Cruz Roja: Al borde del colapso

Únicamente 14 de las 61 ambulancias del parque vehicular están en servicio en BCS El cansado cuerpo de Don Manuel yacía en el pavimento que comenzaba a calentarse con los primeros rayos del sol la mañana del 12 de noviembre. Alrededor de las nueve de la mañana, el anciano de 72 años caminaba sobre la Avenida 5 de Febrero, en el cruce de Javier Mina y Galeana de la colonia Los Olivos en La Paz, Baja California Sur, cuando de repente intentó cruzar la calle, pero intempestivamente fue arrollado por una camioneta. La unidad automotriz aventó cerca de cinco metros al hombre que vestía pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, tenis y sombrero de palma. Quedó tirado frente a la unidad, sin el sombrero y el calzado del pie derecho. Los testigos inmediatamente llamaron a la Cruz Roja y solicitaron su presencia con carácter de urgente, porque “un hombre había sido atropellado y estaba tirado en la calle”. En el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, conocido como “C-4”, se recibieron cerca de 15 llamadas telefónicas y la unidad de emergencia no aparecía por ningún lado. En el piso, Manuel Mejía Camarena se quejaba fuertemente de dolor en todo el cuerpo. — ¿Cómo se siente?, preguntaban los testigos. “Me duele mucho, me siento muy mal”, respondía. — Ya viene la ambulancia, aguántese poquito, ahorita está en camino y pronto llegará…, le decían testigos y curiosos que se aglomeraron en torno a él, incluido el responsable del atropellamiento, Óscar Enrique Ibarra Flores, de 23 años. El tiempo corría y la ambulancia de la Cruz Roja simplemente no aparecía. Los minutos parecían eternos. Los testigos marcaban y marcaban por teléfono y el auxilio no llegaba. En el pavimento, la sangre de la víctima comenzaba a escurrirse por la cabeza, y como si se tratara de un hilo de color rojo, llegaba hasta el piso y se quedaba impregnada en el concreto del suelo. — “¿Y la ambulancia?, preguntaba Don Manuel. “Ya viene, ya viene. A ver, vuélvanle a marcar, ¡¿por qué no llega la ambulancia!?”, reclamaba la gente. Los testigos hacían llamadas a través de sus celulares y la respuesta era la misma por parte del radio-operador del cuerpo de emergencia: “Va una ambulancia en camino”. Así transcurrió más de una hora, hasta que finalmente llegó la ambulancia. Los paramédicos revisaron al herido y lo subieron a una camilla para introducirlo a la unidad de rescate. En la maniobra, interrogaban a la víctima, pero debilitado y evidentemente cansado, no respondía a las preguntas de los socorristas y fue llevado casi inconsciente hasta el Hospital General Juan María de Salvatierra. Pero entre 10 y 20 minutos después de su ingreso a la clínica, Don Manuel falleció. Su cansado cuerpo no resistió el atropellamiento por la falta de atención médica inmediata. Según el dictamen del médico legista de la Dirección de Servicio Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las causas del deceso fueron traumatismo craneoencefálico torácico y abdominal. Es decir, golpes contusos en cabeza y abdomen. El responsable del atropellamiento quedó a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la PGJE, junto con la camioneta de color gris, Toyota 4 Runner con placas de circulación 338PMW2. El caso de Don Manuel exhibió a la Cruz Roja, pero más allá de la demora de más de una hora en el servicio y durante una investigación realizada por ZETA, se descubrió que la tardanza derivó de que la institución únicamente cuenta con una sola unidad de emergencia para atender a los 215 mil 178 habitantes del municipio de La Paz. Cuando Don Manuel yacía en el piso, la ambulancia estaba atendiendo un servicio del traslado de una persona que había sufrido un infarto al otro extremo de la capital del estado. Por eso, la unidad de emergencia se demoró en su llegada y no había quien pudiera cubrir su servicio, ya que dicho sea de paso, las otras diez unidades que forman parte del parque vehicular de la institución, están descompuestas o en proceso de reparación en algunos talleres mecánicos de la capital. Tan solo en La Paz, la Cruz Roja atiende entre 16 y 22 servicios todos los días, equivalentes a casi 350 atenciones de emergencia por mes. En plena crisis Agobiada por la crisis financiera y convulsionada por una disputa pública entre el ex delegado Enrique Tuchmann Domínguez y el actual, Víctor Solís Samperio, la Cruz Roja está al borde del colapso. La noble institución carece de ambulancias, personal capacitado en atención pre hospitalaria, dinero y del apoyo gubernamental constante, derivado de la pugna interna que la tiene operando a un 10 por ciento de su capacidad en todo el estado, según reconoció Solís Samperio. En entrevista con ZETA, el actual delegado admitió que la Cruz Roja está verdaderamente en una encrucijada que sin exagerar, “podría ser la primera delegación estatal en desaparecer en México”. Agregó que mensualmente la institución recibe aportaciones de 540 mil pesos en el caso de La Paz, derivado de 30 mil pesos por parte del gobierno estatal y 15 mil del Ayuntamiento local, lo que resulta insuficiente, ya que tan solo esa delegación requiere de 3 millones y medio de pesos para poder pagar el costo de operación mínimo indispensable, que consiste en “la operación de dos ambulancias, paramédicos capacitados, combustible, sueldos, luz, teléfono, agua, material de curación y un programa permanente de manteamiento preventivo de las unidades, el cual es lo más preocupante”. En este año, la Cruz Roja recabó 2 millones 300 mil pesos, cantidad que se fue en pagar adeudos heredados desde 2002 y en los gastos de operación, pero lo más preocupante -dijo Solís- “fue el pago de 76 mil pesos por el reemplazo de cada bomba de diesel de algunas ambulancias modelo 2008 y 2009”. El delegado aceptó que la institución no cuenta -y nunca ha contado- con un programa preventivo de mantenimiento de las ambulancias, porque cuando fallan, es cuando se meten a reparación al taller, lo que ha provocado que “la mayoría de las unidades parezcan chatarras”. La crisis está obligando a la noble institución a implementar un programa de recorte de personal cuando menos en La Paz, donde la plantilla laboral es de 30 trabajadores, y quienes no se preocuparon nunca por capacitarse, deberán ser los primeros en salir, ya que “si no tenemos dinero, ¿como vamos a pagarles?”, planteó Víctor Solís Samperio. El propio gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor y su esposa María Helena Hernández Lezama, así como los alcaldes, especialmente el del Comondú, Venustiano Pérez Sánchez, prácticamente se desentendieron de la noble institución, y durante todo este tiempo se han negado a recibir a los directivos para que expongan la grave situación por la que atraviesan; violentando así el derecho de audiencia, y lo más grave, es que comenzaron a registrarse muertes como la de Don Manuel, por la negligencia de resolver la situación en torno al cuerpo de asistencia medica y social. — ¿Cuál es el planteamiento que han querido llevar?, cuestionó ZETA al delegado. “Bueno, lo que hemos pretendido plantear es que con una aportación que puedan hacer de 8 millones de pesos por año, y el dinero que nosotros recabamos en la colecta anual, podríamos resolver la crisis por la que estamos atravesando y echar a andar todas las ambulancias, y capacitar a más paramédicos para poder enderezar a la institución. De hecho el secretario de Salud, Santiago Alán Cervantes Landa, se negó a tocar el tema, a pesar de que el Artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado, establece claramente que ‘es el responsable de coordinar, planear, aprobar y controlar el trabajo de los cuerpos de rescate’. Es decir, la Cruz Roja, aunque tenga autonomía operativa propia en recursos humanos, materiales y financieros respecto al resto de las instituciones de salud, está sujeta a la supervisión y evaluación del titular de la Secretaría de Salud”. ZETA solicitó una entrevista con Santiago Alán Cervantes Landa, y solo recibió evasivas por parte de su secretario privado, Francisco Javier Espinoza Gutiérrez, lo que evidenció el nivel de importancia que tiene el tema de la Cruz Roja para el secretario de Salud, aun cuando esté plenamente enterado de que en el caso de La Paz, solo una de las once ambulancias sirva o esté en buenas condiciones. Sobre este grave hecho, el delegado de la Cruz Roja en Baja California Sur reconoció que la operación de una sola unidad en una ciudad como La Paz equivale a “una crisis severa en este cuerpo de rescate, porque en caso de un accidente fuerte, múltiple o alguna emergencia grave, donde haya dos o más heridos, estaríamos imposibilitados para atender cualquier contingencia; como sucedió precisamente con el señor Manuel Mejía Camarena, y donde ningún ciudadano está exento de poder sufrir algún accidente”. Datos recabados por este Semanario exponen que el problema no se centra únicamente en La Paz, sino en todo el estado. Según la relación del parque vehicular registrado en la totalidad de las delegaciones municipales, cuya copia obra en manos de ZETA, actualmente la Cruz Roja cuenta con 61 ambulancias, de las cuales solo están en funcionamiento 14. Las otras 47 están descompuestas o en reparación, lo que evidencia por sí mismo el tamaño del problema de la institución. Por ejemplo en Los Cabos, de las 24 unidades existentes, únicamente dos operan en Cabo San Lucas; igual cantidad en San José del Cabo. Peor aún, en Comondú, la tierra del actual gobernador, solo trabaja una de las siete ambulancias, la cual debe atender emergencias en Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos. Lo más grave se encuentra al norte del estado, donde a pesar de tener siete ambulancias – cuatro en Loreto y tres en Santa Rosalía-, “prácticamente no hay ninguna en operación, porque todas están descompuestas, y en caso de algún accidente la población, está desprotegida”, admitió el delegado de la Cruz Roja. Según la relación del parque vehicular, del total de ambulancias, 11 fueron entregadas por el Gobierno del Estado y 50 por organizaciones caritativas de Nacional Monte de Piedad, Grupo Elektra, Fundación Azteca, Club Rotario de Los Ángeles y compañías nacionales y extranjeras. En el análisis y desglose de la información, se descubrió que el 70 por ciento de las ambulancias prácticamente son “chatarras”, como bien definió el delegado Víctor Solís Samperio, al ser modelos de 1978 a 1999. Es decir, de las 61 unidades, 11 son de 1978 a 1989; 24, del modelo 1990 a 1999; solo 26 son modelo 2000 a 2010. Por increíble que parezca, algunas unidades están en talleres porque “no tienen para comprar una pieza de mil 500 o 2 mil pesos”, comentó un paramédico entrevistado por ZETA. El joven, quien se negó a la publicación de su nombre, expuso que la crisis de la institución se está reflejando en el servicio “y no es culpa de nosotros, sino del propio gobierno que está obligado a ofrecer servicios de emergencia a la población civil, pero si no destina recursos, nos deja indefensos, porque a veces hasta para la gasolina batallamos”. Asimismo, el paramédico resaltó que el gobernador Marcos Covarrubias y su esposa solo se paran cada año en la Cruz Roja, cuando viene la colecta y tienen que tomarse la foto del recuerdo, pero “la realidad salta a la vista”. La noble institución no solo está sumida en una crisis de ambulancias. Arrastra una deuda de 1 millón 700 mil pesos con la central en México, y tiene adeudos que no ha podido pagar, los cuales datan del 9 de diciembre de 2010 y hasta el 6 de junio pasado, cuando la agencia VW reparó y dio servicio algunas unidades que terminaron descompuestas por falta de mantenimiento preventivo. De acuerdo a la copia de nueve facturas, deben 109 mil 220 pesos con 81 centavos por concepto de la instalaciones de amortiguadores, discos de freno, cambio de aceite y cambio de bomba de agua, entre otros. La transa con las nuevas unidades En casi dos años de administración, el gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor no ha hecho una sola donación de ambulancias a la Cruz Roja Mexicana, derivado de la pugna entre el ex delegado Enrique Tuchmann Domínguez y el actual encargado, Víctor Solís Samperio, a raíz de acusaciones mutuas de corrupción de un lado y de otro. Paradójicamente, el 8 de noviembre, el gobernador panista entregó formalmente cinco ambulancias a la Secretaría de Salud en una gira de trabajo en Los Cabos, donde estuvo acompañado por el alcalde José Antonio Agúndez Montaño y el secretario de Salud, Santiago Alán Cervantes Landa. Las cinco unidades pertenecen a un parque de 50 ambulancias adquiridas por un valor de 37 millones de pesos, de las cuales una decena  ha sido duramente criticadas no solo por los propios trabajadores del gobierno, sino por la población en general. Y es que resulta que esas supuestas ambulancias, no son otra cosa que pick-ups equipados con una caseta de plástico duro, con una rara adaptación para tratar de entregarlas como si fueran ambulancias. “Las Perreras”, como las llaman los habitantes de Baja California Sur, serán entregadas en las poblaciones rurales, equipadas únicamente con un botiquín, lo que contraviene la Norma Oficial Mexicana 237 respecto a los requisitos y características mínimas que deben tener las ambulancias utilizadas en atención pre hospitalaria. De lo contrario, no solo se pone en riesgo a las víctimas, sino al personal operativo de la unidad. La norma, que entró en vigor el 13 de agosto de 2004, obliga a todos los prestadores de servicios médicos de los sectores público, privado y social, que brinden traslado y atención de urgencias medicas, excepto los destinados a servicios de las Fuerzas Armadas, a cumplir con las siguientes características: 1. Espacio para alojar como mínimo a un paciente en camilla rodante y dos elementos de atención médica sentados. 2. En el espacio de atención del paciente, las ambulancias de urgencias y terapia intensiva deberán ser de 1.60 a 1.70 metros de altura; de 1.90 a 2.10 metros de ancho; y de 2.50 a 2.90 metros de largo. 3. Deberán contener una camilla rodante y camilla adicional. 4. Deberá contar con equipo de radiocomunicación, compatible con equipos de radio y frecuencia del centro regulador. 5. Deberá contener gabinetes y gavetas para almacenamiento de insumos. 6. Contar con cinturones de seguridad en todos los asientos. 7. Extinguidor de fuego de 1.5 kilogramos como mínimo, uno en la cabina de conducción y otro en el compartimiento de atención. 8. Tener equipo médico, como tanque fijo de oxígeno, tanque portátil de oxígeno, reanimadores de balón con válvula de no reinhalación, equipo esterilizado para atención de partos, camina rígida y tabla corta; equipo de aspiración fijo y portátil, tubos endotraqueales. 9. Suministros, medicamentos y soluciones. En el caso de las ambulancias del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, éstas no reúnen los requisitos y fueron obtenidas en una extraña compra autorizada por el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud, donde el titular Santiago Alán Cervantes Landa, prácticamente le sacó la vuelta al tema y supuestamente, al cierre de esta edición, había salido a la Ciudad de México. Sin embargo, el gobernante sudcaliforniano justificó la rara adquisición: “Yo he tenido la oportunidad de recorrer todo el territorio estatal y no hay delegación municipal que no nos haya solicitado una ambulancia, por lo que nos hemos dado a la tarea de hacer la adquisición de unidades nuevas y totalmente equipadas para que la ciudadanía tenga la seguridad de contar con un servicio digno”. En su momento, el mandatario presumió que “las unidades tipo ambulancias” son parte del programa de reforzamiento de atención a la salud, y “en la medida que tengan más infraestructura, mayor será la calidad de vida”. El estado de las ambulancias Población Unidades en Total En Servicio Descompuestas   La Paz