Si las víctimas de diversos delitos en Baja California desean justicia, tendrán que hacer el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La ilógica y velada sugerencia revelada por el Procurador Rommel Moreno Manjarrez hace una semana, indica que los ciudadanos afectados, al momento de presentar su denuncia, estén en condiciones de proporcionarle a los agentes ministeriales el nombre de un sospechoso, pruebas de que él o los señalados cometieron el delito, o en su defecto la versión de algún testigo que haya avistado al perpetrador. Sin tales elementos acusatorios a disposición y debido al deficitario presupuesto, la fiscalía local no se comprometerá a investigar la denuncia, de hecho el licenciado Moreno Manjarrez ya advirtió, desde la segunda semana de enero de 2013: si no lleva su presunto responsable, su denuncia irá directamente al fichero muerto. Aunque el Fiscal lo llamó archivo temporal, se supone el espacio donde seguramente dormirá el sueño eterno de la impunidad tan conocido por esta región, dado que la mayoría de los delincuentes no son castigados, incluso cuando están identificados. Ante tal anuncio resulta inevitable recordar la irrisoria e ineficiente medida del ex Procurador Juan Manuel Salazar Pimentel –impuesto por su concuño el ex gobernador sustituto, Alejandro González Alcocer– cuando en 2001 publicó una lista de 4 mil 500 criminales con órdenes de aprehensión pendientes por delitos no graves, invitándolos a que se entregaran. De regreso al 2013, el anuncio del archivo temporal de denuncias donde no presenten sospechoso, es igual de desafortunado. Aunque vale aclarar: antes que se hablara de falta de dinero en la Procuraduría –un déficit de 500 a 800 millones de pesos– y previo a que Moreno anunciara que no darán seguimiento a las denuncias sin imputado, ya era común que los delitos sin presunto responsable se fueran directamente al congelador. Lo que llama la atención actualmente es la frescura con que los responsables de procurar justicia avisan que victimizarán a quienes sufran algún crimen. Esta medida, tan delicada respecto a que la Procuraduría dejará de procurar, además coloca a los ciudadanos en peligro, dado que ellos deberán convertirse en agentes investigadores, iniciar su propia averiguación, arriesgarse a tocar puertas criminales, preguntarle a gente equivocada, lo cual los vulneraría si el delincuente se entera que un simple ciudadano, una de sus múltiples víctimas, lo anda buscando, y tome medidas en consecuencia. La realidad es que cuando el Procurador Moreno Manjarrez manifestó que esta situación “no era ideal” fue muy generoso con su Procuraduría y se quedó cortísimo en relación a los compromisos que tiene su jefe el gobernador José Guadalupe Osuna Millán con la ciudadanía. La Ley Orgánica de la institución es precisa al definir que “La Procuraduría tiene a su cargo ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad a través del Ministerio Público, la investigación y persecución de los delitos”… especifica también que su actuación se sujetará a los principios de eficiencia, profesionalismo y responsabilidad entre otros. Adicionalmente el Ministerio Público a cargo de la Procuraduría tiene 33 funciones más las que otorguen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; en los dos apartados iniciales se puntualiza: I.- Dirigir la investigación de los hechos presuntamente constitutivos del delito. II.- Recabar los antecedentes y elementos de convicción tendientes al esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella. En ningún párrafo de la mencionada legislación se faculta a los representantes de la fiscalía a sustraerse de su obligación de investigar cuando la víctima o sus testigos no puedan aportar la identidad de un sospechoso, y es sabido que cuando la autoridad toma determinaciones que no le son expresamente marcadas en la regulación, está cometiendo algún tipo de falta o delito, sea por acción u omisión. La fiscalía no puede restringir su operatividad más allá de las formas establecidas por la Ley. Sería sano que para optimizar sus limitados recursos, la Procuraduría y en lugar de oficializar el archivo temporal y desfachatadamente ignorar a un alto porcentaje de las víctimas del crimen, redujera el presupuesto de viajes y relaciones públicas, donde un altísimo porcentaje se despilfarra en hoteles, aviones, salones sociales o restaurantes donde periódicamente realizan encuentros públicos, privados; después de todo la función de la institución es procurar justicia. También podría el Fiscal hacer una redistribución del personal, y reducir cargas de trabajo en áreas saturadas, abatir rezagos y acortar los tiempos en la integración de las averiguaciones previas. La Procuraduría General de Justicia de Baja California debe invertir lo poco que tenga en ministeriales que investiguen también los delitos donde el afectado no puede dar el nombre del presunto responsable, pero que de igual forma tiene derecho a la justicia. Tratándose de seguridad nunca habrá recursos suficientes, señor Procurador: llegó el momento de administrar, de optimizar, sin evadir sus responsabilidades. No hacerlo, incrementará el clima de impunidad en el estado y vulnerará a la sociedad.
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