El 28 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto firmado por el Presidente Enrique Peña y su Secretario de Gobernación, Miguel Osorio, que reforma el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se da un plazo final de 10 meses para que todos los elementos de las instituciones de seguridad pública del país sean evaluados por los centros de evaluación y control de confianza, de no hacerlo o de no aprobar los exámenes, los miembros serán despedidos. En Baja California, es el caso de Francisco Castro Trenti, director de la Policía Municipal de esa entidad, que no aprobó los exámenes y que ello costó que la última ministración financiera del 2012 no llegara a las arcas del quinto municipio. La tirada del Alcalde Javier Robles, es que la nueva administración federal ahora del PRI, le practique nuevamente los exámenes a Castro y que entonces sí los apruebe. Por lo pronto, por más que presuma que sí recibirá dinero, dicen en la Secretaría de Seguridad Pública que nada. Que efectivamente tiene derecho y hay recurso, pero mientras el titular esté en calidad de no aprobado, no llegará la lana.
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