Accionistas de la empresa Autobuses de la Baja California exigen a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) resolución a un conflicto que data de febrero de 2011, cuando ante el Ministerio Púbico se presentó una denuncia por el delito de administración fraudulenta en contra de la administración de ABC. José Ramírez González, uno de los afectados, señaló que desde mediados de 2009, Carlos Sánchez de la Peña, ex administrador y Adolfo Hernández Hurtado, presidente de ABC, se niegan a transparentar el manejo de la empresa, donde ya ven perdido su patrimonio. “Nos enteramos que la empresa había pedido un préstamo a un banco canadiense por un monto de 45 millones de dólares, pero ocultaron el destino del dinero. Nosotros tenemos participación accionaria, lo que no tenemos es respuesta. Solamente ellos saben el destino de la empresa”, expresó. Los afectados pusieron una denuncia contra ABC, bajo las averiguaciones previas 1504/11/211/AP y 1529/11/211/AP, ya radicadas en la agencia especializada en delitos patrimoniales. “Pero a casi tres años de presentadas las actas, el actuar de los agentes del Ministerio Público y altos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Baja California ha dejado mucho que desear, y más que procurar justicia para el ofendido, nos sentimos muy tristes por la impartición de justicia en el estado, no alcanzo a entender”, lamentó Ramírez. Cansados de las burlas y la mala actitud de funcionarios, los accionistas interpusieron una queja ante la Visitaduría General de la PGJE, cuyo número de expediente es QT/063/2012. “Como bajacalifornianos nos sentimos burlados por la autoridad, nosotros dejamos nuestro patrimonio en ABC, nuestras unidades que estaban en óptimas condiciones, aunque eran modelos antiguos. Cada uno de los accionistas afectados tenía un ingreso de 120 a 130 mil pesos mensuales que dejó de percibir sin ninguna explicación. Nosotros confiamos que la empresa utilizaría la utilidad para renovar el parque vehicular, las instalaciones y el préstamo de 45 millones, pero desafortunadamente no lo hubo, no hemos visto nada. Somos dueños de nada, porque no nos podemos acercar con la nueva administración, ni siquiera nos reciben; y ahora con esta actitud de la autoridad, nos sentimos defraudados, pues ahora ya hasta quieren archivar nuestro caso”, acotó Juan Fernando Becerra, otro socio afectado.
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