La fecha para los informes de los cinco alcaldes de Baja California se avecina, y los políticos –en el gobierno y desde la oposición– evidencian su mezquindad. Inmersos en la carrera por las elecciones que en Baja California iniciarán oficialmente hasta el 1 de febrero de 2013, los adelantados Presidentes Municipales priistas que desean participar en la candidatura para gobernador el año próximo (Carlos Bustamante, Tijuana, Enrique Pelayo, Ensenada, Francisco Pérez Tejada, Mexicali) se auto promocionan. Sin decoro, como si hubieran demostrado la capacidad política y administrativa en sus municipios, para hacerse acreedores al reconocimiento de los votantes y dirigir sus destinos desde el estado. ¿Qué les parece si antes de buscar la próxima silla llenan como se debe la que están ocupando? Y lo mismo va para Javier Robles que en Rosarito se ha desgastado aferrándose a sostener como escolta a un delincuente varias veces convicto en Estados Unidos y a su Director de Policía que reprobó los exámenes de confianza; y para Javier Urbalejo, quien en Tecate, navega en el anonimato que le da la geografía, acumulando boletines de pláticas y pequeñas inauguraciones. Después de dos años, estos alcaldes bien podrían propiciar el desarrollo de los municipios que encabezan, sin que los ciudadanos deban pagar costosos viajes donde cargan con sus cuatro edecanes y 20 invitados y vinos caros; qué tal si reducen los presupuestos para promocionar su obra y demás gastos superfluos; pero además, implementan ambiciosos proyectos de obra y construcción que generen crecimiento. Porque generar progreso sin abusar de los recursos es su responsabilidad, aunque el cinismo de la clase política lo hagan sonar a quimera. A pesar de la seriedad del compromiso, estos administradores de la economía y política municipal se la han pasado: acusando a sus antecesores de las malas finanzas; solicitando múltiples préstamos a costillas de la ciudadanía, para solventar su incapacidad; y construyendo parches sobre la infraestructura existente. A dos años de gobierno, las cifras son crudas e informativas, vamos a los principales problemas en los cinco municipios, inseguridad, desempleo y pobreza. Los alcaldes, apoyados por el estado y la federación, discursan cómo han vencido la inseguridad y refieren la reducción de un 14 por ciento en la incidencia delictiva según el Secretario de seguridad Pública Daniel de la Rosa. Conforme a las estadísticas de delitos denunciados en el estado, solo Ensenada contabiliza más homicidios que el año pasado, en los otros municipios ese delito está a la baja lo mismo que en secuestros, mientras que en robo Rosarito presenta un leve ascenso, que se hace mayor en Tecate. Sin embargo, estos números no han convencido, porque la percepción de inseguridad en la ciudadanía y los inversionistas extranjeros no ha cambiado, como se ha detallado en algunas encuestas mediáticas y tal cual lo manifestó públicamente el embajador de Corea del Sur en México, Seong Hoa Hong, en agosto de 2012 en Tijuana: “En seguridad mucho es de percepción, la imagen de inseguridad aunque haya mejoras, se sigue teniendo”. En cuanto al desempleo, los ediles también se vanaglorian y pagan publicidad presumiendo haber generado decenas de miles de trabajos formales e informales. Pero las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son contundentes al referir que durante 2011, el primer año de gobierno de estos munícipes, el desempleo en Baja California había llegado al 7 por ciento, y ocupaba uno de los deshonrosos primeros lugares en el país. Hasta agosto de 2012, el número de personas sin empleo se había incrementado al 7.15 por ciento, incluso por encima del promedio nacional que fue de 5.39 por ciento. Respecto la pobreza, los números del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tampoco son halagüeños, Baja California y sus cinco municipios, particularmente Tijuana y Mexicali, contienen al mayor número de pobres. El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) del Estado, se disparó en los últimos ocho años, ubicando a Baja California como uno de los 8 estados con mayor incremento. Del año 2011 a junio de 2012, el número de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con lo que reciben de sueldo y padecen al menos una carencia social, creció en un 24.2 por ciento, 15.6 por ciento solo en el último año en el estado, explicó a ZETA Óscar Tafoya, del Centro de Estudios Económicos de Tijuana Entonces, señores, menos alabanzas propias, festejos y culto a la imagen, y más trabajo; cumplan como gobierno lo que prometieron como oposición, paguen las deudas, saneen las finanzas. Fueron electos para resolver problemas, no para buscar culpables. Y en vísperas de la próxima jornada electoral, ocúpense de la seguridad de los ciudadanos, no de cómo maniobrar para conseguir su próximo puesto. Porque a menos de un año de concluir su ejercicio, su deuda con la sociedad que los votó, sigue siendo grande.
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