Permisos amañados a casinos

Los Cabos, Baja California Sur. La repentina aprobación de apertura del “Casino Sunrise” en San José del Cabo y Cabo San Lucas, Baja California Sur fue una decisión tramposa, amañada y llena de sospechas. Los regidores que avalaron el cambio de uso de suelo para que el centro de apuestas pudiera iniciar operaciones formales dentro de las plazas comerciales “Ley” y “Sendero”, violentaron el actual Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, y de paso, exhibieron la verdadera causa del extraño retraso de la validación del nuevo proyecto que tiene 13 meses en “la congeladora” de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología encabezada por el regidor Julio César Castro Pérez, en espera de ser analizado, revisado, modificado y aprobado por los ediles del ayuntamiento local. La votación de los regidores fue manipulada para que, en la sesión extraordinaria número 30 de cabildo, aceptaran el cambio de uso de suelo a favor del casino, a pesar de que el dictamen concluía “no permitir el cambio de uso de suelo” para la instalación del “centro de apuestas remotas, salas de sorteos de números y juegos electrónicos”. Aun cuando no hacen falta declaraciones oficiales para entender “el arreglo bajo la mesa” de la votación en el gobierno de José Antonio Agúndez Montaño, el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario Fernández Alonso dijo “estar avergonzado de pertenecer a ese cuerpo de cabildo que únicamente está a favor de la ilegalidad”. El sentido de la votación de los regidores se distribuyó de la siguiente manera: A favor: Juan Octavio Arvizu Buendía, Reynaldo Zatarain Valera, Anel Susana Marrón Amador, Víctor Manuel Ortegón Góngora, Juan Mauricio Albañez Albañez, Emilia Vega Uribe, Ana María Wilson Izquierdo y Eda María Palacios Márquez. En contra: Mario Fernández Alonso, Juan Fernando Sánchez Navarro, Julio César Castro Pérez, Oswaldo Murillo y José Antonio Agúndez Montaño. Con el visto bueno al cambio de uso de suelo, los regidores despejaron el camino a la casa de apuestas que aparece con dos razones sociales: “Entretenimientos y Servicios del Valle, S.A de C.V” y “Gold Play Azteca, S.A de C.V”, cuyo representante legal es Rafael Martínez Torres. La apertura de los dos centros de apuesta –uno en San José del Cabo y otro en Cabo San Lucas— estaba detenida desde septiembre pasado, cuando la Dirección de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos, clausuró las instalaciones porque “no tenía licencia de operación comercial”. La compañía había arrendado un par de locales comerciales dentro de las plazas “Ley” y “Sendero” y comenzó a invertir en su arreglo: pintura, acabados, decoración e introdujo mobiliario y su maquinaria de juegos de azar; asimismo, colocó enormes letreros en la parte exterior de los locales. Peor aún, la casa de apuestas pretendía iniciar operaciones en San José del Cabo con una licencia comercial de Cabo San Lucas, autorizada en el gobierno anterior que encabezaron René Núñez Cosío y Mirna Xibillé, por lo que –al quedar anulada– inició un trámite para lograr un cambio en el estatus de una ciudad a otra y regularizar su situación. Datos recabados por ZETA expusieron que el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, no tiene en ninguno de sus apartados el giro de “casino” o “centro de apuestas”, el que más se asemeja es el de “juegos electrónicos”, según confirmó el regidor Julio César Castro Pérez. El plan es más que claro, porque establece que “el giro de juegos electrónicos queda prohibido dentro de plazas comerciales”, y “no surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan (a) lo establecido en los planes y programas de desarrollo urbano”, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. Por ejemplo, el casino de San José del Cabo, se instaló sobre un terreno que tiene el uso de suelo predominante de corredor urbano por colindar con la carretera Transpeninsular y es de vocación habitacional, por lo que el uso de suelo está condicionado a un máximo de construcción de dos mil metros cuadrados y las edificaciones no deben rebasar los 10 metros de altura, incluido tinaco, según el Plan de Desarrollo Urbano. Aunque ciertamente el local comercial es arrendado, la operación generará mucho impacto en la zona de los clientes, por lo reducido del espacio de estacionamientos, que aunque la Ley exige para centros comerciales un mínimo de 850 cajones, en “Plaza Ley” solo hay 150, incluidos los del subterráneo y en la parte de arriba. El casino está rodeado de negocios, salas de cine y casas particulares, y es el paso natural de ambulancias, bomberos, protección civil, alumnos de cinco instituciones educativas y una central camionera.   Las reacciones La autorización de la apertura del casino generó una gran polémica. La vicepresidenta de Mujeres Empresarias en Los Cabos, Rosa María Treviño, dijo que “había un compromiso de parte del ayuntamiento de no permitir la operación del centro de apuestas, cuando menos en San José del Cabo, sobre todo porque en esa plaza va mucho joven al cine y divertirse en sus ratos libres”. Treviño expuso que “estaban verdaderamente molestos” y sentían vergüenza de que “no se haya respetado el acuerdo y los regidores hayan aprobado el cambio de uso de suelo, porque los ciudadanos son quienes padecerán los daños colaterales de la explotación del juego”. “El cabildo no puede estar encima de la Ley, porque la apertura del casino contraviene el Plan de Desarrollo Urbano, de modo que vamos a asesorarnos y a luchar para evitar que puedan salirse con la suya”, enfatizó. El vocero de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Armando Sánchez, recordó que el “Casino Sunrise” tiene actualmente dos permisos de operación y expuso su temor de que, después, “pretenden abrir otros negocios más en otras zonas del destino de playa”. Las reacciones llegaron de todas partes. Por ejemplo, Adriana López Monge, la presidenta de la asociación regional de padres de familia en Los Cabos, lamentó que “pretendan colocar un centro de apuestas en el corazón de la ciudad”, ya que “primero debemos pensar en nuestros hijos, y ver el entorno que les están formando con este tipo de decisiones”. Después de la polémica, la regidora Ana María Wilson Izquierdo, trató de justificar la aprobación de la apertura del casino: “en cierto sentido lo que únicamente hicimos fue darle la posibilidad a la empresa de reiniciar trámites para ver si puede operar o no en un futuro. Eso no quiere decir que mañana el casino va a venir, y abrir sus puertas, porque todavía tiene que hacer otros trámites y agotar otras instancias”. Pero la vicepresidenta del Centro Histórico de San José del Cabo, Blanca Pedrín, fue más allá y solicitó al congreso una investigación sobre la sospechosa actuación de los ocho regidores que aprobaron la apertura del casino, y de ser posible –afirmó—“removerlos de sus cargos”, porque “parece que se olvidaron que son representes del pueblo”. Datos recabados por este Semanario, y en base a la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California Sur, indicaron que “las autoridades que aprueben construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso de suelo o destinos de suelo u otros aprovechamientos de inmuebles en contravención de las disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, así como planes y programas en la materia, los residentes del área que resulten directamente afectados o cualquier persona, tendrá derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes”, como reza el artículo 101. El derecho –establece la ley— se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados, y en su caso, a los afectados, y deberán resolver lo conducente en un termino no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de la recepción del escrito correspondiente. El artículo 103 de la citada Ley expone castigos y sanciones a “quienes propicien la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, y quienes se harán acreedores a las disposiciones jurídicas aplicables”.   El plan de desarrollo urbano Pero situaciones tan irregulares, como la autorización del inicio de operaciones de los casinos en San José del Cabo y Cabo San Lucas, no hubieran tenido cabida, en caso de que el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, estuviera debidamente aprobado desde octubre del 2011, cuando 178 personas –entre autoridades, colegios de profesionistas, empresarios y asociaciones civiles— y en 14 mesas de trabajo, crearon y dieron vida al nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, el cual tendrá vigencia hasta el 2040. El principal destino turístico del estado, actualmente está regido por un plan que tiene 12 años de retraso, y el cual fue diseñado y puesto en marcha en el año 1999, cuando el gobernador era Leonel Cota Montaño, y el alcalde Narciso Agúndez Montaño, hermano del actual presidente municipal de Los Cabos. En aquellos tiempos, la instalación de casinos en el estado era bastante remota, y por lo tanto, no consideraba esa figura o “casas de apuesta”, únicamente “juegos electrónicos”, y cuyo concepto estaba más centrado al juego basado en la interacción entre una y varias personas y un aparato electrónico que ejecutara videojuegos por medio de un controlador, como el pinball. Los juegos eran controlados en base a una plataforma de consola, computadora o máquina tipo arcade y con un visualizador, las cuales eran conocidas popularmente como “maquinitas tragamonedas”. El nuevo proyecto urbano contempla la figura de “casino” o “casa de apuestas”, pero contiene un marco normativo que limita la operación de este giro de negocios, basado en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, Ley Orgánica del Gobierno Municipal, Reglamento del Ayuntamiento y Reglamento de la Administración Pública. La autorización de operación de casinos –con el nuevo Plan— estaría sujeta al criterio “del lugar donde pudiera instalarse que va desde el tipo de área, ámbito urbano, comportamiento de la zona, estructura, análisis detallado de sectores, aforo vehicular, inventario de red vial  y tipo de infraestructura de la zona”. Sin embargo, y por extrañas razones, el nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, tiene trece meses atorado en el cabildo, a pesar de que el artículo 17 de la Ley del citado plan establece claramente “un término de 120 días naturales para que sea aprobado por cualquier Ayuntamiento”. El caso está en manos del regidor Julio César Castro Pérez, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología, después de haber pasado casualmente por la subdirección que controla el hermano del regidor de nombre Aníbal. El retraso –intencional o no— orilló al diputado Alberto Treviño Angulo a solicitar el pasado 20 de noviembre un punto de acuerdo para “recomendar” al ayuntamiento de Los Cabos someta a votación y aprobación el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, porque “ya a transcurrido tiempo suficiente para cubrir todas las formalidades, tal como lo establece la Ley”.   Más casinos El tema de los casinos no es exclusivo de Los Cabos. La apertura de casas de apuestas ha sido vertiginosa e indiscriminada en el estado de Baja California Sur. Las casas de apuestas prácticamente están en todos lados: zonas residenciales, cerca de centros escolares, en algunas puntos de oficinas y comercios y ahora hasta dentro de plazas comerciales, donde se juegan apuestas a cualquier hora del día. Datos recabados por ZETA, expusieron que en el estado actualmente operan  siete y cuatro están por entrar en funcionamiento. Los que están en operación son los siguientes: 1.- 4 en La Paz. 2.- 2 en Cabo San Lucas. 3.- 1 en Ciudad Constitución. Los que están en trámite de abrir son éstos: 1.- 1 en San José del Cabo. 2.- 1 en Cabo San Lucas. 3.- 1 en Loreto. 4.- 1 en Santa Rosalía. Pero como recalcó la diputada del Partido Nueva Alianza (PANAL), Guadalupe Olay Davis, en la máxima tribuna, el tema de los casinos “es un asunto donde la casa gana, el gobierno recibe muy poco y el ciudadano es el principal afectado porque padece los daños colaterales del juego”. En Loreto los prestadores de servicios y asociaciones civiles están recabando firmas para no permitir la apertura de una casa de juegos, pues “afectaría negativamente, porque el perfil del turista corresponde a un visitante que busca la cultura, tradiciones y de contacto con la naturaleza”. La legisladora originaria de esta población, no se anduvo por las ramas y expuso la experiencia de ciudades donde están operando casinos: “son entidades concentradores de ingresos que basan su negocio en la captación de dinero en detrimento de la población, y de ahí, vienen delitos, suicidios, fracciones familiares, quiebra de negocios y problemas emocionales de los propios jugadores”. Lo mas graves es que muchos de los jugadores han sido estafados por las propias casas de apuesta. En Ciudad Constitución, el “Casino Magic”, fue denunciado penalmente por el señor Edgar Jaubert, pues el 20 de octubre pasado, y en una noche de suerte, ganó 9 millones de pesos, y los directivos le negaron el pago porque –según recalcaron— “la máquina estaba descompuesta”. El caso actualmente está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero los directivos del negocio, están ofreciendo un millón de pesos al afectado para que se desista de la querella. El número de casinos ha crecido en Baja California Sur porque mientras el gobierno de los panistas Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron estupendamente permisos para la operación y explotación de casas de apuestas y sorteos, los ayuntamientos, conceden de forma plácida el cambio de uso de suelo y hasta licencias de venta de alcoholes sin ningún tipo de resistencia, y sí, con un evidente trasfondo de corrupción, porque la gran mayoría están localizados en plazas comerciales o zonas donde se supone está prohibido instalarlos. La toma en Guerrero Negro   A las ocho de la mañana del 22 de noviembre de 2012, un grupo de aproximadamente 70 empleados -compensados y de confianza- de las oficinas de la delegación municipal radicada en  Guerrero Negro, municipio de Mulegé, se instalaron a las afueras del edificio oficial para impedir su funcionamiento. El motivo fue que no han recibido su sueldo, en algunos casos el incumplimiento salarial data de 12 meses atrás. El agravante fue que a principios de este noviembre, el alcalde Guillermo Santillana Meza les había prometido pagarles entre los días 14 y 17 del presente mes, ya que el Ayuntamiento recibiría un pago de la empresa minera El Boleo.    Alrededor de las 10:00 am se presentó en las instalaciones Homero Aguilar Aguilar, secretario general de la delegación. La plática se tornó álgida y los empelados fueron acusados por funcionarios de “secuestrar el edificio” al momento que abrió el acceso, “mientras nos intimidaba”, acusaron los manifestantes. Finalmente, conversaron con el delegado Guadalupe Benjamín Arce, quien habló a la alcaldía, desde donde Santillana se comprometió  a entrevistarse nuevamente en la delegación con los afectados, el martes 27 de noviembre. Pero no dijo nada de pagarles. Al cierre de edición, el área de prensa de la delegación informó que el presidente municipal estará en Guerrero Negro para reunirse con los trabajadores y presentarles una propuesta de pago el sábado 24 de noviembre.