La (anti) reforma de Peña

333 legisladores de la Cámara de Diputados avalaron la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; las funciones de dicha dependencia pasarán a formar parte de las facultades de la Secretaría de Gobernación, para dar paso a la súper secretaría que solía ser en los tiempos en que el PRI –hoy de regreso– gobernaba la nación. La de Peña no es una reforma para avanzar. Es una anti reforma para regresar al gobierno priista que tuvo en sus manos el destino de la República hasta el año 2000. Efectivamente, con gritos sobre el régimen autoritario que se avecina después de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012 como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, diputados de la izquierda y algunos del PAN se opusieron a la medida (50 en contra, 84 abstenciones) que fue aprobada por los legisladores priistas y sus aliados. Las “nuevas” facultades de la Secretaría de Gobernación, son tan amplias, diversas y delicadas, que muchos presumen el regreso de una policía política, considerando que la Policía Federal será ahora la corporación de Gobernación y comandada por un Comisionado Federal. Además que podrá investigar y tomar acciones policíacas en federación, estados y municipios cuando así lo decida ante una situación de riesgo. A letra el proyecto que le fue aprobado a Peña en la Cámara: “Disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables, en las situaciones de alteración grave del orden público”. Encomiendas muy parecidas a las que tenía la Dirección Federal de Seguridad, que  después se convirtió en Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, entidades que hasta la década de los ochenta fueron utilizadas por el responsable de la política interior para conocer no solo de bandas criminales o terroristas, sino de opositores, políticos y otros actores. A finales de los ochenta la dependencia fue modificada y nació el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), sin facultades policíacas. A la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, los dos brazos de espionaje y policíacos de los gobiernos priistas fueron severamente minados. El CISEN y la PGR. La Secretaría de Seguridad Pública Federal iniciaría su corta vida política administrativa. Con resultados más pobres en el último sexenio, pero de mucha espectacularidad, el jueves 22 de noviembre de 2012, el PRI acabó con esa institución; y revivió para temor de muchos la súper secretaría de Gobernación. Con un poder plenipotenciario en prácticamente todas las materias. A propuesta del Presidente electo Enrique Peña Nieto, diputados del Partido Verde Ecologista Mexicano presentaron la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en cuyo texto se lee sobre las nuevas facultades de Gobernación: “…hacer en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal un reordenamiento para que Gobernación tenga las atribuciones…para comenzar con aquellas de carácter formal, continuar con las de política interior y gobernabilidad democrática y de derechos humanos, continuar con las de seguridad y finalizar con aquellas de protección civil, población, cédula de identificación personal, jurisdicción de islas, asociaciones religiosas y culto público, juegos y sorteos, comunicación social y radio y televisión, en el Archivo General de la Nación, las cívicas relacionadas con el calendario oficial, entre otras leyes y reglamentos”.   Las “nuevas” atribuciones de la súper Secretaría de Gobernación Aquí un resumen de las modificaciones que le fueron aprobadas al Verde Ecologista el jueves 22 de noviembre en la Cámara de Diputados, y que Enrique Peña Nieto solicitó. La Secretaría de Gobernación del sexenio 2012-2018, tendrá entre otras facultades: * Por acuerdo presidencial convocar a los Secretarios de Estado y a los titulares de las paraestatales para cumplir los proyectos, acordar con ellos y requerir informes. * Coordinar a secretarios y directores para analizar asuntos prioritarios, reunirse con ellos cuando las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas así lo ameriten. * Coordinar trabajos, promoción y defensa de los derechos humanos, También seguimiento y atención a víctimas. * Encabezar las políticas en materia de seguridad interior y pública, prevención del delito, así como del sistema penitenciario a nivel federal. En consecuencia, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública. * Proponer al ejecutivo la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias. * Coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. * Que presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República. * Que proponga acciones para asegurar la coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública. * Que proponga al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de carrera policial, el programa rector para la profesionalización policial, los criterios para academias e institutos, del desarrollo de programas, régimen disciplinario policial. * Participe de programas y planes de profesionalización para las instituciones policiales y coordine las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas. * Que presida la Conferencia Nacional de Seguridad Pública. * Considerando que la Policía Federal estará adscrita a la Secretaría de Gobernación, el Secretario propondrá para designación del Presidente al Comisionado General de la Policía Federal. * Proponer ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación para prevención del delito y política criminal con la Procuraduría General de la República. * Que auxilie a las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes. * Tendrá facultad para reforzar cuando así se requiera, la tarea policial y de seguridad de municipios y localidades rurales y urbanas, e intervenir en situaciones de peligro cuando se vean amenazados, en situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente. * Que la Secretaría de Gobernación coordine la política migratoria y de vigilancia fronteriza. * Facultado para celebrar convenios entre autoridades de los tres órdenes. Auxiliar al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República en la persecución de delitos. * Disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables, en las situaciones de alteración grave del orden público. * Desarrollar políticas para prevenir el delito y reconstruir el tejido social en coordinación con federación, estado y municipios. * Que ejecute las penas por delitos del orden federal y administre el sistema penitenciario federal y de tratamiento de menores infractores, además de participar en el traslado de reos. * Opere e impulse la mejora del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal. Que establezca un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos. * Regular y autorizar la portación de armas para empleados federales en coordinación con la SEDENA, además otorgar autorizaciones a empresas privadas que presten servicio de seguridad en dos o más entidades y supervisarlas.   Otras reformas   La Secretaría de Desarrollo Social tendrá bajo su responsabilidad, “atención y desarrollo pleno…de la niñez y adolescencia, de los jóvenes, de las personas con discapacidad y de los adultos mayores…todos los órganos que al respecto fueron creados para la atención de dichas políticas, quedarían sectorizados en esta Secretaría”. Además le restan facultades a SEDESOL para crear otra secretaría: “para la adecuada orientación de sus tareas, las actuales funciones de la Secretaría de Desarrollo Social en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y desarrollo regional se transferirán a la actual Secretaría de la Reforma Agraria y su transformación en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”. Dicha entidad, cuya principal tarea será la de “impulsar en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento”, administrará el Registro Nacional Agrario, la Comisión Nacional de la Vivienda. El nuevo régimen de control gubernamental implica que en cada dependencia federal deberá existir “auditores preventivos conforme a los perfiles que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, quienes serán los encargados de la vigilancia y la rendición de cuentas en cada entidad federal. La Secretaría de Hacienda conducirá “las políticas, establecer normas y emitir autorizaciones y criterios en materia de planeación y administración de los recursos humanos, contratación y remuneración del personal”, además el registro de servidores públicos y sus declaraciones patrimoniales, maneje la política inmobiliaria y norme el régimen de auditorías internas. La Oficina de la Presidencia de la República, “que sea la instancia de apoyo técnico y de asesoría al Presidente para sus tareas cotidianas, así como para la toma de decisiones, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, programas y proyectos prioritarios, con la posibilidad de estar presente en las reuniones de gabinete que coordine el Presidente de la República o el Secretario de Gobernación”.   Los súper de Peña Nieto Hasta el momento y de acuerdo al lugar que le dio el Presidente Electo en su equipo de transición como Coordinador General de Diálogo Político y Seguridad, Miguel Ángel Osorio Chong es quien se perfila para ocupar la Secretaría de Gobernación. Ex Gobernador de Hidalgo, su currículum en la administración pública se remite a nivel estatal, dado que cuando asciende en política el Partido Acción Nacional gobernaba el país. En el 2005 fue electo mandatario y estudió derecho en la Autónoma de Hidalgo. Cercano a Enrique Peña, es parte del Grupo Hidalgo que integra junto con Jesús Murillo Karam y otros. En la Oficina de la Presidencia, de igual manera se ha ubicado a Luis Videgaray Caso como la persona a ocupar la alta responsabilidad. Otro personaje de corta experiencia y menos currículum. Su carrera la ha desempeñado en el PRI del Estado de México, en el gobierno de esa entidad cuando Enrique Peña Nieto fue Gobernador, y en la Cámara de Diputados. Los dos hombres de confianza del próximo Presidente de México, llegarán a ocupar los máximos cargos con el mínimo de experiencia, pero son quienes por Ley, darán gobernabilidad a este país, en lo que el Presidente Enrique Peña Nieto, hace otra cosa. Uno de Calderón y otro de Peña   Ministros recomendados arriban a la SCJN Uno de los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegido por el Pleno del Senado, será pieza clave para otorgar el amparo a Florence Cassez. Alberto Pérez Dayán formará parte de la Primera Sala de la SCJN al sustituir a Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien se opuso al otorgamiento del amparo contra la sentencia de 60 años de prisión impuesta a la francesa. La ministra instructora, Olga Sánchez Cordero, necesita el apoyo del nuevo integrante de la SCJN para dictar el amparo, bajo el argumento que el proceso de detención de la francesa fue inconstitucional, al formar parte de una simulación para ser televisado.   Tal decisión corresponderá a uno de los privilegiados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes colocaron a sus respectivos recomendados, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como ministros de la SCJN para los próximos 15 años. Pérez Dayán obtuvo 104 votos a favor, mientras que Ortiz Mena -con un voto menos- tomará el lugar del ministro Salvador Aguirre Anguiano a partir del 1 de diciembre. Rechazado en dos ocasiones por el Pleno del Senado, Pérez Dayán mantiene una cercana relación de amistad con la familia Calderón Zavala. Es amigo y trabajó para el ex magistrado y ex diputado panista Diego Zavala Pérez, suegro del mandatario saliente, a quien conoció cuando era estudiante en la Universidad La Salle. En 2011 solo obtuvo cuatro votos favorables para sustituir al fallecido ministro José de Jesús Gudiño Pelayo; en esta ocasión estuvo a ocho de ser elegido por unanimidad. Identificado como nominado de Calderón, la perredista Dolores Padierna lo acusó de ser producto del acuerdo entre el PAN y el PRI para colocar a sus allegados en la SCJN. La insistencia por convertirlo en ministro es tal, que formó parte de las dos últimas ternas para sustituir a Ortiz Mayagoitia. El 8 de noviembre fue rechazado junto a los otros candidatos, y días después, el jueves 15, su nombre apareció de nuevo en la lista enviada por Calderón. Alberto Pérez Dayán fue uno de los jueces que decretó la sentencia administrativa contra el Gobierno del Distrito Federal en el caso del predio El Encino, cuando pretendieron desaforar a Andrés Manuel López Obrador en 2005. Con 25 de años de carrera judicial, inició en el Poder Judicial de la Federación y ha pasado por los juzgados de Yucatán y del Distrito Federal. Sus resoluciones, según el Consejo de la Judicatura Federal, han resultado en 18 quejas, aunque ninguna procedente. Actual jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y propuesto por el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es el primer funcionario del Poder Ejecutivo en recibir un pase directo a la SCJN, además, sin experiencia judicial. En un rápido ascenso de cargos públicos, el nieto del ex secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, ingresó a las filas del SAT en 2003. Cinco años después obtuvo el cargo máximo. Ha laborado en despachos privados, además de ocupar diversos puestos en la Secretaría de Hacienda. Incluso la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) manifestó su “enorme preocupación” por la nominación de Ortiz Mena, al argumentar diversos casos de violación de derechos fundamentales por parte del SAT, algunos considerados para ser llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La falta de experiencia en este ámbito es una de las principales críticas realizadas al recomendado de Peña Nieto. La PRODECON señaló que Alfredo Gutiérrez se ha desempeñado en firmas privadas en materia fiscal de alto nivel y como recaudador de impuestos, no como “juez experto en constitucionalismo y derechos fundamentales”. De igual manera, Dolores Padierna cuestionó al ahora joven ministro durante su comparecencia, por carecer de carrera judicial y haber beneficiado a grandes contribuyentes durante su gestión en el SAT. Durante la votación en el Pleno del Senado, el jueves 22 de noviembre, la legisladora del Movimiento Ciudadano, Layda Sansores, advirtió que la votación fue un juego de simulación. Que Pérez Dayán y Ortiz Mena “ya traen la cruz iluminada en la frente porque la decisión ya está tomada…  uno es para el que se va y otro para el que viene”. En lo que interpretó como un pacto fraguado en la LXI Legislatura, comentó que si al PRD “no lo chamaquean”, obtendrá también un espacio en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Y es que a diferencia del proceso anterior, PRI, PAN y PVEM votaron en bloque, con el apoyo de algunos senadores del PRD. Es así como a una semana del cambio de Gobierno Federal, Pérez Dayán y Ortiz Mena recibieron uno de los últimos favores que el sexenio calderonista obsequia a Enrique Peña Nieto.  Ahora en Mexicali y a una reinauguración   Otra vez Calderón en BC Cuatro días antes de entregar la banda presidencial a Enrique Peña Nieto y la Residencia de Los Pinos al PRI, el todavía Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, visitará la capital de Baja California. Será el lunes 26 de noviembre cuando el mandatario reinaugure el Hospital 5 de Diciembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de  Baja California (ISSSTE), devastado tras el terremoto del 4 de abril de 2010 en Mexicali. Precisamente ese nosocomio era uno de los grandes pendientes de la administración federal, luego de que dejara de inyectarle recursos a las reparaciones del edificio, diagnosticado con daños estructurales. La atención se había subrogado en clínicas particulares. El delegado del ISSSTE en Baja California, Efraín Monreal Gastélum, anunció que la inversión final fue de 170 millones de pesos. “De manera parcial, una vez inaugurado, empezaremos la migración de las diferentes áreas y servicios del hospital, y volveremos a trabajar de tal forma que ya estemos casi en enero con un 100 por ciento que se presta de servicio en el hospital”. Los trabajos implicaron un reforzamiento desde los cimientos del hospital, con más de 2 mil toneladas de acero y concreto que le permiten fortalecer la estructura y avanzar del nivel de seguridad 0.2% al 0.8%, según los nuevos estándares de calidad implementados por la Comisión Federal de Electricidad.