Pasantes médicos, expuestos al peligro

El 24 de octubre de 2012, Octavio Mancilla, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que realiza su servicio social en Zapotán, Nayarit, envió una carta al correo electrónico del gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán. Le pide ser reubicados, se dice acosado por homosexuales y describe el entorno de inseguridad que le rodea: “Diario veo avionetas, soldados, por las noches hay mucho movimiento de carros y camionetas transportando droga y tengo que hacer como que no veo nada”. Prosigue: “Es una zona donde seguido encuentran cuerpos en los potreros… el año pasado asesinaron a otro pasante a 40 minutos de aquí”. “Cuando realizo historias clínicas la mayoría me dice que se dedica a eso, lo que no me hace sentir seguro…”, detalló Octavio, quien hace su residencia en una clínica que carece de reja y alumbrado. Alarmados, el resto de los jóvenes bajacalifornianos que cumplían su residencia médica en Nayarit y Sinaloa, también solicitaron el auxilio de las autoridades educativas, de Salud y del propio gobernador de Baja California, para su reubicación. Al mismo tiempo, otros pasantes hacían lo propio. A través de correos electrónicos y trámites familiares, informaron a sus respectivas autoridades lo que estaban padeciendo, y para acreditar dichas diligencias, enviaron copia de documentos y mensajería a ZETA. En Sinaloa, Christian Salazar demanda cambio de plaza para la realización del servicio social médico, él está asignado a la comunidad de El Triguito, Badiraguato, donde los conflictos entre diferentes grupos armados están a la orden del día, al grado que ha sido alertado de siempre tener lista la maleta, por si hay que desalojar intempestivamente el lugar. Dentro de la misma jurisdicción de salud, la IV, su compañero Jesús Ortega enfrenta una situación similar de inseguridad, “estamos a merced de los sicarios que no respetan nada ni a nadie”, manifiestan. La médico pasante del servicio social, Karen Paola Serrano Amézquita, fue asignada a la comunidad de Rosamorada Francisco Villa, Nayarit, correspondiente a la Jurisdicción III de Salud, a un centro médico que se ubica a un costado de una cantina. La insegura infraestructura del lugar, el cual tenía dos años en completo abandono, la motivó a pedir el cambio, siendo reubicada a Santiago Ixcuintla, Otates, también en Nayarit, donde se veía obligada a atender a todas horas hombres con alto grado de embriaguez y portando armas de fuego. Fue objeto acoso sexual y de insultos, si negaba consulta fuera del horario establecido en casos que no consideraba urgentes. En septiembre de 2012 fue diagnosticada de salmonelosis, en ese estado de salud fue obligada a retornar a su casa a recuperarse, “porque ahí no tenían los medios para atenderme”, explicó a través de una carta enviada a la opinión pública. Una vez recuperada solicitó cambio de plaza, se la negaron y entonces tramitó su baja de la Facultad de Medicina de la UABC, “pero el doctor Renán (González) me señala castigo de un año y que, en dado caso, sería la última en elegir una plaza”. Desde Nayarit, Karla Julieta López, Diego Felipe Flores, Giselle Alexandra Sesteaga Ruiz y Óscar Mercado, vía epistolar también manifestaron sentirse en peligro. En reiteradas ocasiones han hecho llegar a los directivos de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Medicina y Sicología de Tijuana, a las distintas jurisdicciones de salud a las que pertenecen en su pasantía y al propio secretario de Salud de la entidad, José Guadalupe Bustamante Moreno, la petición para ser reubicados a sitios seguros para ejercer su profesión, situación que a la fecha no les ha sido resuelta. Eso sí, con un apoyo económico de solo mil 225 pesos al mes, se les obliga a permanecer las 24 horas del día en clínicas comunitarias en las que se ofrece el Programa Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).   Les ofrecen machetes para su defensa Fue hasta que se hizo público el ataque sexual contra una joven residente de la Universidad Autónoma de Nayarit, ocurrido el 15 de octubre de 2012, cuando las autoridades de Salud de esa entidad redujeron las jornadas médicas de 8:00 a 15:30 horas. Como medida precautoria, Ignacio Manuel Quintero Rodríguez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número III de Tuxpan, Nayarit, ordenó que los residentes no durmieran en las unidades médicas que les fueron asignadas, que se mantuvieran en contacto con las autoridades ejidales del Sector Salud, pero no se les proveyó de los medios para una estancia en mejores condiciones de seguridad, ni se les facilitaron los medios a través de los cuales pudieran requerir ayuda inmediata en caso de una emergencia. Hombres y mujeres enfrentan las mismas penurias, pero son las féminas las más acosadas por los maleantes que las acechan, y merodean las inseguras instalaciones de los centros médicos comunitarios en los que ellas pernoctan. Esta situación de inseguridad a la que se exponen los jóvenes pasantes propició que a finales de 2008, Laura Angélica Ávila Aguilar, de 25 años y pasante de Medicina, fuera asesinada a machetazos mientras realizaba su residencia médica en la comunidad de Huáscato, municipio de Degollado, en el Estado de Jalisco. Casi cuatro años después, el 15 de octubre de 2012, una nueva tragedia sacude a la comunidad estudiantil, al ser violada y golpeada salvajemente una residente de Medicina en Nayarit; al igual que en el caso de Laura Angélica, sus agresores también eligieron como escenario para su crimen la clínica en que la víctima prestaba su servicio social. Aunque se redujo el horario de servicio, a los médicos no se les reubicó a sitios seguros, y al exponer su temor a un ataque, señalan, el secretario de Salud de Nayarit, Óscar Villaseñor Anguiano, les propuso dotarlos de machetes y, si se podía, hasta de pistolas, para que pudieran defenderse de posibles atacantes.   Éxodo por miedo Sin respuesta a correos, llamadas y cartas enviadas a autoridades educativas y de Salud, al menos una decena de médicos pasantes de Baja California, de los 35 que realizan su estancia en Nayarit, lograron retornar a principios de noviembre, a casi un mes del ataque a una residente de aquella entidad. Quienes volvieron tuvieron que hacerlo por sus propios medios, pues sus peticiones de auxilio no hicieron eco en las autoridades bajacalifornianas. Ya en Tijuana, y ante la posibilidad de ser suspendidos por un año al haber abandonado la pasantía, los médicos tuvieron que realizar una manifestación pública para poder ser atendidos por autoridades educativas. Luego de esa acción, lograron la promesa de Alfredo Renán González Ramírez, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, de cuando menos reconsiderar cada uno de los casos de los 18 pasantes con residencia asignada en Nayarit, que corresponden a la UABC. Pero a dos semanas de esa promesa, los pasantes no han sido oficialmente reubicados. En el caso de la Universidad Xochicalco, el doctor José Hurtado mencionó que “se ha reubicado a los que se ha tenido que reubicar”, además, sostuvo que esta institución sí conoce y revisa previamente las instalaciones a donde van sus residentes. “El médico tiene que aprender una cosa, ésta es una capacitación y un entrenamiento, ellos tienen que atender a las comunidades rurales, que es donde están los principales problemas de salud”, citó. El que los jóvenes sean enviados a poblaciones lejanas a realizar su pasantía obedece a dos razones, “por haber sido alumnos de bajas calificaciones, porque si su promedio hubiera sido alto, se quedan en Baja California, y por lo sobresaturado de la carrera de Medicina”, agregó González. Asimismo, dijo que tan solo en esta entidad operan siete escuelas de Medicina, sin que las autoridades correspondientes realicen estudios de factibilidad. De ahí que los campos clínicos no sean suficientes para entrenar a los que egresan. De acuerdo a estadísticas recopiladas por ellos mismos, los pasantes egresados señalan los estados de Sinaloa, Nayarit, Sonora y Baja California, como los más inseguros para ejercer la práctica médica.corte   Sí hay condiciones de seguridad: UABC Sin garantizar que otros jóvenes sean enviados a las comunidades abandonadas por los pasantes de Medicina por sentirse en peligro, el doctor Renán González, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, indicó que la asignación de plazas las concede la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para el Sector Salud. “Nosotros no tenemos control de eso”, expuso, para después sostener que sí supervisa el lugar donde los jóvenes realizan la pasantía “… y son sitios seguros, aun así, se atiende la problemática solicitando a las autoridades de Salud de Nayarit, atiendan los casos que nos han planteado, esto a través de la Secretaría de Salud de Baja California”. Por su parte, el secretario de Salud de Baja California, José Guadalupe Bustamante, calificó como preocupante la situación de los jóvenes, pero aceptó que es un caso que  la UABC debe atender en forma directa. Expuso que demandó a su homólogo en la entidad nayarita proporcionar a los médicos instalaciones adecuadas para realizar su labor social y, sobre todo, garantizar su seguridad.