La aparición en el Periódico Oficial del Estado del decreto eliminatorio de la Ley que creó el Instituto de Ciencias Forenses fue pronta; quizá una de las más rápidas en la historia de Baja California, casi a 24 horas de haberse aprobado por el Congreso local. Lo que pocos saben es que esa celeridad se debe a que, de no haberse publicado el documento, los abogados del área jurídica del Poder Judicial ya tenían lista la controversia constitucional para interponerla ese mismo día. Así fue como el 25 de enero apareció en el Tomo CXX del Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto Número 408, que abroga y elimina la Ley que establecía la creación del Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Baja California. El Instituto tuvo una vida efímera. Fue aprobado por la legislatura el 31 de octubre de 2012, publicado en el Periódico oficial el 30 de noviembre, cobró vigencia a partir del 1 de diciembre y desapareció el jueves 24 de enero de 2013. En la práctica se impuso la posición mantenida por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, licenciada María Esther Rentería Ibarra, quien incluso se enfrentó a la mitad de los 17 magistrados para aprobar la interposición de la controversia constitucional, y así lograr que el Poder Judicial que ella representa, mantuviera la facultad sobre el Servicio Médico Forense. La magistrada ni siquiera hizo aparición pública sobre el tema -hasta la fecha-, y así logro imponerse y poner en evidencia a los otros dos poderes: el Legislativo y sus 25 diputados que tarde se enteraron de lo que habían aprobado, y el Ejecutivo, quienes insistieron en el cambio, pese a lo atropellado del procedimiento y sus consecuencias. Con este hecho quedó en evidencia que los diputados no saben -o no quieren- legislar en orden con compromiso. Más interesados en la próxima elección y las candidaturas, recularon en una decisión que tomaron con todo y el sueldo que tienen, y el séquito de bien pagados asesores. De igual manera, quedó al descubierto el equipo gobernante en el estado, al cometer pifia tras pifia hasta que, ya en plena crisis del servicio forense -en lo laboral, en la atención al público, en lo político-m no les quedó otra opción que aceptar su equivocación; también la de sus asesores y todos aquellos con onerosos sueldos. Exhibidos por su propia actitud quedaron: el diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda, inicialista de la reforma que se ubica ya como el brazo ejecutor del gobernador José Guadalupe Osuna Millán en la Cámara; el procurador Rommel Moreno, quien ni tibiamente se atrevió a fijar con firmeza su postura; Marco Antonio Sotomayor, designado director del ahora inexistente Instituto, quien tomo posesión el viernes 28 de diciembre de 2012, en pleno Día de los Inocentes, y duró 27 días en el cargo. Jaloneo histórico Uno de los puntos clave con la creación del abortado Instituto de Ciencias Forenses, era la integración en éste de Servicios Periciales -orgánicamente dependiente de la Procuraduría- y el Servicio Médico Forense, establecido en 1954 en el Poder Judicial. La idea central era modernizar y profesionalizar esas labores, independizarlas de la procuración y la administración de la justicia. Desde años atrás, el Poder Ejecutivo ha querido de apropiarse del servicio forense. El intento más cercano al recientemente frustrado, data de 2004, cuando personal de Servicios Periciales tomó las instalaciones en todo el estado. Eran los tiempos del gobernador Eugenio Elorduy, y del entonces procurador Antonio Martínez Luna. Los diputados estuvieron a punto de votar en ese sentido, pero desistieron, al conocer de manera fortuita la posición del director del Servicio Médico Forense, Francisco Acuña Campa. La independencia del Servicio Médico Forense es clave en la investigación de los crímenes. Una de sus tareas centrales es realizar las autopsias para determinar las causas que llevaron a la muerte. En decesos violentos dictaminan no solo hora y motivo de la defunción, también una evaluación técnica para determinar el grado de violencia utilizada antes, durante y después del fallecimiento. El resto de la investigación para determinar quién, o quiénes, en cuáles condiciones, dónde, cuándo y por qué motivos sucedió el crimen, corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde parte de la labor recae precisamente en Servicios Periciales. Apresurados Desde mediados de 2011, Ricardo Magaña había expuesto la intención de crear el Instituto de Ciencias Forenses. Para finales de ese año insistía, pero la acción parecía poco viable. De hecho el Poder Judicial había invertido más de 10 millones de pesos en el remozamiento de la infraestructura del SEMEFO. En agosto de 2012, el secretario general de Gobierno comentó a la presidenta del Tribunal la intención de crear el Instituto. No hubo detalles, pero sí reuniones. Una vez más, Acuña Campa mostró su reticencia. Teme que SEMEFO pierda su independencia. Pero el gobierno y los diputados quisieron adelantarse. En octubre presentaron el dictamen y, dos semanas después, lo aprobaron. Al siguiente mes vino la publicación en el Periódico Oficial. La medida entraba en vigor el sábado 1 de diciembre, y el lunes 3, el Poder judicial iniciaba un periodo vacacional hasta el lunes 7 de enero de 2013. Distraídos en el Tribunal por las vacaciones, incluso en noviembre presentaron la propuesta presupuestal 2013, que incluía gastos referentes al Servicio Médico Forense: 897 millones los peticionados, 801 los autorizados. Al reintegrarse a su labor en enero, a los empleados del SEMEFO no se les cubrió la primera catorcena del año ni la segunda parte del aguinaldo, prestación marcada para los empleados judiciales en la Ley de Servicio Civil. Eso fue también parte del “entrampe” ya que los 63 trabajadores legalmente ya no eran del Servicio Médico Forense, por lo que no les pagó ni el Poder judicial, ni el Ejecutivo. Ahí inició la crisis. Con los paros de labores en SEMEFO por la falta del pago, la situación se tornó más crítica y el gobierno insistía que el pago debía de salir del Poder Judicial, pero el argumento central era que la Ley no permitía desviar partidas para pagar a personal que legalmente ya no era de esa esfera. La crisis se agudizó la mañana del viernes 18 de enero, cuando personal de la Dirección Jurídica y Contraloría Interna del Poder Judicial se reunieron con representantes del Instituto Forense y el secretario general de Gobierno. Según participantes de la reunión, la intención del Gobierno del Estado era atraer el dinero que para el SEMEFO se había aprobado al Poder Judicial, pero no absorber al personal, al cual consideraban del Poder Judicial. Los magistrados ya preparaban la controversia constitucional bajo el argumento que no habían sido tomados en cuenta a la hora de la reforma. En contraparte, en el Congreso surgieron amenazas de juicio político contra Rentería Ibarra. En el caos, para la sesión del Congreso del Estado del 24 de enero, había una propuesta para enmendar la Ley que creaba el Instituto: un transitorio que recorriera un par de meses el arranque de labores del nuevo organismo. Dos días antes, la magistrada envió un documento de 12 cuartillas a la XX Legislatura donde razonaba su desacuerdo. Remataba con lo que había provocado “el caos y la incertidumbre” en la actividad y la irregular actuación de forenses y peritos que recibieron nombramientos legales, lo que les impedía efectuar necropsias y entregar las cuerpos conforme a la Ley. Asimismo, advertía la repercusión legal en la investigación y averiguaciones previas. “Este obstáculo debe superarse por los tres poderes del Estado”, resumió. Dos días después, en el Congreso del Estado se leyó la iniciativa presentada por los diputados Marco Vizcarra y Juan Montejano, que desaparecía el Instituto de Ciencias Forenses.
Publicidad
