Aprobada antes de terminar el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, la Ley Anti-Lavado de Dinero estaría operando en julio de 2013 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Por el momento, la norma ratificada por el Senado tendrá que esperar un plazo de nueve meses a partir del miércoles 17 de octubre, feche en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. El contador Juan Manuel Hernández Brito mencionó que la legislación involucra a varios actores de la vida económica, e incluso al usuario en general, pues contempla como actividades vulnerables la emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, crédito de tarjetas prepagadas, emisión o comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, el otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía por sujetos distintos de entidades financieras. Los objetos de identificación de las actividades, son las tarjetas de servicios o créditos gasto mensual acumulado, tarjetas prepagadas por operación por sujetos distintos de entidades financieras; mientras que las transacciones que ronden los 40 mil 500 mil pesos en este tipo de servicios, deberán ser reportadas a la SHCP para su correspondiente investigación. Corresponderá a los intermediaros revisar la identidad de sus clientes, mientras los fedatarios públicos tendrán la obligación de dar aviso a la SHCP sobre las operaciones que realicen. Respecto al tema, el senador Alejandro González Alcocer dijo que corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecer, junto con los bancos, las medidas de acción para la vigilancia del manejo de estos servicios, aunque no especificó cómo se llevará a cabo el procedimiento. “Por el momento queda pendiente la miscelánea penal donde se tienen que adecuar todas las leyes financieras del país a esta Ley de Lavado de Dinero”, acotó.