Encontrarse en el Ministerio Público por haber cometido algún delito, estar involucrado en un accidente de tránsito o incluso para levantar una denuncia, es una situación no placentera para quienes se encuentran en una de estas situaciones con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). “Son trámites lentos, mucho papeleo, muchos requisitos, te sientes abrumado por los funcionarios que no siempre están en la mejor disposición para realizar su trabajo”, comenta un hombre quien acudió a la agencia para levantar una denuncia por robo de vehículo. Para el abogado Jorge Cristiani, el proceso de devolución del vehículo de su cliente, le confirmó lo repetido por sus colegas: “cualquier problema en el Ministerio Público es un calvario y no es justo que la Procuraduría siendo una institución de buena fe no actúe como tal”. Luego que su cliente estuvo involucrado en un accidente automovilístico, el vehículo fue retenido hasta que comprobara la propiedad: documentos traducidos y apostillados fueron presentados, luego el número de serie fue analizado para corroborar que no se tratase de una unidad robada. El procedimiento de devolución se siguió de forma correcta, pero en un plazo mayor a tres días. “Los agentes actúan cuando se les viene en gana y eso atenta en contra de los derechos humanos de la persona afectada, en este caso, el delito no se dio de manera culposa y cuando le exigí al agente que me devolviera el vehículo porque no existían motivos para retenerlo, se negó a darme mayor información”. Entonces el abogado acudió a la Agencia Receptora General para levantar una denuncia por abuso de autoridad debido a la negativa de la servidora de justificar sus actos, sin embargo, su denuncia no fue recibida. Un caso más. Leonor Pérez acudió a denunciar el delito de agresión, las heridas en su rostro y cuerpo aún visibles cuando estaba frente al agente del Ministerio Público que tomaba su declaración. “Sentí que no me estaba prestando atención, estaba platicando con sus compañeros y tomaba con ligereza mi caso. Le pedí su nombre, no me respondió, tomé una pluma del escritorio y anoté lo que alcancé a leer de su gafete, me arrebató la pluma y me dijo que no tenía permitido hacer eso”, recuerda. Luego de una fuerte discusión con el agente, una trabajadora intervino y la condujo hasta su escritorio, donde la atendió. “Yo tenía en mente levantar una queja, una denuncia por el comportamiento de ese agente, pero ya no tuve oportunidad de solicitar sus datos”. “Es impotencia, un sentimiento terrible, estás ahí porque fuiste víctima de una injusticia y te enfrentas a lo mismo”, relata la afectada. ¿Queja o denuncia? La Visitaduría General es el órgano de control interno de la PGJE y entre sus facultades se encuentra recibir quejas y denuncias contra servidores públicos e imponer sanciones desde una amonestación hasta un cese, así como ejercitar acción penal por la comisión de delitos. El visitador general de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Joel Dueñes justifica por qué el Ministerio Público no recibe denuncias contra sus funcionarios: “para eso tenemos por separado la oficina de Asuntos Internos, puede resultar incómodo para el denunciante, pero debe acudir personalmente para ratificar su queja o denuncia”. El funcionario abunda, tal situación podría prestarse para que el agente cometiera alguna irregularidad; de la separación de las oficinas de la Visitaduría de las de las agencias, comenta “es para garantizar la neutralidad en el proceso”. Pero el licenciado Jorge Cristiani considera esta acción “una medida anticonstitucional, puesto que la función de la agencia general es recibir la denuncia y remitirla al área correspondiente”. La atención no inmediata derivó en una serie de contrariedades, a decir del afectado, que no le permitieron continuar con su intención. La denuncia no fue presentada y el indebido actuar de la servidora tampoco quedó registrado. Aún así, el visitador defiende el modo en que se conduce el proceso: “sería absurdo que quien reciba la queja sea un amigo, compañero o incluso el mismo funcionario que cometió la falta.” El abogado afectado destaca la insistencia de los funcionarios por convertir las denuncias penales en quejas administrativas. “Cuando acudí a la oficina de Asuntos Internos para levantar la denuncia, me decían que la queja sería aceptada, pero yo los corregía, quería una denuncia penal, no una queja administrativa”. A decir suyo, este método permite a la PGJE proteger a sus funcionarios, en lugar de tener agentes indiciados, simplemente son sancionados administrativamente, muchos continúan sin sanción en sus puestos hasta que el proceso de investigación concluye. La abogada penalista Isabel Herrera confirmó que tanto la denuncia penal como la queja administrativa pueden ser interpuestas simultáneamente, si así lo expresa el ciudadano denunciante. “Desafortunadamente, el desconocimiento de los afectados y la falta de voluntad de la autoridad hacen que la gente se confunda y no exijan más de lo que les ofrecen”, explicó. A decir de la especialista, tanto la desinformación como la percepción de que la autoridad no actúa en estos casos provocan que la ciudadanía no se acerque a denunciar. La razón por la que más policías ministeriales son denunciados en comparación con agentes es porque “la gente siempre busca sancionar al policía, al agresor inmediato, no a quien los recibe ya en la agencia”. Agentes ministeriales: la mala cara de la PGJE “Los agentes son la cara de la PGJE, deshumanizados hacia familiares de detenidos, tratan por igual a un asaltante u homicida que a un conductor en estado de ebriedad”, comenta el licenciado Cristiani. Lo que él califica como un “vicio en la forma de comportarse”, es el recurrente trato que reciben no solo los detenidos y procesados por la PGJE, también quienes acuden a levantar denuncias. Norma Aguirre es una de las muchas personas en la sala de espera de la agencia de la PGJE en la zona Río, a su lado está sentada su sobrina Ivonne de 14 años, con un collarín y heridas en los brazos, se repone luego de ser atropellada por un taxista. El chofer fue liberado sin pagar la indemnización ni haber obtenido el perdón, las 48 horas de detención no fueron respetadas. Durante horas han solicitado una copia de la averiguación previa para constatar cómo se realizó el proceso. Tras decenas de “espere su turno, en un momento la atendemos”, recibe como respuesta final: el expediente se perdió entre la pila de documentos del agente. “Puede regresar en la tarde o mañana, a ver si ya lo encontramos”, le responde el joven agente, no termina la frase cuando ya se dio media vuelta para regresar a su oficina. Así, Norma y su sobrina regresan en taxi hasta su casa en Los Pinos. El asunto termina ahí, tanto la menor afectada como su tía están cansadas después de más de 24 horas desde el accidente, luego de inútiles horas de espera en la agencia, prefieren ir a casa, sin levantar queja o denuncia. Joel Dueñes, visitador general, insiste “no contamos con el personal ni con el espacio suficiente para tener a un representante en cada agencia, las denuncias no son frecuentes, así que no resulta económicamente viable ni lógico”. El funcionario reconoce la falta de información en estos sitios para que los afectados denuncien las situaciones “entre remodelaciones y otras circunstancias, no es posible mantener carteles o letreros, pero la recomendación existe para que la persona denuncie con nosotros”. Otra vía es la denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos y Participación Ciudadana. De enero a noviembre de 2012, el organismo ha recibido 41 quejas hacia la PGJE, de éstas 31 se concentran en Tijuana. Entre los derechos humanos violados por esta autoridad, destacan el derecho a la vida y a la integridad personal, otros derechos como a la propiedad y posesión; legalidad y seguridad jurídica; privacidad; y libertad, se registraron en menor medida. Entre las recomendaciones emitidas por la PDH en este año cinco fueron dirigidas a la PGJE. Los motivos van desde la irregular integración en la averiguación previa hasta tortura, lesiones, detención arbitraria, retención ilegal y falsa acusación. Otros derechos humanos violados incluyen el derecho a la vida e integración personal en la modalidad de desaparición forzada, así como la legalidad y seguridad jurídica en la integración irregular de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia. Sobre esta última, el abogado penalista Ramón Flores explica “los procesos son lentos porque hay una gran falta de personal”. Esta problemática se agravó con la instauración del Sistema de Justicia Alternativa, según la opinión del abogado. “Cuando se conformó esa área, muchos agentes fueron removidos del Ministerio Público y ahora ahí están faltos de personal para integrar las averiguaciones previas. Hemos recibido quejas de personas atendidas en Justicia Alternativa cuyas declaraciones son tomadas en tres o cuatro renglones, en un intento porque el asunto termine ahí y ellos puedan llevar sus estadísticas de prevención de denuncias”. Si el caso no es resuelto ahí, entonces los ofendidos y ofensores son citados nuevamente a declarar ante el agente del Ministerio Público, “la gente termina confundida y con la sensación de que no fueron auxiliados”, explica el abogado. Sobre la permanencia de algunos policías y agentes aún con procesos abiertos en Visitaduría explica “hay casos en que los denunciantes resultan inocentes y entonces cobran indemnización, por ello”. Agentes removidos por conexión con la delincuencia organizada La oficina de Visitaduría General de la PGJE mantiene 62 expedientes abiertos por la falta administrativa de abuso o ejercicio indebido del cargo, empleo o comisión, conocido comúnmente como abuso de autoridad. De éstos 43 pertenecen a Tijuana, 13 más a Mexicali, mientras que en Ensenada son seis. El plazo para emitir resolución es de dos años, por lo que los policías y agentes ministeriales denunciados en 2012 podrían concluir su proceso en 2014. Si bien la Visitaduría solamente integra la investigación, la determinación de la sanción de los funcionarios es tarea de la Comisión de Carácter Judicial. Dicho órgano está integrado por el Procurador, agentes de la policía como vocales y secretarios. En 2012, la Visitaduría ha solicitado diez remociones de personal, cinco fueron separados de sus funciones. De acuerdo al visitador, este año han disminuido las solicitudes de remoción, puesto que gran parte de la depuración de la corporación ya se realizó. Explica que varios agentes ya fueron removidos, por la gravedad del delito denunciado, en específico, aquellos involucrados con la de delincuencia organizada, casos denunciados el año pasado. El órgano dirigido por Joel Dueñes se remite a este tipo de casos, policías denunciados por compañeros, por delincuentes o detenidos en flagrancia, los que atraen la atención de los medios por los vínculos y nexos entre elementos de una corporación cuyo propósito es combatirlos. Sin embargo quedan en una larga lista, no registrada por la dependencia, aquellos agentes que diariamente ofrecen un trato prepotente, sin la sensibilidad o criterio necesario para agilizar procesos que atrasan y complican las propias funciones de la PGJE. El visitador concluye “independientemente de las muchas quejas que no proceden, la única forma de poder asegurarnos que no exista un abuso real por parte de los agentes es que la gente no denuncie”. El problema persiste, los métodos de denuncia no son los más fáciles o accesibles para la mayoría de la comunidad. Aunado al desconocimiento de las medidas que pueden tomar o por la falta de confianza en las autoridades, el ciudadano común, víctima de estos tratos, rara vez se acerca a señalar a los servidores por medio de una denuncia penal o, queja administrativa, como es recomendado por los propios funcionarios.
Publicidad
