En la época del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y cuando la semilla del narcotráfico en México germinaba, el gobierno de los Estados Unidos le requirió para la cooperación bilateral en el combate a las drogas, una autoridad en la República que fuese contraparte del Zar Antidrogas de la Unión Americana, y que se dedicara exclusivamente a investigar ese delito. Así nació el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). La historia ya la sabe, el mero titular, el General Jesús Gutiérrez Rebollo terminaría añitos después en la cárcel por proteger con sus acciones de combate a otros cárteles, al de Amado Carrillo. Corrompido hasta las siglas el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas dejó de serlo entrado el año 97. Entonces le adicionaron facultades y emergió la Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Salud (FEADS). Dentro del organigrama de la PGR, también combatió al mismo sector criminal la UEDO (Unidad Especializada en Delincuencia Organizada). Fue en la FEADS donde –para que se dé una idea del ambiente– nació la Agencia Federal de Investigaciones, los famosos AFIS, mejor conocidos como Afiosos. La AFI suplió a su vez a la Policía Antinarcóticos que venía a ser el brazo armado de la FEADS. Pero… la FEADS también se corrompió, o fue corrompida. A escasos años de formación la Fiscalía desapareció para dar paso, a la SIEDO, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Ciertamente las instituciones fueron cambiando de nombre cuando les fueron agregando facultades y delitos a perseguir, del narcotráfico que se suponía indagaría el INCD hasta el crimen organizado con todas sus variables que es sujeto de investigación en la SIEDO. La realidad es que pónganle como le pongan, las personas que han transitado por esta serie de áreas especializadas en el gobierno federal, han puesto su toque de corrupción hasta llevar a la institución a la falta de credibilidad y confianza entre los mexicanos. No son pues las instituciones las que están mal, de suyo son entes administrativos con reglamentación, facultades, obligaciones, fueros de investigación y herramientas y presupuesto para indagar, que sucede han sido ocupadas por personas que han cedido al brazo corruptor del narcotráfico, han caído en la red de corrupción instaurada por los narcotraficantes, desde Amado Carrillo en los noventas, hasta Joaquín Guzmán en esta la segunda década del siglo XXI. Hace unos días el titular de la SIEDO declaró cómo esa subprocuraduría había sido infiltrada por el cártel de Sinaloa desde el año 2010, cómo funcionarios de ahí informaban al capo sobre investigaciones en su contra e indagaciones ministeriales. Los vendedores de información ya están siendo procesados. No fue ésta la primera ocasión. Antes del actual titular, José Cuitláhuac, famoso por su declaración de que se le fue el “Chapo”, la SIEDO estuvo en manos de la doctora Patricia Bugarín, y previo a ella, de la actual procuradora Marisela Morales, a quien le correspondió hacer una limpia en esa subprocuraduría. Ministerios, secretarios, jefes que servían al cártel de los hermanos Beltrán Levya. Ahora, sin mediar explicación, sustento, narrativa, la SIEDO dejó de ser SIEDO para convertirse en SEIDO. La brillante idea del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue solamente invertir dos palabras, ponderar lo Especializada por encima de la Investigación. Es lo mismo pero no es igual. Y es precisamente la falta de investigación (especializada o no, solo investigación) lo que ha hecho de la SIEDO, ahora SEIDO, una subprocuraduría de muchos fracasos. Lo mismo políticos señalados de corruptos como los casos de Greg Sánchez, Néstor Moreno, o de acopio de armas, Jorge Hank; o Policías acusados de deshonestidad (cualquiera de los cientos que han regresado a Tijuana los últimos años), que criminales y narcotraficantes. La SEIDO –por cierto, ¿se imagina cuánto costará cambiar papelería, oficios, membretes, tarjetas personales, facturas y demás para quitar el SIEDO y poner el SEIDO?– mientras no atraviese por una limpia de corrupción, por una depuración real de personal en todos pero todos los niveles, incluidas sus seis unidades (Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud; de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órgano/s y la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos), seguirá requiriendo cambio de nombre cada sexenio ante tanta corrupción tan institucional, tan arraigada. No es el nombre, son los corruptos, a ésos se debe cambiar.
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