Gobierno federal terminará rescatando municipios Difícilmente los estados podrán salir del endeudamiento en que se encuentran, situación que pone en riesgo al gobierno federal, ya que esto implica un rescate financiero inminente. La realidad del país es que el federalismo hacendario es deficiente, por lo que los recursos que reciben los estados no bastan para hacer frente a las necesidades locales. Como resultado, los diversos municipios están sumamente empeñados. Según el análisis de la deuda pública de las Entidades Federativas y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación entre el cierre de 2011 y el primer semestre de 2012 la deuda pasó de 390 mil 777.5 millones de pesos a 404,409.5 millones de pesos, es decir 13 mil 632.0 millones de pesos más. El documento apunta que al segundo semestre de 2012, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán y Baja California suman el 78.8 por ciento del aumento de la deuda (13 mil 261.4 millones de pesos). Información de la Dirección de Contabilidad Gubernamental indica que la deuda pública de Tijuana a diciembre de 2012 fue de 2 mil 410 millones 17 mil 772 pesos, lo que la sitúa como la ciudad más endeudada en la región, seguida, en ese orden, por Mexicali, Ensenada y por último Playas de Rosarito. Ante este escenario y con la intención de regular cómo se adquieren las deudas las entidades federativas, los partidos políticos próximamente debatirán en el senado diversas iniciativas de reforma en torno a esta problemática. Por lo pronto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya puso sobre la mesa de debate la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para que sea el Congreso quien pueda legislar en materia de responsabilidad hacendaria y coordinación fiscal. Mientras que el grupo parlamentario del PAN está puliendo la iniciativa con un proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Constitución Política de México enfocados a la Deuda Pública. La propuesta panista (dada a conocer en el senado la semana pasada por el ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero Arroyo), tiene como propósito establecer las reglas sobre las que los diferentes órdenes de gobierno deberán contratar su deuda pública. “Toda vez que la multiplicidad de legislaciones y la opacidad que ha generado la ausencia de criterios homogéneos, ha puesto en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, respetando el marco de corresponsabilidad entre la federación, los estados y los municipios, que deben coadyuvar en la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero del Estado”, cita el documento. Sin embargo el investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera (COLEF), Víctor Alejandro Espinoza explicó que más que generar decretos, se debe revisar el pacto fiscal federal, que al menos en el terreno económico muestra deficiencias e injusticias, por lo que al final el que sale perdiendo es el ciudadano. No les alcanza El Secretario de Planeación y Finanzas en el estado, Manuel Aguilar Bojórquez, dijo que estas legislaciones solo ahorcarán más a los estados en términos económicos. Y explicó: “La limitante de la deuda pública no debe existir en los estados y municipios, a lo que me refiero con esto es que mientras el destino sea inversión pública y equipamiento no debería haber restricciones más que la relativa a la capacidad de pago que tenga cada una de las entidades federativas y municipios. 
“Por ejemplo, la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California establece que no se podrán comprometer para el pago de capital e intereses que constituyan la deuda pública, recursos superiores al 10 por ciento de los Presupuestos de Egresos aprobados en cada ejercicio. En todo caso la limitante debería ser que no puede llevarse a cabo un endeudamiento para gasto corriente, o para otros fines distintos a los que señala la ley”. El funcionario dijo que la inversión pública otorgada por el gobierno federal es una situación perversa, “porque te da inversión para construir hospitales, escuelas, centros de investigación, que es muy bien recibido por las entidades federativas, el problema es que no se da dinero para el mantenimiento y operación de los edificios. Entonces las entidades federativas están construyendo edificios que no pueden operar porque no cuentan con recursos suficientes para ello”. Según el funcionario, lo ideal es que los recursos contemplen la operación de los inmuebles, de lo contrario no va a haber forma de mantenerlos en funcionamiento. Además, señaló que en el actual sistema recaudatorio, los recursos son pagados directamente a las cuentas de la federación que a su vez son reportadas a la recaudación federal y de ahí se distribuyen a los estados. “Se le otorga a los estados cobrar impuestos, como el predial, el de nómina, el control vehicular, el registro público. Hay entidades que no recuperan lo que ingresan. Ahí es donde se ve la necesidad de cambiar a una nueva ley de coordinación hacendaria que se ejerza en las entidades federativas y no que se concentre el recurso en México. “Aunque no se puede dar más atribuciones a los estados porque tendrían que bajar algunas atribuciones que hacendarias que tiene el gobierno federal. Por ejemplo, aquí no hay facultad para cobrar tributo sobre la generación de energía. O un impuesto a la cerveza, o al consumo de tabaco. Que generan un problema social en las entidades. Se trata algo más de fondo, no solo darles facultades a las entidades para que cobren, porque se estaría afectando a los ciudadanos”. Más dinero a los estados El investigador Víctor Alejandro Espinoza enfatizó en entrevista con ZETA que la solución al endeudamiento en los municipios y estados no es un decreto para regular los préstamos, dado que el problema es estructural y tiene que ver con el federalismo fiscal donde el mayor porcentaje de los ingresos los controla el gobierno central y no le deja otra alternativa a las entidades que comprometerse financieramente. — ¿Una posibilidad sería que los estados cobren sus impuestos?, se le preguntó. “No, porque hay un pacto federal que implica una distribución de recursos hacia zonas más pobres; lo que se debe buscar es que reciban porcentajes mayores de recursos que la federación se reserva. “El esquema es injusto, el porcentaje que reciben las entidades y los ayuntamientos no es suficiente; no hay correspondencia entre lo recaudado y lo recibido. Aunque, claro, el problema es que con mayores recursos en las entidades los gobernadores incrementan su poder y el control político en su estado. — ¿Qué tan peligroso es para el gobierno federal que los estados estén endeudados? “Sumamente peligroso, pues se verá en la necesidad de entrar al rescate financiero. Pero la paradoja es que con el esquema actual de distribución del presupuesto no hay otra vía para enfrentar los problemas locales”. Duplican trabajos “Me parece importante que se presente una iniciativa donde se regule la forma o el procedimiento en que se endeudan las entidades no solamente para los ayuntamientos, sino también paraestatales y paramunicipales porque también se piden prestado. Las entidades se han comprometido de forma irresponsable, solo ven el presente y evitan pagar la deuda en su periodo”, dijo en relación al tema la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el estado, Rosana Soto Agüero. Abundó que, si bien la Ley de Deuda Pública local establece que los recursos son para proyectos productivos u obras de infraestructura, existen algunas partidas que permiten que las entidades justifiquen el gasto que cubrieron a través de la deuda pública. “Usan parte para gastos indirectos relacionados con la obra pública. Pagan una nómina de supervisión de la obra que van a hacer, pero esa nómina es innecesaria porque las mismas entidades tienen personal calificado para darle seguimiento a las inversiones que hagan. Por ejemplo, en el municipio está la Secretaría de Desarrollo Urbano, la cual tiene una dirección de Obra y Servicios Públicos donde hay una plantilla de personal de base y de confianza que está para eso”. En otro orden de ideas, mientras la semana pasada los senadores del PAN anunciaron que habrán de generar leyes que eviten el endeudamiento de los estados y municipios en Baja California el Congreso del Estado acordó que Tecate se comprometiera con un crédito de 80 millones de pesos mismos que se habrán de aplicar en el Plan Municipal Integral de Pavimentación, el dinero fue solicitado a la Corporación Financiera de América del Norte (COFIDAN). La funcionaria estatal justificó tal hecho debido a que el municipio no ha adquirido con anterioridad deuda pública alguna; lo que no recuerda la funcionaria es que a enero de 2013 Tecate tiene un deuda de100 millones de pesos y retenciones de impuestos federales hasta por 50 millones de pesos. “Se autorizó, pero no la ha contratado. Hacen gestión ante la institución financiera que les va a dar el crédito, aproximadamente se lo podrían otorgar en dos meses si es que lo logra obtener porque hay que recordar que las financieras les piden muchos requisitos”, acotó. Cárcel a quien viole ley El senador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dijo a ZETA que la propuesta de decreto para reglamentar la deuda en los estados forma parte de la Ley de Contabilidad y Registro Gubernamental aprobada a fines de 2012 (que establece la transparencia y eficiencia de la rendición de cuentas del gobierno federal así como de los estados y municipios). 
“Buscamos que exista una objetividad acerca de todo el manejo de las cuentas públicas a nivel local, estatal y a nivel federal. Lo que también está promoviendo el grupo parlamentario en relación a la propuesta que mencioné es acerca de las consecuencias. Los castigos a aquellos gobernantes que eludan estos registros. Hasta ahora ya queda claro que hay que tener una forma profesional de manejar los recursos públicos, pero no se había hablado de los castigos”. Dijo que como existe la idea generalizada de que quienes están en el gobierno gozan de cierto fuero, eso no le ha dado prestigio al gobierno, por lo que los panistas se van a enfocar a que quede claro que quienes violen los procedimientos de contabilidad y registro gubernamental serán sancionados. Insistió: “Lo del grupo parlamentario son sanciones a quienes evadan o trastoquen los lineamientos del registro de contabilidad gubernamental, cárcel y de una manera en la que no aduzcan cuestiones de salvoconducto por ser gobernantes o usar componendas políticas en los congresos locales”. Agregó que la posibilidad de que la propuesta sea aceptada en la cámara del senado es muy factible pues el Partido de la Revolución Democrática tiene el interés de generar un documento conjunto. “Nos sorprendió el entusiasmo del PRD. No hay duda que en esta legislatura en el senado hay posibilidad política de entendimiento y resolución, entre la izquierda y el PAN tenemos mayoría, somos 66 mientras que los del PRI son 62”, finalizó. Deuda pública al mes de diciembre de 2012 Municipio Saldo por pagar Playas de Rosarito 205 millones 898 mil pesos Ensenada 292 millones 546 mil 934 pesos. Mexicali 778 millones 275 mil 298 millones de pesos Tijuana 2 mil 410 millones 17 mil seiscientos 82 pesos Nóminas obesas Es evidente que los municipios en Baja California tienen una nómina abultada. Valga decir que en sueldos y salarios asignan anualmente entre el 40 y 70 por ciento del presupuesto de egresos. En la capital del estado el presupuesto para 2013 es de 2 mil 638 millones de pesos, de los cuales el 75 por ciento se lo lleva el rubro de sueldos y prestaciones. En el presente año el Presupuesto de Egresos de Tecate es de 355 millones de pesos; 72 por ciento destinado a pago de nómina y finiquitos a personal de confianza. En Ensenada el presupuesto fue de mil 418 millones 852 mil pesos, el ramo de Servicios Personales tiene un porcentaje de 68.5 por ciento que comparado con 2012 tuvo un incremento de 6 por ciento. En el caso de Playas de Rosarito, el V Ayuntamiento aprobó que el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal del presente año la asignación de 377 millones de pesos. Los porcentajes para pagar sueldos se sitúan en 66 por ciento. De acuerdo a la página del Ayuntamiento de Tijuana, el presupuesto asignado fue de 4 mil 699 millones de pesos. De dicha proporción, 41 por ciento va para sueldos y prestaciones. De acuerdo al Presidente el Colegio Estatal de Economistas de Baja California (CEEBC), Luis Felipe Ledezma el endeudamiento de los municipios tiene su base en la insuficiencia del recurso asignado por el gobierno federal, lo que orilla las entidades a solicitar dinero prestado. “A dicho problema se agrega la abultada nómina y la ineficiencia en el cobro de impuestos por parte de las entidades (cabe recordar que ante una ineficiencia en el cobro del predial Tijuana, Tecate y Mexicali contrataron empresas externas para recaudar más ingresos en dicho rubro). Se necesita inteligencia recaudatoria, no necesitas subir los impuestos o predial, hay mucha materia de donde tomar”. “Por otro lado, los estados y municipios deberían tomar en cuenta el caso Chihuahua, quien hace un esfuerzo y baja la nómina en 200 millones de pesos y recaudado lo direccionan a gasto de inversión en equipamiento urbano. Esto es para que lo tomen en cuenta los demás ayuntamientos de que aquella entidad tiene un gobierno responsable”, finalizó.
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