La hipótesis que prevalece sobre la actuación de la compañía Z Gas para cerrar el servicio por tubería en 3 mil 700 tomas de Mexicali, es el pésimo estado de la red de distribución. Y lo costoso de repararla. Con un gobierno ineficiente representándolos, las miles de familias mexicalenses afectadas serán obligadas a pagar las consecuencias de una prolongada ausencia del servicio mientras la empresa favorecida con la concesión goza de impunidad que le dan las leyes y autoridades que no cumplen con su función. Los hechos muestran que ni el gobernador José Guadalupe Osuna ni su gabinete están dimensionando el problema ni actuando con la celeridad que se requiere. Incluso, están engañando a la sociedad. El martes 30 de octubre de 2012, el licenciado Osuna Millán publicó en su página de Facebook: “Quedó notificada oficialmente la sanción a la empresa Z Gas en Mexicali, por haber suspendido el suministro del combustible sin previo aviso; a través de los funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía, se le dará seguimiento a este asunto, haciendo una revisión de sus instalaciones y de la red de distribución de gas natural, como parte del trabajo coordinado del Gobierno Estatal y la Procuraduría Federal del Consumidor. Los bajacalifornianos pueden estar seguros que tienen un Gobernador que trabaja por ellos y para ellos. Saludos JGOM”. Poco después consultado por ZETA al respecto, el Secretario General de Gobierno, Francisco García Burgos respondió: “No hay multa, está confirmado. Sólo está iniciado un procedimiento que puede derivar en una multa pero todavía no hay tal”. Entonces resulta que el preocupado gobernador mintió. La respuesta de la Comisión Reguladora fue similar: “Con la información recabada, la CRE evaluará el cumplimiento de Gas Butano Propano a las obligaciones que le impone el orden jurídico como permisionario de distribución de gas LP y, en su caso, determinará las sanciones que correspondan, que pueden consistir en multas y, eventualmente, en la revocación del permiso”, informó a través de un escueto comunicado a la petición de información de parte de este semanario. Al referirse al proceso de revisión en el texto, la CRE advirtió que será lento y detalló que inició el miércoles 17 de octubre, fecha en que cerraron el suministro sin haberles notificado con anticipación como ordena la Ley. 
La empresa Gas Butano Propano informó a la comisión que ese mismo día había publicado en el diario tijuanense El Mexicano (con escasa circulación en Mexicali) un aviso a sus usuarios sobre la suspensión del servicio anunciando a la comisión que daría mantenimiento a un ducto “para verificar que no existiera ninguna anomalía en su integridad del mismo (sic) y con ello proteger a toda la población”. En el documento, la CRE aseguró que “ya ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones” por lo que el jueves 18 de octubre de 2012, requirió a Z Gas una copia del aviso publicado, la identificación del ducto mencionado y el programa de atención para enfrentar la suspensión del servicio en caso de que se prolongara por más de cinco días. Pero no explicaron si la empresa respondió el requerimiento, y a 16 días de la suspensión del servicio la comunidad no ha sido informada de ningún plan para afrontar el conflicto energético. En comunicado detallan también que el 22 de octubre de 2012 se ordenó una visita de verificación la cual se efectuó los días 26 y 27. Y anotan que el permisionario tiene un plazo legal –que vence el lunes 5 de noviembre– para formular observaciones y ofrecer pruebas sobre la visita. Efectivamente, los ingenieros Jorge Pegasos Ruiz y Alejandra Lara de la Comisión Reguladora de Energía revisaron “el índice de explosividad del sistema de distribución” el pasado fin de semana durante dos días. Extraoficialmente las autoridades informaron que habría reportes de la Comisión Verificadora a mediados de esta semana. Pero nada. A lo anterior es necesario agregar que el gobierno ni siquiera está contemplando la posibilidad de expropiar la red de distribución para otorgarla a otro proveedor que la opere con mayor efectividad y atienda las necesidades de la población. Esto basado en el carácter de utilidad pública de la red, fundamentada en el precedente de jurisprudencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Subsecretario de Gobierno Manuel Salcedo Sañudo dijo al respecto: “No tengo conocimiento”. Al que parece gustarle la idea es al alcalde cachanilla Francisco Pérez Tejada: “Es una posibilidad que estaría bastante bien. Si nos quedamos con la tubería, habría que ver la conexión”, pero apenas lo está pensando. Dado que ninguna autoridad ha considerado ni está trabajando en las soluciones expeditas que la ley les pone al alcance, funcionarios de la Comisión de Energía y del estado que pidieron no ser citados, reconocieron que se trata de un proceso que puede durar años y no se va a resolver en semanas. Recomendaron abiertamente que quienes no lo hayan hecho, busquen e instalen su cilindro de gas porque el problema va largo. Los limitados trámites osunistas José Manuel Salcedo, subsecretario de gobierno bajacaliforniano, habló en favor de Osuna Millán y aseguró que la semana pasada el gobernador estuvo en la Ciudad de México y se entrevistó con los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, lo cual “aceleró” el proceso de revisión. Explicó que el planteamiento fue que se revisarían siete kilómetros de tuberías porque “la empresa había dicho que hicieron el corte de gas por peligro, por opiniones de su misma gente, derivado de la fuga de gas en las tuberías”. “Lo que adelantó –el personal del CRE– de manera extraoficial, es que no había encontrado nada de presencia de gas. Así que no se sostiene la versión de la empresa de que había fuga de gas en las tuberías que podía generar un riesgo a la población”, detalló el funcionario estatal. “El gobernador le pidió a la Comisión que obligara a la empresa a que cumpla con el servicio o en su defecto, les cancelara la concesión”, afirmó el subsecretario y aseguró que se están preparando dos acciones legales. Por un lado la sanción de Profeco. Y además, el gobierno del estado apoyará a los cerca de 100 vecinos que han acudido para presentar una demanda colectiva por daños y perjuicios en un juzgado civil. Por su parte el Subsecretario Jurídico –depende de la Secretaría General de Gobierno– Luis Irineo explicó: “El Ejecutivo no puede estar ajeno, no obstante que no corresponde en términos de la materia –el gas y su distribución–, eso es de competencia federal, de la Comisión Reguladora de Energía”, explicó rechazando las posibilidades de intervención que le dan la jurisprudencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de expropiación. Y todavía precisó: “…por ser instalaciones que tienen que ver con una materia federal, tendría que ser la propia federación quien interviniera en alguna modalidad de expropiación”. Se le preguntó al funcionario si el estado tiene “las manos amarradas legalmente” en cuanto al tema y asegura que “parcialmente” debido a que “no tenemos de manera directa un instrumento jurídico para hacerlo valer” y en cuanto a la injerencia del Estado respecto al tema, Irineo considera que debe ser en el sentido de orientar a los usuarios en cuanto a sus derechos y gestionar. Así de limitado. Tubería en mal estado A pesar de lo dicho por Salcedo Sañudo en relación a un reporte extraoficial y preliminar del CREE que no respalda la posibilidad de riesgo de explosividad en la red de distribución de gas, los informes de la compañía de gas a la Unidad Municipal de Protección Civil aseguran que el problema está en 11 por ciento del total de la red. Lo peor es que esos 27 tramos dañados están diseminados en todo el gran polígono del Mexicali viejo donde está distribuida la red de tubería de gas, Zona Centro, Colonia Nueva, Industrial Burócrata. Adicionalmente, empleados de la empresa aseguran que la inseguridad en la tubería es real. A principios de octubre de 2012, los empleados de Z Gas en Mexicali respondieron a un llamado de emergencia en la colonia Industrial. Se trataba de la esquina de Mecánicos y Calle G. Durante al menos cuatro semanas, la compañía recibió varias llamadas de vecinos, maestros, comerciantes denunciado los fuertes olores a gas De acuerdo a datos proporcionados por trabajadores de Z Gas que pidieron no ser identificados, supieron que sus compañeros ubicaron una de las líneas principales de conducción del combustible, pero al tratar de repararla surgían otros en zonas aledañas. En esa parte la red de tubería de gas tiene cerca de 62 años de instalada. “Lo que hacían en un lado les tronaba en otro”, confirmó el dirigente del Sindicato de Obreros Industriales CROC, Daniel Rivera Gámez, instancia con la que Z GAS mantiene el contrato. Ante el peligro evidente la empresa tomó dos decisiones: Primero se amparó el martes 16 de octubre contra la Comisión Reguladora de Energía en el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Mexicali bajo la causa 05/2012; luego, esa misma noche y de manera tan intempestiva como unilateral, cerró las válvulas y dejó de prestar el servicio. Desde entonces –asegura el líder de la CROC– una buena parte de los trabajadores fueron asignados a revisar la red de tubería detalladamente. Se trata de cerca de 65 mil metros lineales de tubería. “Se trata de una situación muy peligrosa, de milagro no habían tronado antes –asegura el dirigente de la CROC en Mexicali–. La orden fue que se cerrara y que el público no se enterara”, dijo en alusión a la zona con tanta afluencia, sobre todo de pequeños en guarderías o escuelas. De tal suerte que la empresa infringió los requerimientos de su concesión intencionalmente, con alevosía y ventaja. Que no quede impune De acuerdo al Delegado de Profeso en Mexicali, Carlos Guillén Armenta, han sostenido reuniones con los comités de vecinos de la zona afectada. “Lo que quieren es que no quede sin antecedentes el proceder de esta empresa”, explicó el funcionario federal ya que la acción de corte de suministro vino de manera unilateral, “…se sienten muy defraudados”. Guillén detalló que la responsabilidad de la Profeco en este caso, es aplicar una sanción debido a la falta de seguimiento de los mecanismos y protocolos adecuados en cuanto a las contingencias. “Ya se emplazó a la empresa a que explicara las razones, pero hasta ahora no nos lo han justificado”, refirió el delegado federal el 29 de octubre de 2012. De acuerdo a una modificación constitucional aparecida en el Diario Oficial el 29 de julio del 2010, se regularon las leyes en relación a las llamadas “acciones colectivas” las cuales deberán ser ante los tribunales de la federación y entre la legitimación activa para ejercitar estas acciones el artículo 585 que incluye a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco). En cuanto a los tiempos, Guillén manifestó que dependerán del reporte que emita la Comisión Reguladora de Energía ya que Z Gas les contestó en memorándum pero sin explicar el motivo de la suspensión del servicio. “Dijeron que sí había un tema de seguridad, un riesgo latente pero no nos han presentado ningún dictamen”. En cuanto a la posible sanción, la ley indica que puede ser hasta por 6 millones de pesos. Permisos e incumplimientos La red de tuberías para la distribución de gas en Mexicali data desde los años 50 y hasta fines del 2007 sumaba un total de 2 mil 874 usuarios, entre domésticos y comerciales. Hasta junio del 2006 se habían reemplazado 49 mil 769 metros de la original tubería de acero por un tipo de tubo de polietileno, aunque le quedaban 30 mil metros por sustituir y desde finales del 2007 se le solicitaba a la empresa Gas Butano Propano de Baja California S.A. de C.V. un dictamen técnico actualizado sobre la operación, mantenimiento y seguridad de la red de distribución el cual debería estar concluido el primer trimestre del 2009, además de necesariamente tener que presentar un programa de reemplazo de la tubería de acero. Todo esto está marcado en la Resolución RES/495/2007 emitida por la Comisión Reguladora de Energía el 17 de diciembre del 2007, misma fecha en que esa comisión otorgó el permiso G/207/LPD/2007 a Z Gas.
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