Para este año electoral, el último de la actual Legislatura -dominada por el Partido Revolucionario Institucional-, los diputados negaron aumentos presupuestales en algunas áreas, pero a la hora de asignarse dineros, aprovecharon y se aumentaron 134 millones de pesos para este 2013; aproximadamente 25.3 por ciento más a lo recibido en 2012. Sin ingresos propios, el Congreso también negó la posibilidad de incrementar los del estado. Dijeron no a las comisiones de agua que solicitaron aumentar los costos de líquido y servicios en 9.23% -quedó en 3%-, y también negaron un incremento de 21% a las tenencias vehiculares. La legislación faculta al Congreso del Estado para que fiscalice, verifique y ponga lupa a todas las entidades que reciben dinero público –Estado, ayuntamientos, Poder Judicial, UABC-; incluso a ellos mismos. Tal mecanismo de auto-aprobación permitió que en septiembre de 2012 se despacharan un aumento de 50 millones de pesos en su partida presupuestal y, el 31 de diciembre, en la fecha de discusión del presupuesto 2013, los legisladores aprovecharon para votar a favor otros 50 millones para finalizar el año anterior gastando 627 millones de pesos. 
El argumento central fue que estos últimos 100 millones fueron destinados al pago de resolutivos laborales a favor de empleados que habían demandado al Legislativo. Para 2013 incluyeron de nuevo no solo esos 100 millones, sino que sumaron otros 40 millones para acumular 661 millones de pesos a ejercer, sin contar posibles ampliaciones presupuestales. “El Congreso no se ha servido con la cuchara grande” sostiene Jesús Machain Servín, director general de Gestión y Vinculación en el Congreso del Estado. Justifica que la actual Legislatura ha sufrido una transformación interna. Sobre la forma en que los diputados se auto-aprueban el dinero a ejercer, Machain considera se debe consensuar con el Ejecutivo, que es el que aporta el dinero. Hilario de la Torre, secretario de Servicios Administrativos -quien percibe un sueldo de 102 mil pesos mensuales- afirma que “así está en la estructura legal”. Minucioso Desde su perspectiva ciudadana, Mario Hurtado de Mendoza ha realizado una detallada labor de lo que sucede presupuestalmente en el Congreso del Estado, y ha sido uno de los más insistentes usuarios del área de trasparencia. Con papeles en mano, menciona cómo el presupuesto del Legislativo ha crecido casi al doble en estos tres años de la XX Legislatura. “El Congreso del Estado es el único poder en que los legisladores como principales beneficiarios se auto-autorizan su presupuesto, lo ejercen sin ninguna limitación o control, y la fiscalización se hace por un organismo que depende de ellos” Y es que de un presupuesto de 249 millones en 2010 –año en que inició la actual Legislatura-, para 2013 los diputados se “aprobaron” 661 millones de pesos. Aparte y de acuerdo al portal del Órgano de Fiscalización Superior, las cuentas del Poder Legislativo correspondientes a 2010, 2011 y 2012 no han sido aprobadas. La última que se abordó fue la de 2009, votada el 13 de julio de 2010 en el Dictamen 363.
Hurtado destaca: – La autorización de 32 millones de pesos para las liquidaciones. – Aprobación de un incremento en la dieta de los diputados, para llegar a 35 millones de pesos. – 11.2 millones para aumentar los pagos por concepto de honorarios; la diferencia de gastos en ese rubro en los tres años, es de 244 millones de pesos. – La integración de 75 millones de pesos para apoyo a comisiones, e igual cantidad para gasto social. – Autorización de 25 millones para asesorías, y de 27 millones de pesos para gastos de difusión. – El presupuesto 2013 incrementó en 25.4% en relación al año anterior. Hacen lo que quieren Para Víctor Hermosillo, senador panista e integrante de Observatorio BC, organismo ciudadano vinculado a la transparencia, lo hecho por los diputados “está muy mal, la situación es muy preocupante, es un verdadero descaro”. El también ex alcalde de Mexicali cuestiona la actitud de los actuales legisladores: “Cómo es que pueden ver la paja en el ojo ajeno, y no pueden ver el tronco en el propio”, dice ejemplificando con que el aumento presupuestal en los últimos tres años, es cercano a los 300 millones de pesos. “Son los mismos, y eso que trataron de poner más”, refiere el senador bajacaliforniano en alusión a la intentona de los legisladores de crecer a 29 el número de escaños en el Congreso local. “Eso nos hubiera costado como 200 millones de pesos, no nomás eran los diputados, era también cambiar la cosa territorial, otros síndicos. Ellos saben muy bien que si no se da cuenta la gente, hacen lo que quieren”, agregó quien fuera alcalde cachanilla de 1998 a 2001, a la par de mencionar que no hay un órgano que revise al Congreso. “Creo que la sociedad debe emplazar a los diputados para que digan qué están haciendo con ese dinero, es un dinero que le hace mucha falta al estado y a los municipios que se encuentran en bancarrota”. Hermosillo considera que hay una situación de austeridad, que presupuestos como el estatal -absorbidos por el gasto educativo- dejan poco para otros rubros: “La sociedad debe emplazar, preguntar dónde está el dinero, para el gobernador es muy difícil, pues son los que le controlan la ‘lana’”. De paso, critica la calidad del trabajo legislativo, añadiendo de ejemplo lo recién sucedido con el Instituto de Ciencias Forenses, aprobado al vapor hace tres meses y, tras la polémica suscitada en su breve ejercicio, abrogado por el Poder Legislativo la semana anterior. “Mientras la sociedad no diga nada, van a seguir igual”, considera el senador. Por su parte, el líder del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, Ángel Sáizar Prado, califica de grotesco lo que sucede en torno al Congreso, así como su presupuesto y acciones: “Como sector empresarial lo hemos señalado, uno de los tres poderes, que es el Legislativo, su función es crear leyes y fiscalizar la aplicación de los recursos, pusieron desde el anterior Congreso la asistencia social, ya lo convirtieron en Secretaría de Desarrollo Social cada diputado, se asignan cantidades millonarias”. Asimismo, cuestiona el aumento del presupuesto -a más del doble- desde que entraron, y señala al Legislativo como el Poder más oscuro, el menos transparente en la aplicación de recursos. “Es el que exige y fiscaliza los recursos, y al menos en su caso, no lo hacen”. 
Comenta que han justificado el millonario aumento en su presupuesto, en función de la creación del Instituto de Estudios Legislativos -donde han invertido entre 200 a 300 millones de pesos-, siendo que hacen leyes como la del Instituto de Ciencias Forenses, donde tuvieron que dar reversa. Igual pasó anteriormente, con la pretensión de aumentar a 29 los escaños de la Legislatura. “Es muy contradictorio, es demasiado caro, tenemos que regresar al origen, el Poder Legislativo es para generar leyes y fiscalizare los recursos aprobados, no para andar dando asistencia social”, asegura el líder empresarial, quien por último, destacó que la medida para evitar todo eso es contar con candidatos ciudadanos, que realmente representen los intereses de la gente, con propuestas serias y firmadas. Congreso, el desglose El titular del área administrativa del Congreso del Estado, Hilario de la Torre, explica que los 50 millones de pesos solicitados como ampliación presupuestal el 31 de diciembre de 2012 eran para una serie de trabajos de construcción relacionados con el crecimiento de los órganos técnicos del Poder legislativo. Para eso se destinaron cerca de 20 millones de pesos. La otra parte -explica Felipe Machain, también del área administrativa- es para aumento salarial anual y el retroactivo, ya que regularmente, el acuerdo salarial se firma en septiembre, pero debe pagarse desde mayo. De los 661 millones aprobados para 2013, el titular del área administrativa del Congreso local explica que hay resolutivos laborales pendientes de solucionar, aunado a que arrastran un adeudo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California (ISSSTECALI). La otra parte tenía que ver con demandas de 53 empleados del Poder legislativo que recurrieron al Tribunal de Arbitraje en función de acreditar su antigüedad en el puesto, pero faltaba el pago de cuotas al ISSSTECALI. La demanda -con resolutivo a su favor- era en el sentido del obligatorio pago de cuotas ante el organismo de seguridad social. “Es una demanda colectiva de gente que se basificó, pero no le reconocen los años a partir de que empiezan a trabajar, hicieron una demanda colectiva de antigüedad y la ganan, en ese laudo hay gente que viene desde los noventas, parte de los que se tiene que cumplir es pagarle al ISSSTECALI las cuotas que debían desde que se les está reconociendo la antigüedad”, explica Felipe Machain. El monto a pagar es de 27 millones de pesos, dice además que los abogados de los demandantes se juntaron para interponer un amparo, lo que implica que el Congreso está obligado. Se trata de un pago forzoso. Aparte, hay pendientes al menos 18 demandas contra el Legislativo en proceso de amparo. “Las personas que logran su basificación, inmediatamente pagamos las cuotas, para no generar pasivos”, explica De la Torre. De acuerdo a la misma fuente, el Congreso bajacaliforniano cuenta con 545 empleados, de los cuales solo 127 son sindicalizados de base; los 418 restantes son de confianza.
En el desglose presupuestal, se les comenta sobre los 32 millones de pesos destinados a liquidaciones de personal, y los funcionaros legislativos explican que se trata de una partida destinada a empleados del Congreso que terminen su relación laboral a la par de la Legislatura (septiembre 2013). “Estamos creado la cuota para poder liquidar a las personas que ya no queden con nosotros”, explica Hilario de la Torre, ex director de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en Mexicali. De paso, aclara que esa liquidación no incluye a los diputados, ya que éstos no reciben finiquito. Machain y De la Torre niegan que haya una parte presupuestada para el aumento de la dieta de los diputados, pero cerca de 18 millones están destinados para servicio de traslado y viáticos, y otros 16 millones para viáticos en el país y hospedaje, pasajes aéreos; 11 millones de pesos para el incremento en los pagos por concepto de honorarios, sobre todo a personal de los institutos, el de Estudios Legislativos y el de Opinión Ciudadana. “El trabajo del Legislativo se fortalece con la opinión de los institutos”, explica Machain. Sobre las críticas al crecimiento desorbitado -de personal y de gasto-, que sean los propios diputados los que se auto-aprueben el presupuesto, afirma: “Lo que pasa es que así está la estructura legal, así lo marca la Ley”. Niega que se trate de un crecimiento exorbitado, sino que fueron reformas aprobadas para crear estructuras homologadas con otras legislaturas. Al preguntarle si no podían modernizar y utilizar el mismo personal y presupuesto, Machain responde: “Se estaba trabajando con menos personal del requerido, se analizaron las necesidades, por el número de iniciativas, por el trabajo legislativo, y sí se requería profesionalizar para mejorar el trabajo del Congreso”. Por su parte, Hilario de la Torre explica que hay algunos temas que la propia Legislatura ha venido buscando en aras no solo de la modernización, sino de las necesidades que se requieran. Para finalizar, en relación a la percepción que en el Congreso se despachan con cuchara grande, De la Torre opina: “No todo se requiere el recurso, si ha crecido tanto el personal como el presupuesto, sin embargo, había partidas que las administraba directamente el Ejecutivo”. En tanto, Machain considera: “No hay tal cuchara grande, hay que recordar que como principio de controles y equidad, el Congreso si bien es cierto aprueba, quien presenta las ministraciones es el Ejecutivo, se hace un trabajo consensuado porque quien manda el proyecto general es el Ejecutivo. Es el que revisa la viabilidad”.
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