Como administradores, el gobernador de Baja California, los alcaldes de sus cinco municipios y el resto de los funcionarios, incumplieron este año con los principios de austeridad, eficacia y eficiencia presupuestaria ordenados para el manejo de los erarios. Las leyes de ingreso presentadas hasta el momento muestran que continuarán incumpliendo impunemente el año entrante, juicio que se basa en la ausencia de procedimientos o procesos destinados al ahorro y optimización de recursos públicos materiales y humanos, en sus planes de gobierno, así como en la inexistente búsqueda de la calidad administrativa. En los respectivos mundos felices de cada uno de los titulares de los poderes ejecutivos de la entidad, no existe la crisis mundial, irresponsablemente deciden no contemplar las posibles consecuencias de la caída económica europea, el desbalance financiero de Estados Unidos, o la reducción de los fondos federales. Simplemente, en sus planes recaudatorios y de gastos, no se contemplan ni la abstinencia, ni la continencia o la templanza. En efecto, las propuestas 2013 se parecen mucho a las de 2012, año en el que a pesar de la promoción que han hecho de sus supuestos ahorros e incrementos en recaudaciones, ninguno de los gobiernos locales fue capaz de lograr la racionalidad presupuestaria ordenada. Es noviembre, y a todos se les terminó el dinero de los ciudadanos antes de concluir el año. Como si administrar los recursos públicos con disciplina no fuera su obligación básica, ahora resulta que no les alcanzó y, desfachatadamente, todos se han declarado esperanzados a que el Gobierno Federal que a partir de mañana encabezará Enrique Peña Nieto, los saque del problema que provocaron con incapacidad y despilfarro en medio de una crisis. Después de dos años, acusar a los gobiernos anteriores de sus respectivas crisis, es tramposo, inmaduro e irresponsable, porque sabían que las alcaldías, además de prerrogativas millonarias, traían deudas que desde la campaña, ellos se comprometieron a solventar. A ninguno de estos titulares ejecutivos- alcaldes o gobernador- se les vio este año reducir sus privilegios o los onerosos gastos en culto a la personalidad, autopromoción, asesores, secretarios particulares, asistentes y coordinadores ejecutivos, por citar algunos ejemplos. En lugar de invertir los recursos que recolectan en obras, programas sociales o acciones que solventen las necesidades de los gobernados para que se sientan satisfechos, pagan millones de pesos a agencias externas por campañas publicitarias para intentar, a fuerza de repetición, convencer a la población de que están haciendo todo bien. Incluso, pagan millones por continuidad editorial en medios de comunicación -que les sirven de cómplices- con la proyección de notas positivas pagadas, para fingir un inexistente éxito y prostituir el derecho a la información de la ciudadanía. Hasta ahora, la única medida de “austeridad” planteada, ha sido la misma que prometieron desde la campaña hace dos años y han evadido: el tema de adelgazar la nómina que han venido engordando a fuerza de inventar puestos para pagar favores electorales y acomodar a sus amigos. El problema de esta “estrategia” -de acuerdo a los pocos datos públicos- no es más que otro engaño, porque en lugar de cancelar plazas directivas con inmerecidos sueldos de 30 mil ó 50 mil pesos, o coordinaciones ejecutivas de 80 mil pesos, pretenden eliminar decenas de empleados de los de 1 mil 500 pesos quincenales o 10 mil mensuales. Incluso plantean correr bomberos. ¿Pues de qué se trata, señores? Responsabilidad, conciencia, honestidad y transparencia es lo menos que están obligados a demostrar en la delicada labor que implica la elaboración de un presupuesto de ingresos y de egresos, y en condiciones como las actuales, a implementar medidas de reducción del gasto y anunciar acciones específicas de ahorro que los ciudadanos puedan conocer, seguir y calificar. Pueden empezar por definir cuáles son las plazas realmente imprescindibles y conservarlas, pero deshacerse de todos los aviadores de lujo, y si estos coordinadores, directores y secretarios quieren seguir cobrando sus cuantiosos sueldos, que busquen y verán que no los van a conseguir en la iniciativa privada. También están forzados a reorganizar en el área de proveedores; determinar cuáles son los que ofrecen los mejores precios y dejar de comprar a costos inflados a sus compañeros de partidos parientes y amigos; a reducir -todavía más- los gastos fijos y sobre todo, gasten lo que recauden y dejen de pedir prestado, endeudando a los bajacalifornianos. Su obligación constitucional es racionalizar el gasto, porque el dinero, señor gobernador y señores alcaldes, ni abunda, ni es suyo.
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