En el Estado de Morelos, 18 de 33 alcaldes rechazan la puesta en marcha del Mando Único. En Baja California, entidad que ha servido como “modelo”, su aplicación es distorsionada, completamente diferente a la propuesta original, y por temor, supeditada ilegalmente al Ejército Mexicano, cuando conforme a la pretendida reforma: 1.- Debería ser el Gobernador del Estado el responsable. 2.- Y en todo caso, si el licenciado José Guadalupe Osuna Millán decidiera -como lo ha hecho- evadir su responsabilidad y trasladarla al comandante militar de la zona, la obligación del Mando Único es coordinar los esfuerzos de todas las policías, no hacerles el trabajo. Menos significa que las policías y poderes ejecutivos en los tres órdenes de gobierno civiles puedan evadir su compromiso de brindar seguridad pública, justicia, paz y tranquilidad a los gobernados. A pesar de que la propuesta de establecer el Mando Único policiaco fue presentada desde octubre de 2010, la reformas a los artículos 21 y 115 constitucionales para crearlo no han sido aprobadas. La obligación de coordinarse es lo único que se ha convertido en Ley. El problema es que también desde 2010, aún sin reglas claras, el Gobierno Federal está apoyando la implementación de este nuevo modelo policial. Incluso el 17 de diciembre de 2012, en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, decidieron que para el 15 de enero de 2013 estaría instalada “una comisión para analizar la viabilidad de establecer en el país los modelos de Mando Único, o Policía Estatal Coordinada”. Sin embargo, antes de la instalación de la mencionada comisión, el gobierno del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, incluyó en el presupuesto la asignación de 2 mil 400 millones de pesos para el sistema de Mando Único de Policía Estatal, pero ya se han otorgado 7 mil millones de pesos entre 2011 y 2013. Recursos destinados a equipamiento y depuración que arbitrariamente están administrando los estados, aunque la mayor responsabilidad por su cercanía, la tienen los ayuntamientos y sus policías, a quienes hasta ahora se ha dejado fuera por considerarlos instancias corrompidas. Como los diputados y senadores se han negado a restarle atribuciones a los municipios, el Gobierno Federal ha decidido dar continuidad a la política calderonista de tratar de implementar este modelo policiaco a través de convenios de colaboración que deben ser aceptados por los municipios; es el caso de Nuevo León, donde se está aplicando a pesar del rechazo de algunos alcaldes. Aquí el principal problema es que no están definidas las reglas, ni las reformas, por tanto, ninguno de los que se han manifestado a favor o en contra saben exactamente qué están rechazando o apoyando. Y en la realidad, cada estado que lo ha aceptado lo aplica según su conveniencia. Precisamente en este marco regulatorio que solo obliga a la coordinación, con el cambio de Gobierno Federal, dado el carácter de los nuevos mandos militares, el ejemplo Baja California ha tomado un nuevo-viejo rumbo. Conscientes de sus limitaciones legales, los comandantes castrenses están dispuestos a coordinar, pero no asumir acciones preventivas o investigadoras limitadas a las autoridades locales, así que iniciaron sus funciones “colaborando” con una propuesta de los municipios. El restablecimiento de las otrora ineficaces Bases de Operaciones Mixtas (BOM) -patrullas donde se integran autoridades de todas las corporaciones y soldados- a través de volantas e inútiles retenes que operan después de las seis de la tarde, como si el tráfico de droga se diera solo de noche. Retenes que hasta ahora se limitan a obstaculizar el tráfico y revisar a los taxis, identificándolos como los únicos vehículos donde se mueven enervantes en el estado. Si bien estas BOM son una maniobra que los mandos de las Fuerzas Armadas están usando para analizar y determinar qué autoridades están dispuestas a coordinarse y cómo trabajan, la realidad es que como estrategia de combate al crimen son infecundas e inoperantes. Si en esta nueva fase, realmente las autoridades integradas al Consejo Estatal de Seguridad de Baja California desean combatir la inseguridad, deben dejarse de dobles discursos, compartir la información que resulta de las indagatorias y el trabajo de inteligencia para trabajar en conjunto. La realidad es que todas las policías y procuradurías tienen información, saben quiénes son los líderes criminales, sus principales cómplices y conocen la ubicación de sus zonas de influencias: déjense de retenes y volantas, que las procuradurías soliciten las órdenes de captura y vayan por ellos. Ni los mega operativos ostentosos ni obstaculizar el tráfico es necesario. Si quieren la confianza ciudadana, investiguen, ubiquen, empapelen, procesen y consignen a delincuentes y criminales. Nada más.
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