los Cabos, o su equivalente al gasto de nueve años de ejercicio fiscal. – 100% del presupuesto del Ayuntamiento de Loreto, o su equivalente al gasto de 10 años de ejercicio fiscal. Con todo este dinero, los gobiernos municipales no estuvieran atravesando por una fuerte crisis financiera, pagarían a tiempo su nómina, invertirían en obra pública y hasta podrían pagar la liquidación del 20% de los trabajadores que estiman -la mayoría- meter en un programa de “Retiro Voluntario” para bajar el abultado costo de la nómina. En términos de obra pública, con esa cantidad monetaria se pudo haber reencarpetado las principales avenidas de La Paz, Los Cabos y Comondú, tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias de 2012,  sin necesidad de haber recurrido al préstamo de 500 millones de pesos. Asimismo, el monto representa el 150% del costo total del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de San José del Cabo, “Luis Bulnes Molleda”. Y más allá: es el 400% del total del costo que se invertirá en el Centro Internacional de Convenciones y  Exposiciones de La Paz. No obstante, según el dictamen de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización del Congreso local, “si de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de omisiones o conductas que produzcan daños o perjuicios en contra la de hacienda pública, el Órgano de Fiscalización Superior procederá de inmediato en contra de los presuntos responsables”, bajo los siguientes términos: 1. Establecer la presunción de irregularidades, así como señalamientos de presuntos responsables y la determinación de daños y perjuicios correspondientes; además de fijar directamente a los responsables el importe para resarcir el daño,  las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas. 2. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades. 3. Promover las acciones en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado. 4. Presentar las denuncias penales a que haya lugar. 5. Coadyuvar con el Agente del Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En este caso, el Agente del Ministerio Público recabará previamente la opinión del Órgano de Fiscalización Superior, respecto a las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la acción penal.  Sobre este caso, Sergio Barrón Pinto, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y secretario de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior de la XIII Legislatura, detalló que las irregularidades detectadas datan de los últimos cuatro meses de administración -enero, febrero, abril y marzo- de los ex alcaldes Mirna Xibillé de la Fuente, Rosa Delia Cota Montaño, Joel Villegas Ibarra, Yuan Yee Cunningham y José Manuel Murillo Peralta; así como de los primeros ocho meses -mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre- de los ediles José Antonio Agúndez Montaño, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Venustiano Pérez Sánchez, Jorge Alberto Avilés Pérez y Guillermo Santillán Meza. Desde su punto de vista, “no es que se hayan embolsado el dinero, sino que no entregaron comprobantes de gastos que desgraciadamente no están permitiendo saber qué sucedió con ese recurso público, sobre todo porque las operaciones no fueron apegadas a la normatividad que marca la nueva Ley General de Contabilidad; aunque es problema de cada quien, y obviamente, no meto las manos por nadie”. — ¿Qué va a pasar con los cinco alcaldes?, se le preguntó al legislador. “Bueno, después de que la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, rindió el informe del resultado de las cuentas públicas de 2011, el caso ya queda ahora en manos del Órgano de Fiscalización Superior, el cual tendrá que tomar decisiones sobre las anomalías detectadas”. El diputado del PAN opinó que los alcaldes tendrán que interponer las denuncias penales correspondientes de los últimos cuatro meses de administración de sus antecesores, “si es que no quieren convertirse en cómplices y cargar con el costal de los otros, ya que -según la propia Ley del Órgano de Fiscalización Superior- el ejercicio fiscal es por el 2011 en términos institucionales, y no puede fragmentarse en meses, o lo que el ejercicio fiscal dividido le haya correspondido a cada quien. Por el contrario, deben protegerse jurídicamente y dejar asentado el antecedente con una denuncia penal, y entonces revisar, ahora sí, lo que a sus cuentas compete”. — En otros términos, ¿el Congreso se está deslindando? ¿Es eso? “No, el Congreso no puede deslindarse de revisar y actuar en consecuencia por estas anomalías, porque nosotros vamos a estar muy pendientes de pedir o solicitar el estado que guardan las cosas ahora que regresemos de vacaciones e iniciemos el tercer periodo ordinario de sesiones”. Durante esta investigación, ZETA solicitó una entrevista con el Auditor Superior del Órgano Superior,  Julio César López Meza, pero declinó hablar del caso por supuesta secrecía que debe guardar de los casos, por lo que no se pudo saber cuándo iniciarán los procedimientos para el deslinde de responsabilidades en contra de los cinco alcaldes de Baja California Sur. Según el Artículo 39 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, esto puede ser a través del pago de la reparación del daño a la Hacienda pública, o bien, al interponer las denuncias penales correspondientes en contra de quien resulte responsable. Los cabos Sobre la revisión del ejercicio fiscal 2011, en base a documentos oficiales en poder de ZETA, en el caso de Los Cabos, el alcalde José Antonio Agúndez Montaño no tuvo manera de comprobar gastos por el orden de 673 millones 952 mil 856 pesos con 10 centavos. Según el expediente, el Órgano de Fiscalización Superior levantó una muestra del 80 por ciento de la cuenta pública y emitió 629 observaciones, de las cuales 543 son de auditoría financiera y 86 de auditoría de obra pública. De todo este universo, solo fueron solventadas 261 observaciones y quedaron sin respuesta 368, lo que representa el 59 por ciento de las observaciones fincadas que amparan la cantidad de 448 millones 664 mil 794 pesos con 29 centavos. La investigación contable abarca también al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS),  donde se emitieron 288 observaciones; 223 corresponden a auditoría financiera y 65 a auditoria de obra pública. De esa cifra, únicamente fueron solventadas 102 y no tuvieron contestación 186, lo que significa el 65% de observaciones fincadas que contemplan un monto que asciende a 245 millones 288 mil 031 pesos con 81 centavos. Las siguientes son las principales irregularidades detectadas en los rubros de ingresos, egresos, obra pública, recursos propios y el fondo para la infraestructura social municipal, conocido con las siglas de FISM, según el informe del Órgano de Fiscalización Superior: – El Ayuntamiento puso a la venta terrenos del Fondo Legal y se descubrió que no tiene registros contables personalizados, donde pueda llevarse un estricto control de nombres de contribuyentes, saldos pagados y pendientes de pagar. – El Ayuntamiento puso en venta terrenos de las llamadas “Áreas de Donación”, y se descubrió que carece de contratos de compraventa y de avalúos. Lo más grave es que no existe ningún documento de cómo y de qué manera se gastó el dinero recaudado por ese concepto. – El gobierno municipal vendió activo fijo y se detectó que no se registró la afectación contable en una póliza de diario; por lo tanto, no fue posible verificar quiénes y en cuánto se vendieron las unidades, y cuá­les causaron baja al patrimonio. – El Ayuntamiento hizo una serie de compras directas sin integrar a los expedientes las cotizaciones correspondientes, descubriendo así nombres de familiares y funcionarios que son proveedores directos del gobierno, donde la mayoría de las compras carecen del acta de autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. – En la revisión se descubrió el cobro doble de viáticos de la mayoría de los funcionarios en la salida a diversas comisiones fuera del municipio, porque a pesar de que ya se les había otorgado dinero para los gastos, presentaron facturas por concepto de alimentación y hospedaje. El dinero fue reembolsado nuevamente. En forma general y en cuanto a la auditoría, las más relevantes y prácticas son tipificadas como “muy recurrentes”, las cuales -según el dictamen del Órgano de Fiscalización Superior- fueron detectadas y fincadas mediante observaciones. La Paz En base a documentos oficiales, la alcaldesa priista Esthela de Jesús Ponce Beltrán no pudo comprobar gastos por el orden de los 703 millones 149 mil 047 pesos con 85 centavos. Según el expediente, el Órgano de Fiscalización Superior, levantó una muestra del 70% de la cuenta pública y emitió 378 observaciones; 315 son de auditoría financiera, y 63 de auditoría de obra pública. De todo este universo, no pudieron ser solventadas y quedaron sin respuesta 279, lo que representa el 74% de las observaciones fincadas que amparan la cantidad de 211 millones 169 mil 975 pesos con 63 centavos. La investigación contable abarca también el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA), donde se emitieron 281 observaciones; 278 de éstas corresponden a auditoría financiera, y 3 a auditoría de obra pública. De este número, solo fueron solventadas 55 y 226 no tuvieron contestación, lo que significa el 80% de las observaciones fincadas que contemplan un monto que asciende a 491 millones 979 mil 072 pesos con 22 centavos. Las siguientes son las principales irregularidades detectadas en los rubros de ingresos, egresos y obra pública, según el informe del Órgano de Fiscalización Superior: – El gobierno municipal adquirió bienes inmuebles sin registrarlos en cuentas de activos y sin anexar las boletas de resguardos por cada uno, como una vivienda en el residencial Puerta Azul de La Paz, la cual fue pagada en efectivo y sin cheque nominativo. – En la revisión se detectaron adjudicaciones directas para compras de productos y servicios, las cuales carecen de la documentación de procesos de adjudicación, contratos y pedidos; los cuales, dicho sea de paso, no cumplieron con el requisito de antigüedad para suministrar bienes y servicios, como establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado. – El Ayuntamiento destinó dinero por concepto de ayudas en especie o efectivo, y se descubrió que carece de solicitudes, identificaciones oficiales de los supuestos beneficiarios y la evidencia de la recepción de ayudas. – Los préstamos de dinero a funcionarios, terceras personas, proveedores y hasta instituciones gubernamentales, permanecen intactos; es decir, sin movimiento, y el recurso no se han recuperado. – Se detectaron compras altas a un solo proveedor, donde no existe documentación del procedimiento de contratación y el contrato. En general y en cuanto a la auditoría, lo anterior es considerado lo más relevante, prácticas tipificadas como “muy recurrentes”, las cuales, según el dictamen del Órgano de Fiscalización Superior, fueron detectadas y fincadas mediante observaciones. De ahí que se determinara que las máximas irregularidades, y por el monto estimado, se centraron en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, al representar el doble de las anomalías detectadas en el propio Ayuntamiento. Comondú De acuerdo a documentos oficiales en poder de ZETA, el alcalde del Partido Acción Nacional, Venustiano Pérez Sánchez, no pudo comprobar gastos por el orden de los 70 millones 805 mil 670 pesos con 31 centavos. Según el expediente, el Órgano de Fiscalización Superior levantó una muestra del 80% de la cuenta pública y emitió 138 observaciones, de las cuales 123 son de auditoría financiera y 15 de auditoria de obra pública. De ese universo, solo 44 pudieron ser solventadas y 94 no pudieron justificarse, lo que representa el 68% de las observaciones fincadas que amparan la cantidad de 58 millones 551 mil 243 pesos con 36 centavos. La investigación contable abarca también el SAPA, donde se emitieron 77 observaciones; todas corresponden a auditoría financiera. De esa cifra, solo fueron solventadas 16, mientras que 61 no tuvieron contestación, lo cual representa el 79% de las observaciones fincadas que contemplan un monto superior a 18 millones 254 mil 426 pesos con 95 centavos. A continuación, las principales irregularidades detectadas en los rubros de ingresos y egresos, según el informe del Órgano de Fiscalización Superior: – El Ayuntamiento vendió terrenos del Fondo Legal y no se anexó el acta de Cabildo donde se autorizó la venta y el contrato por cada uno de los bienes vendidos, así como el avalúo pericial del valor unitario de cada caso. – En el rubro de gastos por comprobar, no se anexó la documentación de autorización de la persona responsable, donde se describa el motivo, tipo y bien por adquirir por cuenta y orden de la entidad, así como la justificación de la operación. – En el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para Vivienda “Tu Casa”, se detectó una incorrecta aplicación de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, ya que el dinero se destinó a pagos de lista de raya. – El gobierno municipal adjudicó de manera directa obras públicas, sin presentar la acreditación del criterio que justifique la excepción a la licitación pública y donde se sustente el ejercicio de la opción seleccionada. – En la revisión se detectó que se acondicionaron las oficinas de la Dirección de Desarrollo Municipal, sin presentar las boletas de resguardo de los muebles de oficina y el equipo de cómputo adquiridos. En general, y en cuanto a la auditoría, lo anterior es considerado lo más relevante y prácticas tipificadas como “muy recurrentes”, las cuales -según el dictamen del Órgano de Fiscalización Superior- fueron detectadas y fincadas mediante observaciones. Loreto En base a documentos oficiales, el alcalde del PRI, Jorge Alberto Avilés Pérez, no pudo comprobar gastos por el orden de 226 millones 755 mil 898 pesos con 95 centavos. Según el expediente, el Órgano de Fiscalización Superior levantó una muestra del 80% de la cuenta pública y emitió 152 observaciones, de las cuales 146 son de auditoría financiera y 6 de auditoria de obra pública. De ese universo, solo 23 pudieron ser solventadas y 129 no pudieron justificarse, lo que representa el 85% de las observaciones fincadas que amparan la cantidad de 215 millones 147 mil 027 pesos con 13 centavos. La investigación contable abarca también el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Ahí se emitieron 93 observaciones, todas corresponden a auditoría financiera. De este número, solo fueron solventadas 2 y 91 no tuvieron contestación, que representa el 98% de las observaciones fincadas que contemplan un monto superior a 11 millones 608 mil 871 pesos con 82 centavos. Las siguientes son las principales irregularidades detectadas en los rubros de ingresos, egresos y obra pública, según el informe del Órgano de Fiscalización Superior: – Se detectó un grave error en el cobro de la tasa del Impuesto Predial a predios destinados al campo de golf en el área de Nopoló. – Se contabilizaron egresos relativos al Fondo de Infraestructura Social Municipal, con cargo a la cuenta de gastos indirectos, donde no se presentó ningún soporte documental. – El Ayuntamiento gastó dinero con cargo a la partida de obras del Ramo 33, las cuales no estaban contempladas dentro del programa autorizado por el Cabildo y el Consejo de Planeación Municipal, conocido como COPLADEMUN. – El gobierno dispuso de dinero del Fondo de Infraestructura Social Municipal, con cargo a la construcción de la red de drenaje, careciendo del convenio para gastar el recurso público en esa materia. – El gobierno municipal asignó directamente a una empresa para que realizara la obra de construcción de la red de drenaje y descargas domiciliarias de las calles 2, 3 y 4 de la colonia Cereso de la ciudad de Loreto, donde no presentó dictamen que funde y motive la asignación directa del contrato. En general y en cuanto a la auditoría, lo anterior es considerado lo más relevante, y prácticas tipificadas como “muy recurrentes” fueron detectadas y fincadas mediante observaciones. A pesar de su escasa población, Loreto figura en tercer lugar en esta lista de ayuntamientos que no pudieron probar gastos del erario público. Mulegé Por último, en el caso de Mulegé y en base a documentos oficiales, el alcalde perredista Guillermo Santillán Meza no pudo comprobar gastos por el orden de 178 millones 887 mil 526 pesos con 32 centavos. Según el expediente, el Órgano de Fiscalización Superior, levantó una muestra del 80% de la cuenta pública y emitió 263 observaciones; 235 de auditoría financiera, y 28 de auditoría de obra pública. De ese universo, ninguna de ellas ha tenido respuesta, lo que representa el 100 por ciento de las observaciones fincadas que amparan la cantidad de 163 millones 262 mil 311 pesos con 46 centavos. Asimismo, la investigación contempla el SAPA, donde se emitieron 216 observaciones; todas corresponden a auditoría financiera, pero no todas tuvieron ningún tipo de contestación, lo que significa el 100 por ciento de las observaciones fincadas que contemplan un monto superior a 15 millones 625 mil 214 pesos con 86 centavos. Las siguientes son las principales irregularidades detectadas en los rubros de ingresos y egresos, según el informe del Órgano de Fiscalización Superior: – En la mayoría de los gastos en las pólizas, el Ayuntamiento no respaldó los gastos en las pólizas, y en otros se observó soporte documental inferior al importe de egresos. También se pagaron cheques sin que el supuesto beneficiario haya firmado la póliza y el recibo de caja. – Se detectó la transferencia indebida de dinero de la cuenta del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, a la cuenta de Contingencias y de Nóminas. – En la cuenta contable 22-000-000-00, “Fondos a Funcionarios Pendientes de Aplicar”, se detectó  un saldo por comprobar de 7 millones 627 mil 046 pesos con 87 centavos. – En cuanto al pago de recibos de honorarios, el Ayuntamiento no registra, y por consiguiente, no paga las retenciones generadas del Impuesto Sobre la Renta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. – Se observó la falta de autorización por el Congreso del Estado en el aumento de tarifas establecidas por el organismo operador de agua potable y alcantarillado para cobrar a contribuyentes. Asimismo, carece de la falta de aprobación del estatus orgánico, y los manuales de organización, procedimientos y servicio público por la Junta de Gobierno. Las cuotas y tarifas determinadas por consumo de agua potable no han sido publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, ni en el diario de mayor circulación en la localidad. En general, y en cuanto a la auditoría, lo anterior es considerado lo más relevante, y prácticas tipificadas como “muy recurrentes” fueron detectadas y fincadas mediante observaciones. Mulegé es el único ayuntamiento local que no ha hecho nada por solventar la serie de irregularidades detectadas en la auditoría. Sobre estos hechos, ZETA solicitó entrevista con los cinco alcaldes del estado, y el único que ofreció una explicación fue el de Comondú, Venustiano Pérez Sánchez. La mayoría declinó hablar al respecto, aunque algunos dijeron no tener tiempo, como es el caso de Esthela de Jesús Ponce Beltrán, quien finalmente sí se comunicó, pero a una estación de radio, donde habló ampliamente del inicio del carnaval de La Paz y lo que representan las fiestas carnestolendas. Por su parte, el alcalde de Comondú expuso a ZETA que tendría una reunión con el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización, ya que la mayoría de las observaciones que no ha podido solventar, se deben a que su antecesor, Joel Villegas Ibarra, se llevó toda la documentación comprobatoria y no tiene manera de comprobar lo que se hizo con el dinero en los últimos cuatro meses de administración. “Yo no sé cuál sea la situación de los otros ayuntamientos. Yo hablo por mí, y veo que en mi caso mi mayor problema estriba en que en ese ejercicio fiscal, dos administraciones manejaron el dinero”, comentó, para después asegurar que en lo que a su municipio respecta, ha tratado de solventar las observaciones, aunque no presentó cifras del porcentaje. Para concluir, Pérez dijo que la fiscalización de la cuenta pública es positiva, y que la nueva Ley General de Contabilidad, presentada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, obligará prácticamente a todas las administraciones a transparentar sus gastos públicos.