Casi Año Nuevo, secretarios federales fresquecitos, una LXII Legislatura recién estrenada, con todo y sus diputados y senadores reciclados. Un Presidente de la República -itinerante, que se va ensuciar los zapatos- quien durante tres semanas se ha manifestado abierto a escuchar las voces fuertes críticas y constructivas que le permitan reorientar esfuerzos. Pueden sumar la aprobación a la reducción a la pena por afectar la paz pública, una reforma educativa y otra a la Administración Pública Federal en ciernes; agréguele un presupuesto que si bien es más austero que el del año pasado, por lo menos ya está aprobado. Además, cada uno de los actores responsables de la administración del país comprometidos a poner en marcha las reformas estructurales que necesita México para salir adelante. Bajo ese esquema teórico de apertura y optimismo, ¿qué podría fallar? El fracaso solo puede llegar si los políticos ignoran su obligación legal de servir a la ciudadanía, de regir sus acciones por el interés público. Si estos sujetos empoderados deciden -como se ha hecho una mala costumbre en los hombres y mujeres que alcanzan puesto público relevante en este país- buscar el beneficio personal o el de su partido, provocando injusticia al resto de la comunidad, usualmente a los más desprotegidos. Pero ni arcas públicas ni el ánimo de los pobladores están para más ilegalidades y corruptelas del nuevo o viejo PRI. Tampoco las del nuevo PAN o del ambiguo e indefinido PRD. Menos para los abusos de aquellas instituciones políticas que los mexicanos seguimos manteniendo solo porque sobreviven de vender su logotipo y voto al mejor postor, como el PT, PVEM, PANAL o Movimiento Ciudadano. La maltrecha democracia no soporta más partidos con sus respectivos políticos que tuvieron su oportunidad con otras siglas. Estas viejas caras ahora pretenden seguir viviendo del presupuesto, fundando “nuevos” partidos con ideas de re-uso. Los mexicanos no están esperando ciegamente a un libertador imaginario para que los salve, la mayoría de los habitantes son personas productivas que están trabajando para sortear los obstáculos que les generan los malos gobiernos y, tras más de 90 años de explotación, injusticias y corrupción, merecen políticos de altura. Ya estuvo bueno de vividores y oportunistas, la situación exige estadistas con bases ideológicas firmes. Capaces de encontrar las coincidencias más justas entre los intereses opuestos. Conste que no se están pidiendo altos coeficientes intelectuales, aunque las circunstancias críticas actuales lo ameriten. Pero no pueden estar incluidos en el erario sin que demuestren responsabilidad, solidaridad y eficiencia para sus gobernados. Deben ser competentes, conducirse con justicia, honestidad, pertenencia, respeto, lealtad, sinceridad y tolerancia. Se les exige un mínimo de valores éticos. Que sean por lo menos coherentes con los compromisos que hicieron en campaña, porque es seguro que no ocuparían el lugar que ahora saborean si en la temporada electoral hubieran prometido aumentarse los sueldos o congelar las reformas que el país necesita. El sistema de partidos y el gobierno jerárquico les da poder sobre el resto de los mexicanos, pero este dominio es exclusivamente para que los representen en la administración de los recursos públicos, no para que sus programas generen más pobreza, provoquen desempleo o detonen los índices de inseguridad. Así que al Presidente y a su gabinete: están en el mejor momento para generar ideas originales acordes a la realidad mexicana, innovadoras, que permitan al país ser más productivo y creativo para protegerlo de la crisis económica internacional. Como se trata de un gobierno con tres poderes, las mismas oportunidades y obligaciones son patentes para los representantes en el Poder Ejecutivo y Judicial. Podrían empezar por atender con propuestas de solución integral y coordinada la violencia detonada en Jalisco, Michoacán y Sinaloa, no se vale solo ofrecer apoyos, porque los muertos, el narcotráfico y el crimen organizado, son conflictos nacionales y, por tanto, responsabilidad de todos, de los ciudadanos; particularmente de las autoridades en sus tres niveles y sus tres poderes. La Procuraduría General de la República debe buscar a los criminales sin evadir su encargo alegando jurisdicción. Los jueces, a juzgarlos y condenarlos sin buscar pretexto de forma para dejarlos en libertad. Los legisladores, a perfeccionar las leyes que impidan a los dos primeros eludir su responsabilidad y castigarlos cuando lo hagan. Pero no es solo la inseguridad, en lo económico, lo político y lo social. México demanda grandes cambios. En el presente sexenio, éste es el mejor momento para hacerlo, y no son necesarios esfuerzos extraordinarios. Conforme a la Ley, lo único que se requiere es que cada uno, Presidente, secretarios, procurador, magistrados, jueces, legisladores y sus respectivos séquitos de funcionarios, cumplan con su trabajo.
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