Futuro de desaladora en el Cabildo

Pese a las opiniones encontradas entre grupos organizados de la sociedad civil, respecto a la posible instalación de una planta desaladora de agua de mar frente a la zona de preservación ecológica La Lagunita, la decisión final recaerá en el Cabildo. Desde 2012, Aguas de Ensenada, S.A. de C.V., perteneciente a OHL Medio Ambiente Inima S.A.U., ha promovido esta nueva ubicación de la planta desaladora. Antes del año pasado, el predio frente a La Lagunita no estuvo proyectado en ningún momento. A partir de 2008 la planta desaladora que construiría esta empresa había sido autorizada por el Gobierno Federal, para instalarse más al sur, en la zona de El Salitral, cerca del Estero de Punta Banda, entre las poblaciones de Maneadero y Ensenada. Sin embargo y bajo algunos argumentos, como de que El Salitral es una ubicación desfavorable e incongruente con proyectos como el del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN), la empresa decidió reacomodarla en el céntrico espacio de Avenida Pedro Loyola, donde las tuberías de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) quedan más cerca e implican un costo de instalación más barato. A principios de julio de 2012, y ante un silencio de las autoridades estatales respecto al plan de Inima, la nueva ubicación fue advertida por asociaciones civiles dedicadas a la protección del medio ambiente en Ensenada, tras encontrar en archivos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que la empresa extranjera había solicitado el 28 de junio la evaluación y aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para el predio frente a La Lagunita. Los reclamos surgieron primero por la falta de información, y segundo, por considerar que esa nueva ubicación podría poner en riesgo la zona de preservación y la región de dunas por donde pasarían las tuberías de toma y descarga de agua de mar. La SEMARNAT aprobó el MIA de Aguas de Ensenada bajo varias condicionantes, entre las que se encuentra la implementación de un programa de vigilancia ambiental; contar con monitoreos previos y después espaciados, a tres meses del agua de mar en la zona; delimitar la superficie del encauzamiento del arroyo que abastece La Lagunita para asegurar que el agua llegue a la zona; e implementar planes de manejo de residuos y mantenimiento a las tuberías en el mar. Adicionalmente, la dependencia federal condicionó el permiso a la autorización y publicación del uso de suelo del predio, el cual Inima aún no tiene, y debe ser autorizado por el gobierno municipal a través de Cabildo. El lunes 7 de enero de 2013, durante una rueda de prensa, el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, manifestó que la empresa todavía no entregaba al gobierno municipal la solicitud de cambio de uso de suelo para ese sitio, para, dos días después, decir que siempre sí lo tenía, desde octubre de 2012. Ese mismo día, aseguró que citó a una consulta pública para el viernes 11 de enero, a fin de que el asunto fuera tratado por todos los sectores de la sociedad civil interesados en el tema. No obstante la consulta, anunciada por el gobierno municipal no para el viernes, sino para el sábado 12 de enero, no tendrá ningún impacto directo en la decisión final que tome el Cabildo respecto a aprobar o no el cambio de uso de suelo. “No es vinculatorio”, referiría el regidor Alfonso Orel Blancafort Camarena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien forma parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del Cabildo local. A final de cuentas, la decisión será única y exclusivamente del Cabildo. A las 11:00 horas del jueves 10 de enero, diez organismos de la sociedad civil emitieron un posicionamiento en conjunto respecto al tema. Arte y Medio Ambiente en Armonía Ensenada Artists Association, A.C.; Asociación de Oceanólogos de México, A.C.; Comité Ecológico Chapultepec, A.C.; Costa Salvaje, A.C.; Greenlife, A.C.; Haciendo lo Necesario, A.C.; Pro Ciclo Vá; Pro Esteros, A.C.; Pro Playitas, A.C.; y #Yo Soy 132 Ensenada, expusieron ante medios locales una serie de argumentos para asegurar que instalar la planta de Inima frente a La Lagunita, viola los reglamentos locales. Durante la lectura de su posicionamiento, las Organizaciones No Gubernamentales afirmaron que el proyecto Captación y Desalación de Agua de Mar, su potabilización, conducción y entrega de 250 l/s, y la disposición del agua de rechazo en el municipio de Ensenada, Baja California, contraviene el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCP) de Ensenada, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 13 de marzo de 2009, dado que este programa establece como incompatibles las plantas desaladoras en el predio donde se pretende desarrollar el mencionado proyecto. La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California establece que las autoridades administrativas no expedirán ningún permiso, autorización o licencia que contravenga lo que determina en Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población. Los que se expidan, no obstante esta prohibición, serán nulos de pleno derecho. Aunado a su explicación, las ONGs mostraron una tabla del PDUCP donde se establece, de acuerdo a la ubicación del predio en cuestión, que se encuentra en el Subsector CH.6 del Sector Chapultepec, que la instalación específica de plantas desaladoras es incompatible, e hicieron referencia a las otras alternativas ya estudiadas para posibles ubicaciones de plantas desaladoras, como La Misión y El Salitral. Al mediodía del jueves, otro posicionamiento respecto a la planta desaladora llegaría por el lado del sector empresarial, en voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Wenceslao Martínez Santos. A diferencia de las ONGs, los empresarios esperan que sí se instale la planta desaladora frente a La Lagunita, bajo los argumentos de la urgencia del recurso para la ciudad y que no afectaría al medio ambiente, pues fue aprobado por la propia SEMARNAT. Entre sus argumentos, Wenceslao expresó que Ensenada tiene “un déficit en el abastecimiento de agua de 137 lps” (litros por segundo). En otras palabras, existe un déficit del orden del 15 por ciento, 137 lps es el agua que se requiere para que 60 mil personas de la ciudad cuenten con agua las 24 horas del día sin interrupción. Dicho de otra manera, la falta de esos 137 lps es la principal causa por la que 60 mil ciudadanos en Ensenada no cuentan con servicio de agua las 24 horas del día de manera ininterrumpida. De acuerdo al CCEE, “Ensenada no puede esperar” en materia de abasto de agua, argumento compartido por las ONGs minutos antes. No obstante, a quien le ha tomado casi cinco años definirse, ha sido a Aguas de Ensenada, S.A. de C.V. Hasta la tarde del jueves 10 de enero, en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del Cabildo, integrada además de Blancafort, quien funge como secretario, por los regidores Adriana Lencioni Ramonetti como coordinadora, María del Carmen Iñiguez Casanova, Armando Reyes Ledezma y Graciela Moreno Pulido como vocales, no se había abordado la petición de Inima. Tampoco se contaba con una fecha para una próxima sesión de Cabildo, ordinaria o extraordinaria, en la que se pudiera tratar el asunto. Es decir, el permiso sigue archivado. Ni las ONGs ni el sector empresarial se han reunido con los regidores, aunque ambos manifestaron su interés por plantear directamente sus posturas. Asimismo, ambos dijeron poder saber con tiempo cuándo se llevará a cabo la sesión de Cabildo donde se hablará de tan importante y retrasado asunto. Consulta respaldó postura de ambientalistas La consulta pública convocada por el alcalde Enrique Pelayo, que resultó una consulta ciudadana pero no pública, se realizó al interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Ensenada (COPLADEM) el sábado 12 de enero. De acuerdo con el oceanólogo Gabriel Camacho Jiménez, uno de los voceros de las diez Organizaciones No Gubernamentales que manifestaron su desacuerdo por la ubicación de la planta desaladora, en la reunión hubo 16 representaciones; seis subcomités del COPLADEM (Litorales y Puertos, Obras Públicas, Agua, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social); de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI); del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); así como de los colegios porteños de Ingenieros y de Arquitectos, y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). También tuvieron presencia el Colegio de Profesionistas en Ingeniería Civil de Ensenada (COPICE), Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) e Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP). Cuatro de los participantes se expresaron a favor del cambio de uso de suelo e instalación de la planta desaladora: CMIC, IMIP, CANADEVI y SIDUE. Mientras que el COPICE, el CICESE y la UABC se abstuvieron de opinar, ante la falta de elementos para emitir una postura. Los nueve organismos restantes coincidieron en lo inapropiado del sitio, en especial siguiendo la línea de lo planteado por las ONGs días antes, de que el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCP) establece como incompatible una planta desaladora en ese lugar. De hecho, lo establece como incompatible en todo el sector en donde se encuentra el predio que colinda con La Lagunita, correspondiente al sector Chapultepec, que abarca desde la zona de la playa municipal, hasta la boca del Estero de Punta Banda. A través de un comunicado, el gobierno municipal aseguró que lo planteado en esa reunión sería compilado en un documento a entregar a los regidores locales, para su consideración al momento de decidir si se cambia o no el uso de suelo en el predio. Hasta el martes 15 de enero se mantenía sin decisión final, al no realizarse alguna sesión de Cabildo.