Sobrevaluado en su precio y con un proceso judicial vigente el terreno de La Ocho salió a subasta esta semana. El gobierno de Carlos Bustamante Anchondo publicó la convocatoria para vender el predio de la antigua comandancia de Policía. Para ello presentaron un avalúo del 1 de octubre de 2012, el cual es idéntico al que se realizó el 26 de enero de 2012; ambas estimaciones firmadas por el despacho Malof y Asociados. De acuerdo a esa apreciación, el predio de 3, 036.62 metros cuadrados tiene un valor comercial de 26 millones 722 mil pesos, cantidad que los postores tendrán como base para iniciar sus ofertas. El monto resulta elevado para quienes se oponen a la venta y demandan sanción al Ayuntamiento por derribar el antiguo edificio, lo que consideran quebranto al patrimonio histórico de Tijuana. En efecto, la cotización de 8 mil 800 pesos el metro cuadrado de La Ocho resulta muy superior al precio comercial de los lotes en esa misma zona; de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano y la venta en el mercado, el valor del metro cuadrado ahí, fluctúa en 3 mil 500 pesos. El licenciado Maurilio García González, quien lleva un litigio contra la venta del terreno, el alto precio “lleva mano negra”, para limitar la participación de los postores y hacer el menor ruido posible a quien finalmente se quede con él. Independiente a la publicación de la convocatoria para la venta, la demanda de amparo para evitarla sigue en vigor; de hecho Gobierno Municipal está citado a comparecer el 29 de octubre –tres días antes de la subasta– a una audiencia constitucional en el Juzgado Cuarto de Distrito en Tijuana. Ese día el juez podría emitir una resolución que pudiera derivar la suspensión de la transacción comercial, advirtió García González. Subasta a modo La subasta será a las 11:00 horas del 31 de octubre de 2012 en las instalaciones de Palacio Municipal. Lo mínimo que deben ofrecer por el predio son 26 millones 722 mil; además haber depositado el 10 por ciento del valor fijado al bien, en el Banco de México, en un banco asociado, o en la recaudación de rentas municipal. El avalúo inmobiliario de fecha 1 de octubre de 2012, presentado por Antonio Malof Córdova, se utilizó en forma oficial para hacer pública la subasta, sustituyendo la valoración practicada por el mismo despacho el 26 de enero de 2012. Pero ambas estimaciones son exactas. El terreno fue desincorporado del patrimonio del dominio público el 24 de diciembre de 2011, y para 30 de diciembre el edificio de la Comandancia y la primera estación de Bomberos fueron derribados, acción no aprobada en el Cabildo. La oposición en Cabildo y grupos de historiadores y ambientalistas se manifestaron contra la acción tomada unilateralmente por Bustamante quien, para variar, no se encontraba en la ciudad. A casi 10 meses de haber despejado el predio, el cual “cuenta con autorización de uso de suelo mixto para desarrollarse como habitacional vertical y/o comercial”, se lanzó la convocatoria. Los 8 mil 800 pesos por metro cuadrado del lote 1, manzana 72, con clave catastral ZC-072-001 de la Colonia Zona Centro, representan más del doble de la estimación de la Comisión Estatal de Avalúos de la Contraloría General del Estado, donde a la misma unidad le dieron un valor de 3 mil 590 pesos. Maurilio García considera que al despejar el terreno y sobrevaluarlo, delinean “una venta ya amarrada previamente por el alcalde”. Eugenio Carrasco señaló: “los madruguetes de Carlos Bustamante se iniciaron desde requerir en lo oscurito una valoración a la Comisión Estatal de Avalúos, su intención de venta ya era evidente, pasando por la destrucción del edificio histórico, hasta llevar a cabo la licitación sin escuchar a quienes nos oponemos a todo este proceso”. Amparos en proceso “No hemos sido vencidos en los tribunales, legalmente el Ayuntamiento de Tijuana no puede vender el terreno de La Ocho, con esa convocatoria tratan de engañar a la comunidad, el gobierno de Bustamante sigue procedimientos no acordes a la Ley, lo cual se le puede revertir”, consideró Eliseo Sandoval, activista afín a la conservación del bien público. Hace dos semanas se cerró un procedimiento de siete meses en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito, luego de concluidas las diligencias para la presentación de pruebas y testimonios. Ese mismo Juzgado desestimó meses atrás la demanda, pero la ordenanza de un tribunal colegiado de Distrito lo obligó a retomar el caso. El proceso está vigente. El movimiento que encabeza Eliseo Sandoval prepara para este fin de semana un nuevo juicio de amparo contra la ya aprobada intención de venta; para el activista la propiedad no ha dejado de tener interés público, aun cuando el edificio haya sido derribado, “ahí se puede construir un parque, museo, cualquier oficina pública, menos venderlo”, apuntó. En febrero de 2012 Eugenio Carrasco interpuso una demanda de amparo también para evitar la venta del predio. Años atrás había iniciado la promoción para instalar ahí el Museo del Policía de Tijuana. Cuando la administración de Jorge Ramos al anunciarse la reubicación de la comandancia de policía a Otay, Carrasco solicitó en comodato el viejo edificio en Constitución y Octava para ahí concretar su proyecto. No hubo respuesta oficial. Pero el 18 de septiembre de 2012 y por mandato del Juez Quinto de Distrito en el Estado, el gobierno municipal respondió a su petición, concediéndole 200 metros cuadrados para el establecimiento del proyecto. Al no determinarse la ubicación, el ayuntamiento puede concedérselo en cualquier parte del patrimonio inmobiliario de la ciudad. No obstante la resolución, Carrasco da seguimiento a un juicio de amparo –otro– en el Juzgado Cuarto de Distrito para evitar la venta del terreno. La audiencia para el seguimiento del caso se llevará a cabo el 29 de octubre, previo a la subasta.
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