Corrupción en Seguro Popular

Según la denuncia registrada en Contraloría Interna del Gobierno del Estado, a cargo de Edgardo Contreras Rodríguez, en la memoria y correo personal del secretario general, Francisco García Burgos, la red de corrupción y extorsión dentro del Seguro Popular está completamente identificada. Nombres, apellidos, fechas, cantidades, documentos, testimonios, todas las piezas registrables de una estructura de encubrimientos, favores y recomendaciones que producen dinero ilícito.  Los panistas señalados: Luis Enrique Díaz Félix, ex alcalde de Rosarito y actual aspirante a una diputación local; Alejandro Bravo, ex secretario particular del ex presidente municipal de Tijuana, Jesús González Reyes, actual consejero de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y proveedor del Seguro Popular; Bruno Roldán Melo, médico panista y oficial mayor del comité directivo del Partido Acción Nacional en Tijuana; Mirna Rincón, directora del Seguro Popular y aspirante a la alcaldía del PAN en Rosarito; e incluso el abogado de la institución, Enrique Gallardo. La fórmula es sencilla. A distintos doctores se les invita a ser proveedores del Seguro Popular, con la condición de entregar un porcentaje del total de lo que se factura a la quincena. Algunas veces la indecorosa propuesta llega cuando ya están trabajando el contrato. La petición de dinero oscila entre el 20 y 40 por ciento del dinero que generé el contrato, y el pago es en efectivo. La entrega se hace, según testimonios, “de un carro al otro” o “entregando el dinero en el banco, en cuanto se hace el depósito”.   El dúo de Rosarito Hace tiempo, Mirna Rincón Vargas, directora del Régimen de Protección Social de Salud en Baja California, REPSSBC (Seguro Popular) recibió, por mandato del gobernador José Guadalupe Osuna Millán, una orden extraoficial. Cercanos al mandatario estatal manifestaron extraoficialmente que “le pidió la renuncia de ‘El Gigio’”, refiriéndose a Luis Enrique Díaz Félix, quien laboró en el Seguro Popular encabezando una jefatura de afiliación. Es el principal asesor y operador de la señora Rincón. En el gobierno estatal saben que la panista simplemente no acató la orden de manera inmediata. Las razones del gobernador para solicitar tal cosa, no están claras. Pero los motivos de Rincón para desobedecer, son atribuidos por panistas rosaritenses a la aspiración que comparte con Díaz para mancuernar en las elecciones de 2013 en Rosarito. La directora del Seguro, para la alcaldía (aunque hay días que se desdice), y el ex presidente municipal para el Distrito 16 de ese municipio. Según el abogado del Seguro Popular, Enrique Gallardo, Díaz Félix, ya no cobra como empleado en la administración de Rincón Vargas. Esperó la finalización de su contrato el 31 de diciembre de 2012, le pagaron un “finiquito” y “yo ya no lo he visto”.   Organigrama del saqueo El 11 de noviembre de 2012, a Francisco García Burgos lo interceptó un desconocido, cuando el segundo de abordo en el Estado se apersonó en el comité municipal de Tijuana del PAN para conmemorar el primer aniversario luctuoso de su tocayo, Francisco Blake Mora. Ahí lo esperó el doctor Hugo Mártir para denunciar, luego de cuatro meses como prestador de servicios en el Seguro Popular, las operaciones ilícitas. El médico le dio detalles al secretario. Nombres y cantidades. Durante los meses que duró como prestador de servicios, en varios módulos del Seguro Popular, que le pagó poco más de un millón de pesos. Conforme a sus cálculos, la “comisión” que los funcionarios estatales le exigieron durante ese lapso fue de aproximadamente 350 mil pesos en cuatro meses. Ese dinero obtuvieron funcionarios corruptos de un solo proveedor. El doctor Mártir fue recomendado a Alejandro Bravo por Gerardo Flores Campbell, este último, gerente de la maquiladora Dart, donde laboraba el médico. Semanas después –acusa el médico- Flores también le cobró la “recomendación” en pesos y centavos. Según el testimonio de uno de los proveedores afectados, quien autorizaba a los proveedores era Luis Enrique Díaz Félix, él negociaba, palomeaba y programaba el acuerdo. Quien depositaba el pago cada quincena, era el administrador Jaime Elizondo Zatarain, y éste a su vez le notificaba a Alejandro Bravo para que fuera por el porcentaje de la “cuota”. Bravo fue secretario particular del ex alcalde Jesús González Reyes y es consejero de CANACO en la gestión de Karim Chalita; no hace mucho, dueño de un bar en la calle Sexta de Tijuana y, según el Registro Público de la Propiedad, en 2004 le otorgaron el “poder general” de una empresa, Expo Comercial, S.A. de C.V., con la cual factura al Seguro Popular, publicidad mediante servicios profesionales. De acuerdo a los denunciantes, Bravo es el encargado de recolectar o cobrar la cuota extraoficial. A tal grado es la profesionalización de cobrador, que cuando él estaba ocupado -comentan los médicos-, el dinero era entregado en el domicilio de su madre, la señora Justina Sáinz, cerca de la colonia Revolución (detrás de los tacos Los Pericos). Pero no solo el domicilio de su madre le era útil para recolectar los miles de pesos. Señalan los afectados que Bravo también cuenta con la complicidad del administrador Zatarain, quien le avisaba cada vez que se depositaba a los proveedores para comenzar el acoso del cobro. “No pasaban cinco minutos de que me depositaban cuando me hablaba Alejandro Bravo para pedirme el 35 por ciento”, recuerda el doctor Hugo Mártir, quien refiere la entrega del dinero a Bravo en distintos lugares. Por ejemplo, en el Oxxo a un kilómetro de la estación de Centenario en Otay, incluso en el mismo banco o en gasolineras. Dos médicos proveedores -los cuales pidieron el anonimato- confirmaron a ZETA lo dicho por Mártir y la estructura de sobornos dentro del Seguro Popular. Incluso, ésa es la  versión de un reconocido médico en Mexicali, a quien le fue hecha la propuesta, pero no accedió. La situación irregular que caminaba aceitada con la corrupción se complicó en el momento que los funcionarios pasaron de la extorsión a las amenazas, cuando Mártir se negó a continuar el pago de cuotas cada vez mayores entre  septiembre y octubre de 2012. Después, los panistas decidieron  reconsiderar y Díaz Félix replanteó el porcentaje del soborno, esta vez por una cantidad menor. El 29 de octubre de 2012  le cancelaron el contrato sin mayores informes. Panistas fueron testigos de que el “desconocido” doctor platicó con el secretario general del gobierno estatal el día de la conmemoración de la muerte de Blake. El funcionario le dio dos correos personales para que, lo que le acababa de narrar, se lo escribiera. Prometió tomar cartas en el asunto. El médico le escribió el mismo día, 12 de noviembre de 2012 a  las 02:34 horas, y reenvió sus mensajes al día siguiente a otro correo, a la una y media. Además de la narración de hechos, dejó datos personales. Lo mismo hizo en Contraloría Interna del Gobierno del Estado, pero ninguna de las instancias de gobierno  se comunicó con él.   La represalia A Hugo Mártir le cancelaron de un día al otro el contrato que mantuvo con el Seguro Popular como prestador de servicios en el mes de noviembre. Luego de no acceder a las “ofertas” que le hacían Díaz Félix y Alejandro Bravo, la última advertencia antes de cancelarle el contrato en el mes de noviembre, fue cuando le solicitaron el 12 por ciento de su ganancia. Esa cantidad a pagar se la pidieron al doctor Mártir en la cafetería Starbucks que se localiza a un costado de los Juzgados de Zona Río Tijuana. No accedió. A días siguientes, un oficio firmado por Mirna Rincón le avisó que su contrato había sido terminado.   Melo-drama Bruno Roldán Melo se afilió al PAN el 23 de abril de 2011. Bajo la protección de Enrique Méndez, éste lo colocó como oficial mayor de Acción Nacional en Tijuana. A principios de octubre de 2012, el doctor Roldán llegó al Seguro Popular como director de Gestiones y Servicios de Salud, departamento encargado de realizar las auditorias y revisar un buen servicio a los afiliados del partido. En los días y semanas siguientes, versiones extraoficiales indicaron que Miguel Osuna Millán se encargó de contarle a sus cercanos e incluso ajenos, que fue él -por medio de su hermano, el gobernador- quien metió al doctor en la nómina. Los denunciantes anónimos aseguran que en más de dos ocasiones, el ex diputado refirió que iba a ver “hasta donde podría llegar” con el estrenado panista. Así lo supo Roldán Melo y lo presumió, provocando descontento entre los panistas. Pero no le duró mucho. Con un sueldo de 54 mil pesos mensuales, lo despidieron en dos meses. Para finales de noviembre ya había sido corrido. La denuncia pública a ZETA indica que fue el mismo Roldán Melo quien a su llegada al Seguro Popular le recomendó a Hugo Mártir no entregar dinero a los funcionarios del Instituto. Que en cambio, se lo entregara a él.  La oferta también fue extensiva a otros proveedores. Claro, un porcentaje menor. A cambio -igual- la permanencia de sus contratos. Funcionó. Bruno Roldán Melo recibió depósitos de estos sobornos en la cuenta de un familiar, quien es apoderado de una cuenta en el banco HSBC. Algunos depósitos se hicieron desde la sucursal 135, que corresponde a la ubicada en Plaza Financiera en Zona Río. Las fricciones entre Roldán Melo y Mirna Rincón se elevaron con los días. Según el médico, lo usaron, se firmaban documentos a su nombre, no le permitieron cuestionar pagos ni contratación de servicios, lo cual era su facultad, lo limitaron. Por ello, en octubre interpuso una denuncia por “hostigamiento” contra Rincón. Así el expediente, ella lo señalaba de tener una “relación” con una doctora que prestaba servicios. La denuncia interpuesta por Roldán Melo está siendo integrada en la Contraloría, en proceso de comparecencias, según explicó Edgardo Contreras, contralor del Estado. El 22 de octubre Melo se presentó en su oficina. Con llave distinta ya no pudo ni entrar por sus cosas. El abogado del Seguro Popular, Enrique Gallardo, le notificó su despido.   La vacuna de Mirna Rincón Cuando amenazan con la anulación del contrato al doctor Hugo Mártir, quien prestaba sus servicios como médico instalando módulos de “Consulta Seguras” (espacios donde se toman medidas corporales y sanguíneas a los afiliados), le notificó a la directora lo ocurrido. Es decir, la extorsión por parte de sus funcionarios. Como repuesta -una semana después de anularle el contrato-, el 5 de noviembre de 2012, luego de que Mártir amagó con denunciar, Mirna Rincón giró un oficio que advertía, para que estos “servicios no sean condicionados por ningún servidor público, solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier dádiva”. Así la directora quedaba vacunada para la denuncia posterior. Aun así, el contrato quedó anulado. El doctor Hugo Mártir emprendió por la vía legal una demanda, dado que el contrato fue anulado sin razones ni previo aviso. Del total de lo facturado hubo que pagar nómina, renta, impuestos, materiales; por ello busca un arreglo y una indemnización correspondiente. Pero es otra historia. Por otro lado, el ex prestador de servicios interpuso una denuncia vía internet en Contraloría del Estado desde el 15 de noviembre de 2012, tres días después de hablar con el secretario de Gobierno. En su reclamo también ofreció detalles de la corrupción en el fondo del Seguro Popular. En ella puso su nombre, dirección, teléfonos, correos electrónicos. Sin embargo, a tres meses de eso, no lo han contactado.   PAN-gobierno, sin cartas en el asunto Se solicitó una entrevista con Mirna Rincón, pero la panista optó por no hablar. La petición fue remitida al área jurídica del Seguro Popular, donde el titular Enrique Gallardo se limitó a mencionar que al enterarse de las presuntas irregularidades denunciadas, la respuesta de la titular del Seguro Popular fue emitir un oficio advirtiendo que ningún funcionario podría condicionar los contratos a dádivas. Hasta ahí la respuesta oficial.  El departamento de Comunicación Social de Francisco García Burgos, contestó que aunque el secretario atendió al ciudadano, “es un tema que el contralor del Estado debe de atender”, siendo la antena e inteligencia del Gobierno del Estado y del gobernador, ésa es la excusa. El contralor explicó que “por un problema técnico”, la denuncia nunca fue recibida. Se le dio la referencia y el folio (1703) que se generó al interponerla el 15 de noviembre a las 7:07 de la mañana. Su “personal de informática” finalmente la halló; la explicación exacta fue: “No sé qué pudo pasar, se traspapeló en la computadora”. Pero aseguró iniciaría una investigación cuanto antes. Hasta el cierre de esta edición, ni el contralor ni el secretario han contactado a Hugo Mártir. Como nunca, lo dijo en su momento el ex presidente de los panistas, Felipe Calderón, el Seguro Popular tiene un presupuesto histórico en el país (109 mil millones de pesos en 2012). A pesar de ello, los afiliados no se explican el servicio tan precario. Cada día en el Hospital General de Tijuana -como en otros nosocomios públicos- hay que hacer filas de más de cinco horas para obtener una cita médica. En 2012, en Baja California se destinaron mil 263 millones 674 mil pesos para el Seguro Popular. Ése es el presupuesto que opera Mirna Rincón y sus funcionarios, a quienes se denunció de cobrar y beneficiarse con jugosas comisiones de entre 15 y 40 por ciento, sin que  la Secretaría General ni la Contraloría Estatal, se molesten en investigar.    Ilegal, director de ISSSTECALI es proveedor Algunos de los proveedores del Seguro Popular que han denunciado extorsión por parte de funcionarios del Seguro Popular, pertenecen al Programa de Consulta Segura, a través del cual se realiza un “estudio médico preventivo”, se mide la glucosa, el peso, la talla, la masa corporal, la presión arterial y permite la detección de anemia. Es un esquema financiado por el Seguro Popular, de carácter “gratuito” para los afiliados, con el objetivo de “cambiar los hábitos en la población”. Se instalan clínicas en puntos clave del estado, y a cada proveedor se le paga por ese servicio. En total, en Baja California hay 17. En estos módulos, los proveedores contratan enfermeras, médicos y personal para atender a los afiliados, por cada paciente que ellos atiendan, el Seguro Popular les paga 89 pesos; si alguna medida del estudio sobrepasa los límites saludables, se pasa a una consulta médica; por ella, el Seguro Popular aumenta 90 pesos, el medicamento y otros servicios también se le retribuye al médico encargado. Solo para tener alguna referencia, si un módulo atiende a 200 personas diarias, el proveedor ya tiene facturados aproximadamente 36 mil pesos. Uno de los módulos de Consulta Segura que más pacientes atiende, está ubicado a las afueras del Hospital General de Tijuana. El proveedor de ese módulo es Rafael Pérez Salcedo, precisamente, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del. Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) en Rosarito. Pero este servicio que presta Pérez Salcedo es ilegal. El contralor del Estado, Edgardo Contreras, explicó que un funcionario “no puede ser proveedor al menos con una autorización previa por parte de esta dependencia (Contraloría Interna)”. Pérez no ha solicitado ninguna autorización. Así, se cobra ilegalmente en la nómina oficial y como proveedor del Sector Salud. Algunos de los proveedores y ex proveedores de este programa son los médicos Rafael Pérez Salcedo, Germán Prado Aréchiga, Marco Antonio Vargas Maldonado, Iván Figueroa Calderón, Salvador Pedroza Martínez, Hugo Rafael Llanos Vázquez, Fundación María, Clínicas Quiñonez, Farmacias Estrada, María Lourdes Arce Téllez, Juan Hugo Andrés Márquez, García Francisco Ramón Vargas y Luis Guillermo Jiménez. Según el Seguro Popular, los proveedores vigentes en este año que serán beneficiados con los 25 millones de pesos asignados al programa de Consulta Segura son: la doctora María Arce Téllez, Luis Guillermo Jiménez, Raúl Peña y las farmacias San Nicolás. Isaí T. Lara Bermúdez Otras discapacidades Las quejas por “malos servicios” que “subsidia” el Seguro Popular en Baja California continúan. Aunado a la extorsión y presunta  malversación de fondos, está la desprotección para médicos pasantes obligados a hacer su servicio social en este programa, la sobrepoblación, los extensos tiempos de espera por atención, insuficiencia de personal médico, falta de equipo, escasez de medicamentos y la obligatoriedad de  los galenos de realizar decenas de cirugías al día como si fuera maquila, lo que resulta en una atención deficiente. La incapacidad del Seguro Popular para brindar protección y seguridad a los médicos pasantes, que por instrucción federal son enviados a zonas rurales donde son violentados sexualmente, acosados por grupos criminales e incluso asesinados, quedó expuesta a finales de 2012, cuando se registró el homicidio de un pasante en Nayarit. Lo mismo ocurrió en estados como Sinaloa, donde el 15 de octubre del mismo año, una pasante fue violada y golpeada en la clínica donde prestaba su servicio. Cuando estos médicos agredidos abandonan sus lugres de asignación, se les niega la posibilidad de una reubicación. En cuanto al servicio, entrevistas con los usuarios permitieron constatar que cuando un usuario pretende obtener una cita médica en el Hospital General de Tijuana, por ejemplo,  tiene que hacer fila de entre seis u ocho horas de espera. Si es que alcanza. “Hay que llegar cuatro horas antes del horario de entrega de fichas y volver a formarse a las afueras del hospital para esperar una posibilidad”, explicaron. En cuanto a la atención por cita con especialistas, se otorgan para tres o cuatro meses después del día en que son tramitadas. Los propios médicos que laboran en el Hospital General confiaron a ZETA que el Seguro Popular únicamente llegó a sobre poblar un servicio que desde antes, no se daba abasto. No hay personal ni instrumental médico suficiente, medicinas, quirófanos, camas ni atención que dé abasto la demanda de salud, aunque el Seguro Popular debería cubrir con su presupuesto anual de más de mil 200 millones de pesos. Relataron que los cirujanos practican hasta diez intervenciones al día por el cúmulo de trabajo. Los procedimientos quirúrgicos se realizan sin el apoyo del anestesista que el hospital debería proporcionar. Ante la premura de los tiempos y la falta de personal, los cirujanos duermen a los pacientes Unas más. En Contraloría del Estado, además de la queja por extorsión interpuesta por el doctor Hugo Mártir, camina un proceso (258-12-mxl) contra el Seguro Popular por la transferencia irregular de 10 millones de pesos al Hospital de Salud Mental de Tijuana. La investigación hasta la fecha pendiente, deriva del Dictamen 233 emitido por la fiscalización realizada por el Poder Legislativo en las finanzas del Seguro Popular 2010. Isaí T. Lara Bermúdez